Autos y Vistos:
I. Se presenta P. L. M., por derecho propio, promoviendo demanda originaria en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concs. del Código Procesal Civil y Comercial, contra la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (en adelante, ARBA), con el objeto de que esta Corte declare la inconstitucionalidad de la resolución normativa 3/24 y sus anexos I y II, emitida por ese organismo, que establecen las tablas de valuaciones de embarcaciones deportivas o de recreación a aplicar de conformidad a lo previsto en el art. 247 del Código Fiscal.
Expone que los preceptos objetados violentan los principios constitucionales de proporcionalidad, razonabilidad, igualdad, no confiscatoriedad y capacidad contributiva. Refiere que se hallan vulnerados los arts. 4, 16, 17, 28 y 33 de la Constitución nacional.
Sostiene que los valores fijados en la resolución 3/24 importan un aumento en el Impuesto a las Embarcaciones Deportivas o de Recreación (arts. 244 a 250, Código Fiscal) que resulta excesivo con relación a la capacidad económica de quienes deben afrontar su pago, absorbiendo una parte sustancial del bien y perjudicando la posibilidad de su venta en el mercado. Postula también que resulta inconstitucional el diferente trato tributario que se les dispensa a las embarcaciones cuando se las compara con los automotores, dado que el Código Fiscal emplea para las primeras un criterio de especie y para los segundos uno de género.
Peticiona que, con carácter cautelar, se suspendan los efectos de la resolución normativa objetada “en relación a todos los contribuyentes afectados”, ordenando a la demandada que se abstenga de efectuar cualquier intimación, traba de medidas cautelares o de cobro, que no se apliquen intereses y que se disponga la aplicación de la resolución normativa 11/23 de ARBA hasta tanto se dicte sentencia definitiva (v. presentación electrónica de fecha 18-III-2024).
II.1. Previo a analizar la pertinencia del otorgamiento de la medida cautelar solicitada, debe destacarse que el examen de admisibilidad de la demanda de inconstitucionalidad es atribución que corresponde a esta Suprema Corte, aún de oficio, con independencia de las alegaciones de las partes (doctr. causas I. 1.499, “Fiscal de Estado”, resol. de 5-III-1991; I. 1.329, “Playamar”, sent. de 10-XII-1992; I. 1.465, “Las Totoras”, sent. de 1-VI-1993; I. 1.322, “Industrias Ganaderas Inga”, sent. de 17-X-1995; I. 1.631, “Labinca S.A.”, sent. de 17-II-1998; I. 68.449, “I.G.T. 33 S.A.”, resol. de 31-V-2006; I. 2.270, “VAGSA”, sent. de 8-VII-2014; I. 75.551, “Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos”, sent. de 23-XI-2020; I. 77.873, “Peñalver”, resol. de 27-X-2022; e.o.).
En esa labor, cabe recordar que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece como principio y requisito de legitimación procesal para suscitar la jurisdicción originaria de esta Corte en la materia sometida a juzgamiento, que la constitucionalidad se controvierta “por parte interesada” (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
II.1.a. En reiterada jurisprudencia, el Tribunal –por mayoría– ha sostenido que el interés que califica de “parte” en la expresión del precepto constitucional citado debe, por regla, revestir la calidad de “particular” y “directo” (doctr. causas I. 1.241, “Berciotti”, resol. de 31-V-1988; I. 1.427, “Álvarez”, resol. de 30-V-1989; I. 1.553, “Procuración General de la Suprema Corte”, resol. de 11-II-1992; I. 1.594, “Procuración General de la Suprema Corte”, resol. de 9-III-1993; en sentido conc. causas I. 1.457, “Gonzalez Bergés”, resol. de 13-III-1990; I. 1.462, “Gascón Cotti”, resol. de 17-IV-1990; I. 1.467, “Aranda Lavarello”, resol. de 5-VI-1990; I. 1.492, “Partido Movimiento al Socialismo”, resol. de 31-VII-1990; I. 1.488, “Benítez”, resol. de 31-VII-1990; I. 2.115, “Zurano”, resol. de 16-XII-1997; I. 2.153, “Matoso”, resol. de 14-VII-1998; I. 3.202, “Rivas”, resol. de 20-VIII-2003), supuesto que se configura cuando el ejercicio del derecho constitucional de quien deduce la acción se halla afectado por la aplicación de la norma jurídica cuya constitucionalidad controvierte (doctr. causas B. 43.740, “Goodwyn”, resol. de 30-V-1961; I. 1.315, “Donnarumma”, sent. de 3-XII-1991; I. 1.465, “Las Totoras S.R.L.”, sent. de 1-VI-93; I 3.202, cit.; e.o.). De ello se sigue que, en este particular proceso, incumbe al actor poner de manifiesto que las disposiciones legales o reglamentarias impugnadas proyectan o han de proyectar sus efectos, en modo adverso o perjudicial, sobre su círculo de intereses tutelados por el ordenamiento (doctr. causas I. 994, “Tarchitzky”, resol. de 6-III-1979; I. 1.506, “Orruma”, resol. de 26-II-1991).
Ha destacado también esta Corte que ese carácter de “parte interesada” supone una cualidad en el impugnante que, a la vez, exige una cierta concreción en la afectación a la esfera subjetiva derivada del obrar estatal, pues la pretensión que enuncia el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial no se identifica en su amplitud con una “acción popular” o “pública”, en el sentido de que pueda ser entablada por cualquier habitante (v. voto del doctor Argañarás en “Acuerdos y Sentencias”, serie 14, t. I, pág. 455; causa B. 16.203, sent. de 31-X-1933; doctr. causas I. 1.695, “Pintos”, resol. de 14-III-1995; I. 1.613, “Carpinetti”, sent. de 11-IV-1995; I. 72.507, “Sociedad de Fomento de Cariló”, resol. de 15-VII-2015; I. 74.618, “Sanzio”, resol. de 22-V-2019; e.o.).
II.1.b. Dejando de lado aquellos casos previstos de manera expresa en el ordenamiento en los que, por la índole del asunto o la materia en discusión, a fin de brindar efectiva tutela judicial a pretensiones entabladas para remediar una afectación de intereses o derechos colectivos o de incidencia colectiva se admite legitimación de cualquier afectado o bien –por un grupo o clase de personas– de sujetos, estatales o no, especialmente habilitados para promover esa clase de protección pluriindividual (cfr. arts. 43, Const. nac.; 30 y concs., ley 25.675; 20 inc. 2 y concs., Const. prov.; 26 y concs., ley 13.133; causas B. 64.464, “Dougherty”, resol. de 13-XI-2002; B. 65.269, “Asociación Civil ambiente Sur”, resol. de 19-II-2003; B. 65.270, “Alegre”, resol. de 7-V-2003; I. 72.267, “Mitchell”, resol. de 13-XI-2013; I. 72.669, “Picorelli”, resol. de 23-XII-2014; e.o.), en los demás casos es necesario invocar la presencia en modo objetivo de aquel gravamen; desde que no cabe en principio a los tribunales dar curso a acciones solo ejercidas en resguardo de la legalidad, desvinculadas de algún tipo de lesión actual o inminente al círculo de intereses de quien reclama (arg. arts. 1, 15, 161 inc. 1, 171 y concs. Const. prov.).
Se trata, en definitiva, de determinar las condiciones para la existencia de un conflicto a dirimir, causa o controversia; extremo inherente al ejercicio válido de la función judicial (doctr. causas B. 67.594, “Gobernador de la Provincia”, sent. de 25-II-2004; I. 75.772, “Pujol”, resol. de 27-XI-2019; CSJN Fallos: 275:282; 313:863; 321:1252; 322:528; 323:1339; 342:853; e.o.).
II.1.c. En el caso, si bien el actor indica iniciar la demanda en su calidad de “ciudadano de la provincia de Buenos Aires copropietario de una embarcación”, cierto es que también refiere hacerlo “sin perjuicio de que el objeto [del presente] sea la declaración de inconstitucionalidad de la norma en abstracción”, a la vez que requiere que la protección precautoria que peticiona sea dictada “en relación a todos los contribuyentes afectados” por la norma que reputa inconstitucional (presentación electrónica de fecha 18-III-2024, en particular puntos IV.b. y VIII).
Ante ello, se hace necesario precisar que el aquí demandante carece de legitimación en cuanto invoca la protección de los derechos de “todos los contribuyentes afectados”.
Es que se desconoce por completo en la demanda que, en línea con lo desarrollado anteriormente, todo litigante de ordinario debe invocar la afectación de derechos o intereses que le sean propios, sin posibilidad de basar su reclamo en los derechos o intereses de terceros capaces de enarbolarlos en juicio por su cuenta (doctr. causa I. 74.547, “Municipalidad de Castelli”, sent. de 11-X-2017). A la vez que, como tiene dicho esta Suprema Corte, la legitimación vicarial podría justificarse, llegado el extremo, si fuese disfuncional para las personas cuyos derechos se invocan impetrar su reclamo. Pero en las circunstancias del caso, es evidente que no se presenta una situación de semejante tenor (doctr. causa I. 75.129, “Colegio de Abogados del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez”, resol. de 12-II-2021).
A lo anterior cabe agregar que, toda vez que las principales alegaciones expuestas en la queja giran en torno a la supuesta confiscatoriedad del gravamen, la intervención procesal de cada uno de los contribuyentes del impuesto sería menester a los fines de acreditar ese tipo de agravio (doctr. causa I. 75.211, “ADEBA”, resol. de 26-XI-2020 y CSJN causa FMZ 82203891/2012/1/RH1 “Sociedad Rural Río V c/ AFIP s/ ordinario”, sent. de 4-VIII-2016 y Fallos: 345:1531).
Siendo ello así, por más amplio y flexible que deba ser el acceso a la jurisdicción (art. 15, Const. prov.), no hay duda de que el demandante sólo registra aptitud legitimante individualmente en cuanto refiere a la acreditada condición de contribuyente del Impuesto a las Embarcaciones Deportivas y de Recreo, regulado por la resolución normativa cuya declaración de inconstitucionalidad reclama.
II.1.d. Como consecuencia de lo anterior, debe disponerse que el proceso continúe –exclusivamente– con relación al actor, en tanto sujeto pasivo del tributo involucrado.
III.1. Establecido eso, corresponde analizar la pertinencia del otorgamiento de la medida cautelar solicitada.
III.2. Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que en el marco provisional propio del despacho cautelar, se impone la justificación –prima facie– de la presencia de ambos elementos exigidos por la ley adjetiva (fumus boni iuris y periculum in mora) para proceder al despacho favorable de la tutela precautoria (arts. 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causas B. 65.043, “Trade SA”, resol. de 4-VIII-2004; I. 73.931, “Peralta”, resol. de 6-IX-2017; I. 74.643, “Asociación para la Protección del Medioambiente y Educación Ecológica 18 de Octubre”, resol. de 18-IX-2019; I. 76.850, “Pavanel Egea”, resol. de 23-II-2021; I. 76.801, “Helacor S.A.”, resol. de 9-IV-2021; I. 76.963, “Sesto”, resol. de 27-V-2021; I. 75.873, “Carlos E. Iturriaga e Hijos SA”, resol. de 23-II-2022; I. 78.674, “Mutilva”, resol. de 24-X-2023; I. 79.300, “Murri”, resol. de 19-IV-2024; e.o.).
Tiene dicho también que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas de esta naturaleza es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria, atento la presunción de constitucionalidad de constitucionalidad o regularidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (doctr. causas I. 1.520, “Peltzer”, resol. de 28-V-1991; I. 3.024, “Lavaderos de Lanas El Triunfo SA”, resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, “Gobernador de la Provincia de Buenos Aires”, resol. de 3-II-2004; I. 68.944 “UPCN”, resol. de 5-III-2008; I. 73.947, “Greppi”, resol. de 22-XII-2015; I. 69.637, “Marín”, resol. de 23-V-2017; I. 76.258, “Intendente de la Municipalidad de General San Martín”, resol. de 27-XI-2019; I. 75.708, “Mendoza”, resol. de 11-XII-2019; I. 76.482, “Química True S.R.L.”, resol. de 7-X-2020; I. 77.032, “Isabella”, resol. de 26-IV-2021; I. 75.756, “Barsi SA”, resol. de 24-XI-2021; I. 77.485, “Zacarías”, resol. de 28-XII-2021; I. 77.815, “Cagnone”, resol. de 5-VIII-2022; I. 78.789, “Girotti Blanco”, resol. de 30-V-2023; I. 78.041, “Radaelli”, resol. de 31-VII-2023; I. 79.435, “Ferreyra”, resol. de 11-VII-2024; e.o).
Y ha decidido asimismo, ante la impugnación de normas tributarias, que la percepción de la renta pública en el tiempo y modo dispuestos por la ley es condición indispensable para el funcionamiento regular del Estado (conf. CSJN Fallos: 312:1010 y sus citas), razón por la cual el análisis de peticiones precautorias en la materia impone una especial estrictez en la constatación de sus requisitos de procedencia (doctr. causas I. 72.222, “La Cucha SA”, resol. de 10-VII-2013; I. 72.086, “Supercanal SA”, resol. de 3-IV-2014; I. 72.987, “Traverso”, resol. de 12-IV-2017 e I. 75.815, “Goyeneche”, resol. de 26-XII-2019; e.o.).
Así, especialmente en estas actuaciones, en atención al conducto procesal por el que tramita y la materia sobre la que versa, pesa sobre quien requiere la tutela cautelar la carga de acreditar la verosimilitud de su derecho y el peligro cierto en la demora, pues es necesario que se evidencien fehacientemente los motivos que justifican la concesión de una medida de esa índole.
III.3. A la luz de los parámetros señalados, debe advertirse que la actora se limita a proponer la comparación entre los montos fijados en las tablas vigentes para los años 2023 y 2024, manifestando que se trata de un aumento excesivo y desproporcionado.
Así las cosas, resulta evidente que la denuncia de inconstitucionalidad formulada en la demanda carece –prima facie– de la contundencia necesaria para resultar verosímil.
Ello es así pues el análisis del asunto traído a conocimiento del Tribunal exige un mayor caudal de elementos de valoración que sólo podrá ser integrado al proceso como resultado de su propio desarrollo, permitiendo así un juicio razonado sobre bases sólidas (doctr. causas I. 70.772, “Asociación de Usuarios de Motovehículos de Argentina”, resol. de 14-VIII-2010; I. 71.307, “Garibaldi”, resol. de 11-VII-2012; I. 74.070, “Sindicato de Trabajadores Municipales de San Miguel”, resol. de 28-XII-2016; I. 75.141, “Banco Santander Río SA”, resol. de 5-XII-2018; I. 75.157, “Martínez Azaro”, resol. de 10-IV-2019; I. 76.485, “Flores Piran”, resol. de 23-XI-2020; I. 75.756, “Barsi S.A.”, resol. de 24-XI-2021; e.o.).
III.4. Por otro lado, tampoco se encuentra acreditado en la especie, siquiera en principio, el peligro en la demora ni el perjuicio irreparable que provocaría a la demandante el pago del tributo en cuestión de acuerdo a la resolución normativa objetada con relación a su renta o su patrimonio, hasta obtener una sentencia final favorable a su derecho.
En particular, la evaluación de este extremo requiere un examen atento de la realidad comprometida en el caso para poder así establecer si las secuelas que pudieran producir los hechos que pretenden evitarse con la medida precautoria tendrán la virtualidad de restar eficacia al reconocimiento del derecho en juego si tal fuese la decisión definitiva del pleito (CSJN Fallos: 319:1277; 339:225; e.o.). A la vez que exige indagar tanto el gravamen que podría producirse si al cabo del proceso las normas cuestionadas fueran declaradas inconstitucionales, como aquel que resultaría de la paralización temporal de los efectos de esas disposiciones, en caso de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión (doctr. causas B. 65.158, “Burgués”, resol. de 30-IV-2003; I. 78.229, “Lallo”, resol. de 2-VIII-2023; e.o.).
En el caso, el demandante se limita a insistir en invocar el riesgo de que se disponga a su respecto “algún tipo de medidas cautelares, subastas, intimaciones, etc. ordenadas por ARBA por el no pago del tributo” (v. punto VIII de la presentación electrónica de fecha 18-III-2024).
Tales alegaciones resultan evidentemente insuficientes por sí solas para demostrar, con el carácter preliminar y en el limitado campo de conocimiento que habilita el análisis de medidas como las requeridas, la satisfacción en autos del periculum in mora.
Es que, además, aunque es cierto que las impugnaciones basadas en la cuantía del tributo pueden acogerse en caso de que se demuestre con nitidez que su aplicación resulta prohibitiva, destructiva o confiscatoria (causa I. 1.183, “Nida”, sent. de 31-V-1988, e.o.), en autos siquiera se ha ofrecido prueba alguna tendiente a cuantificar el peso que el cumplimiento con el pago del impuesto tendría sobre la concreta situación económico financiera del requirente.
Tal orfandad probatoria impide evaluar la configuración del recaudo del peligro en la demora (doctr. causa I. 72.233, “International Value S.A.”, resol. de 23-IX-2015) o tener por demostrado que, en el estado actual de situación, los agravios formulados no puedan conjurarse con el dictado de la sentencia de mérito (CSJN Fallos: 344:1051).
IV. En virtud de las consideraciones precedentes, sin que lo anterior implique emitir opinión sobre el fondo del asunto planteado, no corresponde hacer lugar por el momento a la tutela precautoria solicitada (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causas I. 72.230, “Pereyra Iraola”, resol. de 23-XII-2013; I. 72.232, “Candia”, resol. de 23-XII-2013; I. 72.236, “Urien”, resol. de 23-XII-2013; I. 72.234, “Arrillaga”, resol. de 5-III-2014; I. 75.353, “González de Souza”, resol. de 7-III-2019; I. 78.640, “Suden”, resol. de 11-VIII-2023; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Resuelve:
I. Rechazar la legitimación del actor en cuanto invoca la representación de todos los contribuyentes afectados por la resolución normativa 3/24.
II. Rechazar la medida cautelar peticionada (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 “c”, resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21). – Daniel F. Soria. – Hilda Kogan. – María Florencia Budiño. – Segio G. Torres (Sec.: Juan J. Martiarena).