Revoca la Cámara Federal el procesamiento dictado en la instancia por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, sobreseyendo a los imputados, uno de ellos funcionario del ANSES, interponiendo el Fiscal General recurso de casación considerando arbitraria y errónea la resolución que sostuvo que sólo podría corresponder una sanción administrativa considerando atípicos los hechos, en tanto se dispone el sobreseimiento por una calificación legal pudiendo encuadrarse aquellos en otras plausibles una vez agotada la investigación, haciéndose lugar al recurso y anulándose la resolución dictada, disponiéndose por mayoría vuelva a primera instancia para el dictado de una nueva.
CFed. Casación Penal, Sala III, junio 26-2025. – P., F. P. y otro s/recurso de casación – Causa nº FMP 7132/2015/3/1/CFC1.
Buenos Aires, a los 26 días del mes de junio de dos mil veinticinco, integrada la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal por los señores jueces doctores Carlos A. Mahiques –Presidente–, Daniel Antonio Petrone y Javier Carbajo –Vocales–, asistidos por el secretario actuante, para resolver el recurso de casación interpuesto en el presente legajo FMP 7132/2015/3/1/CFC1 del registro de esta Sala III, caratulado: P., F. P. y otro s/ recurso de casación.
Representa al Ministerio Público Fiscal el doctor Mario A. Villar, a F. P. P., el doctor Mauricio Esteban Armagno y a A. M. N., el doctor Enrique M. Comellas.
Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó establecido el siguiente orden: Mahiques, Petrone y Carbajo.
Y Considerando:
El señor juez doctor Carlos A. Mahiques dijo:
I. La Cámara Federal de Mar del Plata, el 15 de septiembre de 2023, resolvió, en lo que aquí interesa, “I.- REVOCAR el auto de fecha 29/03/2023 por el que se dictó el procesamiento sin prisión preventiva de F. P. P. y A. M. N., por considerarlos prima facie autora y partícipe necesario respectivamente del delito de Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, previsto en el art. 265 del C.P. y DICTAR el sobreseimiento de los nombrados, todo ello en orden a la atipicidad de la conducta investigada, haciendo la aclaración que la presente causa en nada afecta el buen nombre y honor del que hubiera gozado el nombrado de conformidad con el artículo 336 inciso 3 e in fine del CPPN. (…)”.
Contra esa decisión, interpuso recurso de casación el fiscal general, doctor Daniel Eduardo Adler, que fue concedido por el a quo.
II. El impugnante encauzó sus agravios en ambos incisos del art. 456 del CPPN. Estimó que en la sentencia impugnada el tribunal incurrió en una arbitraria y errónea aplicación de la ley sustantiva, a la vez que omitió efectuar una correcta evaluación de la prueba sustanciada en el proceso.
Se agravió de que los jueces de Cámara consideraran, a pesar de tener por probado el hecho atribuido a P. y N., que sólo les correspondía una sanción administrativa conforme a las previsiones del art. 13 de la Ley 25.188 de Ética Pública, o a las del art. 23 de la Ley 25.164 sobre el Marco Regulatorio del Ejercicio de la Función Pública.
Argumentó que los jueces de la anterior instancia partieron de una premisa equivocada, en tanto apoyaron su decisión en la atipicidad de la conducta atribuida a los imputados. En esa inteligencia, sostuvo que la resolución era arbitraria, en la medida en que dispuso el sobreseimiento en orden a “una única calificación legal, obturando las facultades de impulso de la acción penal que subyacen en cabeza de este Ministerio Público Fiscal (art. 120 CN; art. 1 LOMP) sobre el hecho en sí, y su eventual encuadre en otras figuras legales plausibles, como las de incumplimiento de los deberes de funcionario público o abuso de autoridad (arts. 248/249 CP) luego de agotada debidamente la investigación, lo que no sucedió en el caso”.
Se quejó del razonamiento seguido por los jueces de la cámara al valorar la prueba incorporada, el que entendió alejado de la sana crítica racional, y de la omisio?n de su análisis y valoración en forma conglobada. Aseveró que la conducta de los imputados no fue neutra, sino que “se valieron de información sensible para concretar operaciones en perjuicio de H. A. –adulta mayor– que, ante su situación de necesidad y vulnerabilidad particular tornó su voluntad sesgada accediendo al servicio consignado por P. –funcionaria de ANSES– a favor de su pareja, N., entendiendo que con ello se garantizaba el avance de su trámite jubilatorio”.
Reseñó que P. aprovechó su carácter de agente de ANSES para obtener información respecto de la situación particular de H. A. A., quien pretendía acceder al beneficio jubilatorio, y le ofreció el contacto de N. para que zanje su dificultad económica y acceda al beneficio requerido. Que, en ese marco, la victima confió en los dichos de la imputada, quien le aseguró la fiabilidad de los créditos brindados por el nombrado.
Explicó, en ese sentido, que la conducta de los imputados buscó la satisfacción de un interés propio, dada la ganancia económica directa del préstamo ofrecido. Criticó que, a pesar de tener por probado el beneficio derivado de la conducta de los imputados, los jueces desatendieran los estándares internacionales relacionados con los compromisos asumidos por nuestro país para combatir la corrupción y minimizaron su relevancia jurídica.
El impugnante aludió a los dichos de la damnificada, H. A. A.; de G. A. R., empleada y jefa de ANSES; y de M. A. S., también empleado de dicho organismo. De su análisis, consideró evidenciado que, al momento del cobro de la jubilación por parte de A., N. exigía que le abone el préstamo a cambio de restituirle el documento que había suscripto.
Señaló asimismo que P. era la única “iniciadora de la oficina”, es decir que era quien daba comienzo a los trámites jubilatorios, ocasión en la que “cobraba plena virtualidad el accionar perpetrado, atento a que el gestor recomendado por ella misma, adoptaba mayor imperio al inicio de la instancia administrativa, más aún, ante la concurrencia de eventuales prestatarios para acceder a la moratoria intentada, como en el hecho bajo estudio”.
Insistió el acusador público en que el fallo impugnado omitió la valoración de diversos elementos de prueba colectados en autos. Entre ellos, aludió al legajo laboral de P., a los ya mencionados testimonios de A., R., S. y de V. I. I. y a los expedientes administrativos 024-99-813008382-755-0 y 024-99-813651390-755-0, de cuya lectura se desprende el intercambio de correos electrónicos entre los imputados, relacionados con trámites y cuestiones previsionales.
Concluyó que se encontraba probada la materialidad del hecho ilícito endilgado y la responsabilidad que les cupo a P. y N. y que, más allá del encuadre legal correspondiente, la investigación no podía cerrarse en la instancia instructoria.
Solicitó entonces que se revoque la sentencia impugnada y se ordene el dictado de una nueva resolución que dicte el procesamiento de los encausados en los términos del art. 306 del CPPN, manteniéndose el monto fijado por el juez de grado en concepto de eventual responsabilidad civil de cada uno de ellos. Hizo reserva del caso federal.
III. En el término de oficina previsto en los arts. 465, primera parte, y 466 del CPPN, la defensa oficial de A. N., Dr. Enrique María Comellas, efectuó una presentación en la que refirió que el recurso de casación interpuesto por la representante del Ministerio Público Fiscal debía ser rechazado. Consideró que no rebatió el principal argumento brindado por el tribunal de instancia anterior, en orden a que el hecho imputado no podía ser calificado con el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, previsto en el artículo 265 del CP.
Afirmó que, en el caso, no existió un contrato celebrado en favor de la Administración Pública y/o una operación de carácter patrimonial en los que hubieran confluido intereses particulares y/o personales, extremo que constituía un impedimento de carácter objetivo para afirmar la configuración del tipo penal bajo análisis.
Explicó que no debía confundirse el inicio de un expediente en la ANSES para el otorgamiento de un beneficio de la seguridad social (jubilación) “con la celebración de un contrato u operación a favor de la Administración Pública –tal como sería la contratación con una empresa, el pago de insumos, etc.–, en la que el funcionario público obtenga un beneficio ‘indebido’, ya sea porque contrata, por ejemplo, con una empresa que es de su propiedad o que pertenece a algún familiar, o mediante una persona interpuesta o un acto simulado”.
Agregó que, aun si se adoptaba una posición amplia del tipo penal y se consideraba posible equiparar el interés –propio o de un tercero– que pudiera volcar un funcionario público en las contrataciones de índole económica a nombre de la Administración Pública, con el que pudiera tener P. en el inicio y resolución de un expediente previsional, había otras razones que impedían la configuración del delito endilgado. En esa línea, recordó que su asistido no revestía la calidad de funcionario público y que las pruebas arrimadas a la causa sólo permitían afirmar “la existencia de incompatibilidades y conflicto de intereses en la actuación de la funcionaria pública P., las que configurarían sanciones disciplinarias, mas no un delito penal”.
Expresó que no podía sostenerse la continuación del proceso penal por un posible cambio de calificación legal, en la medida en que, “si el Ministerio Público Fiscal estaba disconforme con la decisión jurisdiccional que asignó ese valor a la conducta atribuida, entonces debió recurrirla, más no agraviarse por un eventual cambio de calificación cuando el tribunal a quo concluyó que la plataforma fáctica atribuida resultaba atípica”.
Solicitó entonces el rechazo del recurso incoado por el acusador público.
IV. El 31 de julio de 2024 se cumplió con la etapa prevista en el art. 468 del rito, oportunidad en la que las partes no efectuaron presentaciones. Así entonces, la causa quedó en condiciones de ser resuelta.
V. El recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal es formalmente admisible por cuanto se dirige contra una sentencia definitiva y la parte se encuentra legitimada para interponerlo conforme lo dispuesto por el art. 458, inc. 1 del CPPN.
VI. La presente investigación tuvo su inicio el 20 de enero de 2015 a raíz de la denuncia efectuada por Á. A., en representación de ANSES, ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 10 de esta ciudad. El denunciante relató una serie de irregularidades en las que había incurrido F. P. P., en ejercicio de su función en ANSES –sede de Miramar–, con la participación de su pareja de ese entonces, A. N.
Concretamente, se les atribuyó que “la Sra. F. P. P. junto a su pareja A. N. (gestor) en fecha incierta pero con anterioridad al 13 de enero de 2011 contactaron a la Sra. H. A. a cambio de una suma de dinero y valiéndose de información que por su condición de empleada de la Anses, la Sra. P. lograba acceder. En esta línea, la Sra. P. y su pareja captaban clientes a tales fines, y en el hecho que se investiga P. habría proporcionado el contacto de A. a N. para la realización del trámite referido a cambio de un monto de $23.000 por los cuales se habría firmado un documento entre A. y N. en una Escribanía el mismo 13 de enero de 2011”. La comunicación la mantuvo N. en calidad de gestor y la operación se materializó en la escribanía “C.” de Miramar, provincia de Buenos Aires.
En base al hecho denunciado se investigó la conducta de P., quien presuntamente realizaba gestiones y brindaba información de la base de datos de la ANSES a personas ajenas al organismo a través del correo electrónico oficial asignado para realizar sus tareas.
El 29 de marzo de 2023, el Juzgado Federal 1 de Mar del Plata dictó el procesamiento de P. y N., sin prisión preventiva. Consideró a la primera, autora del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (cfr. art. 265 del CP) y, al segundo, partícipe necesario de dicha figura.
Para resolver de ese modo, el tribunal de primera instancia valoró el testimonio de la víctima, H. A. A., quien relató que mantuvo una conversación con F. P. en la oficina de ANSES de Miramar, en la que le indicó que conocía personas de Buenos Aires que prestaban dinero, a cambio de un interés. En ese contexto, y dado que A. necesitaba dinero para el pago de los aportes requeridos para obtener su jubilación, se comunicó con la persona recomendada por P., quien resultó ser A. N. Expuso A. que, más tarde, supo que se trataba de la pareja de P.
Continuó su relató e indicó que, al comunicarse con N., coordinó un encuentro en la ciudad de Miramar, ocasión en la que concurrieron a la escribanía “C.” “a cerrar el préstamo que me hacía él para abonar el total de la deuda de mis aportes para poder jubilarme”. A. suscribió allí un documento donde se comprometía a saldar el préstamo con intereses. Relató que, luego, N. le comunicó que podía ir a la oficina de ANSES de Miramar para firmar el alta de su jubilación, aclarándole que lo hiciera después de las 14 horas, que era cuando P. estaba sola.
El juez de grado evaluó también el testimonio de G. A. R., empleada y jefa de ANSES, quien refirió que había tomado conocimiento a través de A. acerca de la conducta de P.. La damnificada le explicó que ésta le propuso contratar los servicios de un gestor llamado A. N. para que “le solucione el problema que tenía para el cobro de su jubilación”. A. le transmitió su procupación porque le había entregado, como garantía al gestor N., “los papeles de su única casa y firmado unos documentos por unos creo que veinte mil pesos”. Al igual que A., R. también dijo haber tomado conocimiento más tarde de que N. era pareja de P.
Ponderó, asimismo, el testimonio de M. A. S., también empleado de ANSES, quien manifestó conocer a A. N. porque se presentaba en la oficina como gestor, además de ser pareja de P.
En ese contexto fue que el juzgado instructor tuvo por probado que P. actuó en miras de un interés directo y en su propio beneficio respecto de la gestión previsional de H. A. A. Señaló que, a través de su conducta, benefició a N. ya que, excediendo su interés de funcionaria pública, le procuró información para que gestione el alta de la jubilación de la mencionada A. ante la ANSES, a cambio de dinero. Reiteró que N. actuó como gestor de A. y realizó los trámites ante la ANSES para obtener su jubilación; mientras que, dentro de ese oganismo, P. efectuó las gestiones para cumplir con ese cometido. Adujo que la conducta de N. implicó “una colaboración de tal implicancia que sin él, el hecho no podría haberse consumado”.
Por su parte, la Cámara Federal de Mar del Plata revocó la decisión del juzgado instructor por entender que, si bien la ponderación conjunta de todos los elementos allí reseñados permitía tener por probado el hecho atribuido a los encausados, su valoración no coincidía con la concreta imputación formulada.
Sostuvo en ese sentido que, tal como fueron descriptas las conductas de P. y N., no encontraban “una concreta adecuación típica en alguna de las figuras que nuestro Código Penal establece como supuesto de materia delictiva”. Explicó las implicancias que, a su criterio, tenía la figura penal escogida por el juzgado de origen y afirmó que el núcleo de la acción típica consistía en “interesarse” en un contrato o negociación de la administración pública, situación que únicamente podía ser realizada por un funcionario público.
Dijo también que para que se configure el tipo penal mencionado no bastaba con que el sujeto activo fuera parcial en su función, sino que se exigía que tomara intervención como parte en el negocio u operación de que se trate. A su vez, dicho accionar debía vincularse necesariamente con un acto administrativo propio de su cargo o función, todo lo cual debía inspirarse en un propósito de obtener un beneficio indebido para sí o para un tercero.
En esa línea, entendió que no podía considerarse que P. y N. actuaron en calidad de partes interesadas en el hecho objeto de estudio, en tanto ninguno de los dos ejercía ese rol.
Por lo demás, destacó la argumentación de la defensa en cuanto a que el sujeto activo del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública debía ser “un servidor público que conforme a la naturaleza de su cargo tenga efectivamente la posibilidad de disponer o resolver una cuestión de carácter administrativo en forma efectiva, actuando como representante de la voluntad del órgano estatal pertinente”.
Así entonces, dado el cargo administrativo no sustancial en el escalafón jerárquico que desempeñaba la agente F. P., los magistrados estimaron que no podía, por la naturaleza de su función, “ser considerada como la expresión de la voluntad del órgano administrativo donde prestaba tareas”. Concluyeron, entonces, que no se encontraban reunidos los requisitos especiales previstos en el tipo penal.
Remarcó además, en cuanto al beneficio que debía inspirar al autor de este tipo de delitos, que éste debía ser “indebido”, exigencia que no se advertía en el presente caso, dado que “el beneficio que hayan podido obtener por el préstamo otorgado a la denunciante y el respectivo cobro de intereses por tal operación no pueden catalogarse como ‘indebidos’, ya que aquel beneficio debe estar íntimamente vinculado a la ‘negociación’ y surgir como consecuencia directa del trámite administrativo realizado, que en todo caso beneficiaría o perjudicaría a la denunciante, pero jamás a los imputados de autos”.
En orden a tales consideraciones, señaló que el hecho atribuido a los encausados resultaba atípico, por no reunir los requisitos legales previstos en la norma y que era en el marco del derecho administrativo sancionador que debía ventilarse la cuestión.
VII. Conforme lo hasta aquí expuesto, el thema decidendum, en definitiva, se ciñe a determinar el encuadre legal de la conducta atribuida a P. y a N. Sobre el punto, comparto las conclusiones de la Cámara a quo en cuanto sostuvo que los hechos no podían ser calificados como negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, por el que el juzgado instructor dictó el procesamiento de los encausados.
El delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública se encuentra previsto en el art. 265 del CP, que establece: “será reprimido con reclusión o prisión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo…”. El objeto que se intenta tutelar es el “interés que tiene el Estado en el fiel y debido desempeño de las funciones de administración en sentido amplio de manera que la actuación de los órganos no sólo sea imparcial sino que se encuentre a cubierto de toda sospecha de parcialidad” (S. Soler, Derecho Penal Argentino, Ed. Tea, Buenos Aires, 1992, t. V, p.).
El tipo penal en trato exige entonces que, quienes estén a cargo de la función pública, actúen en forma prístina e imparcial en las operaciones en las que les corresponda intervenir conforme al propio ejercicio de dicha función.
En efecto, para que se configure el delito en trato, el funcionario debe, necesariamente, interesarse en una operación o negociación en la que intervenga como sujeto representante del Estado y en la que tenga competencia funcional, orientándola para obtener un beneficio personal o para un tercero, desdoblando así su actuación, como funcionario público y como interesado en forma simultánea.
Interesarse implica intervenir como parte, es decir que no alcanza únicamente con ser parcial, sino que el funcionario debe volcar sobre el negocio una pretensión de parte no administrativa.
Además, el aspecto objetivo de la acción típica de “interesarse” exige que el funcionario público intervenga en el contrato u operación en razón de su cargo, realizando alguna actividad con virtualidad para afectar la voluntad del órgano administrativo. Dicha actividad debe redundar en alguna de las enunciadas por la norma, es decir, en forma directa, por persona interpuesta o por acto simulado.
A su vez, el funcionario público debe intervenir en “contratos u operaciones”, expresiones que refieren necesariamente a actos con contenido económico. Mientras que los contratos son actos bilaterales entre la administración y otra parte, en las operaciones el Estado actúa en forma unilateral.
En ese orden de cosas, no se puede soslayar que, si bien P. actuó como funcionaria de ANSES, no se probó que hubiera tomado intervención directa y necesaria en el otorgamiento del beneficio solicitado por A.. Ella integraba el área de ANSES donde se inician los trámites jubilatorios, y era en base a ese cargo que tenía acceso a información reservada. No se aportaron pruebas que demostraran que tuviera injerencia en el otorgamiento de beneficios jubilatorios o en el trámite administrativo, por fuera de la recepción inicial de documentos. Es decir, su interés personal y el de su pareja en el “negocio” no influenciaba en la fidelidad funcional con la que debían actuar los sujetos con competencia para decidir sobre el otorgamiento de la jubilación.
Tampoco se demostró que hubiera actuado como particular interesada en la actuación de la Administración Pública en la que intervenía, en tanto no se verificó que, ante la eventual aprobación del trámite provisional en favor de A., hubiera acordado algún tipo de contraprestación a cambio de la conducta que se le imputa.
Así pues, coincido con la Cámara Federal de Mar del Plata en cuanto a que la conducta imputada no encuadra en el delito escogido por el tribunal de origen. Sin embargo, estimo que el sobreseimiento de los encausados resulta prematuro. Conforme acertadamente expresó el acusador público en su recurso, dada la calidad de funcionaria de ANSES revestida por P., debió evaluarse el posible encuadre del hecho que se le enrostra en otra de las figuras previstas por nuestro código penal, tales como el incumplimiento de los deberes de funcionario público o el abuso de autoridad, agotando debidamente la investigación de todo posible delito en el que encuadre la conducta imputada.
Recuérdese que, como se dijo, P. integraba el área de ANSES de inicio de trámites jubilatorios, y era en base a ese cargo que tenía acceso a información reservada. Fue en ese contexto que habría tomado conocimiento de la concreta situación de A., quien no cumpliría, en ese entonces, con los requisitos exigidos por ANSES para el inicio del trámite jubilatorio por adeudar una suma de dinero en concepto de aportes.
En los términos del art. 77 del CP, el carácter de funcionario público se reserva a quien “…participa accidental o permanente del ejercicio de funciones públicas sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente”. En base a ello, la conducta que aquí se atribuye a P. habría tenido lugar en el marco del ejercicio de la función pública.
Cumple recordar, una vez más, que los magistrados cuentan con margen de discrecionalidad a la hora de valorar la prueba y seleccionar aquella útil y conducente a los fines del proceso, teniendo como límite la razonabilidad en la apreciación de la prueba producida y en el valor que ésta asume para la determinación de los hechos. Es que, como tantas veces se ha dicho, para cumplir con el deber de fundamentación, corresponde realizar un análisis crítico, razonado y circunstanciado de las constancias del proceso, sin omitir la evaluación de todas aquellas cuestiones que sean conducentes para el desenlace del caso.
En ese orden de ideas, un análisis parcial o insuficiente de hecho y de las pruebas adquiridas hasta el presente en el legajo, puede configurar un eventual apartamiento de la solución legal prevista para el caso y, por ende, un supuesto de arbitrariedad de la sentencia (cfr. criterio con concordante en causas de esta Cámara Federal de Casación Penal, Sala III, CFP 7927/2012/TO1/CFC2, Yucra Coarite, Víctor y otros s/ recurso de casación, del 20/8/2015, reg. 1359/15; 3544/2013/2/1/CFC1 Kicillof, Axel y otros s/ recurso de casación, del 19/11/2015, reg. 1996/15; y FMP 31006155/2013/3/CFC1 Hooft, Pedro Cornelio Federico s/ Fecha de firma: 26/06/2025 recurso de casación, del 20/9/2016, reg. 1258/16).
Como consecuencia de lo expuesto, considero que la resolución impugnada es infundada al no constituir una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación de las circunstancias comprobadas en la causa.
Por ese motivo, propongo al acuerdo, hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Publico Fiscal, sin costas, casar y anular la resolución dictada el 15 de septiembre de 2023 por medio de la cual la Cámara Federal de Mar del Plata revocó la resolución del Juzgado de origen y dispuso el sobreseimiento de F. P. P. y A. M. N. y, conforme los lineamientos aquí expuestos, devolver las actuaciones a esa Alzada para que dicte un nuevo pronunciamiento.
Tal es mi voto.
El señor juez Daniel Antonio Petrone dijo:
I. El recurso interpuesto es formalmente admisible, toda vez que la resolución recurrida reviste el carácter de definitiva (art. 457 del CPPN), la parte recurrente se encuentra legitimada para impugnarla (art. 458 del CPPN), el planteo formulado se ajusta a los motivos previstos en el artículo 456 del CPPN y se han cumplido los requisitos de tiempo y fundamentación exigidos por el art. 463 del código de rito.
II. Sentado ello, dado que los antecedentes del caso y los fundamentos de la resolución cuestionada vienen expuestos detalladamente en el voto del colega que inaugura este acuerdo, me remito a ellos a fin de evitar reiteraciones innecesarias.
III. Desde esa base, se advierte que la decisión cuestionada se asentó en el análisis de una única hipótesis de trabajo que fue subsumida, como se señaló, en el tipo penal de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (art. 265 del CP), lo que derivó en que los hechos atribuidos a los encartados no fueran considerados a la luz de otros tipos penales que podrían resultar aplicables al caso.
En ese contexto, el sobreseimiento impugnado se presenta, a mi ver, como el resultado de un obrar jurisdiccional prematuro que pasó por alto las particularidades del caso y no agotó la tarea de verificar si los hechos ventilados debían ser abordados a la vera de otros supuestos delictivos distintos al que ha signado esta pesquisa.
En esa dirección, el fallo exhibe una confrontación acrítica y parcial de los elementos de prueba reunidos hasta el momento, lo que impidió una valoración adecuada, conforme al grado de probabilidad exigido en esta etapa del proceso, para determinar cuál es la hipótesis investigativa que se ajusta al caso y, consecuentemente, identificar el marco legal correcto en que aquella debe subsumirse.
A partir de allí, no debe olvidarse que el sobreseimiento es un pronunciamiento jurisdiccional que extingue el proceso de manera definitiva e irrevocable con relación al imputado respecto del cual se dicta, razón por la cual requiere del convencimiento acerca de la existencia de alguna de las causales que taxativamente enumera la ley, de manera tal que la persona acusada se encuentra exenta de responsabilidad, en forma indudable y evidente (en análogo sentido confrontar, en lo pertinente y aplicable, causas CPE 16403/2017/2/CFC1, “Coronel, Javier Ernesto”, Reg. Nº 1803/18 del 19/12/2018; CPF 17229/2017/1/CFC1 “Carlos, Daniel Matías s/ recurso de casación”, Reg. Nº 1113/20 del 27/8/2020; CFP 13931/2018/9/CFC1 “López, Alejandro y otros s/recurso de casación”, Reg. Nº 1351/20 del 5/10/2020; CPE 374/2014/38/CFC1, “Domínguez, Hugo Javier”, Reg. Nº 1852/20 del 21/12/2020; FMP 12407/2016/5/CFC1 “Di Leva, Antonio s/recurso de casación” Reg. Nº 2482/21 del 23/12/2021; CFP 2462/2019/4/CFC1, “De la Rosa, Enrique y otros”, Reg. Nº 1155/22 del 27/09/2022; FSM 47079/2017/26/CFC2 “NUCLEOELECTRICA ARGENTINA SA s/recurso de casación”, Reg. Nº 764/23 del 11/7/2023, todas del registro de la Sala I de esta Cámara, entre otras).
Es decir que “(e)l sobreseimiento exige un estado de certeza sobre la existencia de la causal en que se fundamenta (…) [y p]rocede cuando al tribunal no le queda duda acerca de la extinción de la pretensión penal, de la falta de responsabilidad del imputado o de que debe ser exento de pena…” (Clariá Olmedo, Jorge A.; Derecho Procesal Penal, Tomo III, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 1998, pág. 16).
De este modo, en consonancia con lo argumentado por el impugnante, cabe concluir que el sobreseimiento de F. P. P. y A. M. N. no se presenta como una posibilidad tangible en este caso, pues, los extremos delineados hacen factible entrever que la situación de aquellos, hoy en día, no encuentra anclaje en ninguno de los supuestos que la norma procesal contempla para tornar viable dicho instituto (art. 336 “a contrario sensu” del CPPN).
A ello se suma que, el decisorio cuestionado se sustentó en una fundamentación aparente en tanto aquel no exhibe razones suficientes sobre el estado de certeza negativa que exige la adopción de un temperamento en los términos de la normativa invocada.
En consecuencia, la sentencia no cuenta con soporte suficiente para ser considerada como un acto jurisdiccional válido y merece ser descalificada en los términos de la doctrina del Máximo Tribunal en materia de arbitrariedad (Fallos: 311:1438; y 312:1150, entre muchos otros).
IV. Por lo tanto, voto por HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, sin imposición de costas; ANULAR la resolución dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata; y DEVOLVER las actuaciones al tribunal de origen a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento, con ajuste a los señalamientos aquí formulados (arts. 471, 530 y cc. del CPPN)
Tal es mi voto.
El señor juez doctor Javier Carbajo dijo:
En las particularidades del caso y por compartir, en lo sustancial, el análisis efectuado por el doctor Daniel A. Petrone, adhiero a su voto y emito el mío en idéntico sentido.
Así voto.
En razón de lo expuesto, el tribunal, resuelve:
HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, sin imposición de costas; ANULAR la resolución dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata; y DEVOLVER las actuaciones al tribunal de origen a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento, con ajuste a los señalamientos aquí formulados (arts. 471, 530 y cc. del CPPN)
Regístrese, notifíquese, comuníquese y remítase al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
NOTA: se deja constancia que el señor juez Carlos A. Mahiques participó de la deliberación, emitió su voto y no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia (art. 399 in fine del CPPN). Secretaría, 26 de junio de 2025. – Daniel Antonio Petrone. – Carlos Javier Carbajo (Sec.: Pablo Ariel Iannariello).
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