Recurre la defensa ante la Casación la resolución que ponderó insuficientemente los cursos aprobados por su pupilo otorgando como estímulo educativo un avance menor al impetrado, habiéndose el a quo además apartado del dictamen fiscal que considera constituye un límite para el ejercicio de su jurisdicción, todo lo cual una vez analizado redunda en la declaración de inadmisibilidad del planteo efectuado.
Buenos Aires, 29 de julio de 2020.
Autos y Vistos:
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal bajo la presidencia de la señora jueza, doctora Ana MaríaFigueroa, e integrada por los señores jueces, doctores Daniel Antonio Petrone y Diego G. Barroetavenã como Vocales, reunidos de manera remota y virtual de conformidad con lo establecido en los decretos 260/20, 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20 y 605/20 del Poder Ejecutivo Nacional –en adelante PEN–; Acordadas 4/20, 6/20, 8/20, 10/20, 12/20, 13/20, 14/20, 16/20, 18/20, 25/20, 27/20 y 31/20 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación –en adelante CSJN–, y Acordadas 3/20, 4/20, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20, 14/20 y 15/20 de la Cámara Federal de Casación Penal –en adelante CFCP–, para decidir acerca de la admisibilidad del recurso de casación interpuesto en el presente legajo CFP
5930/2018/TO1/6/CFC2 del registro de esta Sala I, caratulado: “A. V., G. s/recurso de casación”.
Y Considerando:
1. Que el 9 de junio de 2020, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 8, integrado de manera unipersonal por la doctora María Gabriela López Iñíguez, hizo lugar a la aplicación del estímulo educativo respecto de G.A.V. y, en consecuencia, redujo en cuatro (4) meses el plazo requerido para el avance en las fases y períodos de la progresividad del sistema penitenciario (artículo 140 de la ley 24660).
2. Que contra esa decisión, la defensa pública oficial del nombrado, a cargo de la doctora Verónica M. Blanco, fundó técnicamente el recurso de casación interpuesto por el encausado, el que fue concedido en fecha 30 de junio de 2020.
3. Que la defensa fundó su recurso sobre la base de ambos incisos del artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación –en adelante CPPN–.
Concretamente se agravió la defensa por la ponderación efectuada por el a quo en punto a los cursos de formación profesional cursados y aprobados por A. V.
Con relación a ello, sostuvo que su asistido cursó y aprobó los cursos de “Electricidad Básica” (de 120 horas cátedras) y “Pintura Decorativa sobre Madera o Tela” (de 90 horas cátedras), los cuales consideró que debían ser evaluados en los términos del inciso b) del artículo 140 de la ley 24660. Consecuentemente, peticionó por ellos una reducción total de cuatro (4) meses (dos meses por cada curso) en el plazo requerido para el avance en las fases y períodos de la progresividad del sistema penitenciario.
Afirmó que la norma de aplicación –inciso b) del artículo 140 de la ley 24660–, prevé la reducción de 2 meses por curso de formación profesional cursado y aprobado y que el tribunal, al valorar en un (1) mes el de “Pintura Decorativa sobre Madera o Tela”, se apartó de lo expresamente contemplado en la ley, violando el principio de legalidad.
Refirió que la decisión cuestionada resultaba arbitraria y violatoria del principio acusatorio y de contradicción, y como consecuencia de ello del debido proceso y del derecho de defensa en juicio, por lo que solicitó que se case, reconociéndose al encausado un (1) mes más, lo que arrojaría un total de cinco (5) meses de estímulo educativo.
Agregó que la señora jueza se apartó de lo dictaminado por el acusador público en la instancia, lo que constituía un límite para el ejercicio de su iurisdictio.
Indicó que “…el Tribunal incurrió en un claro exceso en sus facultades jurisdiccionales al resolver de forma más gravosa que la dictaminada por el Ministerio Público Fiscal en relación a la disminución de plazos en el régimen de progresividad respecto del curso de Pintura Decorativa sobre Madera o Tela; siendo ello una clara violación a los principios contradictorio, defensa en juicio, imparcialidad y ne procedat iudex ex officio…”.
Por otra parte, señaló que la fundamentación de la sentencia resultaba aparente y contradictoria, dado que al tiempo de reconocer que ambos cursos –el de “Electricidad Básica” y el de “Pintura Decorativa sobre Madera o Tela”–, se enrolaban por igual bajo el concepto de “equivalentes” de la norma de aplicación, al momento de ponderar su carga horaria y advertir que cada uno de ellos presentaba una duración diferente, concluyó que la reducción a aplicar por cada uno también debía serlo.
Finalmente, hizo reserva del caso federal.
La señora jueza doctora Ana María Figueroa dijo:
1. Que si bien las resoluciones que involucran cuestiones como la aquí planteada resultan equiparables a sentencia definitiva ya que pueden ocasionar un perjuicio de imposible reparación ulterior al afectar un derecho que exige tutela judicial inmediata (Fallos: 310:1835; 310:2245; 311:358; 314:791; 316:1934, 328:110 y 329:679, entre muchos otros), para posibilitar el ejercicio de la jurisdicción revisora de esta Cámara debe encontrarse debidamente fundada una cuestión federal.
2. Que en el sub judice, la defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado, toda vez que se ha limitado a invocar defectos de fundamentación en la resolución impugnada, a partir de una discrepancia sobre la interpretación de las circunstancias concretas del caso que el a quo consideró relevantes al decidir sobre el estímulo educativo solicitado.
3. Que de de las constancias digitales obrantes en el Sistema Informático LEX100 surge que G. A. V. fue condenado el 15 de abril de 2020 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 8, a través de la celebración de un juicio abreviado, a la pena de cuatro (4) años de prisión, multa de ciento treinta y cinco mil pesos ($135.000), accesorias legales y costas por considerárselo autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (art. 5 “c”, ley 23737, arts. 29 inciso 3º, 40, 41 y 45 del Código Penal, y 530, 531 y 533 del CPPN).
Dicha sentencia no ha adquirido firmeza, pues que se encuentran suspendidos los plazos procesales en virtud de la feria judicial extraordinaria dispuesta.
En las presentes actuaciones se encuentra detenido de manera ininterrumpida desde el 17 de abril de 2018.
4. Que de la resolución recurrida, circunscribiendo el análisis estrictamente a las cuestiones que agravian al recurrente, debe señalarse que al fallar, el a quo entendió que los cursos de formación profesional indicados quedaban encuadrados dentro del supuesto previsto en el inciso “b” del artículo 140 de ley 24660, sin perjuicio de lo cual efectuó una distinción, reduciendo en definitiva tres (3) meses el plazo requerido para el avance en las fases y períodos de la progresividad del sistema penitenciario, es decir, un (1) mes menos de lo pretendido por la defensa, lo dictaminado por el acusador público y lo indicado por la norma conforme cuyas previsiones sustentó la motivación de lo decidido.
Sostuvo que dicha norma “…tiene que evaluarse ponderando los estudios realizados asociados con la posibilidad de obtener un oficio o una profesión que sean idóneos para una futura reinserción social. Esto, pues el concepto ‘equivalente’ referiría al fin y al contenido y no necesariamente al plazo de duración del curso… Por lo tanto, sin perjuicio de la extensión temporal, entiendo que ambos cursos cumplen con la calidad de formación profesional. Así, haciendo un análisis específico del caso concreto, entiendo que existe una sustancial diferencia entre el Taller de Electricidad Básica –120hs.– y el de Pintura Decorativa sobre Madera o Tela –90hs.–, que radica en la cantidad de horas de cursada de cada uno de ellos. De esta forma, entiendo que al primero de ellos le corresponde la reducción de los dos (2) meses que especifica el inc. b del citado artículo y, al segundo, una reducción de un (1) mes…”.
5. Que en primer término he de ingresar en el tratamiento del agravio relativo al vicio in procedendo en que habría incurrido el a quo al no haber resuelto dentro de los límites establecidos por el dictamen del Ministerio Público Fiscal, vulnerando de ese modo y a criterio del recurrente, el principio acusatorio.
Dicho esto, adelanto mi voto en el sentido de que he de desestimar el planteo por los argumentos que a continuación se exponen.
Sobre el modelo procesal constitucional regulado en el artículo 102, actual artículo 118, de la Constitución Nacional he tenido oportunidad de expedirme en las causas CCC 19017/2012/TO1/1/CFC1, “MARIN, Luis Omar; MAZA, Nicolás Federico; y BASUALDO, Martin Matías s/recurso de casación” (reg. nº T100 319/2014, rta. el 14/08/2014), CCC 500000397/2005/TO1/1/CFC1, “SERRANO, Alexis Amílcar s/recurso de casación” (reg. nº T100 836/2014, rta. el 15/12/2014), CCC 1464/2004/1/CFC1, “ROMERO, Julio Cesar s/recurso de casación” (reg. nº T100 1286, rta. el 11/12/2015) y CCC 656/2011/TO1/2/CFC2 “MERLINO, Lucas Alberto s/ recurso de casación” (reg. nº T100 803, rta. el 13/05/2016) donde sostuve que “…como surge del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación `Casal Matías Eugenio´ (fallos 328:3399), considerandos 7º y 15º, fue establecido como meta constitucional el juicio por jurados, oral y público, señalando que el avance legislativo fue derivando en el jurisprudencial, sin haberse declarado la inconstitucionalidad de las normas que no regularon específicamente dicho sistema, sino que por una cuestión de oportunidad se deja reservado al legislador la progresividad, que agrego, surge del sistema republicano y que corresponde al Congreso de la Nación legislar en dicha materia. Hasta tanto ello ocurra, el sistema en nuestro país es mixto, por ello no comparto la posición sobre el determinismo fiscal y la reducción de las facultades otorgadas normativamente a los jueces…” (cfr. causa “Giliberti, Juan Pablo s/recurso de casación”, causa nº 15.680, reg. nº 20.717, rta. el 25/10/2012, de la Sala II de la CFCP, entre otros).
Así, el dictamen del acusador público en incidencias como la traída a estudio, no resulta vinculante para el juzgador, sino que sometido al control de logicidad y razonabilidad, al ser contrastado con las constancias del expediente y las normas de aplicación al caso, puede ser dejado de lado.
En ese sentido, “…el ejercicio de la Magistratura debe tender al control del poder acusador a efectos de que éste no opere discrecional e irracionalmente con relación a la ejecución de la pena, desde que dicha atribución se debe subordinar a la existencia de un control adecuado para preservar la legalidad. Afirman Amadeo-Palazzi que como órgano superior de control de la actividad penitenciaria y garantía de los derecho de los internos, la ley configuró la institución del juez de vigilancia, a quien corresponde entre otros cometidos, resolver sobre la libertad condicional, las reducciones de penas ordinarias y extraordinarias, aprobar las sanciones de aislamiento, resolver los recursos de los internos, proveer sobre las quejas que los mismos presenten, autorizar los permisos de salida en determinados casos y realizar visitas periódicas a los establecimientos penitenciarios…” (Almeyra, Miguel Ángel (Dir.), “Código Procesal Penal de la Nación comentado y anotado”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2007, Tomo III, pág. 395).
En razón de lo expuesto, considero que el presente agravio, relativo al vicio in procedendo en que habría incurrido el a quo al resolver del modo en que lo hizo ante ausencia de oposición fiscal, debe ser desestimado.
6. Que como anticipé, la propuesta que postulo se dirige a declarar inadmisible la vía intentada, sin embargo no puedo dejar de señalar un defecto en la fundamentación de la sentencia que si bien no podrá hacer mella en su validez como acto jurisdiccional en respeto a la garantía de la reformatio in pejus -toda vez que la iurisdictio de esta Alzada se encuentra habilitada en autos únicamente al conocimiento de un recurso de casación instado por la defensa del encausado-, me conduce a dejar sentada mi opinión al respecto.
En primer lugar cabe señalar que el tribunal ha otorgado el carácter de “equivalente” en los términos normativos a ambos cursos, sustentando ello desde el punto de vista del contenido -“…estudios… asociados con la posibilidad de obtener un oficio o una profesión que sean idóneos para una futura reinserción social…”-, “…y no necesariamente…” por el plazo de su extensión, concluyendo que, sin perjuicio de la extensión temporal, “…ambos cursos cumplen con la calidad de formación profesional…”.
Al respecto he sostenido que el carácter cuatrimestral o anual o equivalente a anual, debe ser establecido por el órgano educativo que dictó el curso en cuestión, no pudiendo el juez arrogarse funciones que no le son propias al determinar la intensidad de cursada y carga horaria correspondiente, lo que resulta contrario al principio Republicano de Gobierno.
Corresponde indicar que de las constancias digitales obrantes en el incidente, no surgen los datos necesarios a los fines de establecer el carácter de cada uno de los cursos de formación realizados y aprobados por el encausado, requisito indispensable y que debe emanar de la autoridad educativa que los dictó.
Sobre ello, el legislador ha puesto en cabeza del órgano educativo la determinación del alcance de los títulos y certificaciones, previa aprobación del Consejo Federal de Cultura y Educación (leyes 24600 –modificada por la ley 26695- y 26058), no resultando competencia jurisdiccional o bien de la administración penitenciaria la determinación de la duración anual o equivalente de un curso de formación.
Resulta ilustrativo lo sostenido por la CSJN en torno a “…que uno de los principios que adquiere especial hálito dentro de las prisiones es el de legalidad, ello por cuanto la manera en que las autoridades penitenciarias le dan contenido concreto al cumplimiento de la pena dispuesta por la autoridad judicial y sus sucesivas alteraciones, pueden implicar una modificación sustancial de la condena, y por lo tanto queda a resguardo de aquella garantía…”.
Asimismo sostuvo que el Máximo Tribunal, “…al definir el principio de legalidad, ha señalado que `toda nuestra organización política y civil reposa en la ley. Los derechos y obligaciones de los habitantes así como las penas de cualquier clase que sean, sólo existen en virtud de sanciones legislativas y el Poder Ejecutivo no puede crearlas ni el Poder Judicial aplicarlas si falta la ley que las establezca´ (Fallos: 191:245 y su cita). No existen razones aceptables para considerar que esta definición del principio de legalidad no abarca también la etapa de ejecución de la pena…” (CSJN, ”Romero Cacharane”, 327:388, considerando 16º del voto de la mayoría).
El alcance otorgado por el Máximo Tribunal al principio de legalidad, resulta claro en torno a que la deficiencia en la práctica legislativa no habilita a la administración penitenciaria, o bien a la judicatura, a crear definiciones relativas a que ha de ser considerado “anual o equivalente” en lo atinente a la realización de cursos de formación técnico profesional por parte de los condenados.
La exégesis de la ley requiere la máxima prudencia cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho, o el excesivo rigor de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción (Fallos 303:578 y B. 4143. XXXVIII, “Blum, Nicolás Ricardo y Cartagena, Juan Manuel s/causa nº 4052”).
Así, entiendo que en el caso concreto la falta de determinación del alcance de los certificados de aprobación de los cursos “Electricidad Básica” (de 120 horas cátedras) y “Pintura Decorativa sobre Madera o Tela” (de 90 horas cátedras), no habilita a la administración penitenciaria a su determinación, como así tampoco la magistratura tiene competencia para ello. De este modo, considero que el órgano educativo debió dictaminar al respecto o bien establecer el alcance de los cursos en las certificaciones de aprobación correspondientes.
Ahora bien, en respeto de la garantía de la reformatio in pejus, como indiqué, tan solo habré de dejar sentada mi postura con relación a la calificación y clasificación de los cursos de formación en cuestión en los términos desarrollados, extremos que, por otra parte, tampoco fueron objetados por el acusador público.
7. Que en razón de las consideraciones precedentes, las discrepancias valorativas expuestas por la impugnante, sin perjuicio de demostrar la existencia de una fundamentación que no se comparte, no configura un agravio fundado en la doctrina de la arbitrariedad (Fallos: 306:362 y 314:451, entre muchos otros), en los graves defectos del pronunciamiento (Fallos: 314:791; 321:1328; 322:1605), o en alguna cuestión federal (Fallos: 328:1108); por lo que no corresponde la intervención de la jurisdicción de este Tribunal y debe declararse inadmisible la vía intentada.
En efecto, contrariamente a lo alegado por la defensa, el Tribunal a quo, sobre la base de la normativa vigente, efectuó un prudente análisis de la cuestión sometida a estudio con relación a los cursos de formación profesional realizados por el imputado A. V. en la unidad carcelaria, sin que las críticas formuladas por el impugnante logren conmover los fundamentos antes expuestos.
Ello así, toda vez que la motivación desarrollada por el tribunal aborda suficientemente las cualidades y duración de los estudios invocados afirmándose que los mismos, y especialmente el de Electricidad Básica sobre el cual se apoya el agravio defensista, si bien revisten la categoría de formación profesional, no satisfacen el requisito de carga horaria mínima necesaria para ser considerados de duración anual o equivalente tal como lo establece la norma.
A tal fin basta para ello recordar el pasaje de la sentencia por el que el a quo sostuvo que el inciso “b” del artículo 140 de ley 24660, “…tiene que evaluarse ponderando [que] el concepto `equivalente´ referiría al fin y al contenido y no necesariamente al plazo de duración del curso… Por lo tanto, sin perjuicio de la extensión temporal, entiendo que ambos cursos cumplen con la calidad de formación profesional. Así, haciendo un análisis específico del caso concreto, entiendo que existe una sustancial diferencia entre el Taller de Electricidad Básica -120hs.- y el de Pintura Decorativa sobre Madera o Tela -90hs.-, que radica en la cantidad de horas de cursada de cada uno de ellos. De esta forma, entiendo que al primero de ellos le corresponde la reducción de los dos (2) meses que especifica el inc. b del citado artículo y, al segundo, una reducción de un (1) mes…”.
En este sentido, no asiste razón a la defensa cuando afirma que lo argumentado por el a quo resulta contradictorio, toda vez que el sentenciante, mediante una interpretación amplia de los elementos del caso y de la normativa de aplicación, incluyó a ambos cursos dentro de la categoría de “cursos de formación profesional”, y a partir de la carga horaria de cada uno de ellos (120 horas cátedra uno, y 90 horas cátedra, otro), la decisión redundó en una menor valoración para el curso de “Pintura Decorativa sobre Madera o Tela”.
En definitiva, como adelanté precedentemente, del recurso en análisis surge que la defensa no introdujo argumentos suficientes para refutar los fundamentos expuestos por el Tribunal a quo y sólo evidencia su discrepancia con la solución brindada, a lo que se suma que tampoco ha demostrado la existencia de una cuestión federal en los términos aludidos.
La decisión impugnada no sólo ha justipreciado el aspecto cuantitativo (carga horaria) de los cursos de formación a los que asistió y que aprobó el encausado, sino que también valoró las características formativas de cada uno de ellos, aspecto este último que condujo al sentenciante a incluir a ambos cursos dentro del inciso b) del artículo 140 de la ley 24660.
En definitiva, voto por declarar inadmisible el recurso de casación deducido por la defensa pública oficial de G. A. V., con costas (arts. 444, 530 y 531 del CPPN) y tener presente la reserva del caso federal.
Tal es mi voto.-
El señor juez doctor Daniel Antonio Petrone dijo:
Que comparto la solución propuesta por la colega que lidera el acuerdo, en tanto considero que, por un lado, la petición presentada por la defensa se trata de una petición orientada a perseguir el dictado de una declaración genérica con el objeto de avanzar en la progresividad del sistema penitenciario, sin señalar concretamente el modo en que la evolución del interno dentro del ámbito carcelario podría redundar en la aplicación de alguno de los institutos liberatorios del régimen de progresividad de la pena.
Por el otro, el recurso no esgrime otros argumentos que logren rebatir de modo concreto y adecuado las cuestiones abordadas, sino que, por el contrario, sólo evidencia su discrepancia con la solución brindada por el tribunal.
En efecto, las divergencias valorativas expuestas por la parte recurrente, más allá de demostrar que no se comparten los fundamentos brindados por el tribunal de la anterior instancia, no configuran un agravio fundado en la doctrina de la arbitrariedad (Fallos: 306:362 y 314:451, entre muchos otros), en los graves defectos del pronunciamiento (Fallos: 314:791; 321:1328 y 322:1605), o en alguna cuestión federal (Fallos: 328:1108); por lo que no corresponde la intervención de la jurisdicción de esta Cámara y debe declararse inadmisible la vía intentada, con costas (arts. 444, 530 y ccds., CPPN).
Ello así, toda vez que la fundamentación del a quo aborda suficientemente las cualidades y duración de los cursos invocados, afirmándose especialmente que el de “Pintura Decorativa sobre Madera o Tela” sobre el cual se apoya el agravio defensista, si bien reviste la categoría de formación profesional, no satisface el requisito de carga horaria mínima necesaria para ser considerados de duración anual o equivalente tal como lo establece la norma, sin perjuicio de lo cual dispuso la reducción de un mes por dicho curso.
Tal es mi voto.
El señor juez doctor Diego G. Barroetavenã dijo:
Que ceñido el análisis a los agravios planteados en el recurso interpuesto por la defensa, tal como señala el colega que me precede en la votación, se advierte que lo peticionado por la parte recurrente está orientado a perseguir el dictado de una declaración genérica con el objeto de avanzar en la progresividad del sistema penitenciario.
Con esta breve consideración, adherimos a la solución propiciada por la doctora Ana María Figueroa.
Es nuestro voto.
Por ello, en mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:
I. DECLARAR INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por la defensa pública oficial de G. A. V., con costas (arts. 444, 530 y 531 del CPPN).
II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal. Regístrese, notifíquese, comuníquese al Centro de Información Judicial -CIJ- (Acordada 5/2019 de la CSJN) y remítase al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío. Firmado: Ana María Figueroa, Daniel Alberto Petrone y Diego G. Barroetaveña. Ante mí: Walter Magnone.