No hace lugar el juez federal con sede en CABA al pedido de la defensa de uno de los imputados en orden a plantear a su par de Bariloche, provincia de Rio Negro, su inhibitoria en las causas que posee en trámite toda vez que los hechos allá denunciados habrían acaecido en esta ciudad, resolviendo la Cámara Federal hacer lugar al analizar el recurso de apelación interpuesto.
Buenos Aires, 1 de febrero de 2023.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Este incidente viene a conocimiento del suscripto para decisión unipersonal (art. 31 bis, inc. 1º, del Código Procesal Penal) en virtud del recurso de apelación interpuesto por los Dres. Mariano Cúneo Libarona y Augusto Garrido, defensores de P. Y., contra la resolución por la que el titular del Juzgado Nº 2 de este fuero rechazó solicitar al Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche que se inhiba de seguir entendiendo en la causa nro. FGR 17869/2022 –y su agregada FGR 21086/2022– a efectos de su remisión a esta jurisdicción para la continuidad de la investigación en el marco de la presente nro. CFP 4419/2022.
II. La petición se fundó en dos razones medulares: que los objetos de los expedientes son iguales y que los hechos denunciados en ambos son de competencia de la justicia federal de esta ciudad.
Se la rechazó con el argumento de que “aún no se encuentran bien identificados los extremos que harían coincidir ambos objetos procesales, motivo por lo que sería necesario contar con más información”.
Esta respuesta resulta equivocada por diferentes motivos. De seguido los enuncio.
(1) Para empezar, se cuenta en el legajo con testimonios de las denuncias (una de ellas de un particular y otra del titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación por orden del Presidente de la República) y del requerimiento de instrucción (que fue publicado en la página web institucional del Ministerio Público Fiscal) presentados ante el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche.
Surgen con claridad de esos actos los hechos que conforman el objeto de dicho proceso, sin necesidad de informaciones o certificaciones adicionales (que por cierto fueron negadas bajo motivos infundados por la sede provincial federal, pese al pedido de su colega de la anterior instancia).
Basta compararlos con el contenido del escrito que dio inicio a este expediente para advertir que, en efecto, se promovió abrir una investigación por los mismos acontecimientos. Esto fue destacado por la fiscalía de cámara cuando dictaminó en el caso. También observó, con acierto, que la cuestión de competencia planteada es de orden público, que debe ser definida en cualquier estado de la pesquisa (art. 46, CPPN) y con arreglo a las reglas que fija la ley (art. 37, CPPN).
Tal la tarea a emprender aquí.
(2) En lo que interesa para la solución del asunto, debe apuntarse que –en esta sede y en la provincial federal– se denunció a diferentes funcionarios públicos (jueces federales, un ministro y un fiscal), entre otros, por haber aceptado determinados servicios de costo económico, ofrecidos por empresarios en razón de los cargos que ejercían. Se agregó que aquellos beneficios podrían haber estado vinculados a específicas intervenciones que tuvieron en casos puntuales ligados a los roles que poseen.
Pues bien.
Se sabe –sin debate o duda al respecto– que (i) todos los agentes públicos que se mencionaron ejercen sus funciones en el ámbito de esta ciudad; (ii) todos los asuntos que –se dijeron– conectados a los hechos, se sustanciaron o llevaron adelante en esta sede territorial; (iii) si, por hipótesis, existieron los alegados ofrecimientos y aceptaciones de traslados y alojamientos (etc.), los incumplimientos de obligaciones ligadas a los oficios de los involucrados, u otras variantes que se trajeron a colación, todo ello también habría sucedido aquí.
Frente a un contexto como el descripto (que es el relatado tanto por los ciudadanos que denunciaron ante el juzgado nº 2 de este fuero y el juzgado federal de Bariloche a raíz de publicaciones periodísticas, como por el Ministro de Justicia y las fiscalías de primera y segunda instancia que intervinieron en ambas sedes), es notorio que las circunstancias que son dirimentes para la solución del tema tienen una nota en común: habrían acontecido en esta Ciudad de Buenos Aires.
A los fines de determinar la competencia territorial (únicos que se analizan en la presente) deviene insustancial cuál habría sido el destino previamente pactado y después concretado de aquellos servicios. Nótese, para reforzar el argumento, que podría haber correspondido a diferentes lugares, e incluso al exterior del país, pero la definición del tema sería la misma que propondré aquí.
(3) Como se deduce de lo anterior, coincido con la opinión de las dos partes contrarias que alegaron en el legajo: para definir la competencia hay que estar a la naturaleza del delito y las circunstancias especiales del hecho que surjan de las actuaciones (CSJN, Fallos: 227:81 y 242:529, entre otros) y partiendo de ese principio, resulta que tanto la ley (art. 37, CPPN) como la jurisprudencia (cf. doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 330:187, “Papierblat” –ver dictamen del Procurador a que remite–), imponen a mi juicio atribuir intervención a este fuero en los eventos denunciados en ambos procesos.
Ello me conducirá a acceder a la petición de la defensa y la fiscalía de cámara de revocar la solución de primera instancia y encomendarle que requiera la inhibitoria del Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche en los mencionados en el planteo, allí radicados.
Por ende, RESUELVO:
I. REVOCAR el auto recurrido.
II. HACER LUGAR al planteo de inhibitoria formulado en el legajo, para lo cual el juzgado instructor deberá solicitar al Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche la remisión de las causas nros. FGR 17869/2022 y FGR 21086/2022, por las vías pertinentes (arts. 31 bis, inc. 1, 37 y 47 y cctes. del Código Procesal Penal de la Nación).
Regístrese, hágase saber y devuélvase. – Eduardo Guillermo Farah (Sec.: Nicolás Antonio Pacilio).