M., H. H. y otros s/inf. art. 80 inc. 2º y 6º del CP
Por unanimidad, concede el TOCF nº 2 la prisión domiciliaria, con oposición del Ministerio Público Fiscal y de las víctimas consultadas, al condenado por graves delitos, actualmente de 74 años de edad y que padece múltiples patologías existiendo riesgo de vida en caso de ser trasladado a una unidad penitenciaria. Dicho beneficio había sido ya concedido por el Tribunal pero la C.F.C.P. anuló la resolución, ordenando dictar una nueva en la que no se hizo lugar a lo peticionado y se dispuso su inmediato reintegro a una unidad del SPF, lo que debía efectivizar la PSA, en que un médico actuante de dicha institución recomendó no sea trasladado, y luego otro perteneciente en este caso al SPF indicó no es apto para ser alojado en un Complejo Penitenciario debido a sus múltiples factores de riesgo.
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2, junio 13-2025. – M., H. H. y otros s/inf. art. 80 inc. 2º y 6º del CP. – Causa nº CFP 14216/2003/TO4/12/CFC367.
Buenos Aires, 13 de junio de 2025.
Autos:
Para resolver respecto del arresto domiciliario de H. H. M. en el marco de la causa nro. 2370 caratulada “M., H. H. y otros s/ inf. art. 80, inc. 2º y 6º, del CP, etc. – Incidente de Prisión Domiciliaria de H. H. M. -”.
Vistos:
I. A fin de brindar claridad expositiva, recordaremos brevemente el trámite que siguió el presente legajo.
En primer lugar, corresponde rememorar la resolución
dictada por este tribunal con fecha 18 de junio de 2024 oportunidad en la que el Tribunal resolvió, por mayoría, “I. HACER LUGAR A LA SOLICITUD DE ARRESTO DOMICILIARIO DE H. H. M…”.
Posteriormente, el día 10 de octubre del año 2024, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó, por mayoría, “HACER LUGAR, sin costas, al recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal; ANULAR la resolución recurrida; y, en consecuencia, REMITIR las presentes actuaciones al a quo a fin de que –con la celeridad y resguardos que el caso impone– se dicte un nuevo pronunciamiento”.
Así, con fecha 15 de octubre del año 2024, este tribunal, resolvió: “I. NO HACER LUGAR AL ARRESTO DOMICILIARIO DE H. H. M., sin costas (arts. 10 incs. a) y d) del C.P. y 32 incs. a) y d) de la ley 24.660 a contrario sensu, y arts. 530 y 531 del C.P.P.N.) y II. ORDENAR EL INMEDIATO REINTEGRO DE H. H. M. a una unidad del Servicio Penitenciario Federal que el Director de ese organismo estime corresponder, teniendo en cuenta su condición de ex funcionario del Servicio Penitenciario Federal, imputado en causas de lesa humanidad y el estado de salud que presenta”.
II. Ahora bien, el Tribunal encomendó el traslado para cumplir su decisión primero a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y luego al Servicio Penitenciario Federal.
La primera de dichas fuerzas aportó el informe médico confeccionado por el galeno actuante de la PSA –Dr. Carlos Garate– quien refirió que “por el estado general que presenta el detenido se recomienda que no sea trasladado” (incorporado en fecha 23/10/2024).
La segunda remitió el informe elaborado por el Dr. Lucas Mariano Antonio Morrone (SPF –Complejo Senillosa–) en el que sostuvo que M. “NO SE ENCUENTRA APTO para ser alojado en este Complejo Penitenciario, debido a sus múltiples factores de riesgo cardiovasculares y en base a su estado de salud actual, lo cual, a su vez, realizar un traslado hacia este establecimiento representa un potencial riesgo para el paciente, sumado a la ausencia de Hospitales de Alta Complejidad en el trayecto desde la ciudad de Bariloche a Neuquén” (incorporado en fecha 25/11/2024).
En consecuencia, el Tribunal entendió que “resultando cierto que el estado de salud de una persona reviste un carácter dinámico y luciendo necesario por lo tanto actualizar el del encausado H. H. M., suspéndase de momento el traslado ordenado por este Tribunal el día 15 de octubre del corriente año desde su domicilio a una sede del SPF”.
Se requirió entonces al Cuerpo Médico Forense un amplio informe médico respecto de su actual estado de salud debiendo determinar:
A) si la privación de la libertad en un establecimiento carcelario le impide recuperarse o tratar adecuadamente las dolencias que padece (artículos 10, inciso “a”, del C.P. y 32, inciso “a”, de la ley 24.660) y/o si se verifica alguno de los supuestos previstos en los incisos “b” y/o “c” de las normas citadas. En esta dirección, deberá detallar los dispositivos sanitarios y las distintas disciplinas médicas que la condición del encausado precisa para ser alojado en un penal.
B) Se establezca la posibilidad de ser trasladado desde el domicilio donde se encuentra cumpliendo su arresto domiciliario –sito en calle Mahuida (ex Mozart) nro. 100, Ladera Norte, Km. 6 de Avenida de los Pirineos, San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro– hacia el alojamiento carcelario. Para eso, se deberá indicar la modalidad más adecuada para realizar dicho traslado (sea vía terrestre o aérea, con un avión sanitario) hacia dos posibles destinos: la Provincia de Buenos Aires (Unidad 34 –Instituto Penal Federal de Campo de Mayo– SPF), y a la Provincia de Neuquén (Complejo Penitenciario Federal V de Senillosa) y cuáles son los requisitos sanitarios que se requieren y si puede realizarse en tramos temporales.
III. En fecha 15 de abril ppdo. se llevó adelante el exámen pericial encomendado que fue remitido a este sede el 21 de abril ppdo.
En respuesta al punto A) el informe reza: “el Sr. M. tiene numerosas enfermedades, las cuales deben tener un seguimiento periódico y por diferentes especialistas. Adicionalmente a ello tiene dificultad para caminar y miembros inferiores con evidencia de insuficiencia venosa crónica. Presenta antecedentes de riesgo cardiovascular como obesidad, hipertensión arterial, tabaquismo y diabetes. Surge del informe del Dr. Garate que también presentaba insuficiencia cardiaca”.
“Pasamos a explicar más en detalle: El envejecimiento es un proceso altamente heterogéneo, donde influyen múltiples factores en la senescencia celular, marcados por una alta prevalencia de síndromes geriátricos, entre ellos destacamos la multimorbilidad, la polifarmacia y la fragilidad, situaciones que nos enfrentan a patrones diferentes de presentación de las enfermedades cardiovasculares. En el Informe Mundial de Envejecimiento y Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se señala que, si bien no existe acuerdo sobre la definición del término fragilidad, es posible considerarla un deterioro progresivo relacionado con la edad de los sistemas fisiológicos que provoca una disminución de las reservas de capacidad intrínseca, lo que confiere extrema vulnerabilidad a factores de estrés y aumenta el riesgo de una serie de resultados sanitarios adversos. Entre los factores de riesgo para el desarrollo de la fragilidad, se destacan:
• Edad avanzada: el envejecimiento es el principal factor de riesgo (el Sr. M. tiene 74 años de edad).
• Enfermedades crónicas como diabetes (DBT), hipertensión arterial (HTA), ECV y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), entre otras (el Sr. M. tiene hipertensión arterial, diabetes, y es fumador)
• Polifarmacia (el Sr. M. consume varios fármacos).
• Tabaquismo (tal el caso de M.) y consumo excesivo de alcohol.
• Inactividad física y sarcopenia: el sedentarismo y la pérdida de masa muscular (el Sr. M. tiene inactividad física dado que tiene notoria dificultad para movilizarse, y aparte es obeso).
• Malnutrición y desnutrición: curva en “U”.
• Bajo nivel educativo y socioeconómico.
• Factores psicosociales: la depresión, el aislamiento social y el stress. No tener pareja, tamaño de la red de contención”.
“La fragilidad y la enfermedad cardiovascular (ECV) están intrínsecamente relacionadas, creando una dinámica bidireccional que aumenta la vulnerabilidad de las personas. Los factores de riesgo cardiovascular (FRCV), como la hipertensión arterial (HTA), la diabetes (DBT), la dislipemia (DLP) y la obesidad (OBS) no solo elevan el riesgo de desarrollar ECV, sino también predisponen a la fragilidad. En el caso de autos, el causante tiene además valores de uremia y creatinina elevados, los cuales evidencian un grado de insuficiencia renal. Esto podría ser consecuencia de la diabetes”.
“El stress es la respuesta del organismo de índole física o emocional a toda demanda de cambio real o imaginario que produce adaptación y/o tensión. El stress es considerado el gatillo o disparador de numerosas enfermedades cardiovasculares en individuos susceptibles: isquemia cerebral (ictus) y sobre todo miocárdica (angina de pecho, infarto sintomático o asintomático). También se asocia a hipertensión arterial y a arritmias malignas. A su vez, potencia el resto de los factores de riesgo cardiovascular. El stress obliga al corazón a trabajar más intensamente”.
“Las coronarias, que nutren al músculo cardiaco, requieren mayor aporte energético, El estrés mental ha demostrado ser el gatillo de diversas enfermedades cardiovasculares”.
“Además de la cardiopatía isquémica, también se ha demostrado la asociación entre el estrés y la aparición de arritmias”.
Concluyó que “se considera que el alojamiento en un establecimiento penitenciario supone un cierto grado de stress, el cual no es conveniente para M. [y] desde el punto de vista de su edad, no es conveniente su permanencia en una cárcel”.
Por su parte, en respuesta la punto B), el informe detalla: “dado el estado general de salud de M., el stress que razonablemente puede generar el traslado a aproximadamente 400 km de distancia (distancia según Google Maps que hay entre Bariloche y el Complejo Federal V de Senillosa) ya sea en auto, camión, ambulancia, helicóptero, avión, o tren y especialmente por su hipertensión arterial, no resulta aconsejable desde el punto de vista médico su traslado. Por razones obvias tampoco resulta aconsejable su traslado a Campo de Mayo en Pcia. de Buenos Aires”.
IV. Asimismo, con fecha 23 de abril del corriente año, el representante del Ministerio Público Fiscal aportó un informe ampliatorio suscripto por el Dr. Raposeiras –médico especialista en clínica médica, consultor técnico DATIP, Ministerio Público Fiscal– en donde concluyó con relación a los puntos periciales que: “las enfermedades que padece el imputado son crónicas y evolutivas, las mismas pueden ser tratadas en un establecimiento penal siguiendo las estrictas indicaciones de sus médicos tratantes. El imputado necesita control de su médico clínico, cardiólogo, nefrólogo, diabetólogo, traumatólogo y asistencia kinésica para mejorar la deambulación. Actualmente se encuentra compensado y sin indicación de internación”.
En relación al punto B) consideró pertinente disponer un traslado sanitario del interno a la Unidad Penitenciaria Federal V, ubicada en proximidades de su domicilio actual (Senillosa) agregando que “a fin de asegurar la integridad del paciente durante el trayecto, se recomienda que dicho traslado se efectúe mediante una ambulancia equipada como Unidad de Terapia Intensiva Móvil o, en su defecto, a través de un avión sanitario”.
V. Posteriormente, el 7 de mayo ppdo. se fijó audiencia para escuchar a las víctimas que así desearon participar de conformidad con los alcances de la Ley 27.372. En dicha ocasión, fueron oídas/os: 1) P. J.; 2) J. C. S.; 3) I. L. M.; 4) S. F.; 5) A. M. C.; 6) G. V.; 7) I. T.; 8) F. P.; 9) M. D’A.; 10) M. E. B.; 11) D. B. y F.; 12) M. P. R. A.; 13) C. P.; 14) P. C. A. y 15) C. J., quienes se opusieron categóricamente con relación al arresto domiciliario del encausado por las razones allí invocadas –ver registro audiovisual que se encuentra incorporado en los documentos digitales que conforman estos actuados–.
Por su parte D. M. también se expresó de forma negativa a través de una presentación por escrito glosada a través del Ministerio Público Fiscal.
VI. Corrido traslado a las partes, se expresaron en primer lugar las acusadoras.
El representante del Ministerio Público Fiscal, Dr. Alejandro Alagia, se opuso al beneficio pretendido. En síntesis, hizo mención: 1) a los motivos por los cuales no pudo efectivizarse el reintegro a la unidad carcelaria expresando que, a su entender, tanto los médicos policiales como los penitenciarios hicieron un examen rápido, sin valorar ni su historia clínica ni otros informes de M. en su domicilio; 2) las discrepancias de las conclusiones de los informes médicos elaborados por el Cuerpo Médico Forense y el perito de esa parte; y 3) las circunstancias por las que fuera revocado su arresto domiciliario anterior –esto es, una denuncia por violencia familiar efectuada por su concubina con una restricción de acercamiento– y que no se incorporó al legajo información relativa al cese de la situación de violencia denunciada, ponderando también que fueron incorporados al expediente correos electrónicos de la Oficina de Monitoreo Electrónico que dieron cuenta de distintas alertas.
Asimismo, se glosaron los escritos de las querellas representadas por la Dra. Flavia Andrea Fernandez Brozzi (22/5/2025) y por el Dr. Pablo Gustavo Llonto (23/5/2025), quienes dictaminaron de forma negativa a la pretensión bajo estudio.
En breve, sostuvieron que en el caso de M. no se da ninguna de las condiciones de los artículos 10 inciso a) del Código Penal y 32 incisos a), b), c) y d) de la ley 24.660.
VII. Luego de dichas requisitorias, fue oído el defensor de H. H. M., Dr. Santiago Finn, quien centró sus argumentos en cuestiones vinculadas a los informes actuales de salud concluyendo que “su traslado y su alojamiento en una cárcel suponen un riesgo de vida y configurarían para él una pena cruel y degradante”. Por otro lado, agregó que “no existen riesgos procesales a tener en cuenta. M. lleva más de 5 años con arresto domiciliario y sigue estando allí, a derecho”.
Y Considerando:
Voto del Dr. Rodrigo Giménez Uriburu:
De conformidad con las cuestiones vertidas anteriormente, adelanto que habré de modificar la posición que adopté en el decisorio del 24 de junio del año 2024 y que luego fuera también acompañado por mis colegas en razón del fallo de la alzada con fecha 10 de octubre siguiente.
Comienzo por recordar la plena vigencia de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en orden al marco normativo constitucional y los compromisos internacionales asumidos por la Nación Argentina en la investigación y sanción de la graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante la vigencia de la última dictadura militar; puntualmente, la doctrina sostenida al resolver cuestiones que hagan a la libertad o detención de los procesados y/o condenados, procurando de esta forma tener un especial deber de cuidado para paliar cualquier riesgo de fuga.
Sobre este punto se expidió el Máximo Tribunal en el fallo “Alespeiti”, estableciendo que “…debe resaltarse que en procesos como el presente, en los que se dilucidan hechos vinculados al inconcebible horror que primó durante la última dictadura militar que comprendió, entre otras atrocidades, campos clandestinos de detención y sistemáticas privaciones de libertad, desapariciones forzadas, torturas, asesinatos calificados y apropiaciones de niños, el respeto al enorme sufrimiento que este provocó y que se encuentra todavía vigente, debe llevar al Poder Judicial, del que este Tribunal es cabeza, a actuar con las más alta responsabilidad institucional en el ejercicio de su jurisdicción. Este deber se traduce en la obligación de llevar adelante los juicios en los que se investigan estos hechos no solo con la máxima celeridad posible sino también con plena sujeción a la Constitución y a las leyes para asegurar, tanto en la actualidad como en la posteridad, la legitimidad y validez de estos procesos de enorme trascendencia no solo jurídica e histórica sino también personal para sus víctimas y sus familiares quienes ejemplarmente durante décadas efectuaron siempre sus demandas de justicia dentro de los mecanismos del Estado de Derecho y de las vías previstas en los sistemas convencionales de protección de los derechos humanos”.
Asimismo, sostuvieron que ello “…implica reafirmar el convencimiento de que, como lo revela nuestra historia reciente ningún tribunal de justicia podría, sin menoscabar irremediablemente la legitimidad del ejercicio de su jurisdicción, desconocer que ‘la esencia misma de nuestra carta de derechos que con la incorporación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos ha sido fortalecida y profundizadas el respeto de la dignidad y libertad humana’ […] ‘el derecho a un trato digno y humano reconocido a las personas privadas de su libertad no sólo encuentra soporte en nuestra Constitución Nacional desde 1853… Después de la reforma de 1994, con jerarquía constitucional, la Nación está obligada por tratados internacionales de vigencia interna y operativos, que fortalecen la línea siempre seguida por la legislación nacional en la materia: La declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, establece en el art. Xxv que ‘todo individuo tiene también un tratamiento humano durante la privación de su libertad’; en el art. 10 del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica que ‘toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano’; fórmula ésta que recepta de modo similar el art. 5 inc. 2º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, agregando en tal sentido que “Las Reglas mínimas para el tratamiento de reclusos de las Naciones Unidas…se han convertido, por vía del art. 18 de la Constitución Nacional, en el estándar internacional respecto de las personas privadas de libertad”.
En función de dicha exposición destacaron que “…sin desconocer las inconmensurables diferencias cualitativas entre ambos supuestos que descartan de plano toda equiparación fáctica o valorativa, debe repararse que, en un plano jurídico, son estas mismas normas las que le imponen al Estado –como límite infranqueable– la obligación de respetar y garantizar la vida e integridad en todo supuesto y respecto de todas las personas sin que, en este punto, pueda entrar válidamente en juego ninguna otra consideración que pueda anteponerse a la condición y estado […] toda justificación que pueda ensayarse para sustentar alguna clase de excepción en la aplicación de este principio cuando se trate de un imputado o condenado en el marco de un proceso de lesa humanidad no podría tener favorable recepción porque carecería de todo sustento normativo”.
Es entonces, en este marco interpretativo establecido por el Máximo Tribunal, que deben ser merituadas las circunstancias del caso sometido a estudio. A este fin, se impone la necesidad de someter a un minucioso y actual examen el presente legajo en el que deberemos evaluar el cuadro de salud vigente para determinar si existen razones de peso que justifiquen mantener la postura adoptada en mi anterior intervención.
En este sentido, las enfermedades y el estado de salud que constataron tanto el Cuerpo Médico Forense como los profesionales de las fuerzas de seguridad que intervinieron previamente importan, respecto de la evaluación hecha en aquella oportunidad, un elevado incremento en el nivel de vulnerabilidad de M. y tornan adecuado el cumplimiento de la medida cautelar bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
Los informes labrados oportunamente tanto por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria como del Servicio Penitenciario Federal fueron contundentes al referir el elevado riesgo que podía implicar su traslado desde el domicilio a cualquier otro destino.
Deben agregarse al análisis las constancias médicas glosadas en autos remitidas por el CMF que dan fueron contundentes respecto del delicado cuadro de salud que presenta M. En su conclusión, refirieron que tiene “numerosas enfermedades, las cuales deben tener un seguimiento periódico y por diferentes especialistas. Adicionalmente a ello tiene dificultad para caminar y miembros inferiores con evidencia de insuficiencia venosa crónica. Presenta antecedentes de riesgo cardiovascular como obesidad, hipertensión arterial, tabaquismo y diabetes”, concluyendo que “no es recomendable el encierro en el caso de M. dado a su estado de salud general y su edad”.
Respecto del eventual traslado, el informe pericial concluyó que tampoco resulta recomendable. Explicó que “dado el estado de salud general de M., el stress que razonablemente puede generar el traslado a aproximadamente 400 km de distancia ya sea en auto, camión, ambulancia, helicóptero, avión, o tren, y específicamente por su hipertensión arterial, no resulta aconsejable desde el punto de vista médico su traslado”.
Como se advierte, M. fue examinado por profesionales de la salud de distintos organismos –PSA; SPF y CMF– todos quienes arribaron a las mismas conclusiones, sea en lo que atañe a la materialización del traslado oportunamente ordenado, sea respecto de su evidentemente deteriorado estado actual de su salud. De tal suerte, a criterio del suscripto, y más allá de lo informado por el perito de parte del MPF, considero que, por las patologías actuales y el carácter evolutivo de las dolencias del encausado, su arresto domiciliario deviene la decisión más prudente en procura de la salvaguarda de su salud.
Por lo demás, debe asimismo valorarse la edad del encausado. En este punto, el criterio del tribunal sobre la materia es persistente en el sentido de considerar que el mero cumplimiento de la edad prevista en el inc. “d” del art. 32 de la ley 24660 no opera de forma automática, sino que debe analizarse de forma contextual junto con la razonabilidad y tolerancia de la prisionización sobre una persona condenada. Dicho análisis obviamente no implica entender al supuesto en cuestión como dependiente de alguna de las otras causales taxativamente normadas en los incisos “a”, “b” y “c” del mencionado artículo.
A este cuadro le agrego que M. permanece desde junio del año 2024 en su domicilio bajo la modalidad de vigilancia electrónica, en cumplimiento de las condiciones impuestas. En este punto, y atento sus dificultades ambulatorias y la necesidad de atender periódicamente y con los profesionales adecuados sus patologías, no puede soslayarse que el riesgo de fuga se ve actualmente reducido y razonablemente compensado con el encierro domiciliario.
Por lo expuesto, no obstante la entendible y razonable opinión vertida por las víctimas y lo dictaminado por las partes acusadoras, considero que, a la luz de los informes médicos recabados y al cuadro de enfermedades que sufre M., la conclusión a la que arribó el Cuerpo Médico Forense junto a la edad del nombrado –a la fecha, 74 años– en función de los principios de trato humanitario y pro homine, habré de votar por conceder la prisión domiciliaria.
Ahora bien, teniendo en cuenta que el domicilio donde M. cumple actualmente su arresto se encuentra en extraña y lejana jurisdicción respecto de este tribunal, estimo imprescindible mantener el dispositivo electrónico de vigilancia a los fines de garantizar la adecuada supervisión de la detención cautelar en la vivienda propuesta.
Asimismo, encontrándose actualmente vigente el control electrónico en el domicilio y en la persona de M., habrá de ordenarse la intervención al Instituto de Asistencia de Presos y Liberados de San Carlos de Bariloche a fin de que realice una supervisión semanal en el domicilio –en días y horarios diversos–, e informar a esta sede sobre las circunstancias que resulten de interés de modo electrónico o el más inmediato de que dispongan.
Votos de los Dres. Jorge Luciano Gorini y Néstor Guillermo Costabel:
Compartiendo en lo sustancial los argumentos expuestos por el colega preopinante, adherimos al voto que antecede.
Por lo expuesto, el Tribunal estima corresponde y así:
RESUELVE:
I. HACER LUGAR A LA SOLICITUD DE ARRESTO DOMICILIARIO DE H. H. M., la que se llevará a cabo en el domicilio sito en la calle Mahuida (ex Mozart) nro. 100, Ladera Norte, Km. 6 de Avenida de los Pirineos, San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro (conf. art. 10 inc. a y d del Código Penal y art. 32 inc. a y d de la ley 24.660).
II. MANTENER el dispositivo electrónico de vigilancia a los fines de garantizar la adecuada supervisión de la detención cautelar en la vivienda propuesta.
III. ORDENAR la intervención del Instituto de Asistencia de Presos y Liberados de San Carlos de Bariloche a fin de que realice una supervisión semanal –en días y horarios diversos– e informe sobre las circunstancias que resulten de interés de modo electrónico o el más inmediato de que dispongan.
Regístrese, y notifíquese a la totalidad de las partes mediante cédulas de diligenciamiento electrónico y al encausado por intermedio de su defensa. – Néstor Guillermo Costabel. – Jorge Luciano Gorini. – Rodrigo Giménez Uriburu (Sec.: Sofía Chiambretto).
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