C., N. y otros s/queja por retardo de justicia
En el marco de un recurso de queja por retardo de justicia se produce una contienda negativa de competencia entre dos salas de la C.F.C.P. disponiéndose el envío a la Secretaría General para dilucidar la cuestión, estableciendo la intervención que corresponde en causa en que se investigan ilícitos imputados a la empleada doméstica del ex Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, que constituirían lavado de dinero, quien es a su vez investigado por enriquecimiento ilícito, duplicándose el legajo para resolver el planteo efectuado por la parte.
Autos y Vistos:
Integrada la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal por los señores jueces doctores Angela E. Ledesma, Guillermo J. Yacobucci y Alejandro W. Slokar, para decidir en la presente Causa Nº CFP 10119/2016/TO1/8/RH1, “C. N. y otros s/queja por retardo de justicia”.
Y Considerando:
1º) Que esta Sala, el 6 de junio pasado, dispuso que “En atención a la conexidad existente entre las presentes actuaciones y el expte. CFP 12.438/08, la cual se desprende del auto de elevación a juicio obrante a fs. 2405/2414 de los autos principales (CFP 10119/2016) en el lex100, corresponde la remisión de las presentes actuaciones a la Sala IV, previo paso por la Oficina de Sorteos para su debida registración”.
2º) Llegada a la causa a la Sala IV de esta Cámara, su Presidente resolvió: “En la medida en que resulta de aplicación lo resuelto por el Pleno de esta Cámara Federal de Casación Penal en el marco de la resolución 49/20 del 21/02/20 dictada, justamente, en el marco de la causa cuya conexidad refiere el decreto de la Sala declinante; devuélvase con carácter de urgente atento a la naturaleza expedita de la presentación efectuada por el Ministerio Público Fiscal en este legajo (art. 127 CPPN)”.
3º) En fecha 7 de junio próximo pasado esta Sala resolvió “MANTENER el temperamento adoptado y REMITIR las presentes actuaciones a la Sala IV de esta Cámara, previo paso por la Oficina de Sorteos para su debida registración (arts. 44 y siguientes del CPPN), e INVITAR a los señores jueces integrantes de la Sala IV de esta Cámara que en caso de no compartir el temperamento aquí adoptado eleven a la Presidencia de esta Cámara Federal de Casación Penal, a sus efectos”.
Para decidir en ese sentido, se expuso que no se encuentra discutida la radicación previa en la Sala IV de la causa CFP 12.438/08.
Así, se afirmó que “la remisión ordenada a la sala IV tiene su basamento en los fundamentos del auto de elevación a juicio en la causa CFP 10119/2016, obrante a fs. 2405/2414 de los autos principales –según sistema lex 100–”.
Se expresó en esa oportunidad que “en aquella pieza procesal se afirmó en el punto II ‘Trámite de las actuaciones’ que ‘la presente investigación se inició a raíz de la denuncia formulada por M. O. H. el día 21 de julio de 2016, la cual fue radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 4 (fs. 1⁄2 y 5/8). Sin embargo, a raíz de la incompetencia postulada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 9, se entendió que las actuaciones debían tramitar ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 9 por conexidad con la causa nro. 12.438/08, caratulada ‘D. V. y otros s/Enriquecimiento ilícito’, decisión que fue confirmada el día 21 de septiembre de 2016 por la Secretaría Especial de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal (fs. 9/10, 11/13, 14, 16/20 y 21/31)” (el resaltado no es del original).
En esta línea, se señaló que “cuando el juez a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal 4 en fecha 23/8/2016 declaró la conexidad entre ambos expedientes sostuvo ‘Ahora bien, de acuerdo a lo detallado en los acápites anteriores, resulta evidente la vinculación existente ambos expedientes. Es decir, el hecho de que aquí se denuncie a N. C. por lavado de dinero cuando se sostiene que ésta era la empleada doméstica de J. M. D. V., y que los vehículos que a su nombre registraba se encontraban radicados en el domicilio del ex Ministro de Planificación, me permite concluir que, en definitiva, el objeto de este expediente se vería abarcado por aquel que investiga el Tribunal a cargo del Dr. Rodríguez. Ello, a razón de que justamente –como se dijo– ese juzgado investiga el presunto enriquecimiento ilícito por parte del ex Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, J. M. D. V.’” (el resaltado no es del original).
Además se recordó lo expresado en la resolución del juzgado instructor en punto a que “En lo particular, considero que la totalidad de la maniobra debe ser investigada en la misma sede, en tanto, se puede esclarecer en detalle con mayor facilidad las circunstancias investigadas como así también, la identidad de elementos probatorios. En tal sentido, las medidas de prueba que aquí podrían practicarse podrían ser de suma utilidad o incluso, idénticas, a la de la investigación que lleva adelante el Juzgado Federal Nº 9. Así las cosas, la realizacio?n de una amplia investigación patrimonial sobre C. –empleada doméstica de D. V. permitiría esclarecer la totalidad de la maniobra en su conjunto. Asimismo, teniendo en cuenta ello, considero que no correspondería escindir las conductas en tanto que ello podría afectar la buena prestación del servicio de justicia toda vez que dicha circunstancia podría dar lugar a resoluciones contradictorias” (el resaltado no es del original).
Asimismo, se consignó que “una vez trabada la cuestión de competencia, en la decisión del 21/9/2016 de la Secretaría Especial de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional el juez Martín Irurzun afirmó la conexidad propiciada por el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, expresando que ‘Del análisis de la causa principal y puesto a examinar la cuestión aquí suscitada considera el suscripto que las señaladas actuaciones deben tramitar en forma conjunta atendiendo a la conveniencia de un análisis global de los elementos probatorios. Ello así en aras de evitar una posible dispersión investigativa contraria a los fines del que inspiran la buena administración de justicia’” (el resaltado no figura en el original).
Fue así que advertidas todas estas cuestiones –motivo de consideración al declararse durante la instrucción la conexidad de los expedientes CFP 10119/2016 y CFP 12.438/2008– se entendió que la totalidad de lo relevado resultaba conducente para insistir con la remisión a la Sala IV de esta Cámara. Ello, por cuanto al declararse la conexidad de ambos legajos se tuvo en cuenta específicamente la posibilidad de que su trámite escindido diera base a sentencias contradictorias. Así como también se advirtió la posibilidad de identidad de elementos probatorios en ambas causas (ver resolución del 23/8/2016 del Juzgado Criminal y Correccional Federal 4).
Con estas consideraciones se afirmó que “corresponde estar a la conexidad declarada en la instrucción” con cita de la constante jurisprudencia de esta Cámara “según la cual la conexidad declarada en la instrucción opera no sólo para dicho período, sino también respecto del resto de los órganos del Poder Judicial que, en los diferentes estadios procesales, deberán entender en esos legajos. Así, en la instancia casatoria debe ser la misma Sala la que conozca de los recursos en todos ellos planteados (cfr. Res. S.G. Nº 53/07 de este cuerpo ‘Patetta, Luis Alberto s/recurso de casación, contienda negativa de competencia suscitada entre las Salas II y IV’ del 14/4/2007 y sus citas, y Res. S.G. Nº 1416/09 ‘Tófalo, José Andrés y otros s/conflicto de competencia’, en las causas 11.465 de la Sala III y 11.628 de la Sala IV, del 22 de diciembre de 2009, entre otras)”.
También se señaló que “en las condiciones expuestas hasta aquí, la remisión que se realiza a esta Sala invocando lo resuelto por el Pleno de esta Cámara Federal de Casación Penal en el marco de la resolución 49/20, del 21/02/20, no resulta acertado”. Ello, por entender que “las circunstancias tenidas en cuenta allí para resolver como se hizo no resultan análogas a la situación que se presenta específicamente en este legajo”.
Se aclaró que “no es óbice alguno que aquella resolución 49/20 de esta Cámara fuera dictada en relación a la causa CFP 12438/2008, puesto que específicamente la causa que aquí ocupa, la CFP 10119/2016, no se encontraba en el universo de expedientes sobre los que recayó aquella decisión”.
Se destacó que “las características particulares de la conexidad aquí declarada son distintas a las que se daban en aquel conjunto de legajos”.
Así como también se expuso que “no deviene conducente legitimar la radicación de los dos legajos en Salas distintas cuando –como sucede en este específico caso–, la atracción en razón del primer sorteo ante esta Cámara viene dada por la existencia de una comunidad probatoria que podría dar lugar a sentencias contradictorias –tal como dejaron puesto de manifiesto los jueces que declararon la conexidad durante la instrucción–. Esto fue motivo de especial consideración en la resolución 49/20 de esta Cámara, afirmándose que entre aquel conjunto de causas ‘no se invoca que en la hipótesis se corra algún riesgo de incurrirse en sentencias contradictorias. Tampoco se realizó un análisis que arroje certeza acerca de la actual identidad de los objetos procesales en las distintas actuaciones en la situación de cada uno de los diferentes procesos’”.
En esta inteligencia, se sostuvo que “de adverso a lo señalado por la Presidencia de Sala IV, es precisamente con la remisión que aquí se propicia a aquella Sala, que cobra vigencia lo expuesto en la Res. Nº 49/20 –antes invocada– en punto a que ‘la ratio de la unificación de causas en una sala debe apuntar a favorecer la armónica aplicación de la ley, evitando pronunciamientos contradictorios y de tal manera guarda correlato con la mejor administración de justicia’”. Ello pues, “en definitiva, de lo que se trata es de ‘preservarse la unidad de jurisdicción e impedir que la misma cuestión sea controvertida ante distintos jueces para evitar el escándalo jurídico que representaría el dictado de sentencias contradictorias’ (Fallos: 323:368; 328:3903; 333:1857, entre muchos otros), lo que en definitiva iría en detrimento de la buena administración de justicia”.
4º) El día 11 de junio la Sala IV resolvió que “en atención a que la presente causa fue asignada –sorteo mediante– a la Sala II de esta Cámara, y que ésta es la primera oportunidad en la que la Sala IV –en su conjunto– se expide sobre su competencia, corresponde devolver la presente causa a la Sala II –con la premura que el caso requiere–, haciendo saber a los colegas que, en caso de no compartir la solución aquí adoptada, deberá ser ese Tribunal quien considere elevar la cuestión a la Presidencia de esta Cámara Federal de Casación Penal”.
Ello, en el entendimiento de que “Analizadas las plataformas fácticas de ambas actuaciones debe recordarse que esta Cámara viene sosteniendo la autonomía del juzgamiento del delito de lavado de activos de origen ilícito respecto de los hechos endilgados por la acusación como la conducta precedente de aquel (cfr. de Sala I, causa 3732/2016/TO1/5/CPF9, Reg. 638/19 del 22/4/19 y de esta Sala IV, causa CFP 5048/2016/TO1/10/CFC4, Reg. 323/18 del 12/4/18)”.
Explicaron que “en este sentido no se advierte cuál podría ser el riesgo –meramente hipotético– de dictado de sentencias contradictorias (en los términos reclamados la resolución 49/20 del 21/02/20 del Pleno de esta CFCP) derivado de la tramitación en diferentes Salas de causa con objetos –fácticos y jurídicos– distintos”.
Sostuvieron además que “la mera declaración de conexidad no determina el tratamiento de las causas en la misma Sala del Tribunal, sino que se requiere efectivamente un argumento sustancial a los efectos de modificar la intervención natural de una de las salas del Tribunal”.
Agregaron que “a ello se suma que ambas causas transitan distintos estadios procesales –el presente expediente se encuentra tramitando la etapa de juicio mientras que las actuaciones radicadas ante esta Sala aún en instrucción–, lo que demuestra también que no están vinculadas de manera tal que su tratamiento por distintas Salas pueda producir demoras o privación de justicia ni menos eventuales fallos contradictorios”. Así como también que “Justamente y en este contexto tampoco se observa, ni han sido argumentadas, cuáles podrían ser las razones de mejor administración de justicia (art. 42, inc. 4º, del C.P.P.N.), para justificar que el proceso en cuestión trámite ante una Sala distinta de aquella que fue sorteada”.
5º) Que esta Sala va a insistir en su temperamento declinante en el entendimiento de que las argumentaciones vertidas por los jueces de la Sala IV no brindan adecuada respuesta a los motivos que se invocaran en nuestra resolución de fecha 7 de junio de 2024.
En efecto; los magistrados se limitan a sostener la autonomía de los delitos de lavado de activos de origen ilícito y la conducta precedente de aquél, y además las diferentes etapas del proceso que transitan ambos expedientes.
Sin embargo, en su decisión no dan cuenta respecto de la argumentación central establecida por esta Sala, en punto a que es en las resoluciones de conexidad dictadas durante la instrucción –tanto por el juez a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal 4 como por el juez Martín Irurzun de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional– que se evidencia la existencia de una posible comunidad probatoria, y que por ello la radicación de los expedientes en distintas Salas de esta Cámara podría producir el dictado de sentencias contradictorias.
Es que, precisamente, las particulares circunstancias de la especie –donde ya fue señalada durante la instrucción la conexidad y la específica posibilidad de una comunidad probatoria–, son las que desbaratan aquella argumentación relativa a que en ambos legajos se traten delitos jurídicamente independientes y/o que se encuentren en distintas etapas del proceso, correspondiendo estar a la conexidad ya declarada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional –que por lo demás, se encuentra firme–.
En tales condiciones, cobra absoluta aplicación que la conexidad declarada en la instrucción opera no sólo para dicho período, sino también respecto del resto de los órganos del Poder Judicial que, en los diferentes estadios procesales, deberán entender en esos legajos. Así, como inveteradamente se sostiene, en la instancia casatoria debe ser la misma Sala la que conozca de los recursos en todos ellos planteados (cfr. Res. S.G. Nº 53/07 de este cuerpo “Patetta, Luis Alberto s/recurso de casación, contienda negativa de competencia suscitada entre las Salas II y IV” del 14/4/2007 y sus citas, y Res. S.G. Nº 1416/09 “Tófalo, José Andrés y otros s/conflicto de competen cia”, en las causas 11.465 de la Sala III y 11.628 de la Sala IV, del 22 de diciembre de 2009, entre tantas otras).
En definitiva, con el objetivo de evitar el dictado de sentencias contradictorias como consecuencia de la intervención de las distintas Salas de este tribunal en causas que han sido declaradas conexas en su origen, y a fin de impedir una efectiva privación de justicia y asegurar la mayor celeridad para el normal desarrollo del proceso, este tribunal habrá de MANTENER la postura sostenida en el presente legajo (cfr. Reg., 604/24 de fecha 7/6/2024) y REMITIR las presentes actuaciones a la Secretaria General de la Cámara a fin de que se dirima el conflicto suscitado.
Sin perjuicio de la competencia de esta Sala –que con motivo de la remisión aquí dispuesta quedará a estudio de los jueces de esta Cámara en el presente legajo–, teniendo especialmente en consideración la materia en trato en este incidente –queja por retardo de justicia–, y a los fines de no dilatar el trámite de esta incidencia, habrá de formarse un legajo independiente duplicando el presente, a los efectos de resolver la cuestión traída a estudio.
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:
I.- MANTENER la postura sostenida en el presente legajo (cfr. Reg. 604/24 de fecha 7/6/2024) y REMITIR las presentes actuaciones a la Secretaria General de la Cámara a fin de que se dirima el conflicto suscitado.
II.- Sin perjuicio de la competencia, FORMAR legajo independiente duplicando el presente, para resolver la cuestión suscitada en la queja por retardo interpuesta por el representante del Ministerio Público Fiscal.
Regístrese, comuníquese, hágase saber y, cúmplase con la elevación ordenada del presente legajo, sirviendo lo proveído de atenta nota de envío. – Angela E. Ledesma, Guillermo Yacobucci. – Alejandro W. Slokar (Sec.: Mariana Andrea Tellechea Suárez).
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