Materia: Derecho Penal

R. E., J. L. s/extinción de la acción penal

Se recurre ante la Cámara Federal la resolución del juez que rechazó el planteo de prescripción de la acción penal imputándose presuntas maniobras ilícitas con fondos públicos a quien se desempeñara como intendente en una ciudad del partido de la costa, ocupando luego un cargo temporario en el Senado de la provincia de Buenos Aires, lo que a criterio de aquél impediría la aplicación del instituto, resolviéndose por mayoría revocar el fallo recurrido y declarar la prescripción de la acción penal, sobreseyéndolo.

Buenos Aires, 12 de octubre de 2023.

Y Vistos y Considerando:

El juez del caso rechazó el planteo de prescripción de la acción penal de R. E. Contra ello, apeló su defensa, argumentando que los cargos ejercidos por aquél desde que cesó en la función que detentaba a la época de los hechos (Intendente de Villa Gesell, Provincia de Buenos Aires) no pueden tornar operativa la suspensión del curso del plazo correspondiente, conforme lo previsto en el art. 67 del CP.

El Dr. Martín Irurzun dijo:

No se han acompañado elementos novedosos que alteren el criterio que ya dejé expuesto en el incidente, cuando opiné en pos de la vigencia de la acción penal en la situación concreta de R. E. (ver mi voto en resolución del 16/3/23).

Corresponde entonces estar a dicha solución, confirmando el fallo apelado.

Tal mi voto.

El Dr. Roberto J. Boico dijo:

Ha vuelto a revisión este incidente, donde con anterioridad fijé determinadas pautas a valorar sobre la cuestión en debate (ver mi voto en resolución del 16/3/23). Cabe volver sobre aquéllas.

(i) Según la hipótesis de la fiscalía (que motivó la convocatoria a indagatoria de R. E. de 5 de julio de 2022), el objeto del caso se ciñe a la supuesta defraudación en que habría incurrido cuando, en violación a los deberes que le cabían como Intendente de Villa Gesell, Provincia de Buenos Aires, no aplicó a los fines previstos, los fondos públicos que el Estado Nacional (a través del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento –ENOHSA–) le transfirió con el objeto de llevar adelante obras vinculadas al suministro de agua potable y desagües, que no se cumplieron. Los hechos se habrían cometido entre marzo y septiembre de 2013 (transferencia de fondos) y R. E. ejerció como Intendente hasta el 31 de marzo de 2014.

(ii) En mi anterior intervención, destaqué que, según se sabía entonces, desde que cesó su intendencia, el imputado cumplió distintas funciones públicas. Fue Subsecretario del Interior de la Nación entre el 1 de abril de 2014 hasta el 10 de diciembre de 2015. Luego, se desempeñó en el “agrupamiento de planta temporaria del bloque político del Senado de la Provincia de Buenos Aires” desde el 1 de junio de 2016 hasta el 1 de enero de 2018.

Frente a ello, en aplicación de precedentes que suscribí sobre la materia (ver mis votos en CFP 13910/2016/1/CA2, “Juárez”, c. 45.451, reg. 50179, rta 05.10.21; y CFP 2785/2022/1/CA1 “Mujica” del 28/2/23), concluí que “la información con la que actualmente se cuenta no detalla cuál fue la actividad concreta que desplegó el imputado cuando formó parte del agrupamiento de planta temporaria del bloque político del Senado de la Provincia de Buenos Aires. Siendo eso así, aunque se haya tratado de un ámbito diferente a aquél en que se habría cometido el hecho, es apresurado –conforme la interpretación que he realizado sobre la norma aplicable– descartar que nos encontremos ante un supuesto que torne operativa la cláusula, dada su “ratio legis” –repito–; rodear al funcionario de herramientas y relaciones que puedan coadyuvar a la impunidad”.

Por ese motivo, voté por revocar la prescripción que se había resuelto.

(iii) Con posterioridad a la decisión, a pedido del a quo, la H. Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires acompañó un informe elaborado por la Dra. Denise García, Subdirectora de la Dirección de Asuntos Legales H. Senado de Buenos Aires.

Surge de allí que R. E. –de profesión médico– prestó servicios en esa Cámara desde el 1/06/2016 hasta el 1/01/2018 en un cargo del Agrupamiento 16 –categoría 11– de la “Planta Temporaria del Bloque Político”, con funciones de “asesoramiento y apoyo”. La defensa vinculó la labor que ejerció a su especialidad en medicina y salud pública.

De conformidad con el criterio que expuse en la situación de otro imputado (ver mi voto en CFP 4077/20/2/CA2 “Eijo” del 6/6/23), entiendo que, con esta información, debe descartarse que la actividad concreta que desplegó el imputado cuando revistió como personal de Planta Temporaria en el H. Senado de la Provincia de Buenos Aires dé lugar –conforme la interpretación que he realizado sobre la norma aplicable– a la operatividad de la cláusula del art. 67 del CP, dada su “ratio legis” de rodear al funcionario de herramientas y relaciones que puedan coadyuvar a la impunidad.

Por ello, en aplicación de la posición que fijé en mis anteriores intervenciones en lacausa y este incidente –en particular de cómo quedó establecido el debate allí–, votaré por revocar el fallo, declarar la prescripción de la acción penal respecto de J. L. R. E. y sobreseerlo en orden a la imputación formulada en la presente.

Tal mi postura.

El Dr. Eduardo G. Farah dijo:

En mi anterior intervención en el incidente, opiné que podía descartarse –ya a esta altura– la operatividad de la suspensión del art. 67 del CP (ver voto en resolución del 16/3/23).

Me interesa agregar a lo dicho entonces –a propósito de los argumentos dados por distintas Salas de la Casación Federal, incluso la que interviene en la causa– que la ley –guiada por la finalidad que expuse en mi voto previo y como lo hacen, por cierto, varias otras normas del derecho penal y procesal penal– fijó una presunción en punto a los medios de quien detenta un cargo público para obstruir la investigación. Esa regla resulta razonable y debe partirse de ella en la generalidad de los casos que pretende abarcar. Pero, como contrapartida de dicho principio, dar plena eficacia a los objetivos de la propia regulación implica, a mi juicio, aceptar que se trata de una presunción “iuris tantum”, que cede ante la existencia de evidencia en contrario.

Es en ese sentido que se han interpretado otras normas por parte de los tribunales (así, ciertos casos de presunción de dolo, como el artículo 39 de la Ley 22.362, confr. Colección de Fallos de la CSJN 313:235; en materia excarcelatoria, la “presunción de fuga” en base al monto de la pena en expectativa s/art. 317 CPP, conf. CFCP, en el Plenario “Díaz Bessone, Ramón Genaro s/inaplicabilidad de la ley”, del 30/10/2008).

Hace tiempo razoné que así debe interpretarse la presunción del artículo 67, cuando se demuestre en el caso concreto una imposibilidad real –para el funcionario– para obstaculizar el normal desarrollo del proceso (ver mi voto en CFP 4541/2010/6/CA1rta. 11.5.2017, reg. nº 43.020). Esto último ocurrió aquí, tal como concluí en la anterior intervención y quedó aún más evidenciado con la información incorporada después.

Por ello, voto por revocar el fallo y declarar la prescripción de la acción penal respecto de R. E., sobreseyéndolo.

De conformidad con lo que surge del acuerdo que antecede, el Tribunal, por mayoría, RESUELVE:

REVOCAR el fallo recurrido, DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL respecto de J. L. R. E. y SOBRESEERLO en orden a la imputación efectuada en las presentes actuaciones.

Regístrese, hágase saber y devuélvase. – Eduardo Guillermo Farah. – Martín Irurzun. – Roberto José Boico (Sec.: Nicolás Antonio Pacilio).

***

D. V., F. s/infracción Ley nº 22.415

El requerido por tentativa de contrabando de estupefacientes, que intentó introducir al país 152 semillas de cannabis sativa –marihuana– por vía postal, poseyendo el ilícito un mínimo de pena superior a los tres años de prisión y encontrándose alcanzado el delito por las previsiones de la Ley nº 26.735 que lo prohíben, solicita se le conceda la suspensión del juicio a prueba, que con anuencia del Ministerio Público Fiscal en el caso se concede.

Buenos Aires, 9 de octubre de 2023.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en CPE 822/2022/TO1/2 la solicitud de suspensión de juicio a prueba formulada en CPE 822/2022/TO1 “D. V., F. S/ INF. LEY 22.415” del registro de este Tribunal Oral en lo Penal Económico Nro. 1, por F. D. V.: argentino, D.N.I. Nro. …, casado; con estudios universitarios completos en la carrera Licenciatura en Políticas Públicas de la Universidad de Tres de Febrero, nacido el 16 de julio de 1982 en la C.A.B.A., hijo de C. A. D. V. y de G. M. G., con domicilio real en la calle M. … piso 6º “A” de esta ciudad. Interviene en representación del Ministerio Público Fiscal, la Dra. Melina SINGEREISKY, Auxiliar Fiscal por la Fiscalía General de Juicio Nº 3 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico, a cargo del Dr. Marcelo AGÜERO VERA.

RESULTANDO:

I.- Que conforme surge del requerimiento de elevación a juicio de fecha 1/2/23 se imputa a F. D. V. el intento de importación de 152 semillas de cannabis Marihuana, a través de un envío postal proveniente del Reino de España identificado con el número de Track & Trace RD 85193908 5 AR destino final la Ciudad de Buenos Aires. En el envío se indicaron los siguientes datos: “REMITENT: María Elvira FERRAZ RODRIGUEZ –CONSTITUCIÓN N6 6 L53 -38760 LLANOS DE ARIADNE (LOS) –STA. CRUZ DE TENERIFE –ESPAÑA/SPAIN – DESTINATARIO F. D. V. – MUÑIZ PISO 6 DPTO A – 1212 CABA ARGENTINA –ARGENTINA (AR) – TF/ 115707112 – COMMENTS: LIBRO USADO – PESOS 335 –FECHA DE ADMISIÓN 17/9/2020” con declaración de aduana que rezaba “CANTIDAD y DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CONTENIDO: REGALO – LIBRO – PESO: 5€ – FECHA Y FIRMA DEL EXPEDIDOR: ILEGIBLE”.

Tal conducta fue calificada de distintas maneras durante el proceso, por el juez de instrucción como constitutiva del delito previsto y reprimido en los artículos 863 y 864 inciso d), 866 primer párrafo, 871 y 872 del Código Aduanero mientras que el representante del Ministerio Público Fiscal, en similares términos, pero ubicándola en el 2do. párrafo del art. 866 del CA.

II.- Que con fecha 18/9/23, la defensa de F. D. V. solicitó se declare la inconstitucionalidad del art. 19 de la ley 26735 por violatorio del principio de igualdad consagrado en la Constitución Nacional y requirió al Tribunal la suspensión del juicio a prueba en favor de su asistido de conformidad con lo normado en el art. 76 bis del C.P.

Asimismo, en oportunidad de la audiencia celebrada en los términos del art. 293 del C.P.P.N. el pasado 06/10, reiteró la solicitud de suspensión del juicio a prueba y destacó que si bien por la calificación legal del requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal prima facie no se podría suspender el juicio a prueba en función de las penas previstas para el tipo penal en cuestión, como ya se sostuvo en cuantiosos expedientes del fuero, debían analizarse las circunstancias particulares del caso y de la persona a efectos de evaluar si las penas son adecuadas al caso concreto y entendió que en este caso en particular la escasa complejidad de los hechos, la escasa trascendencia pública, las condiciones personales de su asistido, sumado a la carencia de antecedentes penales, daban a entender que aun en el supuesto de ir a un debate D. V. afrontaría eventualmente, de recaer condena, una pena que podría ser dejada en suspenso en función de no violentar los principios de proporcionalidad, racionalidad y humanidad de las penas, tal como lo prevé la C.N. por lo que entendió que correspondía la declaración de inconstitucionalidad del mínimo legal previsto. En ese orden, se remitió a las consideraciones del fallo “GUERRA, Jorge” del TOPE 2 de fecha 11/5/22 e indicó que también resultaba aplicable el precedente “ACOSTA” de la CSJN por entender que siempre debía estarse a las soluciones que más derechos otorgaran a los imputados y a fin de encontrar una solución razonada para el caso. Continuó diciendo que en relación a la multa, la misma no resultaba procedente en función de las consideraciones del fallo “TORTORIELLO DE BOERO” de la C.S.J.N. por entender que era una pena accesoria y por tal no podía ser aplicada por fuera de una condena. Respecto de los requisitos previstos por el art. 76 bis del C.P. dejó constancia de que su defendido ofrecía abonar la suma de $200000 a pagar en 5 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $40000, realizar tareas comunitarias en la parroquia “Inmaculada de Tigre” ubicada en Liniers 1560, Tigre, pcia. de Buenos Aires, cuyo teléfono de contacto se comprometió a aportar. También dijo que ofrecía la posibilidad de hacer cursos dictados por la SEDRONAR, bajo la modalidad virtual, a lo que prestó consentimiento y prestó consentimiento para el abandono de la mercadería secuestrada y sujeta a decomiso.

A su vez, ofreció someterse a las inhabilitaciones que como penalidades accesorias prevé el Código Aduanero, solicitando se contemple la actividad laboral del nombrado, solicitando se lo exima de la inhabilitación para desempeñarse como funcionario o empleado público y para ejercer el comercio, dado que es su único sustento de vida y en virtud del carácter alimentario de la misma.

Por su parte, F. D. V. manifestó ser argentino, D.N.I. Nro. …, casado; estudios universitarios completos en la carrera Licenciatura en Políticas Públicas de la Universidad de Tres de Febrero, nacido el 16 de julio de 1982 en esta ciudad, que trabajaba en la defensoría del pueblo de la ciudad donde tenía su cargo efectivo pero que estaba actualmente adscripto en la legislatura de la ciudad y que su horario de trabajo era de 9 a 15/16hs. de lunes a viernes y agregó que tenía un emprendimiento en el Delta de alquiler de cabañas, del que percibe ingresos en los meses de enero y febrero.

Asimismo, prestó consentimiento para que el dinero ofrecido en concepto de reparación sea donado a una entidad de bien público ante la oposición de la A.F.I.P.

III. Que en oportunidad de la audiencia prevista por el art. 293 del C.P.P.N. –ver acta de fecha 6/10/23– la representante del Ministerio Público Fiscal, la Dra. Melina SINGEREISKY, manifestó que se expedía en los términos del art. 51 de la ley orgánica del MPF y en función de las expresas instrucciones del Dr. Marcelo AGÜERO VERA, actualmente a cargo de la Fiscalía General Nro. 3 del fuero.

Al respecto sostuvo que compartía el planteo efectuado por la defensa en la medida en que los dos obstáculos que se presentaban por el hecho por el cual D. V. estaba traído al juicio, vinculados con la pena prevista y la prohibición establecida por el art. 76 bis último párrafo, resultaban inaplicables al caso.

Sobre la pena prevista, dijo que la Fiscalía tenía dicho que, un principio cardinal en materia de las escalas penales aplicables a los delitos, era el principio de proporcionalidad de la sanción con relación al hecho cometido y cuyo límite es la culpabilidad del sujeto. Que, en este caso, teniendo en consideración las características del hecho que se le imputa, la escasa complejidad, la escasa lesividad y también las condiciones personales, su historia de vida y el tipo de estupefaciente, el principio de proporcionalidad permitía indicar qué tipo de sanción sería claramente irracional y desproporcionada y en este caso entendió que la frontera venía dada por el límite del art. 26 del C.P. que establece los 3 años, por lo que una pena mayor en este caso sería contraria a los principios de proporcional, humanidad y racionalidad de las penas ya sentados por la CSJN y agregó que no cumpliría ningún fin resocializador en el caso imponer una pena de efectivo cumplimiento. Por todo lo expuesto, entendió que en el caso correspondía perforar el mínimo legal por ser inconstitucional en el caso concreto y enroló el caso en el cuarto párrafo del art. 76 bis.

A su vez, expresó, en cuanto al segundo de los obstáculos que tenía que ver con la prohibición establecida por la ley 26.735, que consideraba que la norma no resultaba inconstitucional porque no afectaba el principio de igualdad sino de lo que se trataba era de evitar que fueran pasibles de una solución alternativa hechos de trascendencia social, de grave afectación a las arcas del erario público y agregó que si bien la discusión parlamentaria se basó en delitos tributarios, aplicando esos argumentos a los delitos aduaneros, entendía que el hecho por el que fue elevado a juicio de D. V. no revestía la gravedad aludida ni afectó las arcas del estado, por lo que ir en contra de tales fines iría en contra de lo querido por el legislador y resultaría irrazonable. Concluyó que de esa manera la norma se volvia constitucional.

Luego, con relación a los requisitos exigidos por el art. 76 bis del C.P. dijo que la reparación propuesta lucía razonable a la luz de sus condiciones personales y en relación al hecho, como un intento de superar el conflicto y abastecía el fin de la norma. Agregó que a raíz de que la aduana manifestó su oposición y contando con el consentimiento del imputado, entendía que el requisito del art. 76 bis se encontraría satisfecho si esa suma era entregada en concepto de donación a una institución de bien público.

En cuanto a la multa dijo coincidir con el letrado defensor en función de las consideraciones del fallo de la CSJN “TORTORIELLO DE BOERO”, pues no se trataba de una sanción conjunta o alternativa.

Respecto de las inhabilitaciones del art. 876 del C.A. expresó que esa Fiscalía las entendía como reglas de conducta en los términos del art. 27 bis del CP y, en el caso, el empleo público que desempeñaba y colateralmente la explotación de las cabañas constituían el sustento de su familia y el propio, por lo que imponer la restricción para el desempeño de aquéllas tareas por el tiempo que durara la suspensión del proceso a prueba iría en contra del fin propuesto por el instituto y sería equiparable a la propia sanción que propende a evitar, por ello entendió que en función del principio de intrascendencia de la pena correspondía exceptuarlo de las autoinhabilitaciones que tienen que ver con el ejercicio del empleo público y del comercio.

Se refirió al abandono de la mercadería en favor del estado ofrecido por D. V. y en cuanto a las tareas, indicó que teniendo en cuenta los horarios de trabajo del imputado, a su juicio, un tiempo de 4 horas semanales lucía razonable y abastecía los fines de la ley.

En cuanto al tiempo por el cual debiera suspenderse el proceso a prueba, teniendo en cuenta la escasa gravedad del hecho, expresó que consideraba adecuado mantener el mínimo del 76 bis, que es de UN AÑO.

Finalmente, agregó que sumaría la realización de un curso en la SEDRONAR de manera virtual sobre la temática de consumo problemático de estupefacientes dado el consentimiento prestado por el imputado para su realización.

Concluyó que el Ministerio Público presta consentimiento para la concesión de la suspensión del juicio a prueba a favor del imputado D. V., de acuerdo con lo prescripto en los arts. 76 bis y 76 ter del C.P. por el término de un año, con la carga horaria mensual propuesta y solicitó que se impongan las reglas de conducta establecidas en el art. 27 del CP.

IV. Que, asimismo, se deja constancia que la presunta damnificada A.F.I.P/D.G.A. no concurrió al referido acto procesal, del cual fuera notificada según constancia vía DEOX el 4 del octubre del corriente año. No obstante, la División Secretaría Nº5 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros efectuó una presentación, vía correo electrónico el día 25/09/2023 oponiéndose a la concesión de la suspensión de juicio a prueba en el caso con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del art. 76 bis del CP. Asimismo, para el caso en que se resolviera la concesión del beneficio, solicitó se determine la obligatoriedad del pago mínimo de la multa, así como el abandono a favor del Estado de la mercadería secuestrada en autos.

Y Considerando:

V. Que, oídas las partes, y prestado el consentimiento para la aplicación del instituto de suspensión del juicio a prueba en autos por parte del Ministerio Público Fiscal, corresponde a esta magistratura comprobar que se encuentren reunidas las condiciones legales de admisibilidad de lo solicitado, ello partiendo de que el art. 76 bis del C.P. y el art. 5 del C.P.P.N. establecen que el consentimiento fiscal obliga al control jurisdiccional de logicidad y fundamentación (art. 69 del C.P.P.N.), en base a las facultades que posee en su carácter de titular del ejercicio de la acción pública y al resultar éste un derivado del principio de oportunidad.

Así, tratándose el proceso de una instancia de resolución de conflictos, en la que debe buscarse siempre una mejor y más rápida forma de administración de justicia, se debe verificar que el medio empleado para tal o cual fin sea razonable, proporcionado y conducente para alcanzarlo

VI. Que, ahora bien, con relación a los planteos de inconstitucionalidad promovidos, respecto del art. 19 de la ley 26.735 y del mínimo de pena según calificación de los hechos en el requerimiento a juicio del Ministerio Público Fiscal, cabe señalar que el máximo Tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, por resultar que las leyes dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos por la ley fundamental gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente, lo cual obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia; y sólo en los casos en que la repugnancia entre la norma y una cláusula constitucional sea manifiesto, claro e indudable, debe hacerse lugar a la declaración de inconstitucionalidad. De lo contrario, se desequilibraría el sistema constitucional de los tres poderes, que está fundado en que cada uno actúe con la armonía que exige el cumplimiento de los fines del Estado, para lo cual se requiere el respeto de las normas constitucionales y del poder encargado de dictar la ley (C.S.J.N. Fallos 226 :688; 242:73; 285:369; 300: 241,1087; 314:424).

Como consecuencia de ello, a los Tribunales, en principio, les está vedado analizar el acierto o el error de la conveniencia de las medidas adoptadas por el Poder Legislativo en el ejercicio propio de sus atribuciones (confr. C.S.J.N. Fallos 250:410 y 251:21) cuando éstas son ejercidas con respeto a la regla de la razonabilidad (art. 28 de la Constitución Nacional, convenios y pactos internacionales sobre Derechos Humanos).

VII. Que, en ese orden, corresponde indicar que el art. 19 de la ley 26.735 introdujo el último párrafo del art. 76 bis del C.P. por el cual se impide la aplicación de la suspensión del juicio a prueba para los ilícitos reprimidos por las leyes 22.415 y 24.769 y sus respectivas modificaciones; que en oportunidad del debate parlamentario desarrollado para tratar el proyecto de ley de reforma de la ley penal tributaria, en el cual se insertó la referida cláusula, se destacó que el objetivo de aquellas modificaciones era buscar evitar que en los Tribunales se promuevan causas por montos irrisorios, concentrando los esfuerzos en la persecución penal de aquellas grandes evasiones o infracciones a nuestra legislación tributaria y limitando el universo de casos que podían ser alcanzados por las conductas típicas sobre las cuales operaba la misma a aquéllos de mayor entidad, destinando los esfuerzos y recursos del Poder Judicial de la Nación a descubrir aquellas maniobras que con complejas aristas provocaran posibles ruinosas consecuencias para los bienes jurídicos que se buscan resguardar mediante las sanciones dispuestas en ellas, (según versión taquigráfica reunión nº 13 – 1era. Sesión Extraordinaria –Especial– de la HCDN., celebrada el 15/12 /2011 y versión taquigráfica 16º reunión – 2da. Sesión extraordinaria de la H.C.S.N., celebrada el 21 y 22 de diciembre de 2011, disponible en sitio web de la H.C.S.N. – [ambas disponibles en el sitio web de cada Cámara]). De aquello es posible inferir que la limitación establecida que plantea la necesidad de culminar el procedimiento criminal mediante el desarrollo del juicio (Libro Tercero, Título 1 del Código Procesal Penal de la Nación) para los delitos tributarios y de contrabando lo es para aquellos asuntos complejos de mayor trascendencia, lo que no se advierte en el caso por tratarse de un solo hecho consistente en un único intento de ingreso de semillas de marihuana –cannabis– (según acta de procedimiento y vistas fotográficas obrantes a fs. 2/5 y 6/9 y pericia realizada por la División Cuantificación de estupefacientes del Departamento Drogas de abuso de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la GNA Fs. 80/85) no avizorándose la necesidad de la realización del debate oral y público a efectos de un mejor conocimiento en pleno y que éste pudiera modificar su grado de trascendencia.

A su vez, es dable señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los precedentes “ACOSTA” –Fallo 331:858– y “NORVERTO” –326 XLI– receptó la denominada tesis amplia en relación al instituto que nos ocupa, fijándose que la suspensión de juicio a prueba resulta aplicable a todos los casos en los cuales udiese corresponder una condena de ejecución condicional, ratificando con ello –apartado 7º del fallo “Acosta”–, el carácter legal del derecho del imputado por un delito de acción pública de acceder a tal posibilidad, en aquellos casos en que “… previendo la ley penal un máximo de pena superior a los tres años de privación de libertad, permiten el dictado de una condena cuyo cumplimiento puede dejarse en suspenso de acuerdo al art. 26 del Código Penal…”, mandando, además, a interpretar con amplitud el texto legal en la materia, privilegiando aquélla “…que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal…”.

Lo aludido para la aplicación del instituto, obliga a que en cada caso a resolverse deba verificarse que la pena que puede resultar de condena no exceda los tres años de prisión, la cual sólo puede estimarse tomando en cuenta la expectativa según la calificación que recibiera el hecho (la de mayor pena aquella prevista por el art. 866, 2do párrafo del C.A.), el reproche que pudiese corresponder al aquí imputado por sus circunstancias de realización, grado de afectación al bien jurídico protegido por la norma sancionatoria, modalidad de agresión, todo sin perder de vista las circunstancias personales de aquél y sus conductas posteriores.

VIII. Que en la presente, se encuentra la particularidad que la representante del Ministerio Público Fiscal, en su rol como titular de la acción pública, ha prestado el consentimiento para la concesión del beneficio esgrimiendo sus fundamentos luego de analizar el hecho en trato junto con las condiciones particulares del imputado, todo en función de la solución que considera adecuada y dejando afirmado que de las constancias reunidas la pena que podría solicitarse sería una que podría ser dejada en suspenso.

Que, la posición asumida por la representante Fiscal y la falta de acusador particular permiten inferir que de llegarse a tal instancia se mantendrá la posición adelantada. Cabe considerar que lo dictaminado encuentra fundamento en la carencia de antecedentes penales que fuera informada por el Registro Nacional de Reincidencia el 20/9/23, las circunstancias particulares que hacen al hecho denunciado y el posible daño que podría determinarse en orden al bien jurídico en trato. Cabe tener en consideración que la presunta damnificada –Dirección General de Aduanas– conocido el resultado del control de la encomienda, no se presentó en el proceso como parte querellante, lo que denotaría el escaso interés del suceso para el titular del bien jurídico presuntamente afectado.

Por lo demás, conforme los informes ambientales que fueran producidos y cuanto surge de la audiencia desarrollada en los términos del art. 293 del C.P.P.N., el imputado se trata de una persona adulta, que vive con su núcleo familiar, al cual describe, se ha desarrollado profesionalmente, explicando particularidades que guardan relación al hecho traído a juicio.

IX. Que todo lo señalado lleva a compartir en el caso la posición del Ministerio Público Fiscal en cuanto a que no resulta necesaria la realización del debate para reconstruir la maniobra imputada, toda vez que con los elementos reunidos al momento resulta posible tomar dimensión de la trascendencia del hecho y estimar que, de dictarse condena, la misma podría ser dejada en suspenso, tornando razonable en este proceso la procedencia del pedido de suspensión del proceso a prueba para el cual el titular de la acción prestara consentimiento luego de un análisis bajo parámetros de objetividad y con motivación suficiente, el cual, en función de su trascendencia y pena en expectativa que fuera estimada, puede articularse jurisdiccionalmente sin necesidad de declaración de inconstitucionalidad total o parcial de norma penal alguna.

X. Que sentado ello, la solicitud de suspensión de juicio a prueba formulada por F. D. V. resulta procedente, adelantando que el tiempo de la misma, en función de la entidad del hecho objeto de la presente y el trámite procesal que tuviera, será fijada por el término de UN (1) AÑO.

XI. Que, en otro orden, cabe analizar el ofrecimiento económico efectuado por el peticionante en los términos del tercer párrafo del art. 76 bis. del C.P.

En tal aspecto, el nombrado D. V. ofreció en concepto de reparación del daño la suma de pesos doscientos mil ($ 200.000) a abonarse en 5 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de pesos cuarenta mil ($40.000) en concepto de reparación del daño; lo que en el caso, en función de lo informado acerca de sus medios de vida, ingresos, bienes registrables y relaciones de familia se tiene por razonable.

Por lo demás, atento la posición asumida por la damnificada A.F.I.P./D.G.A., quedando abierta a su respecto la vía civil correspondiente, conf. art. 76 bis tercer párrafo del C.P., y dada la conformidad prestada por el peticionante se dispondrá como regla de conducta la de donar alimentos o los bienes que sean indicados, por un valor equivalente a la suma ofrecida, también en 5 entregas mensuales, iguales y consecutivas– a la parroquia en la que deben cumplirse las tareas comunitarios.

XII. Que, respecto a las tareas comunitarias que el instituto establece, dada las particulares condiciones del aquí imputado por su actividad laboral y estudiantil, resulta adecuado que las mismas sean efectuadas en el lugar cercano a su domicilio que fuera propuesto, a saber la parroquia “Inmaculada de Tigre” ubicada en Liniers 1560, Tigre, pcia. de Buenos Aires, en una carga que le permita desarrollar la totalidad de sus obligaciones, debiendo cumplir un total durante el año de suspensión de ciento noventa y dos (192) horas, en lo posible en la cantidad de cuatro (4) horas semanales, en los horarios y días a convenir con el representante de aquella institución.

XIII. Que sobre el pago del mínimo de la multa que surge del art. 76 bis, 5to. párrafo, del C.P., en orden a la calificación del hecho, debe estarse a que ello es requisito cuando la pena pecuniaria se encuentre prevista en forma conjunta o alternativa, lo que no ocurre en materia de contrabando al resultar la sanción judicial independiente de la decisión del órgano administrativo (art. 876 ap. I y 1026 del CA), tratándose de una pena accesoria que requiere para su aplicación el dictado de una condena del imputado mediante sentencia firme, lo cual no se condice con el instituto en trato (Fallos 323:635, considerando 5º y CSJ 3526/2015/CS1 “TORTORIELLO DE BOERO, Mónica Alejandra s/contrabando art. 863 del CA” del 28/6/2018).

XIV. Que, a su vez, el art. 76 bis del C.P. dispone que “el Tribunal establecerá las reglas de conducta que deberá cumplir el imputado, conforme las previsiones del art. 27 bis”, las cuales deberán ser dispuestas según resulten convenientes en el caso.

Consecuentemente, durante el término antes señalado habrá de imponerse a F. D. V., la obligación de notificar al Tribunal de cualquier modificación de su domicilio, someterse al control de la Secretaría de Ejecución Penal de este Tribunal, efectuar la donación para la cual presto? conformidad y cumplir con la realización de tareas comunitarias en el lugar y condiciones antes indicadas. Conforme de la audiencia celebrada no resulta necesario tratamiento por consumo conflictivo y se tendrá por abandonada la mercadería secuestrada.

Asimismo, en función del ofrecimiento de auto inhabilitación efectuado por el imputado a los fines de la concesión del instituto y de la calificación legal que recibiera el hecho en el requerimiento de elevación a juicio, se impondrá como reglas de conducta la de abstenerse de realizar las actividades que surgen del art. 876 apart. I incs. “f” y “g” del C.A. y se habrá de eximir de aquéllas previstas por el art. 876 apart. I incs. “e” y “h”, toda vez que la misma constituye la actividad principal y exclusiva del nombrado y de la cual derivan los ingresos para la subsistencia propia y de su grupo familiar.

XV. Que, verificados los extremos exigidos por el art. 76 bis del Código Penal, se dispondrá de manera favorable respecto del pedido de suspensión del juicio a prueba solicitado por F. D. V., el cual se fijará por el término de UN (1) AÑO (arts. 76 bis y 76 ter del C.P.) y durante la cual el nombrado deberá dar cumplimiento a las reglas de conducta que, siguiendo el art. 27 bis del CP, se le imponen por el presente.

Por lo expuesto, el Tribunal;

RESUELVE:

I.- HACER LUGAR en esta causa CPE Nro. 822/2022/TO1 a LA SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA solicitada por F. D. V., de las demás condiciones personales obrantes en autos, por el término de UN (1) AÑO (arts. 76 bis y 76 ter del CP).

II.- IMPONER al nombrado las siguientes pautas a cumplir durante el término mencionado en el punto precedente (art. 27 bis del CP):

a) someterse al control de la Secretaría de Ejecución Penal de este Tribunal; notificando al Tribunal de cualquier modificación del domicilio;

b) abstenerse de desempeñarse como funcionario o empleado aduanero o miembro de las fuerzas de seguridad;

c) abstenerse de realizar actividades de importación o exportación;

d) DONAR alimentos o bienes por una suma equivalente a doscientos mil pesos ($200.000) en cinco (5) entregas mensuales, iguales y consecutivas, de un valor de $ 40.000, a la parroquia “Inmaculada de Tigre”, la primera dentro de los diez días de adquirir firmeza la presente, con la obligación de aportar las debidas constancias a la Secretaría de Ejecución del Tribunal. mediante correo electrónico a la dirección topenalec1@pjn.gov.ar, o personalmente a través de su defensa.

f) REALIZAR tareas comunitarias en la parroquia “Inmaculada de Tigre” ubicada en Liniers 1560, Tigre, pcia. de Buenos Aires, por el término de UN (1) AÑO debiendo cumplir con un total de ciento noventa y dos (192) horas, en lo posible en la cantidad de cuatro (4) horas semanales, en los horarios y días a convenir con el representante de aquella institución; cuyas constancias de tareas deberán presentadas vía correo electrónico o personalmente, a través de su defensa, ante este Tribunal.

III.- DECLARAR razonable la suma ofrecida en concepto de reparación del daño por F. D. V.

IV.- TENER por abandonada la mercadería secuestrada que resulta objeto de este proceso.

V.- HACER SABER al imputado que a partir de que la presente resolución quede firme, deberá ponerse a disposición de la Secretaría de Ejecución Penal del Tribunal para cumplir con lo impuesto, bajo apercibimiento de revocar en caso de incumplimiento el beneficio concedido e inmediatamente llevar a cabo el juicio respectivo (art. 76 ter del CP).

VI.- COMUNICAR lo aquí resuelto al Registro Nacional de Reincidencia, a la Dirección General de Aduana, a la Secretaría de Actuación Nro. 5 y al Registro de Infractores.

VII.- SIN COSTAS (art. 76 bis y 530 del CPPN).

Regístrese y notifíquese mediante cédulas electrónicas. Firme, comuníquese. – Jorge Alejandro Zabala (Sec.: M. Agustina Rodríguez Pacilly).

A., S. M. y otro s/recurso de casación

En causa seguida por el delito de robo de vehículo dejado en la vía pública a dos imputados con antecedentes penales, con oposición del Ministerio Público Fiscal, el juez evaluando que el hecho no implicó violencia y no está prohibido por la ley en el caso, homologó el acuerdo conciliatorio en resolución que el Fiscal recurre ante la CNCCyC que hace lugar al recurso, casa la resolución y reenvía el legajo para la continuación de su trámite.

En la Ciudad de Buenos Aires, en la fecha que surge de la constancia de firma electrónica que obra al pie, la Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, integrada por los jueces Jorge Luis Rimondi, Gustavo A. Bruzzone y Mauro A. Divito, asistidos por el secretario actuante, resuelve el recurso de casación deducido en la causa nro. CCC 40785/2023, caratulada “A., S. M. y N., D. A. s/ recurso de casación”. El tribunal deliberó, en los términos de los arts. 396 y 465, CPPN, en presencia del actuario y arribó al acuerdo que se expone.

El juez Rimondi dijo:

1. Se dio inicio a estas actuaciones por la presunta comisión del delito de robo de vehículo dejado en la vía pública en tentativa, por parte de S. M. A. y D. A. N.

2.1. El 8 de agosto de 2023 se celebró ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nro. 16 de esta ciudad ­integrado unipersonalmente por el juez Gustavo Javier González Ferrari­, la audiencia prevista en el art. 34, CPPF. El defensor oficial Dr. Villar presentó junto con la víctima, Sr. G. M., un acuerdo conciliatorio. Los imputados se comprometieron a realizar un pago en concepto de reparación económica de $80.000 y ofrecieron un pedido de disculpas. El damnificado manifestó conformidad respecto de las condiciones y aceptó el pedido de disculpas.

2.2 Seguidamente, el fiscal Dr. Ricardo Dios se opuso a la aplicación del instituto. En su dictamen señaló que, de acuerdo al criterio del fiscal general, no procede el instituto de conciliación en los casos en los que los procesados cuentan con antecedentes penales. Agregó que, en el caso, N. y A. registran varios antecedentes y también causas en trámite. Al respecto, señaló que los imputados han contado con alternativas resocializadoras que han desperdiciado y han reincidido en violar el bien jurídico de la propiedad. Por otro lado, argumentó que la conformidad fiscal resulta necesaria para la extinción de la acción por la vía de la conciliación, toda vez que es un supuesto de disponibilidad de la acción penal. En definitiva, concluyó que por los motivos de política criminal señalados, debía realizarse el juicio oral, por lo que, solicitó que se rechace el pedido de extinción de la acción penal y sobreseimiento.

2.3. Tras oír a las partes, el magistrado se apartó de la opinión del fiscal y resolvió homologar el acuerdo conciliatorio. Para así decidir, tuvo en cuenta que el pedido conciliatorio resultaba admisible, puesto que el hecho por el que se elevó la causa a juicio no implicó violencia, ni está dentro de los tipos que prohíbe la ley. A su vez, destacó que fue oída la víctima, como lo requiere la norma. Seguidamente, señaló que la ley no prohíbe la extinción de la acción por conciliación para los casos de imputados que registran antecedentes, por lo que no puede ser óbice para el tratamiento de la cuestión. Finalmente, respecto de la necesidad de contar con la conformidad fiscal, señaló que diversos precedentes de esta cámara de casación lo obligan a analizar la opinión de la fiscalía y otorgarle un lugar preponderante a la opinión de la víctima. De esta manera, concluyó que resultaba obligatorio homologar el acuerdo, de no advertirse comprometidas cuestiones de paz social o cuestiones sobre las que el Estado Nacional asumió obligaciones en los pactos internacionales. En base a lo expuesto, resolvió homologar el acuerdo y diferir la extinción de la acción penal, hasta tanto la resolución adquiera firmeza y la defensa acredite el cumplimiento del acuerdo.

3. Contra esta resolución, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso el recurso de casación que motivó la intervención de esta cámara. En primer lugar, manifestó que el instituto de la conciliación se trata de la posibilidad de disponer de la acción penal pública, facultad que le corresponde al Ministerio Público Fiscal (art. 120, CN). De esta manera, argumentó que el tribunal sólo puede homologar un acuerdo conciliatorio si cuenta con la conformidad del fiscal. Por otro lado, en el caso en concreto, argumentó que no correspondía la vía alternativa para salir del conflicto en virtud de que los imputados demostraron, mediante la reiteración de sus comportamientos delictivos, un desprecio hacia la norma. De esta manera, no se puede afirmar que los nombrados hayan internalizado el disvalor de su acción. Señaló que los imputados registran diversos antecedentes penales por delitos contra la propiedad, así como causas en trámite e incluso A. fue declarado reincidente en dos oportunidades. Además, señaló, como quedó expuesto en la audiencia, que son las familias de los acusados las que afrontaron el monto indemnizatorio. Consideró esta circunstancia indicativa de que no existió esfuerzo reparador, ni un sincero arrepentimiento por parte de N. y A. En definitiva, concluyó que el dictamen fiscal de autos se sostuvo en lineamientos de política criminal debidamente fundados, por lo que el tribunal no debió apartarse de aquel. En consecuencia, solicitó que se anule la resolución recurrida.

4. El pasado 26 de septiembre se convocó a las partes en los términos del art. 465 bis, CPPN (conforme con la Acordada 27/2020 de la CSJN, y la Acordada 11/2020 con remisión a la Acordada 1/2020 de esta Cámara). Tras ello, las partes presentaron escritos ratificando lo expuesto previamente. De esta manera, el caso quedó en condiciones de ser resuelto.

5. Ingresando en el tratamiento de la cuestión, adelanto que corresponde hacer lugar al recurso interpuesto por el fiscal general, Fernando I. Fiszer. En primer lugar, coincido con el criterio formulado, en tanto postuló que la oposición fiscal, debidamente emitida, resulta vinculante para el tribunal. En el precedente “Villasanti”(1) ­en el que se analizaba la viabilidad de un sobreseimiento por reparación integral del daño­, el colega Bruzzone, al que adherí, señaló que “la procedencia de la extinción por reparación integral se encuentra supeditada al visto favorable de la acusación pública. Sentado ello, la oposición razonable del fiscal, quien atendió a la gravedad del hecho, política criminal y la temporaneidad del planteo, se constituyen como óbice para que el instituto fuera procedente. No obstante lo dicho, observo prudente señalar, una vez más, que, atento a la diversa aplicación que del instituto en cuestión vienen propiciando los distintos representantes del Ministerio Público Fiscal, en su actuación ante las judicaturas y tribunales orales sobre las que esta Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional se erige como alzada, resultaría necesario el dictado de una Instrucción General por parte del Procurador General de la Nación (conf. art. artículos 33, inciso d, de la ley nº 24.946 y 12, inciso h, de la ley nº 27.148, 12, ‘Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. Funciones’), a efectos de homogeneizar los criterios bajo los cuáles los representantes de la vindicta pública podrían promover o, en su caso, consentir –si fuera instada por las otras partes del proceso− que se declare la extinción de la acción penal a través de la vía alternativa bajo examen, dada su previsión en el código de fondo (art. 59, inc. 6º, CP)”. Lo expuesto es de aplicación mutatis mutandi al caso en análisis. Es claro que, conforme lo sistematizado por el art 30, CPPF, el Ministerio Público Fiscal es el órgano facultado para aplicar las reglas de disponibilidad de la acción penal, entre las que se encuentra la conciliación. De esta forma, el tribunal nunca puede homologar un acuerdo conciliatorio frente a una oposición fiscal que supere el control de legalidad y razonabilidad. En este caso, lo expuesto por la fiscalía en la audiencia de conciliación no puede ser tachado de ilegal ni de irrazonable, puesto que, se fundó en claras razones de política criminal. En particular, el dictamen se basó en la presencia de antecedentes condenatorios y de otras causas en trámite por delitos de similares características y la circunstancia de que A. fue declarado reincidente en dos oportunidades. Además, lleva razón también la fiscalía en que no existió esfuerzo reparador, ni un sincero arrepentimiento por parte de N. y A., dado que son sus familias las que afrontaron el monto indemnizatorio, el que tampoco guarda relación con el perjuicio material sufrido por la víctima, ya que la pericia obrante en el caso no encontró daño alguno en la motocicleta examinada. De esta manera, no se puede sostener que sean irrazonables los argumentos brindados, los cuales resultan conducentes para sostener la necesidad de la celebración de un juicio oral. En efecto, de la fundamentación brindada por el juez de grado durante la audiencia, plasmada en el acta, se advierte que no invalida la intervención fiscal por irrazonable o inmotivada, sino que considera oportuno preponderar la opinión de la víctima en autos. No obstante, la posición del representante del Ministerio Público Fiscal, válidamente fundada, se constituye en un óbice para la procedencia del instituto en análisis y, en consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de casación, casar la sentencia recurrida y reenviar las actuaciones al tribunal de origen a los fines que continúe con el trámite del proceso (arts. 34, CPPF, 456, 465, 468, 470, 530 y 531, CPPN).

El juez Divito dijo:

Dado que comparto, en lo sustancial, la argumentación desarrollada por el juez Rimondi, adhiero a su voto.

El juez Bruzzone dijo:

En atención a que los jueces preopinantes coincidieron en la solución que corresponde dar al caso, me abstendré de emitir voto en función de lo normado en el art. 23, CPPN.

En virtud del acuerdo que antecede, esta Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, RESUELVE: HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la fiscalía, CASAR la decisión impugnada y REENVIAR las presentes actuaciones al tribunal de origen a fin de continuar su trámite (arts. 34, CPPF, y 456, 457, 458, 465 y 470, CPPN). Regístrese, comuníquese mediante oficio electrónico al juzgado correspondiente quien deberá notificar personalmente al imputado, notifíquese (Acordada 15/13 CSJN y Lex100), y remítase el expediente oportunamente (cfr. acordadas nº 27/2020, 14/2021, 24/2021 y cc. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y acordada nº 10/2021 de esta Cámara). Sirva la presente de atenta nota de envío. – Jorge Luis Rimondi. – Mauro Antonio Divito. – Gustavo Alfredo Bruzzone (Prosec.: Juan Ignacio Elías).

(1) CNCCC, Sala 1, “Villasanti” rta. el 11 de marzo de 2020, Reg. n.º 322/20, jueces Bruzzone, Rimondi y Llerena

H., R. D. y otros s/suspensión del juicio a prueba

En virtud de la oposición efectuada por el Ministerio Público Fiscal por razones de política criminal no se hace lugar a la solicitud efectuada por la defensa de los imputados de delitos ambientales de serles otorgado el beneficio de la suspensión del juicio a prueba. 

Paraná, septiembre de 2023

Agréguese copia (SISTEMA LEX 100) de lo dispuesto el 05/09/23, teniéndose presente la vista corrida a la Fiscalía General en el anteúltimo párrafo, la que se agrega aquí contestada, y tráiganse las presentes actuaciones A DESPACHO PARA RESOLVER. – Lilia Graciela Carnero.

RESOLUCION Nº 279 / 23.-

Paraná, 5 de octubre de 2023.-

VISTO:

El presente incidente Nº: FPA 7266/2022/TO1/9 caratulado: “SUSPENSION DE PROCESO A PRUEBA DE H. R. D. Y OTROS”, y

CONSIDERANDO:

I)- Que a fs. 1/2 del presente incidente se presenta el Dr. Daniel A. Ochoteco solicitando la Suspensión del Juicio a Prueba en favor de sus defendidos R. D. H., D. R. H. y A. I. H., atento a que carecen de antecedentes penales que obsten la viabilidad del beneficio y ofreciendo a tal fin realizar trabajos de albañilería, pinturas y/o reparaciones en la parte edilicia y adyacencias del Centro Comunitario día Educativo y Terapéutico “GIRASOLES” sito en calle Moreno 1052 de la ciudad de Villa Constitución en Santa Fe trabajar y donarles la suma de dinero de cinco mil pesos ($ 5.000) por única vez, interesando se fije audiencia al respecto.-

II)- Que a fs. 12 / 16 Vta. contesta la vista oportunamente corrida el Fiscal General Dr. José Ignacio Candioti, oponiéndose a tal petición. –

Considera que en un caso como el este, en el cual la imputación versa sobre la realización de acciones que derivaron en incendios con peligro para el bien común, el conflicto penal suscitado tiene entidad y gravedad suficiente para ser resuelto mediante la realización de un juicio oral y público. –

Repasa los hechos, y luego argumenta que el instituto pretendido se encuentra reservado para supuestos de ilícitos de poca lesividad, situación esta que entiende no se aplicaría a los hechos aquí descriptos, citando doctrina y jurisprudencia favorable a sus argumentos

Entiende que se trata de un delito cuyo bien jurídico protegido es la seguridad pública, en este caso se vieron afectados humedales ubicados en áreas protegidas. –

Remarca el titular de la acción penal, que la jurisprudencia es conteste en atribuir carácter vinculante la negativa fundada del Ministerio Pco. Fiscal, por lo tanto, el otorgamiento de la “probation” no es posible, si encuentra sustento en cuestiones de política criminal.

Concluye solicitando se rechace la solicitud de Suspensión de Juicio a Prueba, debiendo estarse a la celebración de un debate oral y público. –

III)- Tal como fuera resuelto oportunamente por quien preside esta causa, en la FPA 5117/2016/TO1 caratulada “MOCARBEL, JORGE ELÍAS S/INFRACCIÓN LEY 24.051 (ART. 55)” –en donde también estuvo bajo análisis un supuesto de afectación al medio ambiente–, la oposición fiscal al beneficio que aquí se trata, si responde a cuestiones de política criminal, debidamente fundadas, resulta vinculante para la jurisdicción.

En la emergencia, el representante del MPF., delineó su postura basada en la conveniencia y oportunidad político criminal, para este caso concreto; la que fundó profusamente, respetando los principios de legalidad y razonabilidad, por lo cual resulta vinculante para este órgano jurisdiccional.

A mayor abundamiento agrego, que la postura del MPF, no es producto de prejuicios o posturas subjetivas, por el contrario, se funda en circunstancias objetivas, pues el magistrado propone obtener la verdad procesal, en juicio oral y público, siendo éste el modo de comunicación más apto con la ciudadanía, útil a los fines preventivos que fluyen del proceso penal.

Cabe propagar, en defensa de los intereses planetarios, el reconocimiento del medio ambiente como bien jurídico, del que depende no sólo el desarrollo económico, el bienestar y la salud de la ciudadanía, sino que además es el presupuesto de la vida misma, posee la centralidad de todas las sustancias, organismos, seres; atmosfera; siendo la especie humana, solo una de las existencias posibles, la única dotada para su cuidado, luego de los abusos milenarios que actualmente se visualizan y se deben reparar. Los incendios. en sitios catalogados como sistemas biológicos –humedales– merecen que sean investigados y prevenidos, con la amplitud de un debate.

El medio ambiente, como bien jurídico, merece el cuidado de todos los ciudadanos, y si bien el Estado debe bregar y gestionar su protección, conservación y, de corresponder, su restauración, en caso de daños son principalmente sus responsables directos –sean ciudadanos y/o empresas u otras organizaciones–, los que deberán responsabilizarse por dichas conductas, ya que el deterioro mencionado afecta a la sociedad en su conjunto. –

Al respecto, cobra relevancia lo expresado por la CSJN en los autos caratulados “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza – Riachuelo)”, M.1569.XL., de fecha 20/06/2006, Fallos: 329:2316 en donde se expresó que la “…tutela del ambiente importa el cumplimiento de los deberes que cada uno de los ciudadanos tienen respecto del cuidado de los ríos, de la diversidad de la flora y la fauna, de los suelos colindantes, de la atmósfera. Estos deberes son el correlato que esos mismos ciudadanos tienen a disfrutar de un ambiente sano, para sí y para las generaciones futuras, porque el daño que un individuo causa al bien colectivo se lo está causando a sí mismo. La mejora o degradación del ambiente beneficia o perjudica a toda la población, porque es un bien que pertenece a la esfera social y trans individual, y de allí deriva la particular energía conque los jueces deben actuar para hacer efectivos estos mandatos constitucionales” (el subrayado me pertenece).

En consecuencia, la política criminal esbozada por el Ministerio Público Fiscal guarda relación con lo expresado precedentemente, por lo que luce razonable entender que solamente a través de un debate oral y público podrá resolverse, en definitiva, la verdadera participación de los incursos, en una cuestión tan trascendente como lo es la vinculada al resguardo del medio ambiente

Por ello, SE RESUELVE:

NO HACER LUGAR al pedido de suspensión del juicio a prueba a favor de Rodolfo Herrera, Daniel Herrera y Adán Herrera.-

REGISTRESE, publíquese, notifíquese y continúen los autos según su estado. – Lilia Graciela Carnero.

***

A. O., J. C. s/infracción Ley nº 22.415

Se dicta sentencia condenatoria en procedimiento de juicio abreviado a un ciudadano chileno que intentó en dos oportunidades egresar por avión de la República Argentina escondiendo en su equipaje mercadería compuesta por alhajas de oro y brillantes y distintas monedas de oro por un valor de U$S 78.234 y U$S 40.671,04, imponiéndose una pena por debajo del mínimo legal que establece la Ley nº 22.415, por dos hechos en concurso real, dejándose la pena en suspenso y declarándose la inconstitucionalidad en el caso concreto del artículo 865 inciso “i” del Código Aduanero.

Buenos Aires, 26 de octubre de 2023.

Autos y Vistos:

Para dictar sentencia en la causa CPE 1012/2019/TO1 (2917) y su acumulada jurídicamente CPE 1389/2021/TO1 (3050) caratulada: “A. O., J. C. S/ INFRACCIÓN LEY 22.415” del registro de este Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3, respecto de J. C. A. O., de nacionalidad chilena, titular de la cédula de identidad de la República de Chile Nº RUN …, nacido el 26 de septiembre de 1954 en la ciudad de Santiago de Chile, República de Chile, hijo de R. A. y de C. del C. O., de estado civil casado, con domicilio en la calle Malalcura Poniente …, Comuna Puente Alto, Santiago de Chile, República de Chile y asistido para su defensa por la Dra. María Laura LEMA, Defensora Oficial de la Defensoría Oficial Nº 1 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico; interviniendo en representación del Ministerio Público Fiscal, la Dra. María Marcela SILVESTRONI, Auxiliar Fiscal de la Fiscalía General Nº 4 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico, a cargo del Fiscal General Dr. Pablo N. TURANO.

Y Resultando:

I.- Que, conforme se desprende del requerimiento de elevación a juicio fiscal obrante a fs. 187/200 de la causa CPE 1012/2019/TO1 (2917) se le imputó a J. C. A. O. el hecho consistente en haber intentado exportar desde la República Argentina, el día 4 de julio de 2019 a través del vuelo AR 1290 de la empresa Aerolíneas Argentinas con destino a la ciudad de Santiago de Chile, República de Chile, distintos lotes de mercadería, consistentes en alhajas de oro con un peso de 644 gramos, láminas de oro con un peso de 200 gramos y 25 monedas de oro, ocultas entre su equipaje (despachado y de mano) y entre la ropa que llevaba puesta en dicha ocasión, sustrayéndolas de ese modo del control del servicio aduanero.

Tales mercaderías fueron identificadas del siguiente modo: a) lote compuesto por alhajas de oro y brillantes (cadenas, anillos, pulseras, dijes, aros), presumiblemente usados, con un peso total de 644 gramos y un valor total en aduana de U$S 26.885; b) láminas de oro con la inscripción “oro fino 999 Rhodio”, con un peso de 200 gramos y un valor en aduana de U$S 8.713; c) veintiún (21) monedas de oro denominadas “Mexicanos de oro”, con un valor unitario, en aduana, de U$S 1.797 (valor total U$S 37.737); d) tres (3) monedas de oro “Kruger Rand” con un valor en aduana unitario de U$S 1.533 (valor total u$s 4.599); e) Una (1) moneda de oro “Soberano de oro” del año 1958, Isabel II, con un valor en aduana de U$S 300. El valor en aduana de lo descripto asciende, en total, a la suma de U$S 78.234.

La conducta descripta fue calificada como constitutiva del delito de contrabando de exportación agravado por el valor de las mercaderías secuestradas, en grado de tentativa –arts. 864, inc. “d” y 865, inc. “i”, en función del 871 del Código Aduanero– y atribuida al nombrado en calidad de autor (art. 45 del CP).

Asimismo, en el requerimiento de elevación a juicio formulado a fs. 243/247 de la causa CPE 1389/2021/TO1 (3050), se le imputó a J. C. A. O. el hecho consistente en haber intentado extraer del territorio nacional, con fecha 13 de noviembre de 2021 por el Aeropuerto Metropolitano Jorge Newbery con destino a la ciudad de Santiago de Chile, República de Chile, y a través del vuelo de Aerolíneas Argentinas AR 1282, mercadería oculta dentro de su equipaje de mano y de su equipaje despachado a bodega, consistente en: a) cuarenta y cuatro (44) cadenas de color dorado; b) diez (10) anillos de color dorado; c) dieciocho (18) pulseras de color dorado; d) tres (3) monedas de color dorado; e) dos (2) relojes con detalles en color dorado; f) treinta y tres (33) pares de aros en color dorado; g) ocho (8) cadenas en color plateado; h) diecinueve (19) dijes en color dorado; i) cuatro (4) pares de aros de color plateado; j) dos (2) dijes en color plateado y k) una (1) pulsera plateada, sustrayéndolas de ese modo del control del servicio aduanero.

Asimismo, se determinó que los elementos mencionados precedentemente estaban compuestos por oro y plata, siendo el valor total en aduana la suma de cuarenta mil seiscientos setenta y un dólares con cuatro centavos (U$S 40.671,04).

La conducta descripta fue calificada como constitutiva del delito de contrabando de exportación agravado por el valor de las mercaderías secuestradas, en grado de tentativa –arts. 864, inc. “d” y 865, inc. “i”, en función del 871 del Código Aduanero– y atribuida al nombrado en calidad de autor (art. 45 del CP).

II.- Que a fs. 100/102 de la causa CPE 1012/2019/TO1 (2917) y a fs. 234 de la causa CPE 1389/2021/TO1 (3050) lucen las actas correspondientes a las declaraciones indagatorias prestadas por J. C. A. O., en las que se remitió a las presentaciones de fs. 97/99 y 235/236, respectivamente.

III.- Que a fs. 202 de la causa CPE 1012/2019/TO1 (2917) y a fs. 250 de la causa CPE 1389/2021/TO1 (3050) se declaró clausurada la etapa de instrucción y se dispuso la elevación a juicio de las actuaciones.

IV.- Que, con fecha 4 de abril del corriente año, este Tribunal dispuso acumular jurídicamente la causa CPE 1389/2021/TO1 (3050) a la causa CPE 1012/2019/TO1 (2917) –conf. fs. 264 de la causa Nº 3050–.

V.- Que, a fs. 404/405, se acompañó el acta correspondiente al acuerdo de juicio abreviado celebrado por la Auxiliar Fiscal Dra. María Marcela SILVESTRONI en presencia del imputado y su letrada defensora, acto que fuera supervisado por el Fiscal General Dr. Pablo N. TURANO.

VI.- Que a fs. 407 obra el acta labrada en relación a la audiencia llevada a cabo en los términos del art. 431 bis, apartado 3º del CPPN, respecto de J. C. A. O.

VII.- Finalmente, conforme surge del decreto de fs. 408, pasaron los autos a dictar sentencia.

Y Considerando:

VIII.- Que con la realización de la audiencia de visu ha podido verificarse que el reconocimiento de los hechos y de la responsabilidad efectuado por el imputado J. C. A. O. ha sido prestado sin vicios que afectaran su voluntad y en completo conocimiento de sus consecuencias legales. Por ello, corresponde analizar la procedencia del instituto al caso de autos.

En virtud de lo normado por el art. 431 bis, 5º párrafo CPPN, modificado por ley Nº 24.825 corresponde a esta magistratura merituar las pruebas recibidas durante la instrucción, como así también la conformidad del imputado sobre la existencia de los hechos, su participación en los mismos y su calificación legal.

IX.- Que, los elementos de juicio colectados en estas actuaciones, valorados conforme a las reglas de la sana crítica según lo dispone el art. 398 del Código Procesal Penal de la Nación, permiten tener por fehacientemente acreditado que:

A. CAUSA CPE 1012/2019/TO1 (2917):

1. El día 4 de julio de 2019, como consecuencia del control rutinario a través de la máquina de rayos X realizado por personal de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva Ezeiza de la Policía de Seguridad Aeroportuaria sobre los equipajes despachado a bodega para el vuelo AR1290 de la empresa Aerolíneas Argentinas con destino a la ciudad de Santiago de Chile, República de Chile, en el punto de inspección denominado “PATIO DE VALIJAS” de la Terminal C del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, se observó en el interior de una valija la presencia de elementos inorgánicos que por su forma y alta densidad hicieron presumir que se trataba de un material concordante con oro.

El equipaje se trataba de una valija tipo “carry on” de tamaño mediano y color negro, con la inscripción “Mont Blanc”, la cual tenía adosado un marbete de la empresa Aerolíneas Argentinas, correspondiente al mencionado vuelo, registrado bajo el Nº 462690 a nombre de J. C. A. O., quien al ser convocado reconoció como propio el equipaje en cuestión, y exhibió un ticket de embarque a su nombre correspondiente al vuelo AR 1290 y el ticket de despacho de equipaje a bodega, también a su nombre.

Como consecuencia de la requisa de la valija, se observó en su interior un estuche para elementos de higiene que contenía, entre los productos personales, cinco (5) bultos acondicionados en papel aluminio que, a su vez, contenían: dieciocho (18) cadenas de oro, cuatro (4) cadenas de plata, nueve (9) pulseras de oro, cinco (5) dijes de oro, un (1) enchapado plegado en varias partes con la inscripción “Oro fino Rhodio 999”, un (1) par de aros de oro, veinte (20) monedas de oro con la inscripción “Estados Unidos Mexicanos” y una (1) moneda de oro con la inscripción “England”.

A su vez, se procedió a la requisa de los elementos que llevaba J. C. A. O. como equipaje de mano, donde se halló un estuche de pequeñas dimensiones de color negro con la inscripción “SHEEN”, en cuyo interior se observaron: dos (2) cadenas de oro, tres (3) monedas de oro, una (1) malla de cuero compuesta por un sujetador confeccionado en oro.

Finalmente, como consecuencia de la requisa personal sobre el imputado A. O., se advirtió que el nombrado llevaba colocadas: cuatro (4) cadenas de oro, cuatro (4) pulseras de oro, tres (3) anillos de oro y una (1) moneda de oro con la inscripción “Estados Unidos Mexicanos” (conf. Acta de procedimiento de fs. 1/4).

2. Conforme surge del acta de verificación efectuado por el Agente Verificador de AFIP-DGA E. M. L., se concluyó que los elementos secuestrados resultaron ser:

A. Un lote compuesto por alhajas de oro y brillantes, visiblemente usados, con un peso total de 644 gramos, con un valor en aduana de U$S 26.885;

B. Láminas de oro con la inscripción “ORO FINO 999 RODHIO”, con un peso total de 200 gramos, con un valor en aduana de U$S 8.713;

C. Veintiún (21) monedas de oro denominadas “Mexicanos de oro”, con un valor en aduana unitario de U$S 1.797 y un valor en aduana total de U$S 37.737;

D. Tres (3) monedad de oro denominadas “Kruger Ran”, con un valor en aduana unitario de U$S 1.533 y un valor en aduana total de U$S 4.599;

E. Una (1) moneda de oro denominada “SOBERANO DE ORO DE 1958, DE ISABEL II”, con un valor en aduana de U$S 300.

Asimismo, en dicha oportunidad se dejó constancia de que “EL TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES DE PESOS 43,00 DEL 03/07 /2019, DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. CON RESPECTO AL VALOR DEL ORO, ES EL PUBLICADO POR EL COTIZADOR DEL BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES Y EL DE LAS MONEDAS DE ORO EL QUE SURGE DE PAGINAS ESPECIALIZADAS EN LA MATERIA” (conf. Acta de verificación de fs. 30).

3. En consecuencia, la mercadería que J. C. A. O. intentó exportar del país hacia la ciudad de Santiago de Chile, República de Chile, presentó un valor total en aduana de setenta y ocho mil doscientos treinta y cuatro dólares (U$S 78.234), lo que equivaldría a un total de tres millones trescientos ciento noventa y un mil novecientos cuarenta y siete pesos con veinte centavos ($ 3.191.947,20), según el tipo de cambio al dólar oficial a la fecha del hecho (conf. requerimiento de elevación a juicio de fs. 187/200).

Lo precedentemente expuesto encuentra sustento en las constancias obrantes en autos, especialmente:

– Expediente Nº 440EZE/2019 del registro de la Unidad Operacional Ministro Pistarini de la Policía de Seguridad Aeroportuaria obrante a fs. 1/51;

– Acta de procedimiento de fs. 1/4;

– Copia de cédula de identificación de la República de Chile a nombre de J. C. A. O. Nº RUN 6.776.091-3 obrante a fs. 5;

– Copias de la tarjeta de embarque del vuelo AR1290 a nombre de J. C. A. O., del 4/7/19 y marbete de equipaje Nº 46 26 90, obrante a fs. 6;

– Fotografías del procedimiento inicial, obrantes a fs. 8/20 y 27/28;

– Actas de fs. 22/25;

– Acta de verificación efectuado por AFIP-DGA de fs. 30;

– Informe del Departamento de Interpol de PFA de fs. 32;

– Listado de pasajeros del vuelo de la empresa Aerolíneas Argentinas AR1290 del día 4/7/2019 en el cual figura el nombre de J. C. A. O. (cfr. fs. 44/45);

– Informe de la Dirección Nacional de Migraciones obrante a fs. 53/73;

– Recibo y acta obrantes a fs. 108/109 que dan cuenta de la recepción por parte de la División Gestión de Secuestros de la AFIP DGA de los efectos secuestrados, resguardados bajo el Acta Lote Nº 19622NARC000179B;

– Informes de la AFIP-DGA obrantes a fs. 112/117 y 121 /123 mediante los cuales se acompaña el acta de verificación y aforo correspondiente a la mercadería secuestrada, registrada bajo el Acta Lote Nº 19622NARC000179B;

– Declaración testimonial prestada a fs.127/vta por el verificador de la DGA E. M. L.;

– Declaración testimonial prestada a fs.128/vta por el verificador de la DGA L. J. D.;

– Informe del Registro Nacional de Reincidencia de fs. 171/172;

– Informe del Registro de Infractores de la AFIP-DGA de fs. 178;

– Informe del Cuerpo Médico Forense de fs. 180/vta.

B. CAUSA CPE 1389/2021/TO1 (3050):

1. El día 13 de noviembre de 2021, como consecuencia del control rutinario efectuado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el Aeropuerto Jorge Newbery sobre el equipaje de mano que llevaba el pasajero J. C. A. O., quien intentaba abordar el vuelo AR1282 de Aerolíneas Argentinas con destino a la ciudad de Santiago de Chile, República de Chile, se hallaron en el interior de un morral varios paquetes envueltos en papel metálico, conteniendo cadenas de color dorado, pulseras y relojes de color dorado y plateado y tres monedas de color dorado.

A continuación, se procedió a revisar el equipaje despachado por el nombrado a bodega, en el que se hallaron pares de aros, dijes, pulseras, cadenas y anillos de color dorado y plateado.

En efecto, como consecuencia de dicho procedimiento, se procedió al secuestro de: a) cuarenta y cuatro (44) cadenas de color dorado; b) diez (10) anillos de color dorado; c) dieciocho (18) pulseras de color dorado; d) tres (3) monedas de color dorado; e) dos (2) relojes con detalles en color dorado; f) treinta y tres (33) pares de aros en color dorado; g) ocho (8) cadenas en color plateado; h) diecinueve (19) dijes en color dorado; i) cuatro (4) pares de aros de color plateado; j) dos (2) dijes en color plateado y k) una (1) pulsera plateada (conf. Sumario de PSA No 0240AER/2021 obrante a fs. 4/147 del expediente digital).

2. Conforme surge del informe pericial efectuado por la Subgerencia de Laboratorio de la Gerencia de Planeamiento Estratégico de Tesoro del Banco Central de la República Argentina, se determinó que la totalidad del material peritado estaba compuesto por oro y, la mayoría, también por plata (conf. informes de fs. 201/215 y 217/221 del expediente digital).

3. A su vez, mediante el acta de verificación efectuado por la verificadora de la Sección C de la División Control y Fiscalización Simultánea de la AFIP-DGA, María Fernanda BARBERÍA, se concluyó que los elementos secuestrados resultaron ser:

Equipaje de mano “A”:

– Cuarenta y un (41) cadenas de oro, con un valor en aduana de U$S 11.491,18;

– Dos (2) pares de aros de oro, con un valor en aduana de U$S 857,05;

– Cinco (5) pulseras de oro, con un valor en aduana de U$S 1.835,49;

– Seis (6) anillos de oro, con un valor en aduana de U$S 16.832,34;

– Un (1) reloj marca MOVADO, con un valor en aduana de U$S 1.800;

– Un (1) reloj marca MOVADO ANNIVERSARY, con un valor en aduana de U$S 600;

– Una (1) moneda de oro con la inscripción “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS – 50 PESOS – 37.5 Gr. ORO PURO”, con un valor en aduana de U$S 2.287,5;

– Una (1) moneda de oro con la inscripción “REPÚBLICA DE CHILE – 1954 – CIEN PESOS – 100 Ps DIEZ CONDORES”, con un valor en aduana de U$S 1.116,65;

– Una (1) moneda de oro con la inscripción “UNITED STATES OF AMERICA – TWENTY DOLLARS – LIBERTY – 1924”, con un valor en aduana de U$S 1.835,65;

Equipaje de mano “B”:

– Cinco (5) cadenas de oro, con un valor en aduana de U$S 938,18;

Equipaje de bodega “A”:

– Trece (13) pulseras de oro, con un valor en aduana de U$S 4.983,70;

– Tres (3) cadenas de oro, con un valor en aduana de U$S 1.470,71;

– Diecinueve (19) pares de aros de oro, con un valor en aduana de U$S 3.872,28;

– Dieciocho (18) dijes de oro, con un valor en aduana de U$S 1.556,72;

– Cuatro (4) anillos de oro, con un valor en aduana de U$S 1.345,66;

Equipaje de bodega “B”:

– Tres (3) cadenas de oro, con un valor en aduana de U$S 686,25;

– Una (1) pulsera de oro, con un valor en aduana de U$S 617,32;

– Dos (2) dijes de oro, con un valor en aduana de U$S 211,41;

– Cuatro (4) pares de aros de oro, con un valor en aduana de U$S 516,67.

Asimismo, se determinó que el valor en aduana total de la mercadería secuestrada ascendió a la suma en dólares de cuarenta mil seiscientos setenta y uno con cuarenta centavos –U$S 40.671,04– (conf. acta de verificación de fs. 226 del expediente digital), lo cual equivalía, según el tipo de cambio oficial del dólar comprador del día hábil anterior al procedimiento (12/11/21) a la suma de cuatro millones treinta y seis mil seiscientos pesos con setenta y dos centavos ($ 4.036.600,72) –conf. requerimiento de elevación a juicio de fs. 243/247–.

Lo precedentemente expuesto encuentra sustento en las constancias obrantes en autos, y la documentación reservada en Secretaría cuyo detalle obra a fs. 262 del expediente digital, especialmente:

– Sumario No 0240AER/2021 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de fs. 4/147;

– Acta de procedimiento labrada el 13/11/2021;

– Reserva de vuelo emitida el 3/11/2021 por la agencia “ Turismo Costa Brava” a nombre de J. C. A. O. con relación al vuelo de Aerolíneas Argentinas AR 1282 del 13/11/2021 de Buenos Aires (J. Newbery) a Santiago (A. Merino Benítez) de fs. 6/7;

– Actas de secuestro de fs. 20, 25, 27 y 31;

– Fotografías de fs. 15/18, 21/24, 26, 28/30 y 32/33;

– Informe de la Dirección Nacional de Migraciones de fs. 45/63;

– Acta elaborada por la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva Metropolitana de la PSA de fs. 66;

– Informes periciales elaborados por la Subgerencia de Laboratorio de la Gerencia de Planeamiento Estratégico de Tesoro del Banco Central de la República Argentina de fs. 201/215 y 217/221;

– Acta de verificación efectuada por la División Control y Fiscalización Simultánea de la Dirección Aduana de Ezeiza de la DGA de fs. 226;

– Constancia de efectos secuestrados, depositados en el Banco de la Nación Argentina Sucursal Tribunales (conf. fs. 1/2vta., DEO: 4698254 del Banco de la Nación Argentina del 27/01/22);

– Actuaciones sumariales Nº0240AER/2021 en 75 fojas, reservadas en Secretaría (conf. fs. 262);

– Actuaciones sin foliar que contiene impresiones de oficios y mails, actas e informe pericial, reservadas en Secretaría (conf. fs. 262);

– Certificación de la causa CPE 1012/2019 (conf. DEO nro. 4217131 incorporado con fecha 18 de noviembre de 2021);

– Actuaciones de la PSA, entre las que obran la cadena de custodia de los elementos secuestrados y constancia de depósito de valores del Banco de la Nación Argentina (conf. fs. 151);

– Informe de la Tesorería del Banco de la Nación Argentina, Sucursal Tribunales (DEO Nº 4698254 incorporado el 27 de enero de 2022);

– Informe del Registro Nacional de Reincidencia (conf. DEO Nº 9012772 incorporado con fecha 21 de marzo de 2023).

En función de lo expuesto y demás elementos reunidos, cuyo detalle obra en los requerimientos de elevación a juicio de fs. 187 /200 de la causa CPE 1012/2019/TO1 (2917) y a fs. 243/247 de la causa CPE 1389/2021/TO1 (3050), a los cuales se remite a fin de evitar repeticiones, la base fáctica resulta plenamente probada.

X.- Que, en lo que respecta a la calificación legal de los hechos descriptos, las partes encuadraron las conductas de J. C. A. O. como constitutivas del delito de contrabando agravado por el valor de la mercadería en grado de tentativa, previsto en los arts. 864 inc. “d”, 865 inc. “i”, en función del art. 871 del Código Aduanero; encontrándose reunidos los elementos de los tipos objetivos en cuestión.

Al respecto, corresponde destacar que la mercadería secuestrada se encontraba en el interior de los equipajes que llevaba J. C. A. O., tanto de mano como despachado a bodega, y fue hallada luego del control de rutina efectuado por el personal preventor a través de la máquina de rayos X, mediante el cual se logró advertir la presencia de elementos inorgánicos de pequeñas dimensiones que, por su disposición, forma y densidad, hicieron presumir que se trataba de un material concordante con el oro. A su vez, los elementos hallados se encontraban acondicionados en papel aluminio, dentro de estuches de pequeñas dimensiones y ocultos dentro de los equipajes que A. O. pretendía extraer del país. En consecuencia, se encuentra reunido el requisito de ocultamiento del art. 864 inc. “d” del Código Aduanero.

A su vez, respecto de la agravante prevista en el art. 865, inc. “i” del Código Aduanero, debe destacarse que, conforme surge de las verificaciones y aforo realizadas por la AFIP-DGA, así como también, del informe pericial efectuado por la Subgerencia de Laboratorio de la Gerencia de Planeamiento Estratégico de Tesoro del Banco Central de la República Argentina, se determinó que el valor de la mercadería secuestrada en el marco de la causa CPE 1012/2019/TO1 (2917) ascendió a un total de U$S 78.234 –equivalente $ 3.191.947,20 según el tipo de cambio oficial vigente a la fecha del procedimiento–, mientras que en la causa CPE 1389/2021/TO1 (3050), ascendió al monto de U$S 40.671,04 –equivalente a $ 4.036.600,72 según el tipo de cambio oficial vigente a la fecha del hecho–.

En consecuencia, se encuentra acreditado que el valor total en aduana de la mercadería que J. C. A. O. intentó extraer del territorio nacional, supera la suma de $ 3.000.000 establecida en la agravante prevista en el art. 865, inc. “i” del Código Aduanero.

Asimismo, cabe recordar que la finalidad apuntada se vio frustrada por la intervención del personal preventor, que impidió su consumación, con lo que el hecho solo alcanzó la etapa de tentativa (art. 871 del Código Aduanero).

XI.- Que, respecto del elemento subjetivo de los tipos penales bajo análisis –arts. 864 inc. “d” y 865 inc. “i” del CA–, se tratan de delitos dolosos por lo que se requiere por parte de quien los desarrolla el conocimiento del alcance de su conducta y que en forma voluntaria seleccione los medios para lograr su finalidad.

En tal sentido, puede afirmarse con certeza que J. C. A. O. conocía la cantidad, la calidad y el valor de la mercadería que intentaba exportar fuera del territorio nacional, así como también el control que correspondía ejercer al servicio aduanero sobre tal exportación; ello, teniendo en cuenta que llevaba los elementos incautados ocultos dentro de papel aluminio y, a su vez, dentro de estuches entre sus pertenencias, distribuidos en sus equipajes de despacho y de mano e incluso llevaba algunos colocados.

Todo ello demuestra que A. O. obró con conocimiento del alcance de su conducta e igualmente resolvió llevarla adelante, permitiendo el ocultamiento al control aduanero de la mercadería secuestrada, con la finalidad de que se exportara la misma fuera del territorio nacional, habiéndose conformado así el aspecto subjetivo requerido para la configuración del delito que se le enrostra.

Lo expresado a su vez fue reconocido por el imputado, tanto los hechos como su participación en los mismos, acreditando de tal forma el conocimiento sobre la mercadería que intentaba exportar del país, a lo que debe añadirse que A. O. actuó sin causales de justificación que tornen lícita su conducta.

XII.- Que en ese orden, se desprende del informe médico elaborado por el Cuerpo Médico Forense de la CSJN respecto del nombrado en los términos del art. 78 del CPPN (conf. fs. 180/181 de la causa 1012/2019/TO1) y de las constancias obrantes en autos –en particular, el informe social agregado a fs. 398/399 de la mencionada causa y la impresión recibida en la audiencia de visu– que J. C. A. O. comprendía la criminalidad de la conducta que se le atribuye y tuvo la posibilidad de dirigir sus acciones conforme a dicha comprensión, no presentándose en el caso alguna causa que justifique la conducta del nombrado o reduzca su culpabilidad.

XIII.- Que en relación al grado de participación de J. C. A. O. en los sucesos por los cuales aquí se resuelve, cabe concluir, luego de probada su existencia y efectuada su calificación legal, que respecto de los hechos investigados deberá responder en calidad de autor (art. 45 del Código Penal) toda vez que tuvo el control sobre sobre la configuración central del accionar detentando el dominio del curso causal de los acontecimientos.

XIV.- Que finalmente, tanto la existencia de los hechos como la participación del imputado en los mismos, se encuentra reconocido por éste, atento lo que surge acuerdo de juicio abreviado y lo expresado en la audiencia de visu llevada a cabo oportunamente (art. 431 bis, párrafos 2do. y 3ro. del CPPN).

XV.- A fin de graduar la pena a imponer al imputado, cabe tener en consideración que rige para el procedimiento previsto en el art. 431 bis del CPPN la limitación establecida por el 5º párrafo del mencionado artículo, en cuanto a que no puede imponérsele a los imputados una pena superior o más grave que la pedida por el representante del Ministerio Público Fiscal.

En este sentido, cabe destacar que del voto de los Dres. Lorenzetti y Zaffaroni en la causa “AMODIO, Héctor Luis”, A. 2098. XLI, Recurso de Hecho, resuelta el 12/06/2007, surge que la CSJN “…ha dicho que esa norma [art. 18 CN] exige observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueves naturales (Fallos: 125:10; 127:36; 189:34; 308:1557, entre muchos otros), y dotó así de contenido constitucional al principio de bilateralidad sobre cuya base, en consecuencia, el legislador está sujeto a reglamentar el proceso criminal (Fallos: 234:270)…” como así también, “…Que a partir de ello, la función jurisdiccional que compete al tribunal de juicio se halla limitada por los términos del contradictorio, pues cualquier ejercicio de ella que trascienda del ámbito trazado por la propia controversia jurídica atenta contra la esencia misma de la etapa acusatoria de nuestro modelo de enjuiciamiento penal…” (Fallos: 330 :2658).

Ahora bien, en el presente caso, en el acuerdo de juicio abreviado las partes acordaron que se imponga a J. C. A. O. la pena de tres años de prisión cuyo cumplimiento puede ser dejado en suspenso (art. 26 del CP), junto con las accesorias legales previstas en el art. 876 del Código Aduanero, a saber: pérdida de las concesiones, regímenes especiales, privilegios y prerrogativas de que gozare (punto 1 inc. d), inhabilitación especial de ocho (8) meses para el ejercicio del comercio (punto 1 inc. e), la inhabilitación especial perpetua para desempeñarse como miembro de las fuerzas de seguridad (punto 1 inc. f) e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena para desempeñarse como funcionario o empleado público (punto 1 inc. h), más el pago de las costas del proceso y las reglas de conducta previstas en el art. 27 bis, incisos 1 y 8 del Código Penal, debiéndose cumplir, para este último caso, un total de noventa y seis (96) horas de trabajos no remunerados.

En este sentido, si bien existe un acuerdo entre el imputado, su defensa técnica y la representante del Ministerio Público Fiscal, debe tenerse en cuenta que la pena solicitada resulta ser inferior al mínimo establecido por el legislador para el delito de contrabando agravado por el valor de la mercadería (art. 864 inc. “d” y 865 inc. “i” del Código Aduanero) por el que fuera imputado J. C. A. O.

En efecto, la representante del Ministerio Público Fiscal postuló la inconstitucionalidad en el caso concreto del mínimo de la escala penal prevista por el art. 865, inc. “i” del Código Aduanero, por entender que en el presente caso se advierte la irrazonabilidad de la escala penal prevista por el delito mencionado, atento a la escasa gravedad de los hechos, cuya agravante se sustenta –únicamente– en el valor de la mercadería, sobre la base de un monto legal no actualizado, a diferencia del resto de los previstos en el Código Aduanero.

En ese sentido, entendió que la irrazonabilidad conlleva a una desproporcionalidad de las penas, lo que supone la inconstitucionalidad en el caso concreto, apartándose de la escala agravada y aplicando la pena dispuesta para el delito básico (art. 864, inc. “d” del CA).

A su vez, refirió que, en oportunidad de efectuarse el juicio oral y público, solicitarían se aplique al imputado una pena de ejecución en suspenso, tal como la propuesta mediante el acuerdo celebrado, por entender que no resulta aplicable al caso concreto la escala prevista por el art. 865 del Código Aduanero.

En orden a lo postulado, corresponde analizar en el presente caso concreto si la petición de la representante del Ministerio Público Fiscal se encuentra debidamente fundada en las especiales circunstancias del legajo y con las constancias obrantes en autos y, consecuentemente, si supera el control de logicidad y fundamentación que debe llevarse a cabo, de conformidad con lo previsto en el art. 69 del CPPN y, de corresponder, resolver aquí sobre la constitucionalidad del mínimo legal previsto para la calificación que reciben los hechos.

Ante ello, cabe señalar en primer lugar que el máximo Tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, por resultar que las leyes dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos por la ley fundamental gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente, lo cual obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia; y sólo en los casos en los que la repugnancia entre la norma y una cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable, debe hacerse lugar a la declaración de inconstitucionalidad. De lo contrario, se desequilibraría el sistema constitucional de los tres poderes, que está fundado en que cada uno actúe con la armonía que exige el cumplimiento de los fines del Estado, para lo cual se requiere el respeto de las normas constitucionales y del poder encargado de dictar la ley (CSJN Fallos 226:688; 242:73; 285:369; 300: 241,1087; 314:424).

Como consecuencia de ello, a los Tribunales, en principio, les está vedado analizar el acierto o el error de la conveniencia de las medidas adoptadas por el Poder Legislativo en el ejercicio propio de sus atribuciones (confr. CSJN Fallos 250:410 y 251:21) cuando éstas son ejercidas con respeto a la regla de la razonabilidad (art. 28 de la Constitución Nacional, convenios y pactos internacionales sobre Derechos Humanos).

Ahora bien, la determinación de la pena que corresponda a quien ha sido encontrado autor penalmente responsable de un delito, exige de una individualización que debe guardar proporcionalidad con la magnitud del contenido ilícito del hecho (Fallos: 329:3680). Por ello, la posibilidad de introducir la cuestión constitucional impone cuestionar la proporcionalidad de la pena conminada y limitar el poder punitivo estatal cuando, comprobada la transgresión, se verifique una falta de correspondencia entre el bien jurídico lesionado y la intensidad de la sanción como consecuencia de la comisión de aquél (Fallos: 314:424), permitiendo que sea revisada aquella que manifiestamente resulte superior a la medida que se considere adecuada al injusto cometido.

En este sentido, en el acuerdo de juicio abreviado presentado, la Sra. Auxiliar Fiscal, bajo las instrucciones del Sr. Fiscal General Dr. Pablo Nicolás TURANO, entendió que la razonabilidad de las penas debe ser valorada en cada caso concreto de acuerdo a sus características especiales, dado que su proporcionalidad no puede resolverse aplicando fórmulas matemáticas, sino que debe realizarse mediante un análisis racional con el fin de que la magnitud de la pena a aplicar se ajuste a la lesión causada al bien jurídico tutelado.

En este orden, propició la imposición a J. C. A. O. de una pena inferior al mínimo legal, valorando la escasa gravedad del delito agravado por el monto de la mercadería –que, además, consideró no actualizado–, así como también, que A. O. no registra antecedentes computables (conf. informe del Registro Nacional de Reincidencia de fecha 21 de marzo del cte.) y que ha estado a derecho y sus procesamientos se han dictado sin prisión preventiva. Finalmente, tuvo en cuenta la relativa lesividad al bien jurídico protegido y la circunstancia de encontrarnos ante dos hechos delictivos que concurren materialmente entre sí.

En razón de lo hasta aquí expuesto, se advierte que la opinión del Ministerio Público Fiscal supera el control de logicidad, razonabilidad y fundamentación, por lo que se estimará adecuado en el caso concreto su requerimiento.

A su vez, no es posible soslayar que, en caso de la eventual realización del juicio oral, la pena que el representante del Ministerio Público Fiscal solicitará –en virtud de los específicos argumentos esgrimidos por esa parte– va a coincidir con aquella propuesta en el acuerdo en trato. Tal situación indica que la realización del debate no sólo resulta innecesaria, sino que claramente afectaría las reglas de economía y celeridad procesal y constituiría una dilación indebida, afectando innecesariamente el derecho referido precedentemente al posponer una decisión definitiva sobre su situación procesal en el caso.

La circunstancia precedentemente aludida permite concluir que de esta manera se permitirá dar certeza a una realidad procesal y evitar un dispendio jurisdiccional que inexorablemente conduciría a la distracción de recursos públicos, circunstancia que no debería perderse de vista ante la innegable necesidad de contar con tales medios materiales y humanos para otras finalidades relevantes.

En este sentido, tal como se ha referido precedentemente, se tiene en cuenta que necesariamente han sido valoradas por la representante del Ministerio Público Fiscal las circunstancias agravantes y atenuantes del caso para formular el acuerdo y que no se advierte algún error o arbitrariedad en la individualización de la pena requerida –en atención a las previsiones de los arts. 40 y 41 del CP. En definitiva, y a los fines de determinar la adecuación y proporcionalidad de la pena solicitada, este Tribunal tuvo en cuenta la escasa gravedad y naturaleza del delito imputado, en particular, el monto de la mercadería que se pretendió exportar. A su vez, se tomaron en consideración las circunstancias personales de J. C. A. O., en particular, su edad, educación recibida y situación socio económica. Se valora especialmente, asimismo, su estado de salud –padece diabetes y es insulinodependiente, hipertensión arterial y enfermedad vascular periférica–, su lugar de residencia en la República de Chile y su situación familiar, en especial, el estado de salud de su esposa –quien se encuentra transitando un tratamiento oncológico en virtud de padecer cáncer de mama–, a quien brinda apoyo material y socioafectivo (conf. informe social de fs. 398/399 de la causa CPE 1012/2019/TO1, informes médicos obrantes a fs. 278/282 de la causa CPE 1389/2021/TO1 y documentación presentada a fs. 307 /325 del “Incidente de autorización de salida” CPE 1012/2019/TO1/1). Además, cobra relevancia el comportamiento del imputado durante el proceso –quien cumplió con las comparecencias ordenadas por el Tribunal ante el Consulado General de la República Argentina en la ciudad de Santiago de Chile, República de Chile y con los respectivos llamados a presentarse ante este Tribunal–, que no registra antecedentes computables (conf. informe del Registro Nacional de Reincidencia incorporado en la causa CPE 1389/2021/TO1 con fecha 21 de marzo del cte. mediante DEO Nº 9012772) y que se encuentra actualmente integrado en la sociedad.

En función de ello, se concluye que el umbral mínimo de la escala penal aplicable en el caso concreto se torna irracional, considerándose adecuada y proporcional la pena solicitada en el acuerdo celebrado y, en consecuencia, correspondiendo declarar aquí la inconstitucionalidad de la pena mínima establecida por el art. 865, inc. “i” del Código Aduanero e imponer la pena pactada, sin desconocer con ello la constitucionalidad de la previsión en abstracto.

Que, en lo atinente a la modalidad de cumplimiento de la pena propuesta respecto del imputado, entiendo que, en función de las circunstancias manifestadas por la Sra. Auxiliar Fiscal, la pena de prisión de tres años habrá de dejarse en suspenso (art. 26 del Código Penal).

En ese sentido, se advierte la necesidad de imponer determinadas pautas de conducta, en los términos del art. 27 bis del Código Penal y por el lapso de dos años, consistentes en: a) Fijar residencia y notificar al Tribunal de cualquier modificación de domicilio, b) Someterse al control de la Secretaría de Ejecución Penal de este Tribunal y c) Realizar tareas comunitarias no remuneradas en la institución de “Cáritas Argentina” más cercana al domicilio del nombrado en la República Argentina, por un total de noventa y seis (96) horas para la totalidad del período fijado, en los horarios y días a convenir con el representante de dicha institución.

En atención a ello, se impondrá a J. C. A. O. las siguientes penas: a) TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN cuyo cumplimiento se deja en suspenso (art. 26 del CP); b) IMPONER al nombrado las siguientes pautas a cumplir durante el término de DOS (2) AÑOS (art. 27 bis del CP): b.1) Fijar residencia y notificar al Tribunal de cualquier modificación del domicilio (art. 27 bis, inc. 1 del CP); b.2) Someterse al control de la Secretaría de Ejecución Penal de este Tribunal; b.3) Realizar tareas comunitarias no remuneradas en la institución de “Cáritas Argentina”(sita en Melincué 5031 de esta ciudad, teléfono: 4567-5848, correo electrónico: probation@caritasbsas.org.ar) más cercana al domicilio del nombrado en la República Argentina por un total de noventa y seis (96) horas para la totalidad del período fijado, en los horarios y días a convenir con el representante de dicha institución; c) PÉRDIDA de las concesiones, regímenes especiales, privilegios y prerrogativas que gozare (punto 1, inc. “d” del art. 876 del CA); d) INHABILITACIÓN ESPECIAL por OCHO (8) MESES para el ejercicio del comercio (punto 1 inc. “e” del art. 876 del CA); e) INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA para desempeñarse como miembro de las fuerzas de seguridad (punto 1 inc. "f" del art. 876 del CA); f) INHABILITACIÓN ABSOLUTA por SEIS (6) AÑOS para desempeñarse como funcionario o empleado público (punto 1 inc. “h” del art. 876 del CA) y el pago de las costas del proceso (arts. 530, 531 y siguientes del CPPN); solicitadas por la representante del Ministerio Público Fiscal.

XVI.- Finalmente, en cuanto a la mercadería secuestrada a J. C. A. O. – lote compuesto por alhajas de oro y brillantes (cadenas, anillos, pulseras, dijes, aros), láminas de oro con la inscripción “oro fino 999 Rhodio”, veintiún (21) monedas de oro denominadas “Mexicanos de oro”, tres (3) monedas de oro “Kruger Rand”, una (1) moneda de oro “Soberano de oro” (conf. fs. 108 de causa CPE 1012/2019/TO1) y cuarenta y cuatro (44) cadenas de color dorado, diez (10) anillos de color dorado, dieciocho (18) pulseras de color dorado, tres (3) monedas de color dorado, dos (2) relojes con detalles en color dorado, treinta y tres (33) pares de aros en color dorado, ocho (8) cadenas en color plateado, diecinueve (19) dijes en color dorado, cuatro (4) pares de aros de color plateado, dos (2) dijes en color plateado y una (1) pulsera plateada (conf. conf. fs. 1/2vta., DEO: 4698254 del Banco de la Nación Argentina del 27/01/22 de causa CPE 1389/2021/TO1)– corresponde proceder a su DECOMISO (art. 23 del CP) en sede judicial, debiendo proveer oportunamente lo que corresponda al respecto.

En ese sentido, el art. 23 del Código Penal establece que “En todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este Código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o provecho del delito, en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios, salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado o de terceros”.

Por todo lo expuesto,

RESUELVO:

I.- DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD –en el caso concreto– de la pena mínima establecida por el art. 865, inc. “i” del Código Aduanero.

II.- CONDENAR a J. C. A. O. de los demás datos personales obrantes en el encabezado del presente, como autor del delito de contrabando agravado por el valor de la mercadería, reiterado en dos oportunidades en concurso real entre sí, en grado de tentativa, con relación a los hechos individualizados en el acápite I de la presente (arts. 864 inc. “d”, 865, inc. “i”, en función del art. 871 del Código Aduanero y art. 45 y 55 del Código Penal), a cumplir las siguientes penas:

a) TRES (3) AÑOS de PRISIÓN cuyo cumplimiento se deja en suspenso;

b) IMPONER al nombrado las siguientes pautas a cumplir durante el término de DOS (2) AÑOS (art. 27 bis del CP): b.1) Notificar al Tribunal de cualquier modificación del domicilio (art. 27 bis inc. 1 del CP), b.2) Someterse al control de la Secretaría de Ejecución Penal de este Tribunal, b.3) Realizar tareas comunitarias en en la institución de “ Cáritas Argentina” (sita en Melincué 5031 de esta ciudad, teléfono: 4567-5848, correo electrónico: probation@caritasbsas.org.ar) más cercana al domicilio del nombrado en la República Argentina, por un total de noventa y seis (96) horas para la totalidad del período fijado, en los horarios y días a convenir con el representante de dicha institución (art. 27 bis inc. 8 del CP);

c) PÉRDIDA de las concesiones, regímenes especiales, privilegios y prerrogativas que gozare (punto 1, inc. “d” del art. 876 del CA);

d) INHABILITACIÓN ESPECIAL por OCHO (8) MESES para el ejercicio del comercio (punto 1 inc. “e” del art. 876 del CA);

e) INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA para desempeñarse como miembro de las fuerzas de seguridad (punto 1 inc. "f" del art. 876 del CA);

f) INHABILITACIÓN ABSOLUTA por SEIS (6) AÑOS para desempeñarse como funcionario o empleado público (punto 1 inc. “h” del art. 876 del CA).

III.- IMPONER a J. C. A. O. el pago de las costas procesales (arts. 530, 531 y siguientes del CPPN);

IV.- DECOMISAR la mercadería secuestrada a J. C. A. O. –lote compuesto por alhajas de oro y brillantes (cadenas, anillos, pulseras, dijes, aros), láminas de oro con la inscripción “oro fino 999 Rhodio”, veintiún (21) monedas de oro denominadas “Mexicanos de oro”, tres (3) monedas de oro “Kruger Rand”, una (1) moneda de oro “Soberano de oro” (conf. fs. 108 de causa CPE 1012/2019 /TO1) y cuarenta y cuatro (44) cadenas de color dorado, diez (10) anillos de color dorado, dieciocho (18) pulseras de color dorado, tres (3) monedas de color dorado, dos (2) relojes con detalles en color dorado, treinta y tres (33) pares de aros en color dorado, ocho (8) cadenas en color plateado, diecinueve (19) dijes en color dorado, cuatro (4) pares de aros de color plateado, dos (2) dijes en color plateado y una (1) pulsera plateada (conf. conf. fs. 1/2vta., DEO: 4698254 del Banco de la Nación Argentina del 27 /01/22 de causa CPE 1389/2021/TO1)–, debiendo proveerse oportunamente lo que corresponda al respecto (art. 23 del CP).

V.- HACER SABER a J. C. A. O. que deberá comparecer, dentro de los cinco (5) días de notificado a través de su defensa, ante el Consulado General de la República Argentina en la ciudad de Santiago de Chile, República de Chile, a efectos de ser notificado del presente pronunciamiento.

Regístrese, notifíquese a las partes mediante cédulas electrónicas y líbrese oficio mediante correo electrónico al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, a efectos de que –por su intermedio– se haga saber al Consulado General de la República Argentina en la ciudad de Santiago de Chile, República de Chile, lo aquí dispuesto. Firme que sea, comuníquese y fórmese el legajo de ejecución. Oportunamente, previo certificado de Ley, Archívese. – Karina Rosario Perilli (Sec.: María Clara Da Rocha).

En la misma fecha se libraron dos (2) cédulas electrónicas y un (1) oficio mediante correo electrónico. CONSTE.

C., E. R. s/hurto agravado

Conforme fuera solicitado por la defensa, encontrándose de acuerdo el representante del Ministerio Público Fiscal, el Juez del T.O.C.yC. actuando en forma unipersonal hace lugar a la excepción de falta de acción, extingue la acción penal y sobresee a quien fuera requerido por el delito de hurto agravado por el uso de llave falsa, con expresa mención de que la formación de la causa no afecta el buen nombre y honor de que hubiere gozado.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los tres días del mes de octubre del año dos mil veintitrés, siendo las 12 horas, fecha fijada para la celebración del juicio oral y público en la causa nº 45.955/2019 – registro interno nº 6598, seguida a E. R. C. en orden al delito de hurto agravado por utilización de llave falsa (artículos 45 y 163, inciso 3º del Código Penal). Se encuentran presentes el Dr. Gustavo Jorge Rofrano, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional nº 3, asistido por la Sra. Secretaria ad hoc, Dra. Cecilia Fox. Acto seguido, el Dr. Rofrano, verificó la presencia del Ministerio Público Fiscal, representado por el Sr. Auxiliar Fiscal, Dr. Jorge Reclade, del imputado E. R. C. y su defensor, el Dr. Carlos Rojas. Tras ello, se dio lectura del requerimiento de elevación a juicio mediante el cual se atribuyó “(…) a E. R. C. el haberse apoderado ilegítimamente, mediante la utilización de una ganzúa o llave falsa, del teléfono celular laboral CYRUS CMI 7 Nº de IMEI …, con chip …, Nº de línea …, que se encontraba en el interior del locker del operario N. N. Ello tuvo lugar entre los días 8 y 11 de junio de 2019, más precisamente dentro de uno de los módulos que la empresa “Intercargo S.A.C.” posee en el Aeroparque Jorge Newbery de esta ciudad, oportunidad que el imputado ingresó a aquel donde se hallaba el locker de N. y, valiéndose de alguno de los elementos antes mencionados y de la negligencia o colaboración del personal que tenía a su cargo la vigilancia del lugar, quitó el candado y accedió el armario, para luego sustraer de su interior el teléfono laboral que le había sido asignado a dicho operario. Posteriormente, su accionar fue descubierto por la empresa mencionada cuando, luego de haber solicitado la localización del GPS del aparato, éste fue ubicado en la calle Libertad Nº …, Lanús Oeste, Provincia de Buenos Aires, coordenadas -34,709678; -58,423502, a escasos cien metros del domicilio denunciado por el imputado, sito en la calle Libertad Nº … de dicha localidad. Finalmente, el día 5 de julio de 2019 la empresa “Intercago S.A.C.” decidió despedirlo con causa por haberlo encontrado en posesión del mentado teléfono y no podían confiar más en él”. A continuación, el Sr. Presidente consultó a las partes si tenían alguna cuestión preeliminar que plantear y en ese sentido, el Sr. Fiscal respondió negativamente, y, el Sr. Defensor fundamentó su pedido conforme los lineamientos legales por él enunciados y planteó la excepción de falta de acción por atipicidad de la conducta atribuida a su representado, en virtud de la insignificancia, ello sobre todo, a tenor del dan?o que efectivamente revistiría para la empresa, y solicitó el sobreseimiento de C. En ese sentido, recordó la imputación atribuida y explicó que se trataba de un teléfono cuya tecnología no permite la utilización de aplicaciones modernas, y es un teléfono de trabajo, que se trata de un aparato que cuenta con un sistema de radio PTT, que es un botón lateral que funciona con wifi o red celular, y que es utilizado en el ámbito laboral pero que, en el mercado prácticamente es de nulo valor. Que de esa manera, el delito que se le endilgaba a su defendido, no revestía la entidad suficiente como para demandar la intervención penal del Estado por aplicación de los principios de proporcionalidad, razonabilidad y, fundamentalmente, las directrices que guían el proceso penal, como son los principios de lesividad, “ultima ratio” y mínima intervención estatal que surgen de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales. Que a raíz de lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Nacional, se establece la diferencia entre derecho y moral, del cual se desprende que dado el pricipio de lesividad, no puede haber un tipo penal sin afectación al bien jurídico, es decir que, para que pueda intervenir el poder punitivo, la lesión debe ser necesaria, aunque ésta no es siempre suficiente. Que no cualquier afectación constituye un delito porque debe ser una lesión significativa, o sea, real, ostensible y grave. Que el teléfono en cuestión no tiene valor alguno fuera del ámbito de la empresa y teniendo en cuenta la magnitiud e importancia de la misma, podemos advertir que es totalmente aplicable el principio de insignificancia. Que no habría afectación que amerite el dispendio jurisdiccional que ocasionaría seguir con el debate en relación a la supuesta afectación sufrida por la empresa. Que en esos términos, la reforma introducida por la ley 27.147 al Código Penal en el artículo 59, inc. 5º, sumado a lo que dictamine el Ministerio Público Fiscal, correspondía se dictara el sobreseimiento de su defendido por aplicación del principio de insignificancia, reconocido y tratado por distintos tribunales nacionales. Corrida vista al Sr. Fiscal, consideró que el planteo de la Defensa era atinado. Entendió que había una cuestión de fondo y también ciertos interrogantes sobre cuál sería la solución más justa para el imputado a través de la jurisdicción. Que conforme la calificación legal, se le imputaba el delito de hurto agravado por haber sido con una llave falsa, hecho que recordó sucintamente, el cual posee una escala penal de 1 a 6 años de prisión, y en ese análisis para buscar la solución más justa, coincidió con la solución propuesta por el señor defensor. Que llevar adelante un proceso en esta etapa sería injustificable, dado que el principio de insignificancia planteado tiene razonabilidad suficiente. Destacó que la jurisprudencia ya lo había sostenido previo a la resolución de la Comisión Bicameral nº 2/2019 que puso en vigencia el artículo 31 del C.P.P.F., ello en virtud de las garantías constituciones aludidas. Entendió que, se necesita una conducta exterior realizada por un ser humano, y que esa conducta lesione el bien jurídico, cuya protección es el fin del derecho penal, pero al mismo tiempo, debe analizarse si esa lesión ha tenido un grado de intensidad sobre ese bien jurídico, y allí es donde juega el principio de lesividad. Que también deben examinarse los principios de razonabilidad, proporcionalidad, y el de derecho penal como “ultima ratio”. Que, ante este conjunto de principios constitucionales, la jurisprudencia antes de la resolución de la Comisión Bicameral ha fallado en virtud de que estos principios configuraran en algunos supuestos la atipicidad de la conducta. Así por ejemplo, surgía de un fallo de nuestro Tribunal intermedio, “Cutule”, en el cual se ha sostenido que “el principio de insignificancia en su aplicación, es susceptible de ser invocado en dos niveles: de un lado desde un posicionamiento de fondo, la insignificancia opera como fundamento de atipicidad de las conductas de ínfima transcendencia social o que afectan bienes jurídicos de un modo no significativo para el sistema y, de otra parte, aún de considerarse que no actúa a nivel del tipo; esto es, que no podría tener por efecto excluir de aquel determinadas conductas por su mayor o menor lesividad, la insignificancia puede justificar el cese del ejercicio de la acción penal como criterio de oportunidad” (C.N. Cas. Crim. y Correc., Sala II, c. 26.265/14, CUTULE, Pablo Alejandro s/hurto en tentativa, rta. 10/07/17). Que en un caso como el presente, que se trata de un teléfono celular de orden interno para la empresa “Intercargo S.A.C.”, y teniendo en cuanta el valor que podría llegar a tener ese bien ante una empresa de tal magnitud, consideró que debía hacerse lugar al principio. Que, además, ese Ministerio Público lo sostuvo en las causas nº 33.548/2020 y 66.911/2019 “Lotito” y “Da Pueto”, respectivamente, entre otras y, asimismo, en la última causa nº 47.293/2023 seguida a G. C. Que ya fuera aplicando los criterios constitucionales o la norma vigente, ese Ministerio Público prestaría su conformidad para que se hiciera lugar a la petición de la defensa en virtud del artículo 31 del C.P.P.F. y solicitó la extinción de la acción penal conforme el artículo 336, inc. 1º del C.P.P.N. y consecuente sobreseimiento de E. R. C. en virtud del 361 del C.P.P.N. Tras ello, se informó por Secretaría que J. C. V. y M. Á. C., así como los testigos de parte, estaban en la antesala del Tribunal, a quienes se les informaría que no sería necesario contar con sus declaraciones, lo que así se hizo. Así, tomó la palabra el Dr. Rofrano y dijo que considerando el hecho reprochado a C. mediante requerimiento de elevación a juicio, al cual se remitió en honor a la brevedad, estaba en condiciones de resolver sobre el planteo de la Defensa como cuestión preliminar, respecto de la aplicación del principio de insignificancia, fundamentando en los lineamientos legales enunciados derivados en principio constitucionales y de la aplicación de las normas procesales vigentes, a las cuales también se remitió. Que, corrida la vista al Sr. Fiscal, también había prestado su conformidad con el pedido impetrado. En ese sentido, se señaló que la normativa citada por el titular de la acción penal se encuentra vigente razón por la cual ha de aplicarse el Código Procesal Penal Federal. En consecuencia, y dado que el Ministerio Público ha renunciado expresamente a seguir con la acción pública y se ha acogido a la pretensión de la defensa, razón por la cual, frente a la falta de contradictorio, no existe controversia sobre la cual deba mediar decisión jurisdiccional, en los mismos términos que pacíficamente lo estableciera la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. Que, en efecto, mediante la resolución 02/2019, la Comisión Bicameral para el seguimiento e implementación del Código Procesal Penal Federal puso en vigencia el art. 31 de dicho ordenamiento legal, en la que se establece el instituto que se pretende aplicar. Sentado ello, cierto es que, desde un punto de vista estrictamente procesal, no correspondía emitir pronunciamiento alguno sobre el fondo de la cuestión, dado que el Ministerio Público Fiscal, quien resulta ser titular de la acción penal, adelantó que no presentaría acusación por el hecho que se le imputa a C. Lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosas oportunidades, desde el consabido fallo “Tarifeño”, “Cattonar” y “García” y todos los que se dictaron como consecuencia del mismo: no puede dictarse condena sin acusación. Por otra parte, y ya adentrándose en el análisis del caso y de la fundamentación dada en el dictamen fiscal, tal como lo dejaran asentado las partes en el presente juicio, se investigó la sustracción de un teléfono celular. Que entonces surgía el interrogante, en el sentido si era racional o proporcionada la puesta en marcha de las diferentes agencias del control social en procura del juzgamiento en este caso y la respuesta no puede ser otra que negativa. En efecto, aquí nos encontramos con una escasa o nula afectación al bien jurídico protegido. Ello porque al analizar los elementos que surgen de la presente, se destaca que para la empresa “Intercargo S.A.C.”, dada la magnitud de la misma y de sus maniobras o giros comerciales, resultaba a todas luces de poco, nulo valor comercial, el presunto celular que se habría sustraído a la empresa, dado que además sólo servía como uso interno para la misma. Por lo demás, para evaluar los parámetros de la afectación era menester ponderar otros aspectos, el hecho y las circunstancias que lo rodearon, lo que ya fue mencionado, así como también el sujeto activo. Se aúna a ello que el desapoderamiento investigado no pudo lesionar de manera significativa el patrimonio de la firma presuntamente damnificada. Así las cosas, en el caso se reúnen todos los aspectos necesarios para afirmar que la conducta imputada no cruzó el umbral de lesividad al bien jurídico “propiedad”. Más allá de las consideraciones expuestas, reiteró, que es preciso destacar que el Ministerio Público, quien resulta ser el titular de la acción, ha dispuesto de la misma, mostrando su desinterés a proseguir este proceso, mediante un dictamen lógico, fundamentado y razonado. Sentado ello, el Tribunal carece de toda jurisdicción para la prosecución del caso, y lo contrario implicaría una actuación oficiosa que no resulta admisible a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, máxime cuando en el presente proceso no existía acusador particular, que de acuerdo a la nueva normativa procesal y sin perjuicio de la validez podría darse el caso de actuar de manera privada y/o en solitario. Que, por las razones expuestas, el Tribunal, de manera unipersonal, considera ajustado a derecho y en consecuencia corresponde y así, RESUELVE: HACER LUGAR a la excepción de falta de acción interpuesta por la defensa del imputado, EXTINGUIR LA ACCIÓN PENAL y, en consecuencia, SOBRESEER a E. R. C., de las demás condiciones personales obrantes en autos, en orden al delito de hurto agravado por el uso de llave falsa por el que fuera requerida la causa a juicio, registrada bajo el no 45.955/2019 (registro interno nº 6598), con expresa mención de que la formación de la presente causa, no afecta al buen nombre y honor de que hubiere gozado (artículos 31 del Código Procesal Penal Federal, y 336, inciso 3º, 339, inciso 2º, 361 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación). Quedando en consecuencia todas las partes debidamente notificadas. No siendo para más se dio por finalizada la audiencia, la que fue incorporada al sistema Lex 100 y firmada digitalmente por S.S. y la Actuaria que dio fe de lo actuado. – Gustavo Jorge Rofrano (Sec. Ad Hoc: Cecilia Fox).

***

N. N. s/incidente de incompetencia

Se traba cuestión de competencia negativa entre un Juzgado de Instrucción de la C.A.B.A. y uno de un departamento judicial de la P.B.A. en causa en que se investigan hechos que involucran la privación ilegal de la libertad y robo de un vehículo de un conductor de un camión comenzando los ilícitos en la Ciudad y continuando en la provincia, resolviendo la C.S.J.N. que corresponde a la justicia de ésta última continuar interviniendo.

Dictamen de la Procuración General de la Nación

Suprema Corte:

Entre el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nº 43 de esta ciudad y el Juzgado de Garantías nº 12 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, se suscitó la presente contienda negativa de competencia a raíz de la denuncia de Roberto Walter Á .

Allí relato que el 21 de enero de 2020, cuando salía de su domicilio ubicado en esta ciudad para subirse al camión con el que desempeñaba sus tareas laborales -perteneciente a la empresa de volquetes “Malena”-, fue abordado por dos sujetos que, mediante amenazas con un destornillador y un cuchillo, lo obligaron a subirse al rodado, lo pusieron en marcha y se dirigieron a la provincia de Buenos Aires. Luego de circular por la avenida Remedios de Escalada de la localidad bonaerense de Lanús, lo hicieron descender y ascender a un automóvil en el que otros dos delincuentes lo retuvieron hasta liberarlo a pocos metros del lugar.

El magistrado nacional declinó su competencia territorial al considerar que tanto el cese de la privación ilegal de la libertad como la consumación del desapoderamiento tuvieron lugar en el ámbito provincial.

El juez provincial, por su parte, rechazó la atribución al entender que los delitos de robo agravado por e1 uso de armas y privación ilegal se llevaron a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Finalmente, con la insistencia del tribunal de origen y la elevación del incidente a la Corte, quedó formalmente trabada esta contienda.

El Tribunal tiene resuelto, en casos que guardan similitud con el presente, que cuando pudo haber existido privación ilegítima de la libertad en más de una jurisdicción y en alguna de ellas se cometió otro delito, es a los tribunales de esta última a los que corresponde entender en la causa (Fallos: 322:2281; 323:158 y 329:3936, entre muchos otros).

Por aplicación de este principio, estimo que corresponde a la justicia provincial continuar con el trámite de las presentes actuaciones, en tanto fue allí donde, además de la privación ilegal de la libertad, se consumó el desapoderamiento del rodado.

Buenos Aires, 26 de mayo de 2022. – Eduardo Ezequiel Casal.

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2023

Autos y Vistos:

De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General de la Nación interino, se declara que deberá entender en las presentes actuaciones el Juzgado de Garantías nº 12 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, al que se le remitirán. Hágase saber al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nº 43. – Horacio Daniel Rosatti. – Juan Carlos Maqueda. – Ricardo Luis Lorenzetti.

N.N. s/incidente de incompetencia – Causa nº CSJ 839/2022/CS1

Planteada cuestión de competencia negativa entre un juzgado de la provincia de Buenos Aires y otro de la provincia de Córdoba, en relación a una maniobra estafatoria que damnificó al denunciante en San Martín en el conurbano bonaerense pero en la que el dinero apropiado lo fue en Rio Cuarto, Córdoba, la C.S.J.N. como tribunal superior de ambos y conforme el dictamen del Procurador General de la Nación interino establece debe continuar siendo investigada en la provincia mediterránea.

Dictamen de la Procuración General de la Nación

Suprema Corte:

La presente contienda negativa de competencia suscitada entre el Juzgado de Garantías nº 6 del departamento judicial de San Martín, provincia de Buenos Aires, y el Juzgado de Control y Faltas de Río Cuarto, provincia de Córdoba, se originó a raíz de la denuncia de R. S. J.

Allí relató que recibió un mensaje por WhatsApp de una persona, que dijo llamarse C. S., que lo contactó por un sillón que el denunciante tenía publicado para la venta en la sección marketplace de la red social Facebook. A fin de concretar la compra, S. le remitió un comprobante de la transferencia, pero le indicó que por error le había enviado ciento setenta mil pesos en vez de diecisiete mil pesos y le manifestó que un empleado bancario lo llamaría para gestionar la devolución del excedente. Luego de unas horas, J. recibió un llamado telefónico de un supuesto empleado del Banco Patagonia, que le explicó que para cancelar la transacción debía dirigirse a un cajero automático y le solicitó su clave token. Finalmente, la víctima intentó ingresar a su homebanking y advirtió que estaba bloqueado y al realizar el reclamo en su entidad bancaria, le informaron que se le había otorgado un préstamo por ciento ochenta y ocho mil pesos, que nunca solicitó.

De las medidas de prueba ordenadas surge que, una vez acreditado el dinero del préstamo, se gestionó una transferencia a favor de la cuenta a nombre de R. B., con domicilio en la localidad cordobesa de Río Cuarto. Asimismo, se realizó una extracción por treinta y dos mil pesos desde un cajero automático ubicado en aquella ciudad y el saldo restante se transfirió a una cuenta a nombre de P. A. N., también de Río Cuarto.

La juez de San Martin declinó su competencia territorial al entender que el hecho se concretó en la localidad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, en tanto fue allí donde finalmente se consumó el delito con la disposición del dinero.

El magistrado provincial, por su parte, rechazó la atribución por prematura. Sostuvo que de la incipiente investigación no surgía el lugar en el que se desplegó el ardid mediante comunicaciones telefónicas.

Finalmente, con la insistencia del tribunal de origen y la elevación del incidente a la Corte, quedó formalmente trabada esta contienda.

En mi opinión, resulta de aplicación al caso la doctrina de V.E según la cual tanto el lugar donde se desarrolla el ardid propio de la estafa, como aquél en el que se verifica la disposición patrimonial, deben ser tenidos en cuenta para establecer la competencia territorial, la que debe resolverse, en definitiva, por razones de economía procesal (Fallos 333:2052).

Toda vez que de las constancias agregadas a la causa surge que los titulares de las cuentas destinatarias del dinero residen en la localidad de Rio Cuarto, provincia de Córdoba, donde, además, se realizó una extracción de ese dinero por cajero automático, opino que corresponde al juzgado cordobés continuar con el conocimiento de las presentes actuaciones.

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2022. – Eduardo Ezequiel Casal.

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2023

Autos y Vistos:

De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General de la Nación interino, se declara que deberá continuar conociendo en las presentes actuaciones el Juzgado de Control y Faltas de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, al que se le remitirán. Hágase saber al Juzgado de Garantías nº 6 del Departamento Judicial de San Martín, Provincia de Buenos Aires. – Horacio Daniel Rosatti. – Juan Carlos Maqueda. – Ricardo Luis Lorenzetti.

L., M. G. s/robo

Se dicta sentencia condenatoria en trámite de juicio abreviado conforme el artículo 431 bis del CPPN, presentando recurso de casación la defensa agraviándose en varios motivos que expone, cuestionando aspectos centrales como ser la responsabilidad del acusado, su participación en el hecho, el encuadre jurídico, el monto de la pena y el decomiso del bien, analizándose en razón de ésto la existencia de un consentimiento pleno de aquél y la eficacia de la intervención de la defensa, lo que es necesario para la validez del dictado de la sentencia renunciando a la celebración del juicio oral y público, anulándose el acuerdo celebrado, anulándose la sentencia condenatoria, apartándose al juez que intervino y remitiéndose nuevamente al T.O.C.C. para que otro continúe con la sustanciación del proceso (art. 354 CPPN)

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2023.

VISTOS:

Para resolver el recurso de casación por la defensa de M. G. L. en esta causa nº CCC 56593/2022/TO1/CNC3.

Y CONSIDERANDO:

El juez Pablo Jantus dijo:

I. El 8 de marzo de 2023 el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional nº 21 de esta Ciudad, integrado de forma unipersonal por el juez José Pérez Arias y mediante el trámite de juicio abreviado, resolvió “I). CONDENAR en la presente causa Nº 49.889/2021 a M. G. L. de las demás condicionales personales obrantes en el epígrafea la PENA de TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN CONDICIONAL Y COSTAS, por ser coautor penalmente responsable del hecho que se calificó robo en poblado y en banda; por los motivos expuestos en los considerandos (arts. 403, 431 bis, 530 y 531, CPPN arts. 29 inciso 3º, 45 y 167 INC. 2º del CP). II) DECOMISAR el vehículo marca Citroën, modelo Berlingo, dominio …, año 2005, nº de chasis 8BCMBWJZF5G509420, motor nº 10DXBJ0004644, en favor del Estado Nacional; por los motivos expuestos en los considerandos (artículo 23 del CP)”.

Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación, que fue concedido, mantenido, y al que como integrante de la Sala de Turno de esta Cámara acordé el trámite previsto en el art. 465 del CPPN. Superada la etapa prevista en el quinto párrafo de dicha norma procesal, las actuaciones quedaron en estado de ser resueltas.

II.a. La parte recurrente desarrolló varios motivos de agravio:

En primer lugar, cuestionó la ponderación que se efectuó de la prueba para tener por acreditada con certeza su intervención en el suceso, argumentado lo contrario en tanto L. “hace viaje y fletes y fue requerido ese día por D. A. para ello. No ingresó a dicho domicilio y se quedó esperando. Y sus dichos vertidos en declaración indagatoria fueron corroborados” (en punto a la responsabilidad de D. A.). Agregó que “fue llevado al lugar para hacer un flete. Declaró ampliamente todo lo que sabía. Mi asistido, estaba con gente que no conocía a excepción de su vecino D. A. y fue engañado en su ‘buena fe’. Nunca supo que es lo que pasaba dentro del departamento de la denunciante”.

En segundo orden, se agravió por el grado de intervención en el hecho que se le acordó en el fallo, señalando que “no supera la de un partícipe secundario” pues “se limitó a llevar y traer a D. A. No se encuentra probado que L. haya ayudado al resto de la 'banda ' ni a bajar ni subir elementos. Ni que supiera lo que estaba pasando arriba. Tampoco se lo observa hablando por teléfono o hacienda gestos o ademanes en calidad de 'campana '. En cambio siempre estuvo cerca de su vehículo (…) Por ello no resulta ser autor, por NO haber tenido el dominio funcional del suceso (art. 45 del CP)”.

En función de ello, consideró que debería disminuirse el monto de la pena y aludió a un supuesto de falta de motivación por ausencia de debida consideración de las condiciones personales del imputado.

Criticó luego el encuadre jurídico del caso, refiriendo que la calificante contenida en el art. 167, inc. 2, del CP, requiere para su configuración de la concurrencia de los requisitos del delito previsto en el art. 210 del CP. Citó, además, criterios de distintos colegas de esta Cámara, y del suscripto vinculado a la inconstitucionalidad de la norma, por afectación al principio de legalidad (art. 18 de la CN).

Asimismo, se agravió por el decomiso del bien, sosteniendo que la medida es contraria al principio de proporcionalidad. Destacó que en la audiencia de visu el imputado se opuso a la medida, que existe controversia al respecto –sin explicar cuál–, y solicitó la remisión de testimonios al fuero Civil (cita de los arts. 193, 523 y 524 del CPPN).

Invocó el principio de congruencia y la doctrina de la CSJN sobre arbitrariedad de sentencias.

b. En su reciente presentación ante esta instancia, el Ministerio Público Fiscal presentó razones para sostener la sentencia de condena, vinculadas al mérito de la prueba de cargo, al grado de intervención de L. en el hecho, a la calificación legal, y al decomiso del automóvil (cita del dictamen del PGN en el caso de CSJN “Riquelme”, Fallos: 343:168, del 10/3/2020).

III. La resolución recurrida reconoce como antecedente el acuerdo presentado por el Ministerio Público Fiscal y el imputado, asistido por su defensa, en el que en términos del procedimiento citado se pactó la resolución del caso en los términos señalados.

En la audiencia de conocimiento, L. manifestó que no estaba de acuerdo con el decomiso de su camioneta, dado que se trata de su herramienta de trabajo; mientras que por escrito, la defensa ratificó la propuesta, transcribiendo sólo el aspecto relacionado con el monto de la pena.

IV. En la sentencia, se tuvo por acreditado que “el día 20 de septiembre de 2022, alrededor de las 12:00 horas, M. G. L., junto con otros tres sujetos no individualizados, se apoderó ilegítimamente y mediante el uso de violencia en las personas, de la suma de cuatro mil pesos ($4.000), propiedad de F. de L. R. J..

Para ello el imputado, quien se encontraba a bordo de su vehículo marca Citroën Berlingo, junto a los restantes hombres cuyas identidades hasta el momento se desconocen, detuvo la marcha del vehículo en la puerta del domicilio de la damnificada y todos ellos, simulando ser operadores de la empresa 'Edesur ', le solicitaron el ingreso a su vivienda, con la excusa de desempeñar una labor. Una vez dentro, interceptaron a R. J., la llevaron a su domicilio y la encerraron en una habitación para luego maniatarla de pies y manos, al tiempo que estos se hacían de los distintos elementos de valor que se encontraban dentro del departamento.

Mientras tanto, fuera del edificio y mientras los hombres cuyas identidades se ignoran se encontraban en plena faena delictiva en el interior, L. oficiaba de 'campana ', simulando arreglar su rodado, el cual se encontraba con el capot levantado. Una vez que los agresores se hicieron del botín, egresaron del domicilio donde L. los aguardaba y se retiraron del lugar”.

V. Nos hallamos ante un caso donde se acordó que se procediese por la vía del art. 431 bis CPPN, en el cual: a) no existió un desfasaje entre lo pactado por el imputado y su defensor, y lo resuelto por el Tribunal; y b) el acuerdo importó expresamente –a excepción del aspecto vinculado al decomiso– la conformidad prestada por el imputado sobre la existencia y su intervención en el suceso, la calificación legal asignada y el monto de pena indicado.

Sin perjuicio de ello, también se advierte que los agravios introducidos por la defensa se dirigen a cuestionar la decisión impugnada en aspectos centrales, como con la responsabilidad de del acusado, su grado de participación en el hecho, el encuadre jurídico, el monto de la sanción y el decomiso del bien.

Fundamentalmente, se observa que se ha desarrollado una argumentación que lisa y llanamente niega ese extremo.

Ahora bien, indefectiblemente, la crítica efectuada en ese sentido en el recurso de casación, obliga a realizar, en las muy particulares circunstancias del caso, cuestionamientos o preguntas que comúnmente no surgen en otros casos en los cuales se impugna una sentencia de condena fruto de la celebración de un acuerdo de juicio abreviado en los términos del art. 431 bis del CPPN.

En tal sentido, el recurso en estudio excede el marco de revisión que necesariamente surge de la facultad que en el sexto párrafo de dicha norma se otorga al imputado, en cuanto al derecho de interponer recurso de casación contra la sentencia condenatoria fruto de acuerdo.

Los particulares términos en los cuales viene planteado el remedio interpuesto, no solamente tienden a cuestionar la fundamentación de la sentencia, sino que van más allá y ponen en tela de juicio la validez del acuerdo suscripto como derivación de la generación de dudas insuperables en punto a la existencia de un consentimiento pleno por parte del imputado que lo suscribió –que en parte se evidenció en la audiencia de conocimiento–, así como con relación a que en el caso, la intervención de la defensa haya sido eficaz.

En esta dirección, el rol que cumple el defensor técnico en el acto de conclusión de un acuerdo de juicio abreviado es central, y de su eficacia depende que pueda corroborarse un consentimiento pleno del imputado que otorgue validez al dictado de una sentencia condenatoria, en los términos de lo pactado, mediando renuncia a la celebración del juicio oral y público.

Sin embargo, aquí se está recurriendo la sentencia de condena que, a mi entender, ha sido respetuosa del acuerdo de juicio abreviado en todos sus aspectos.

En efecto, si bien el imputado consintió ser condenado sobre la base de la comisión de determinado hecho delictivo, con el asesoramiento y asistencia de su defensor, en esta oportunidad esa parte alega su completa ajenidad al hecho y un defecto de motivación del fallo en ese sentido; además de los demás variados cuestionamientos ya reseñados.

A partir de todo ello, no puede sino surgir la incógnita de si el imputado, en estas condiciones, pudo haber renunciado válidamente a su derecho constitucional a ser juzgado mediante la celebración de un juicio oral y público, pues directamente niega haber cometido el delito por el que resultó condenado sin debate.

La sencillez del procedimiento abreviado radica en que las pruebas ya han sido reunidas y no es necesaria la realización del debate para colectarlas. Sin embargo, los planteos realizados por la defensa en realidad demandan la necesidad de una controversia propia del debate, incluso aquél, no introducido y sobre el que el Tribunal de juicio no se pudo expedir, relacionado con el grado de participación y la atipicidad del comportamiento.

La impugnación no se limita a alegar que la sentencia ha errado en su fundamentación en algún aspecto, sino que aduce la inocencia, y adicionalmente, cuestiona otros varios aspectos. Al mismo tiempo, la parte acusadora ha accedido a suscribir el acuerdo de juicio abreviado en el entendimiento de que, en su esencia, recaería una sentencia condenatoria en los términos pactados.

Eso determina que, acceder a la revisión de la condena, con el alcance que pretende la defensa, implicaría proceder a efectuar una valoración amplia e integral de los hechos y de la prueba, sin la realización de un debate, obturando la posibilidad de que el Ministerio Público Fiscal formalice una acusación acorde al resultado de la producción probatoria que debe tener lugar en el marco del juicio.

En resumidas cuentas, esta circunstancia implicaría la realización de un juicio escrito en la etapa de casación, de modo que aquí se actúe como tribunal de instancia, desnaturalizando el rol revisor de esta Cámara, y sin la participación plena de la parte acusadora, más allá de su derecho a intervenir en las etapas previstas en los arts. 466 y 468 del CPPN, con las limitaciones que ello implica.

En tal sentido, el Tribunal oral ha dictado sentencia sobre la base de la conformidad del imputado expresada en el acuerdo, cumpliendo así con las exigencias legales; mientras que el recurso de casación pretende el dictado de una nueva decisión contrariando el reconocimiento del hecho que efectuó el imputado e incorporando motivos de agravio que no han sido presentados antes, lo que resulta sin dudas incompatible con los términos pactados en ese acuerdo.

Lo último, echa por tierra el rol revisor de este tribunal de casación, pues “la competencia de esta cámara es apelada y no originaria, y tiene por objeto corregir un error atribuido a una decisión recurrida (…) Si, como se dijo, el objeto del recurso es la sentencia considerada errónea, ello limita a esta instancia, en tanto aquí se introduzca una cuestión no sometida a la decisión del anterior tribunal, pues ello implica que éste no pudo analizarla. La parte que intente soslayar este confín debe realizar un esfuerzo de argumentación adicional que muestre la existencia de un error u omisión tal que permita eventualmente superar aquella frontera” (CNCCC, Sala II, causa nº 6989/2015/TO1/CNC1, “Prado, Franco s/recurso de casación”, reg. nº 965/2016, rta. 1/12/2016 –voto del juez Sarrabayrouse–), lo que no se corrobora en el caso.

Se pone de resalto entonces que la parte recurrente no ataca únicamente la fundamentación de la sentencia que considera defectuosa, sino los términos mismos de la conformidad que prestó junto al representante del Ministerio Público Fiscal.

Bastaría entonces con suscribir un acuerdo de juicio abreviado para asegurarse condiciones favorables mínimas, o una punición máxima, para luego utilizar el recurso como una herramienta para mejorar su situación –en virtud del principio de reformatio in peius–, privando a las partes acusadoras de su derecho a presentar su caso.

En consecuencia, los términos del recurso de casación presentado, en función del acuerdo previamente suscripto por esa misma parte, pone en tela de juicio, de modo serio, la defensa eficaz del encartado al momento de celebrarlo, así como también su debido asesoramiento.

Ello, necesariamente pone en duda el consentimiento pleno de aquél a la hora de firmar el acuerdo, ahora impugnado por su defensa, con lo cual, a la vista del recurso presentado, el juicio abreviado aparece como una privación ilegítima de su derecho al juicio.

Cabe recordar las palabras del Prof. Julio Maier, en punto a que “El juicio o procedimiento principal es, idealmente, el momento o período procesal en el cual el acusador y el acusado se enfrentan, a la manera del proceso de partes, en presencia de un equilibrio procesal manifiesto. Tanto es así que las facultades que son otorgadas a uno y otro son paralelas o, si se quiere, las otorgadas a uno resultan ser reflejo de las concedidas al otro: la acusación provoca la contestación del acusado; ambos pueden probar los extremos que invocan y controlar la prueba del contrario; ambos valoran las pruebas recibidas para indicar al tribunal el sentido en el que debe ejercer su poder de decisión. En su conformación ideal este procedimiento construye la verdad procesal por enfrentamiento de los diversos intereses y puntos de vista acerca del suceso histórico que constituye su objeto, mediante un debate en el cual se produce ese enfrentamiento, cuya síntesis está representada por la decisión (sentencia) de un tribunal tan imparcial como sea posible” (Derecho Procesal Penal, t. I, Fundamentos, p. 579, Ed. Del Puerto, Buenos Aires).

En igual sentido, es posible señalar que “el juicio oral corporiza, por su estructura contradictoria, recursos para hallar la verdad, que desaparecen en un procedimiento regido por acuerdos” (Schünemann, B., “¿Crisis del procedimiento penal?”, en “Jornadas sobre la Reforma del Derecho Penal en Alemania”, trad. a cargo de Silvina Bacigalupo, Nº 8, p. 56, publicado por el Consejo General del Poder Judicial de España, 1991), y que el juicio abreviado “consiste en un mecanismo de negociación entre dos de las partes del proceso penal –el fiscal con el imputado y su defensa que elimina el juicio tal como se encuentra estructurado en la ley procesal mediante el debate que lo concreta” (Bruzzone, G., “Acerca de la adecuación constitucional del juicio abreviado”, Cuadernos de doctrina y jurisprudencia penal, nº 8A, 1998, p. 577).

Según Maier, la idea central del juicio abreviado “gira en torno de la supresión del debate y, por ello de la defensa, es decir el derecho a ser oído y defendido de probar y controlar la prueba y de discutir el resultado del procedimiento” (Maier, Julio B. J., La ordenanza procesal penal alemana, su comentario y comparación con el sistema penal argentino, 1ª ed., Depalma, Buenos Aires, 1982, pp. 355/356).

De esta manera, el dictado de una sentencia de condena a partir de un acuerdo de partes, en lugar de que sea el resultado de un debate oral y público, representa una circunstancia relevante y sustantiva que indefectiblemente impacta en los estándares de admisibilidad del recurso y, por ello, también en los alcances de la revisión.

No puede soslayarse que la sentencia de condena que encuentra motivo en el procedimiento establecido en el artículo 431 bis del CPPN no es fruto de un caso o controversia entre una parte acusadora y la defensa, sino todo lo contrario: un pronunciamiento que, si bien debe contar con la fundamentación adecuada, así como también debe ser producto de un previo escrutinio del acuerdo arribado por las partes, pone fin a una etapa del proceso como derivación de la adopción de un resultado o de una consecuencia respecto del cual ambas partes han prestado conformidad.

De tal forma, el contradictorio y la controversia que reina en un debate aportan al proceso, naturalmente, una riqueza argumental que indefectiblemente se refleja en los términos de la sentencia que debe dar respuesta a todos y cada uno de los puntos relevantes y conducentes introducidos por las partes.

Tal circunstancia se encuentra ausente cuando se procede de acuerdo a lo establecido en el artículo 431 bis del CPPN, razón por la cual, en esos casos, no puede reclamarse a la sentencia los mismos estándares que en los casos en que se opta por la realización del juicio oral y público.

Es preciso tener en cuenta que “el tribunal, al momento de aceptar el acuerdo del juicio abreviado, pierde parte de la facultad para disponer del proceso en lo que respecta a la condena, la calificación, la participación que le cabe al imputado y la pena. Esta última, en tanto en cuanto al monto como al modo de cumplimiento de la misma” (Ribelli, Rocío y Ayersa, Dolores, Límites en el actuar de los jueces en el marco del instituto de juicio abreviado, Revista de Derecho Procesal Penal, en El juicio y la litigación oral, Tomo I, 2016, p. 4).

Estas actuaciones, necesariamente, deben ser atendidas con el escrutinio de una impugnación contra una condena que es el resultado directo de un acuerdo de partes, así como también respecto de sus estándares de revisión.

Ello, pues no puede dejarse de lado que todo argumento sometido a estudio de esta instancia casatoria nunca pudo haber sido previamente puesto a consideración del tribunal de juicio, el cual debe dictar una sentencia fundada, pero que no representa un instrumento que dirime un conflicto entre intereses antagónicos.

En este sentido, si el recurso de casación contra una sentencia de condena fruto de un acuerdo de juicio abreviado permitiera que simplemente esta Cámara hiciera prevalecer sus posturas por sobre las del tribunal de juicio, sin que previamente éste haya tenido que dar respuesta a pretensiones antagónicas de las partes, entonces se desvirtuaría el rol revisor de la Cámara de Casación, la que se convertiría en un segundo tribunal de juicio sin debate que debe dirimir agravios que son introducidos por primera vez ante esta instancia casatoria y así lo ha resuelto esta Cámara en múltiples pronunciamientos (Sala de Turno, causa nº CCC 9354/2018/TO1/2/RH1, “Schwarzman”, reg. nº ST 984/2018, rta. el 29/6/2018, entre muchos otros).

En definitiva, un cuestionamiento tan amplio e íntegro de una sentencia de condena, dictada de conformidad con el acuerdo presentado por las partes, en términos de la norma citada, no sólo excede el marco de revisión previsto legalmente, por las razones señaladas, sino que pone en crisis el asesoramiento del acusado y el consentimiento que prestó en función de aquél, lo que resulta imprescindible para legitimar un procedimiento de estas características –con prescindencia del debate y de sus alternativas–.

Por ello, corresponde declarar la nulidad del acuerdo de juicio abreviado celebrado respecto del imputado, anular la sentencia condenatoria, apartar al juez José Pérez Arias del conocimiento de las presentes actuaciones y remitir el caso al Tribunal de radicación para que otro magistrado continúe con la sustanciación del proceso, de conformidad con las reglas procesales establecidas en el artículo 354 del Código Procesal Penal de la Nación; sin costas (arts. 168, 172, 173, 474, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

Por lo expuesto, de conformidad con lo previsto en el art. 21 del Reglamento de esta Cámara –según Acordada no 11/2021–, RESUELVO:

DECLARAR la nulidad del acuerdo de juicio abreviado celebrado respecto del imputado M. G. L., ANULAR la sentencia condenatoria, APARTAR al juez José Pérez Arias del conocimiento de las presentes actuaciones y REMITIR el caso al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional nº 21 a fin de que otro magistrado continúe con la sustanciación del proceso, de conformidad con las reglas procesales establecidas en el artículo 354 del Código Procesal Penal de la Nación; sin costas (arts. 168, 172, 173, 474, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

Por intermedio de la Oficina Judicial de esta Cámara, regístrese, infórmese mediante oficio electrónico al tribunal correspondiente de lo aquí decidido, notifíquese, comuníquese (Acordada 15/13 CSJN; LEX 100), y remítase de acuerdo a las pautas sentadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. Acordada 27/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación). – Pablo Jantus (Prosec: Martin Petrazzini).

F., C. R. s/incendio u otros estragos

Dictado el procesamiento del incuso por resultar autor del delito previsto en el artículo 186 inciso 1º del Código Penal, habiendo éste procedido a la quema de pasturas en su propiedad con la finalidad de su renovación, tratándose de una actividad prohibida y generando un incendio que se expandió por fuera de aquella, recurre la defensa agraviándose en la falta de constancia de una “concientización” que se habría realizado entre los propietarios de la zona, y en que no se aportaron a su criterio pruebas que demuestren la relación entre su conducta y el incendio en el Parque Nacional Iberá, que es habitante y antiguo conocedor de la zona y su actividad y que difícilmente podría haber ocurrido el hecho denunciado, confirmándose lo resuelto mediante el rechazo del recurso de apelación interpuesto.

Corrientes, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés.

Visto: los autos caratulados “F., C. R. S/ Incendio u Otros Estragos (Art. 186 inc. 1 CP)” Expte. nº FCT 251/2023/CA1 del registro de esta Cámara, proveniente del Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes.

Y Considerando:

I. Que, ingresan las presentes actuaciones a esta Alzada, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la Defensa Particular que representa al imputado C. R. F., contra la resolución Nº 456 de fecha 21 de abril de 2023 en virtud de la cual el juez a quo resolvió, dictar auto de procesamiento con prisión preventiva, contra el nombrado, la que no se hará efectiva en razón de habérsele concedido la exención de prisión, por hallarlo “prima facie” autor responsable del delito previsto en el art. 186 inc. 1 del Código Penal, y trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $50.000.

Para así decidir, tuvo en consideración que, los elementos de convicción reunidos y detallados resultan suficientes para estimar que el hecho delictuoso investigado se ha cometido, y en consecuencia la conducta del imputado encuadra prima facie en la figura delictual en infracción al art. 186 inc. 1 del Código Penal.

En cuanto al aspecto objetivo, sostuvo que la denuncia formulada se pudo constatar que en el domicilio del Sr. F., cuando los agentes de Parques Nacionales en su recorrida observan la cortina de humo, y atento a lo manifestado oportunamente por el nombrado, que fue él quien dió la orden de quema con la finalidad de renovación de pastura, pese a las advertencias del personal idóneo, que se encontraban recorriendo la zona para la concientización de evitar las quemas con dicha intención, en razón de las inclemencias climáticas –viento y sequía­–, sumado además que tales prácticas se encuentran prohibidas.

En virtud de ello, afirmó que de la conducta del Sr. C. F. se observan circunstancias que suponen un vínculo causal con la cortina de humo observada en su vivienda, lo cual configura en este marco, la mínima base fáctica para considerar al nombrado, estrechamente ligado a la conducta atribuida, llevaba adelante sin tener en consideración las advertencias de los guarda parques, por lo que, la atribución de responsabilidad penal del imputado, se encuentra subsumida en la conducta descripta por el art. 186 inc. 1 del Código Penal, es decir, el que causare incendio, explosión o inundación, será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años, si hubiere peligro común para los bienes.

Por otra parte, afirmó que siendo un tipo doloso, corresponde establecer los aspectos cognitivos y volitivos de la conducta demostrada, toda vez que, el dolo es la voluntad realizadora del tipo, guiada por el conocimiento de los elementos del tipo objetivo necesarios para su configuración.

Asimismo, sostuvo que el imputado no pudo desconocer la existencia de la quemazón de pastura, toda vez que, de acuerdo a las pautas de la sana crítica racional, en el domicilio donde se residía el Sr. F. se halló la cortina de humo, lo que demuestra la intensión de la quema realizada, configurándose el elemento subjetivo del tipo en estudio, en consecuencia, es indudable que sabía que lo que estaba realizando.

Agregó que, la Ley Nacional Nº 26.562 establece los presupuestos mínimos de protección ambiental, para el control de actividades de todo el territorio nacional, y prohíbe toda actividad de quema no permitida por la autoridad local competente, la cual limita el desmalezamiento por medio del fuego.

Con relación con la figura tipificada en al art. 186 inc. 1 del CP, afirmó que, la doctrina considera que el peligro común, que requiere el tipo penal se trata de un peligro concreto, y que su consumación se produce cuando los bienes fueran puestos en peligro común de lesión, sin embargo, no se requiere la lesión efectiva o daño real, sino que basta con el peligro común de que ello ocurra, dado que lo que caracteriza la figura de incendio punible es la potencialidad expansiva incontrolada del fuego, en sí mismo no tiene limitabilidad, aunque sea dominable por otros medios.

Por otra parte, respecto a la prisión preventiva, refirió que la calificación legal atribuida, prevé una escala penal en abstracto que reprime el ilícito, tornando inexcarcelable la detención del imputado (art. 316, 2º párrafo CPPN), lo cual brinda la posibilidad de que el procesamiento que se dicta para resolver la situación legal lo sea con el carácter que reviste la prisión preventiva, teniendo presente que la medida cautelar tiene por finalidad resguardar los fines del proceso. No obstante ello, sostuvo que en razón de habérsele concedido la exención de prisión al imputado la medida impuesta no se hará efectiva la prisión preventiva.

Finalmente, en cuanto al embargo preventivo tuvo en cuenta los presupuestos establecidos por los arts. 518 y 533 CPPN, destacando que una de las finalidades de esta medida cautelar consiste en asegurar, al menos en esta clase de investigaciones, la posibilidad de una futura responsabilidad pecuniaria y las costas del proceso, como el pago de la tasa de justicia, y demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa, por lo que, atento a la naturaleza del delito imputado, fijó el monto en la suma de $ 50.000.

II. Ante tal decisión, la defensa se agravió porque no existe constancia de la recorrida de concientización que habrían realizado en la zona, los agentes de la Fundación Rewilding Argentina, los guardaparques de la provincia de Corrientes, y del Parque Nacional Iberá.

Refirió que, en el domicilio de su defendido, los agentes mencionados constataron la presencia de una cortina de humo, por lo que, consultaron al Sr. F. quien reconoció haber sido quien mandó a iniciar el fuego con fines de rebrote de pastos para ganadería.

Al respecto, alegó que no se indicó de que manera se realizó tal consulta, como se constató la identidad de su asistido, o bien si se labró un acta con presencia de testigos que permita atribuir la conducta típica asumida.

Se agravió, por inconsistencia existente entre las fechas en que presuntamente ocurrió el hecho, y las que figuran en los partes diarios de incendio, afirmando que, se intenta culpar a su defendido por un delito que no cometió.

Alegó que, no existe certeza de la fecha en que se recepcionó la denuncia efectuada por el Sr. R., en apariencia habría sido el día 17 de febrero de 2023, conforme el cargo obrante a fs. 9 vta., por lo que, las pruebas aportadas a fs. 1 y 2 no se refieren a la fecha que menciona el denunciante de que el Sr. F. había comenzado el supuesto incendio.

Por otra parte, afirmó que el parte de incendios de fs. 3 de fecha 06 de febrero de 2023, refiere a varios focos activos, pero lo cierto es que nunca se mencionó cuando culminó el fuego o si a la fecha de la denuncia seguía activo, a los fines de la estimación del supuesto daño que se le pretende atribuir a su asistido.

Se agravió porque, las pruebas aportadas no se condicen con el hecho atribuido, ya que en la extensión de campo que conforma el Parque Nacional Iberá, no hay referencias en las fotos ni pruebas que vinculen a su defendido.

Alegó que, la imputación efectuada por el Fiscal se basó exclusivamente en la denuncia formulada, sin que este acreditado que haya puesto en conocimiento a su defendido de la situación que le atribuye.

Agregó que, los anexos fotográficos no guardar relación con el hecho, atento a que carecen de referencias de latitud, longitud, coordenadas geográficas, tiempo, lugar, y testigos.

Señaló que, el Sr. F. no sabe leer ni escribir, es una persona que toda su vida vivió en el campo, y como tal sabe cuidar su casa perfectamente, por lo que, difícilmente se le haya podido ir de las manos el fuego como alega el denunciante.

Refirió que, su asistido permanece aislado, sin señal de teléfono, y no posee medios televisivos ni radiales como para enterarse de las noticias.

Finalmente, respecto al embargo solicitó que el mismo quede supeditado a la resolución de la presente apelación, a los fines de garantizar el derecho de defensa.

III. Al contestar la vista oportunamente conferida, el Fiscal General Subrogante ante esta Alzada no adhirió al recurso de apelación interpuesto por la defensa. Sostuvo que, la resolución puesta en crisis, cumple con los requisitos establecidos en los arts. 306, 308 y 123 del CPPN, y de la misma, surge claramente detallada la fecha, hora, lugar y demás circunstancias del hecho endilgado.

Refirió que, la presente causa se inició en fecha 7 de febrero de 2023, cuando el intendente del Parque Nacional Iberá en representación de la Administración de Parques Nacionales, Sr. D. R., puso en conocimiento que en fecha 13 de diciembre de 2022, agentes de la fundación Rewilding Argentina, guardaparques de la Provincia de Corrientes, y del Parque Nacional Iberá, realizaron una recorrida de visita a Pobladores del Paraje conocido como “Ñu Py” perteneciente al Departamento de Ituzaingó, Provincia de Corrientes, en jurisdicción del Parque Provincial Iberá, para concientizar sobre la prohibición de realizar quemas en el territorio provincial. Consecuentemente, al llegar a la propiedad del Sr. C. F. verificaron la presencia de una cortina de humo, por lo que, se le consultó al referido sobre esta circunstancia quien reconoció haber sido quien mandó a iniciar el fuego con fines de rebrote de pastos para ganadería, pero que lo iba a sofocar esa misma tarde.

Afirmó que, no obstante ello, el Sr. F. habría desoído las advertencias de los agentes al iniciar nuevos focos de ígneos dentro de la propiedad al día siguiente, lo cual producto de los vientos predominantes del sector norte originó que el fuego traspase sus límites e ingrese al Parque Nacional Iberá el día 21 de diciembre del 2022. De esta manera, este primer foco afectó una superficie de 1.5 hectáreas, sin perjuicio de que el mantenimiento de varios focos activos dentro de los esteros y bañados en jurisdicción provincial originaron sucesivos ingresos de nuevos focos al Parque Nacional Iberá, lo que quemó una superficie aproximada a la fecha de más de 6000 hectáreas en territorio Nacional y provincial.

Por otra parte, en cuanto a los perjuicios materiales, el denunciante manifestó que, a raíz del incendio se dañaron plataformas y pasarelas del área de uso público, del núcleo Carambola del Parque Nacional Iberá, lo que pone en riesgo varios kilómetros de alambrados y otras infraestructuras materiales.

Por todo ello, sostuvo que los elementos de convicción, reunidos y detallados precedentemente, resultan suficientes para estimar, con el grado de probabilidad requerido para esta etapa procesal, que el hecho investigado, relacionado a la provocación de un incendio, es decir el despliegue de una conducta idónea para generar el riesgo o peligro común, se ha cometido, sin tener consideración las advertencias de los guardaparques, compartiendo en consecuencia, la calificación legal atribuida al imputado en calidad de autor penalmente responsable prima facie en orden al presunto delito tipificado por el artículo 186 inc. 1) y 45 del Código Penal de la Nación.

IV. Que, la audiencia oral (art. 454 CPPN), fue celebrada el día 01 de septiembre de 2023, en modalidad virtual mediante el Sistema "Zoom" del Poder Judicial de la Nación. Que, en relación a las alegaciones de las partes efectuadas en dicha audiencia, por cuestiones de brevedad, corresponde remitirse al archivo digital [grabación audiovisual] incorporada debidamente a estas actuaciones a través del Sistema de Gestión Judicial Lex100.

V. Que, el recurso ha sido interpuesto tempestivamente, con expresa indicación de los motivos de agravio, y la resolución apelada (auto) es objetivamente impugnable por vía de apelación, por lo que, deben admitirse para su tratamiento (art. 444 del CPPN).

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la presente causa se inició por una denuncia de fecha 07 de febrero de 2023, formulada por el Intendente del Parque Nacional Iberá, de la cual surge que, el día 13 de diciembre de 2022, agentes de la fundación Rewilding Argentina, Policía Rural y guardaparques de la Policía de Rural de Corrientes, en conjunto con personal del Parque Nacional Iberá, realizaron una recorrida prevencional a pobladores de la zona para concientizar sobre la prohibición de realizar quemas en el territorio provincial, en concordancia con la Disposición Nº 83 de fecha 22 de septiembre de 2020, de la Dirección Provincial de Recursos Forestales de la provincia de Corrientes.

Que, en el marco de dicha recorrida se constató en la propiedad del imputado la presencia de una cortina de humo, respecto a la cual el Sr. F. reconoció haber sido quien inició el fuego con fines de rebrote de pastos para ganadería. No obstante ello, el nombrado habría desoído las advertencias de los agentes al iniciar al día siguiente (14 de diciembre de 2022), nuevos focos ígneos dentro de su propiedad, que producto de los vientos del sector norte, ocasionó que el fuego traspase sus límites e ingrese al Parque Nacional Iberá el día 21 de diciembre del 2022, afectándose una superficie de 1.5 hectáreas del área protegida.

A su vez, se mantuvieron varios focos activos dentro de los esteros y bañados en jurisdicción provincial que originaron sucesivos ingresos de nuevos focos al Parque Nacional Iberá, lo que generó la quema de una superficie aproximada de más de 6.000 hectáreas en territorio tanto nacional como provincial, y perjuicios materiales, de plataformas, pasarelas del área de uso público del núcleo Carambola del Parque Nacional Iberá, poniendo en riesgo varios kilómetros de alambrados y otras infraestructuras.

Ello es así, conforme surge de los partes diarios de incendios obrantes en autos (fs. 1/3), y si bien en el informe a fs. 3, confeccionado el día 06 de febrero de 2023, se advierte que se plasmó como fecha de inicio del incendio “13/12/2023”, se evidencia un mero error material en el año, siendo la fecha correcta el día 13 de diciembre de 2022, observándose hasta la fecha de realización de dicho informe (06/02/23), 55 días corridos de incendio, y una superficie afectada acumulada de 6.000 hectáreas durante ese periodo.

Ahora bien, en cuanto al accionar que se le atribuye al imputado, esto es, causar un incendio que ocasionó un peligro común para bienes ajenos, debe tenerse en cuenta que, para que se configure el tipo penal (art. 186 inc. 1 CP), el fuego debe ser considerado una forma de estrago, por ello debe tener una magnitud que pueda generar peligro común para los bienes ajenos o las personas. En ese sentido, la doctrina mayoritaria lo ha definido como “fuego peligroso” a aquel que adquiere una entidad tal que escapa al control del que lo generó.

A su vez, “…este tipo de delito estaría configurado aún en los casos en los que la cosa estaba destinada a arder, si como consecuencia de ello, se deriva un peligro común…” (Donna Edgardo Derecho Penal. Parte Especial. Tomo II­C. Ed. Rubinzal Culzoni 1a edición, Santa Fe, 2002, pág. 30). Ello es así, toda vez que, el límite del riesgo permitido es fácil de precisar en aquellas actividades peligrosas y regladas, como la conducta realizada por el imputado, ya que en el territorio de la provincia de Corrientes, la quema de pastos en zonas rurales con fines productivos, está prohibida por la Disposición Nº 83/20 citada anteriormente, por lo que, no es posible sostener que el Sr. F. no previó el peligro que podría desencadenar con su accionar, más aun considerando que, como lo refirió la defensa, se trata de una persona que toda su vida residió y trabajó en el campo, realizando dicha actividad riesgosa, y de difícil control humano.

Que, en este caso, el dolo del Sr. F. se sustenta en el conocimiento y la representación que tuvo, tanto de la naturaleza y aptitud destructiva del medio que empleó, es decir, el incendio que inició voluntariamente, como así también la voluntad de llevar a cabo la conducta a pesar de conocer que se trataba de un riesgo prohibido por la norma.

Por todo ello, en coincidencia con el juez a quo consideramos adecuada la calificación legal asignada prevista por el art. 186 inc. 1 CP, la cual consiste en este caso, en causar un incendio que ocasione un peligro común para los bienes ajenos.

Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa, y en consecuencia, confirmar el auto de procesamiento No456 de fecha 21 de abril de 2023, en todo lo que fuera materia de apelación.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, SE RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa, y en consecuencia, confirmar el auto de procesamiento No456 de fecha 21 de abril de 2023, en todo lo que fuera materia de apelación.

Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Secretaria de Comunicación y Gobierno Abierto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Cf. Acordada 05/19 de ese Tribunal), cúmplase con la carga en el sistema informático Lex 100 y devuélvanse las actuaciones a origen, sirviendo la presente de atenta nota de envío. – Mirta Gladis Sotelo. – Ramón Luis González. – Selva Angélica Spessot (Sec.: Nadya Aymara Moor).