Voz: Renuncia

A., J. Z. y otros c. C., M. M. s/ remoción de administrador.

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 26 días del mes de mayo de dos mil veinticinco, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “J”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados “A., J. Z. y otros c/ C., M. M. s/ remoción de administrador” respecto de la sentencia de fecha 18 de , el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: señor juez de Cámara, doctor Maximiliano L. Caia, señoras juezas de Cámara, doctoras Beatriz A. Verón y Gabriela M. Scolarici.

A la cuestión propuesta, el Dr. Maximiliano L. Caia dijo:

La sentencia recurrida admitió la demanda entablada por los Sres. J. Z. A., E. L. R. C. y A. F. C. contra M. M. C. y en consecuencia, condenó a este último a soportar las costas que implicara la tramitación de este proceso en el término de diez días.

Contra dicho pronunciamiento se alza la parte demandada.

El llamamiento de autos se encuentra firme, quedando de esta manera los presentes en estado de dictar sentencia.

I. Los antecedentes

Presentaré, resumidas, las posiciones sostenidas por los sujetos procesales intervinientes en la causa y las aristas dirimentes del conflicto suscitado que estimo útiles para su elucidación (CSJN, Fallos 228:279 y 243:563).

A fs. 514/77 se presentan J. Z. A., E. L. R. C. y A. F. C., promoviendo demanda contra M. M. C. por remoción del administrador/partidor del sucesorio del Sr. A. M. C., con pérdida de los honorarios como auxiliar del Juzgado.

Relatan, que el desempeño del administrador fue negligente, sin que haya llevado los activos a la cuenta, ni ha buscado reducir los pasivos, existiendo muchos períodos prescriptos, pero el Sr. C. no se ocupó de ello. Que, tampoco ha hecho actos de mantenimiento o de conservación, no ha pagado las tasas y contribuciones, ha permitido el ingreso de intrusos a los inmuebles desde hace años, mermando considerablemente el valor del acervo hereditario. Que, tampoco ha rendido cuentas en relación a sus funciones, ni en el expediente ni en forma privada, a pesar de haber sido requerido e intimado a tal efecto.

Enumera los bienes del acervo, en cuanto a campos, lotes y otros inmuebles, además de acciones de la empresa familiar Itatic S.A.I.I.C. e I., existiendo varios procesos en relación con deudas por esos bienes, además de la colación iniciada por una de las coherederas. Que, los bienes se encuentran en estado ruinoso y que a pesar de haberle sido solicitado por la Sra. A. por medio de carta documento tomar las medidas de conservación y seguridad, y haberle sido ello encomendado por el Juez interviniente, nada hizo el administrador/partidor. Que, tampoco se encargó de aclarar el motivo de la presencia de intrusos en locales y lotes, por lo que ellos solicitaron una constatación, de la que surgió que se encuentran ocupados por personas contratadas por la coheredera S. C., sin autorización de los demás coherederos y sin que tampoco ingresara las rentas al acervo. Que, C. le pidió a S. C. que rindiera cuentas, sin que luego activara los trámites para avanzar en la cuestión.

Destacan otra omisión del Sr. C. fue la no realización del Reglamento de Copropiedad de los lotes de la calle Magallanes, lo que provocaría su venta en block por un monto mucho menor, en caso de su subasta.

Dice, que el Sr. C. no activó las actuaciones administrativas necesarias para el reconocimiento de la prescripción de períodos en tasas y servicios de los inmuebles y tampoco buscó que los terceros ocupantes de esos lotes se hagan cargo de los pagos pertinentes, nunca se presentó en expedientes que fueran iniciados contra su padre o sus herederos, destacando también que hizo negociaciones inapropiadas con una de las partes, a través de la Dra. P., anterior letrada de los presentantes.

Efectúan una serie de consideraciones respecto a las conductas puntuales del administrador demandado –que relatan– y agregan que el mismo hizo un abandono de hecho de las funciones inherentes a su cargo.

A fs. 694 se presenta M. M. C. oponiendo al progreso de la acción la defensa de falta de legitimación para obrar activa, y contestando demanda.

Manifiesta respecto de los fondos que se le entregaran para abonar en la ejecución hipotecaria que se le había iniciado al causante, depositó el dinero, pero el juzgado interviniente se los restituyó por considerar que se trataba de cuestiones extrajudiciales.

Dice, que el único objetivo del presente proceso es no pagar sus honorarios como administrador y partidor.

Señala, que fue al partido de General Pueyrredón con un escribano inventariador sin que le adelantasen gasto alguno. Que, ocurrió lo mismo con el establecimiento rural que integra el acervo ya que debió llevar al mismo escribano y al síndico de la quiebra de uno de los coherederos. Que, también se apersonó en los otros inmuebles, que logró aunar las voluntades de los herederos y en forma permanente anotició de ello a los jueces. Que, todo lo construido por él cayó cuando la justicia penal hizo cesar la orden de comparendo para A. F. C., y éste regresó al país.

Indica, que no existe acuerdo alguno de honorarios, que los coherederos incumplieron con sus obligaciones, que no le acercaron los elementos necesarios para determinar el activo y el pasivo de los bienes de la herencia, tampoco designaron ingeniero agrónomo ni le acercaron la respuesta del heredero C. como para dar en locación los inmuebles. Que, dilataron la celebración de asambleas de la firma familiar, ya que solicitaba su cogestión.

Agrega, que siempre cumplió sus obligaciones como administrador del sucesorio y que nunca intentó hacer valer el porcentaje que los herederos le propusieron.

Sostiene, que desde que aceptó el cargo solicitó a los herederos la provisión de los fondos para atender las deudas, pero nunca se los proporcionaron y que, en cuanto a la rendición de cuentas, jamás recibió fondo alguno objeto de rendir cuentas y que tampoco fue intimado a ello, por lo que puede presumirse que se lo ha autorizado a no presentarlas.

II. La decisión recurrida

Para decidir del modo en que lo hizo, la sentenciante de grado destacó que, en pleno trámite de esta acción, el Dr. C. demandado en esta litis, renunció a sus funciones como administrador-partidor en el sucesorio de A. M. C., cargo para el que había sido designado. Que, la renuncia no fue planteada como un allanamiento formal, ya que no se cumplen los requisitos indispensables a tal fin, con lo que tampoco conlleva los efectos procesales que ello implica. Que, restaba dilucidar si, de no haber renunciado el emplazado, se hubiese admitido la petición que iniciara estos obrados. Valoró, que se han tramitado varias causas en este y en otros fueros, como así también en sede represiva; que estos expedientes forman un cúmulo muy importante de trabajo judicial pero no todas ellas tienen una influencia determinante a tales efectos; que el denominador común entre toda esta maraña de expedientes es, además de la actitud notablemente antagónica entre las partes, también resulta notoria la falta de soluciones a los problemas concretos que se plantearan. Que, no se discute aquí la existencia de derechos y/o deberes en litigio, activos y pasivos que componen el patrimonio en herencia y que no fueron objeto de la debida y completa atención por parte del responsable, de la persona a quien la Justicia designó para encarar el saneamiento del acervo sucesorio: el administrador judicial. Encuadró la figura del administrador y consideró que de la difícil lectura de estos obrados, de todos los traídos “ad effectum videndi” a esta sede, así como de la prueba colectada, no puede establecerse que tales obligaciones se hayan cumplido por parte del aquí accionado Dr. C. Que, si bien se han producido en este trámite varias pruebas que no parecen tener relación alguna con la cuestión que aquí se ventila, y con el examen limitado que merece el objetivo ya referenciado en párrafos anteriores en cuanto a la situación en esta litis, resulta cierto que no se ha cuidado el activo del acervo por medio de las más básicas conductas de control, previsión, orden y protección que aparecían como notablemente necesarias en la especie. Que, ningún cuidado se ha visto aquí por parte del administrador en la medida que resultaba necesario en el caso del particular patrimonio de esta puntual sucesión. Que, existen a modo de ejemplo lotes intrusados desde hace tiempo, lo que podría permitir eventualmente un cambio en su situación dominial, con el consiguiente y grave perjuicio para la masa hereditaria; locales comerciales ocupados por desconocidos (al menos para los aquí reclamantes), respecto de los cuales se ha omitido transparentar su situación jurídica, lo que también implica una pérdida de valor de renta y de eventual venta, perjudicando la importancia de la herencia; inmuebles que se encuentran en estado calamitoso, fruto del abandono negligente durante un tiempo muy prolongado, por lo que su valor se ha visto afectado en forma importante, sin que se precisen tasaciones detalladas respecto de cada inmueble “antes y después”, ya que ello surge de la sola aplicación del sentido común. Que, tampoco se ha reducido el pasivo que carga el acervo, mediante las acciones que se encontraban al alcance del funcionario designado, que tampoco activó todos los engranajes y recursos a su disposición a tales fines, cuando sólo debía aplicar tales herramientas para una mejor conservación de los bienes y de los derechos litigiosos, lo que tampoco se cumplió. Indicó, que en repetidas oportunidades en estos expedientes se argumentó sobre la falta de dinero, la ausencia de aportes de los coherederos para que el administrador pudiera sanear los pasivos, lo cierto es que el mentado funcionario hubiera podido usar su creatividad, así como la valiosa estructura que lo respalda y un rato de serio trabajo puntual y organizado, para sortear tal obstáculo, y luego recuperar sus posibles gastos en el momento procesal oportuno. Sostuvo, que resulta definitoria la ausencia de la presentación de rendición de cuentas, ni antes ni después de la mencionada como “renuncia” por parte del demandado. Que, no puede en modo alguno considerarse como serio el argumento expuesto por el demandado, en cuanto a que habría entendido que los coherederos no necesitaban del trámite imprescindible de la rendición de cuentas y por tanto no las presentó, sobre todo porque no le dieron dinero para cumplir con sus funciones. Que, se le solicitó la rendición de cuentas precisamente por carta documento que le enviara la viuda de C., Sra. A., a lo que el administrador no respondió y tampoco presentó la que le fuera requerida, lo cual configura como una de las principales obligaciones a cargo del funcionario.

III. El recurso

Se agravia la parte demandada en su pieza de fecha 13/12/25. Señala, que la resolución prescinde de las circunstancias concretas del caso; omite una adecuada exegesis de las normas invocadas y se basa en pautas de excesiva latitud, todo lo cual redunda en menoscabo de la adecuada fundamentación exigible a los fallos judiciales, y lesiona el derecho de la defensa en juicio. Dice, que la arbitrariedad se verifica en la falta de conocimiento por parte de la sentenciante sobre la totalidad del expediente, especialmente, en la falta de los elementos traídos a él, pues, en el proceso sucesorio que dio causa al proceso que nos ocupa, la cónyuge supérstite del sucesorio objeto de las presentes actuaciones, en conjunto con su letrado, hijo y heredero, el Dr. Alberto Federico C., solicitaron en 8 oportunidades mi remoción, las cuales fueron en su totalidad rechazadas. Que, sobre todo aquello se había planteado y probado y resuelto siendo cosa juzgada. Que, la resolución se aparta de la realidad de los hechos y sucesos ocurridos durante su actividad como administrador y partidor del expediente sucesorio. Que, no puede existir remoción cuando ya no era el administrador, conforme su renuncia de fecha 6 de agosto de 2012 y asimismo, se debería haber juzgado su conducta desde el 30/06/2008 hasta el 09/03/2009, por lo cual, el proceso nunca fue conducido adecuadamente, en atención a que solamente debería haber resuelto sobre mi actuación en esos 9 meses, no haber ordenado la producción de pruebas innecesarias, e inoficiosas, como por ejemplo, la pericia caligráfica sobre un documento con mi firma, cuando expresamente reconocí que yo había suscripto el mencionado, lo cual implicaba mi aceptación de haber recibido una suma dineraria que no correspondía a la sucesión estrictamente, pues era de la persona jurídica ITATIC S.A., y por ello dichos fondos los deposite en un expediente en que intervenía la mencionada sociedad. Que, la jueza en su sentencia se queja de que en el proceso se produjo prueba innecesaria fue la que rechazo el planteo de innecesaridad probatoria y nulidad procesal, con el consiguiente costo en tiempo y dinero. Se alza, pues existe falta de congruencia entre las pruebas existentes en el expediente y la sentencia. Sostiene, que en el marco del presente expediente, y aquellos vinculados a este, se da por probado en diversas actuaciones presentadas por esta parte, el adecuado desempeño de su actividad respecto de las funciones asignadas en el sucesorio las cuales refrenda remitiendo a ciertas presentaciones efectuadas en las actuaciones. Que, de las reuniones celebradas con los coherederos se demuestra acabadamente que se ejercieron los actos de administración en forma adecuada y conforme a derecho, e incluso, como resultado de su obrar eficiente como administrador, los coherederos de común acuerdo me designaron como partidor. Que, se realizó acta de inventario sobre los bienes del acervo hereditario, las cuales fueron presentadas en el marco del expediente Nº 10.470/2004 sobres/ incidente de administración. Que, conforme presentacion de fecha 12/12/2007, en el marco del expediente sucesorio, se informó a los coherederos el estado de deudas de impuestos y servicios, solicitando se intime a los herederos a depositar dicha suma en la cuenta del juzgado, a los fines de cancelar las deudas, actividad por parte de los mismos que nunca fue desarrollada. Indica, que la función del administrador no es financiar a los coherederos frente a las obligaciones dinerarias del acervo, ni tampoco el administrador es un interventor para retener sumas de dinero de los frutos del acervo. Que, nunca en el proceso se generó un flujo de dinero que permita efectuar un balance contable de ingresos y egresos del sucesorio. Que, no existe constancias en el expediente de depósitos efectuados por los coherederos en la cuenta judicial de autos, solamente existen constancias de gastos efectuados por su persona y nunca reintegrados.

Con fecha 04/02/25 la parte actora contesta el traslado conferido.

IV. La solución

a) En lo que atañe a la alegada arbitrariedad del decisorio que sostiene la parte demandada, es dable recordar que resulta improcedente si se funda en una mera discrepancia del recurrente con la apreciación de los hechos y la interpretación de la prueba efectuada por los jueces de grado, toda vez que la procedencia de la impugnación requiere la enunciación concreta de las pruebas omitidas y su pertinencia para alterar la decisión de la causa.

Nuestro máximo Tribunal ha señalado al respecto: “La doctrina de la arbitrariedad reviste carácter excepcional y su aplicación no tiene por objeto corregir en tercera instancia pronunciamientos equivocados o que el recurrente considera como tales, ni cubre las discrepancias planteadas respecto de la valoración y selección de la pruebas efectuadas por el Tribunal de la causa, ni autoriza a suplir el criterio de los jueces en cuestiones que, por su naturaleza le son propias si la sentencia expone argumentos suficientes que bastan para sustentarla” (CS, noviembre 271979, “Poblet S.M. c/ Colegio San José Obrero”, ídem junio 5- 1980, “Knaus, Silverio c/ Kilstein, Leonardo”; ídem junio 24-1980, “Moyano, Juan C.”, ídem julio 22- 1980, “MoisGhami SA” RED. 14, página 893, sum. 416). (CNCiv., Sala “H”, “Lucero SA c/ López Vidal s/ prescripción adquisitiva”. R. 494841, 03/09/2008).

Por otra parte, ha sostenido nuestro Máximo Tribunal que la tacha de arbitrariedad no debe encubrir las discrepancias del apelante en lo referente a la apreciación y selección de la prueba, más cuando es un remedio estrictamente excepcional y de su exclusivo resorte (C.S., mayo 11-976, E.D., 64-407) (conf. CNCiv, Sala J, Expte. Nº 67983/2015 “Aguilar Teresa del Valle c/ Coto C.I.C.S.A y otro s/ daños y perjuicios” del 30/5/2020; íd, Expte. Nº13309/2008 “Ortega Maidana elva Ramona c/ Maldonado Demetrio y otros s/ daños y perjuicios del 6/8/2020; íd. Expte.66350/2014 “Trasmonte, Sergio Ariel c/Fernandez, Norma Alejandra y otro s/daños y perjuicios; íd. Expte. 26585/2015 “Bocos, Daniel Edgardo c/ Aleman Díaz, Alejandro y otro s/daños y perjuicios” del 28/6/2010; íd. íd. esta Sala, Expte. Nº64.216/2014 “Cabrera, Eduardo Alberto c/ Benitez, Jorge Epifanio y otro s/daños y perjuicios” del 2/9/2024).

Por ello, no encontrando elemento alguno que permita vislumbrar que el pronunciamiento de grado este dotado de tal arbitrariedad cabe desestimar este reproche (conf. CNCiv, Sala J, Expte. 26585/2015 “Bocos, Daniel Edgardo c/ Aleman Díaz, Alejandro y otro s/ daños y perjuicios” del 28/6/20; íd. Exp. Nº 23.710/2010, “Casanovas, César Ignacio y otro c/ Bravo, Mercedes Carmen y otros s/ Daños y perjuicios” del 24/9/2021; íd. íd. esta Sala, Expte. nº 60.188/2021 “Davanzo, Sebastian Victor c/ Fervenza Vogelsang, Federico Miguel Antono s/daños y perjuicios”, del 26/6/2024).

b) Luego, seguiré a la parte recurrente en las alegaciones que sean conducentes para decidir este conflicto (conf. CSJN Fallos:258:304, entre otros) pues recuerdo que como todas las pruebas no tienen el mismo peso, me apoyaré en las que resulten apropiadas para resolver el caso (conf. CSJN, Fallos:274:113) las que produzcan mayor convicción en concordancia con los demás elementos de mérito de la causa.

Se considerarán, entonces, los hechos “jurídicamente relevantes” (Aragoneses Alonso, Pedro, Proceso y Derecho Procesal); o “singularmente trascendentes” (Calamandrei, Piero, La génesis lógica de la sentencia civil).

Entrando al análisis de los agravios vertidos por el emplazado, recuerdo que el artículo 714 del Código Procesal contempla tanto la sustitución como la remoción o suspensión del administrador indicando que “la remoción se sustanciará por el trámite de los incidentes”.

En efecto, se ha sostenido que el artículo 714 del Código Procesal, que prevé la posibilidad de remover al administrador de la sucesión, determina dos supuestos para su procedencia. El primer supuesto se configura cuando, por unanimidad, los herederos decidieran el reemplazo del administrador; mientras que el segundo supuesto tiene lugar cuando la actuación del administrador implique un importante mal desempeño en el cargo (MEDINA, G., “Proceso Sucesorio”, Tomo II, p. 96, Ed. Rubinzal Culzoni, 3ra. ed.).

Es decir, a tenor del texto legal referido y su remisión, puede distinguirse entre remoción con o sin motivo (ver Goyena Copello, Héctor R., obra citada, págs.212/214) (esta Sala Expte.83764/2015 “Silvestre, Luis Alberto s/sucesión testamentaria”, del 17/6/2021”).

De la pieza liminar se desprende que el desplazamiento del administrador es requerido insistentemente por una parte de los herederos declarados del causante, motivados por el mal desempeño que le atribuyen en su función a partir de diversos incumplimientos que enumeran no sólo en la pieza inaugural de estas actuaciones sino también en diversos pasajes del trámite sucesorio.

c) Es menester señalar que, como señaló la anterior sentenciante, en pleno trámite de esta acción el Dr. C. renunció a sus funciones como administrador/partidor en el sucesorio de A. M. C.

En modo alguno puede considerarse que ello pudo haber sido considerado –como desarrolló la Sra. Jueza de grado– un allanamiento, sino antes bien, el apartamiento voluntario del profesional al cargo al que fue designado con fundamento en las razones que expuso. A todo evento, debe decirse, hubiese tornado aplicable al caso la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según la cual el tribunal debe atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque sean sobrevinientes, merced a que sólo puede conocer en juicio ejerciendo sus atribuciones jurisdiccionales cuando se somete a su consideración un caso concreto y no una cuestión abstracta, como así también que para el ejercicio de la jurisdicción ante la Corte, tanto originaria como apelada, es necesario que la controversia que se intente traer a su conocimiento no se reduzca a una cuestión abstracta, como sería la que pudiera plantear quien ya carece de interés económico o jurídico susceptible de ser eficazmente tutelado por el pronunciamiento a dictarse (CSJN. Fallos 216:147; 243:145; 244:298; 259:76; 267:499; 308:1087; 318:2438; 318:2040, entre muchos).

Lo expuesto conduce a que la cuestión objeto del recurso, de no ser por sus implicancias, se hubiese vuelto abstracta “ya que para el dictado de una sentencia sobre el mérito de la misma es menester que exista una efectiva colisión y que el proceso sea necesario para dirimirla, presupuesto que debe estar presente no sólo en el inicio, sino además, durante todo el desarrollo del proceso … de allí, entonces, que se halla sentado reiteradamente que los pronunciamientos abstractos están vedados a los tribunales de justicia, pues hay ausencia de los requisitos jurisdiccionales allí donde no existe una discusión real entre el actor y el demandado, ya porque el juicio es ficticio desde un comienzo, o porque a raíz de acontecimientos subsiguientes se extinguió la controversia, o cesado de existir la causa de la acción…” (Azpelicueta, Juan J. – Tessone, Alberto, “La Alzada. Poderes y deberes”, págs. 65 y 66, Ed. Platense, 1993) (esta Sala “Díaz, María Eugenia c/ Sánchez, A. s/ denuncia por violencia familiar, del 8/2/2022).

Es decir, al resistir los accionantes los efectos que el administrador pretendió asignarle a su renuncia, claramente expusieron que así se eludiría su propósito mediato.

Me explico. De atenernos al propósito inmediato de la pretensión sin dudarlo esta debería haber sido la solución –agrego que así debió haber acontecido muchos antes en el tiempo a partir de los avatares del proceso propiciado por sus propios intervinientes–, sin embargo en lo mediato también perseguían establecer como causal de remoción su mal desempeño con pérdida de honorarios y, en el entendimiento de los pretensores, dejar sentadas las bases para un futuro reclamo resarcitorio por los daños y perjuicios que dicen provocados por la deficiente actuación del administrador.

Pues bien, en contestación de fs.941/952 los actores refieren que los incumplimientos que le achacan y las causales de remoción invocadas, de ser probadas, “…darían lugar a los daños y perjuicios, y es por ello que se hizo formal reserva de reclamarlos…”.

Desde ese piso de marcha, la mentada “reserva” mal puede ser entendida como una pretensión actual integrante de su acción, sino que anticipan el eventual ejercicio de un derecho y por lo tanto mal puede considerarse su conocimiento en autos. De más está decir, que los derechos no se reservan sino que se ejercen. Va de suyo, que con el traslado de demanda y su contestación quedó cerrado el ciclo de los actos introductorios de la instancia. A partir de ese momento, quedaron fundadas las respectivas posiciones que han adoptado el actor en la demanda y el accionado en la contestación y sobre las cuales el Juez deberá expedirse estableciéndose el “thema decidendum”, y fijando los hechos que deben ser objeto de prueba porque han sido discutidos, negados o controvertidos y tiene injerencia en la carga de la prueba (conf. Carli, Carlo, “La demanda civil”, ed. 1971 fs. 246, ap. d), Palacio Lino Enrique, “Manual de Derecho Procesal Civil”, T. I., fs. 432 y sigs.). Entre los que, claro está, en este caso, no se incluye el reclamo de daños y perjuicios.

d) La otra razón de su resistencia radica en la pérdida de honorarios al administrador en caso de demostrarse razones que justifiquen su apartamiento por mal desempeño.

Pues bien, maguer la valoración que corresponda formular sobre la oficiosidad de su actuación en la etapa pertinente, a fin de satisfacer el interés de los reclamantes en aras de evitar mayor dispendio jurisdiccional, adelanto que propondré la revocación de la solución traída a conocimiento de este Tribunal.

Es que, si bien comparto con la anterior Magistrada la función asignada al administrador, así como la necesidad que los actos de conservación y manutención del haber relicto se lleven adelante de modo claro y rápido para que la indivisión forzosa en la que se hallan los bienes en la comunidad hereditaria exista sólo por un breve período; lo cierto es que mal puede endilgase exclusivamente su inobservancia al administrador sobre quien ha caído el cuestionamiento y no hacerlo extensivo a los verdaderos protagonistas del sucesorio. Disiento con la sentenciante de grado que la lectura de estos obrados y de los traídos “ad effectum videndi” a esta sede resulte difícil, pues su examen arroja con claridad prístina que difícilmente pueda superarse el estado de indivisión hereditaria cuando los herederos no contribuyen con sus diferencias, que decididamente se traducen en presentaciones judiciales contradictorias y controversiales (a punto tal de haberse solicitado la apertura del concurso preventivo del patrimonio del causante -v.fs.1232/1235), a la formación de las hijuelas para formular una propuesta particionaria.

Ello pues, a no dudarlo, el administrador es un mandatario que actúa en nombre y representación de los herederos (conf. COLOMBO – KIPER, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación to. VI, La Ley, p. 545).

Y digo esto, pues los accionantes al contestar la renuncia del administrador señalan que “…a los fines de precisar el período de juzgamiento abarca desde el día 5 de diciembre de 2003 hasta el día 12 de agosto de 2009…”.

Puntualizo este aspecto que proponen los herederos que motorizan la remoción, pues durante ese lapso emerge un hito que amerita conocerse pues provoca un quiebre en la relación.

En efecto, hasta la presentación del documento “Instruyen al Administrador Partidor” del 11 de octubre de 2006 el cual fue incorporado y proveído el 30 de noviembre de 2006 debe decirse que no hubo de parte de los aquí reclamantes objeción alguna a la función encomendada al Dr. C. sino que, antes bien, se le ampliaron funciones ya que a la originariamente asignadas –administrador– le fueron sumadas las de partidor por acuerdo de voluntades de los propios herederos. Sin embargo, la pieza en cuestión obrante a fs. 815 suscitó el quiebre de la relación con el Dr. C. ya que a partir de ese momento su actuación fue severa y constantemente interpelada por los herederos quienes propiciaron incansablemente, con o sin razón, su suspensión en funciones y, oportunamente, su remoción.

Sin que sea menester ahondar en dicha presentación para dirimir la contienda, tan sólo indicaré que se trataban de instrucciones que la mayoría de los herederos –salvo P. C. quien luego prestó su conformidad– algunos por sí y otros representados por sus apoderados, y que lo facultaban para cancelar las deudas que pesaban sobre los bienes del sucesorio y entregar a cambio bienes suficientes del acervo. De más está decir, que ello fue luego cuestionado por los aquí reclamantes –más S. C.–, quienes reprocharon conductas del Dr. C. a quien endilgan no haber atendido otra propuesta de negociación con otro interesado que reportaría ingresos al sucesorio para afrontar las deudas del sucesorio.

Tanto fue así, que los herederos impugnantes formularon denuncia penal contra el administrador (expte.69.577/2006) por la cual fue sobreseído en primera instancia y confirmado por Cámara el 22 de agosto de 2007, resolución de la que vale destacar “…la normativa (aludiendo al art. 712 del CPCCN y arts. 3390, 3993 del CC) es sumamente clara en cuanto a que el administrador judicial no puede constituir hipotecas u otros derechos reales y lo que resulta más importante aún, vender inmueble sin autorización judicial…”. En pocas palabras, y más allá del sobreseimiento, lo cierto es que el administrador, reitero, es un representante de los herederos.

En efecto, dentro del proceso sucesorio los códigos de procedimiento han dedicado preceptos expresos a la administración de la comunidad hereditaria por parte de los sucesores. Debe partirse, en el estudio de la ley adjetiva, de la directiva básica del art. 3451. Es ésta que, en principio, la administración corresponde a todos los coherederos tales obrando unánimemente. Ello significa que, aun cuando exista un administrador designado en el proceso, siguen siendo todos los herederos los que actúan en interés de la comunidad. El administrador designado o propuesto al juez por aquéllos es, como dice Rébora, un representante con facultades generales a través del cual “la acción de los sucesores queda unificad en la acción del administrador” (conf. ZANONNI, Derecho de las Sucesiones to. 1, La Ley, p. 612 y sgtes.).

No puedo más que coincidir con la sentenciante de la anterior instancia en que en este trámite se han producido varias pruebas que no parecen tener relación alguna con la cuestión que aquí se ventila, y con el examen limitado que merece el objetivo en cuanto a la situación en esta litis.

De tal guisa, para que proceda la remoción del administrador es necesario que existan causas graves y, fundamentalmente que se traduzcan en un perjuicio concreto que importe un serio menoscabo para los bienes administrados, lo cual debe hallarse prima facie acreditado para tornar viable el pretendido reemplazo (Medina, Graciela, Proceso Sucesorio, editorial Rubinzal Culzoni, 3º ed., t. II, p. 96) (cfr. sala H, Expte. 29621/2007 “M., A. s /sucesion ab-intestato”, de mayo de 2022; Sala D, Expte.25707/2014 “R., J. y otro s/sucesion testamentaria / ab intestato”, del 2023).

Sin embargo, en autos, nada de ello ha sido probado. Por el contrario, la anterior sentenciante alude de modo genérico a la falta de creatividad del administrador para la generación de rentas en procura de afrontar las deudas del sucesorio como así también aludir de modo impreciso la situación jurídica de los inmuebles que conforman el patrimonio relicto. Empero, no se prueba que ello hubiese sido motivado por el maldesempeño del administrador o que éste, fruto de su desidia, negligencia o impericia, hubiese provocado o agravado las situaciones que se denuncia.

Es decir, ningún elemento se aporta –no surge de las probanzas de la causa o del sucesorio– que ello se hubiese debido a la gestión de la administración sea por acción u omisión. Por el contrario, la anterior Magistrada desatiende las discrepancias suscitadas entre los herederos que se han profundizado –a tenor de los que arroja el estudio de las causas– con posterioridad a las divergencias respecto de las propuestas acercadas por C. para sanear el pasivo del sucesorio, ignorando –según postulan–, otra más conveniente gestionada por algunos herederos. Sin embargo, ello, per se, resulta inidóneo para justificar su apartamiento más aun cuando nada impedía que formulen su propuesta en la causa para ser valorada por la Juez a cargo del sucesorio ya que, como se dijo, el administrador es un mero representante de los herederos. Es más, tampoco repara la anterior sentenciante que parte de los bienes que integran el acervo hereditario –sobre la calle Magallanes– eran administrados por S. C. y otro utilizado por Estela C. –v. presentación de fs.1 298 y documentación adjunta–; que en el caso del inmueble sito en Mar del Plata el 50% integra el caudal relicto y que los propios demandantes efectuaron las reparaciones denunciando los gastos que las mismas le insumieron como los de conservación, más aun es la cónyuge supérstite quien admite que en los últimos años el bien fue utilizado durante los meses de verano alternadamente por los miembros de la familia; así como tampoco que la intrusión del inmueble sito en avenida Calchaquí se hallaba bajo investigación (IPP 261.876 que los demandantes denuncian). Otro tanto acontece con las acciones de la empresa “Itatic” que integran el acervo hereditario, pues más allá de las ausencias denunciadas del administrador a las asambleas convocadas, no puede perderse de vista la composición de la masa accionaria, sus titulares –aquí herederos– quienes presentes en esos actos adoptaron conductas que mal pueden serles achacadas al administrador, no obstante destacar la cuestión introducida a fs.1892/1898 acerca la distribución del paquete accionario. De todo ello se desprende, que la situación del conjunto de bienes que integran el haber relicto sino precedía la intervención del administrador tampoco fue alertada ya que, debe decirse, la conformación del patrimonio sucesorio es bien conocida por los herederos según se desprende del tenor de sus presentaciones y su vinculación con los bienes. Es decir, que no se ha demostrado que desde su intervención en este sucesorio como administrador la situación de los bienes se hubiese agravado o provocado un deterioro significativo en los bienes que habilitase su remoción. Ello no obstante las divergencias existentes entre los propios herederos que reflejan las actuaciones –incluso en la designación de quien ejerce en la actualidad la administración– y entre ellos y el administrador evidenciando ello la inexistencia de motivos válidos que ameriten su continuidad en la administración, a la que puso fin con su renuncia.

e) Es decir, que hasta el mes de octubre de 2006 el administrador gozaba de confianza y credibilidad de los herederos hasta el desaire que éstos le achacan a la propuesta que le acercaron y aquélla por el gestada que mereció su rechazo resultando ello el detonante de los reiterados planteos de remoción.

De tal guisa, se desprende que la permanencia en el estado de indivisión se debe, a no dudarlo, a las diferencias y divergencias existentes entre los herederos y no de modo exclusivo a la gestión del administrador como propone la anterior magistrada en la sentencia en revisión. Como se dijo, no se ha probado en autos, por lo demás, que su actuación hubiese generado daño a los herederos o los bienes que componen la masa hereditaria. Como ya ha sido expuesto en el sucesorio con anterioridad el Administrador no reemplaza la voluntad de los herederos, sino que se trata de una actuación que debe amalgamarse y, en el caso, a la vista del trámite del sucesorio no ha ocurrido.

Al respecto se sostiene que para que se configure el mal desempeño en el cargo a que se refiere el art. 714 del Código Procesal, para remover al administrador debe mediar actos de grave inconducta que importen un serio peligro para los bienes administrados (CNCiv. Sala G., 29/4/83, 1983-C512). Lo cual no se configura en el supuesto en estudio (conf. CNCiv. Sala F Extpte. 68476/2021 “Llobenes, María Antonia Leticia s /sucesión abintestato” del 15/02/2024).

Tampoco cabe ameritar la cuestión –no valorada como argumento por la sentenciante de grado– de la rendición de cuentas pues maguer su obligación lo cierto es que no ha existido reclamo al respecto no sin señalar que desde su designación y hasta el hito ya señalado del 2006 la conformidad con su actuación se desprende del modo en que trasuntaba la relación. Es que, no basta la sola omisión de la rendición de cuentas sin lo herederos no lo han intimado a hacerlo (conf. PÉREZ LASALA, Tratado de Sucesiones to. I, La Ley, p. 641). Reitero, no se trata de una dispensa sino que aun siendo una obligación del administrador para que pueda ser valorada como causal de mal desempeño debe ser interpelado por alguno de los herederos y debe incluirse en la intimación el percibimiento de revocación del cargo (conf. MEDINA, Graciela, Proceso Sucerosio to. II, Ed. Rubinzal Culzoni, p. 123). En el caso sometido a estudio, los propios demandantes aluden que su exigencia se patentizó a partir de su pedido de remoción de diciembre de 2006, respaldando el análisis hasta ahora efectuado sobre el vínculo herederos/administrador hasta esa fecha. Por lo demás, más allá del pedido formalizado lo cierto es que el demandado a fs.968/973 formula su descargo al respecto aludiendo –no obstante la ausencia de ingresos– a presentaciones efectuadas dando cuenta de su gestión la cual fue efectuada el 20/12/2006 y recién el 24 de mayo de 2007 se tuvo por contestado sin que se hubiera efectuado examen de la cuestión (de las constancias del sucesorio se desprende que se hallaba fuera del Tribunal en pase al juzgado de Instrucción desde diciembre de 2006); y presentación posterior del 12 de diciembre de 2007 (fs.1446) dando cuenta sobre deudas de impuestos y servicios y requiriendo fondos para solventarlos el cual fue reservado en Secretaria para sólo ser tenido presente el 30 de junio de 2008 al ser devueltas las actuaciones de Cámara. Es decir, frente a los requerimientos existieron respuestas del administrador, las cuales no han sido sustanciadas menos valoradas, lo que se desecha el abandono de la función que se argumenta. Así las cosas, reitero, la remoción es excepcional y se funda en causas graves que se traduzcan en un perjuicio serio para los bienes administrados (conf. AREÁN, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación to. 13, Hammurabi, p. 749).

En fin, atendiendo al trámite del sucesorio, incidentes de administración, expedientes promovidos en sede represiva, no puede más que concluirse que las razones en que se sustenta la procedencia de la acción no hallan cobijo en el deficiente e insustancial material probatorio reunido en autos para demostrar el mal desempeño que se atribuye al administrador designado –luego propuesto partidor–, ya que para ello eran menester motivaciones justificadas que coloquen en serio riesgo al destino final de los bienes que se le han confiado (conf. MEDINA, ob. cit. p. 123); extremo que no ha sido cumplido.

Por lo tanto, sin perjuicio de las acciones que se consideren con derecho a promover; lo que corresponda decidir en el trámite sucesorio acerca de la culminación de su ciclo como administrador; y de la pertinencia, extensión y valoración de su tarea en oportunidad de ser solicitada eventualmente regulación de honorarios, propongo receptar las quejas y revocar la sentencia bajo examen.

f) Con respecto a las costas, cabe recordar que son las erogaciones que necesariamente deben hacer los sujetos del proceso, para obtener la actuación de la ley mediante la resolución judicial que pretenden (Podetti, Tratado de los actos procesales, Pág. 111), siendo principio general en la materia que el objetivamente derrotado debe resarcir íntegramente las mismas al vencedor (Conf. Morello, “Cód. Procesal Comentado y Anotado”, Tomo II, pág. 363. Ed. Abeledo Perrot).

De tal modo, no constituyen una suerte de castigo para el vencido, sino una forma de resarcir las erogaciones en las que debió incurrir aquel que se vio constreñido a iniciar una acción judicial a fin de lograr el reconocimiento de su derecho. Ahora bien, el principio así esbozado no resulta ser absoluto ya que en el segundo párrafo de la citada norma del ritual aquel se ve atenuado al autorizar a los jueces a que, enmarcados en un prudente arbitrio, ponderando cada caso en particular y siempre que resulte justificada tal exención, prescindan de su aplicación, en tanto encuentren mérito suficiente para ello (conf. CNCiv., esta Sala J, “Kruck, Edith L. c/ Cons. de Prop. Juan de Garay 1294/96/98/1300 s/ejecución de convenio”, 15/06/21; íd., íd., expediente Nº 96598/2019 Saliter, Marcos c/ Intrusos: Ocupantes Recuero 2701/05/ esq. Arrotea S/N CABA y otros s/Desalojo: intrusos” del 17/03/21).

Se ha sostenido reiteradamente sobre la materia que la condena en costas al vencido es la regla y su dispensa, la excepción de modo que el apartamiento de tal principio sólo debe acordarse cuando medien razones fundadas, pues la exención debe ser aplicada con criterio restrictivo (conf. Elena Highton-Beatriz Arean, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Tomo 2, pág. 65, Ed. Hammurabi).

Por otro lado, esta Sala tiene dicho que la sola creencia subjetiva de la razón probable para litigar, no es, de por sí, suficiente para eximir del pago de las costas del juicio, pues es indudable que salvo hipótesis de actitudes maliciosas- todo aquél que somete una cuestión a los tribunales de justicia es porque cree tener la razón de su parte, mas ello no lo exime del pago de los gastos si el resultado del juicio no le es favorable (conf. CNCiv., Sala J, Expte. Nº 45.248/20 “Gómez c/ Penso s/ med. Prec.” del 28/12/20).

Sólo es admisible la eximición frente a las características peculiares y dificultades del asunto pero, en tales supuestos, la razón probable para litigar debe encontrarse avalada por elementos objetivos de apreciación de los que se infiere la misma sin lugar a dudas. No basta, por tanto, la mera expectativa que pudo abrigar el perdidoso, en cuanto a obtener un resultado acorde con su pretensión (íd. íd., con cita de Morello-Sosa-Berizonce y jurisprudencial; íd. íd., r. Nº186.589, del 5/3/96).

En la especie, dadas las particularidades que presenta el caso, existen razones que pudieron llevar a la parte actora a creerse con derecho para demandar, atendiendo las circunstancias apuntadas en el decisorio como detonantes del quiebre de confianza, la perdurabilidad del demandado en su cargo pese a la sostenida resistencia de una parte de los herederos y el cúmulo de acciones promovidas en consecuencia, que se erigen en motivos de entidad para sustentar en razones de equidad el apartamiento del principio rector del vencimiento objetivo establecido en el ordenamiento aplicable, pues pudieron creerse con derecho para peticionar del modo en que lo hicieron, correspondiendo que las costas de ambas instancias sean impuestas por el orden causado (art. 68 del Código Procesal).

Por todo lo que dejo expresado, doy mi voto para que:

I. Se revoque la sentencia recurrida y, en consecuencia, se rechace la demanda entablada con los alcances que se indican en los considerandos.

II. Costas de ambas instancias en el orden causado (art. 68 del Código Procesal).

Así mi voto.

La Dra. Beatriz A. Verón y la Dra. Gabriela M. Scolarici adhieren al voto precedente.

Y Vistos:

Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal resuelve:

I. Revocar la sentencia recurrida y, en consecuencia, rechazar la demanda entablada con los alcances que se indican en los considerandos.

II. Costas de ambas instancias en el orden causado (art. 68 del Código Procesal).

III. Diferir la regulación de honorarios hasta tanto sean determinados en la instancia de grado.

IV. Regístrese, notifíquese a las partes por Secretaría, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada Nº 15/13 art. 4º) y, oportunamente, devuélvase. – Maximiliano L. Caia. – Beatriz A. Verón. – Gabriela M. Scolarici.

Cons. de Prop. Sarmiento … c. C., R. J. s/ rendición de cuentas

En la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 23 días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro, reunidos en acuerdo las señoras juezas y el señor juez de la Sala “J” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en los recursos de apelación interpuestos en los autos caratulados “CONS DE PROP SARMIENTO … c/ C., R. J. s/ RENDICIÓN DE CUENTA” respecto de la sentencia de fecha 27 de Junio de 2024 el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Es justa la sentencia apelada?

Practicado el sorteo, arrojó como resultado que la votación debía realizarse en el siguiente orden: la Sra. Jueza de Cámara Dra. Gabriela Mariel Scolarici – el Sr. Juez de Cámara Dr. Maximiliano L. Caia y la Sra. Jueza de Cámara Dra. Beatriz A Verón.

A la cuestión propuesta, la Dra. Gabriela Mariel Scolarici, dijo:

I. La sentencia de grado dictada con fecha 27 de junio de 2024 admitió la impugnación formulada por el Consorcio accionante disponiendo que en los términos y con los alcances previstos en el art. 652 del Cód. Procesal, el Consorcio practique sus cuentas y operaciones contables. Asimismo, rechazó el pedido de sanciones formulado por el demandado, imponiendo las costas al accionado y difiriendo la regulación de honorarios para una vez que exista liquidación aprobada y firme.

II. Contra el decisorio apela y expresa agravios la parte demandada a fs. 284/290 y fs 292. Corrido el traslado de ley obra a fs. 295 el responde de la contraria.

Con fecha 9 de octubre de 2024 se dictó el llamado de autos, providencia que se encuentra firme, quedando de esta manera los presentes en estado de dictar sentencia.

III. Breve reseña de los hechos

Motiva el inicio de las actuaciones la demanda incoada por el Consorcio de Propietarios del Edificio de la calle Sarmiento … de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por rendición de cuentas y cobro de pesos si correspondiere contra R. J. C.

Relata la pretensora que el demandado fue designado como administrador del consorcio por un período de seis meses, el cual se extendió desde el 1 de noviembre de 2016 hasta el día 30 de abril de 2017 inclusive.

Afirma que una liquidación de expensas, tal como la que se distribuyó entre los copropietarios, no es una rendición de cuentas per se, por cuanto para poder emitir opinión y aprobar o no su gestión debe encontrarse respaldado cada rubro con su correspondiente documentación.

Manifiesta que con motivo de esta conducta omisiva le cursó al accionado una carta documento a fin de que aporte la documentación necesaria donde surja un resultado claro referido al importe final del ejercicio y que todas las partidas de gastos se encuentren justificadas en legal forma con sus respectivos comprobantes, tras lo cual al no obtener respuesta alguna, inicia la presente acción, a fin de que el accionado rinda cuenta documentada de toda su gestión y restituya los fondos que eventualmente adeude al consorcio.

IV. Agravios

Los cuestionamientos del accionado se basan sustancialmente en la errónea apreciación de la prueba por parte del sentenciante de grado, señala que la parte actora reconoce que retiró la documentación el 09/05/2017 –10 días después de terminada la gestión y que con fecha 09/10/2017–, retiró otra documentación que había sido dada originalmente en copia.

Señala que la actora inicia en el año 2019 la demanda denunciando que no se había entregado documentación ni rendido cuentas.

Remarca el quejoso que no se tuvo en cuenta la documentación digitalizada con fecha 24-11-2021.

Indica que en la Audiencia celebrada el 13/05/2021, la parte Actora reconoció que había recibido la documentación del consorcio y que se habían rendido cuentas y les había entregado la liquidación final a 9 días de haber cesado el mandato, como así también el “estado de cuentas” que en ningún momento la actora indica que hay diferencias dinerarias; y la pericia contable indica que las cuentas fueron exactas.

Que con los recibos de haber recibido la documentación, la actora pretendía un balance, que ya había sido hecho y denunciado en el expediente en el fuero comercial y agregado “ad effectum videndi” digitalizado.

Aclara que “origen y aplicación de fondos” es lo mismo que rendición de cuentas; pero “flujo de caja” es exclusivamente cuanto ingresa – y todo ello fue rendido – en autos: a) La estadística de gastos por rubros (origen y aplicación de fondos) – que ya lo había hecho en mayo de 2017; b) El Balance desde octubre de 2016 a abril de 2017 – El activo y el pasivo – que ya lo había hecho en mayo de 2017; c) El detalle de los movimientos de caja en forma diaria y mensual; d) En otro expediente obran las facturas por abonar y los cheques emitidos por pagar, denunciando que la experta indicó que las cuentas cuadraban.

Remarca que cumplió con la entrega de documentación y rendición de cuentas en tiempo y forma y este extremo alega el recurrente fue reconocido por la actora en la audiencia del 13-5-2021, por ello entiende que no tiene sentido la exigencia de la rendición de cuentas, pues ha recibido las cuentas en forma documentada.

Enfatiza que no se evaluó el resultado de la pericia contable, ni el estado de disgregación que tenía el consorcio al momento de asumir, sin documentación alguna y sumido totalmente en la irregularidad.

Señala que pese a que hay un documento que indica que la actora retiró toda la documentación y las cuentas, el juez interpreta que es el demandado quien hizo caso omiso a la manda, cuando en realidad fue la actora.

Que en la liquidación final del 04/2017 se ponga el nombre de “Borrador” no implica que las cuentas de dicho periodo no se hayan rendido, pues en definitiva es la liquidación de 04/2017 que la actora no ha indicado cual fue el perjuicio, pues no ha indicado “duplicación” de pagos y/o diferencias numerarias.

Afirma que las impugnaciones consistieron en que el “formato de las expensas” no era el exigido por el GCBA o que faltaba el número de teléfono de la Cía. de Seguros contra incendio.

Finaliza sosteniendo que conforme a la pericia contable las cuentas cuadran y que si la actora posee el libro de actas, el libro de ascensores, la documentación del edificio – no se entiende el reclamo; y si es un problema de sumas y restas; la experta ha indicado que no falta dinero.

Solicita se revoque la sentencia dictada la imposición de costas.

En la ampliación de su queja de fs. 292 el recurrente insiste en la aplicación de una multa por temeridad en el obrar por parte de la accionante.

V. Adelanto que seguiré a la recurrente en las alegaciones que sean conducentes para decidir este conflicto (conf. CSJN Fallos: 258:304, entre otros) pues recuerdo que como todas las pruebas no tienen el mismo peso, me apoyaré en las que resulten apropiadas para resolver el caso (conf. CSJN, Fallos:274:113), las que produzcan mayor convicción en concordancia con los demás elementos de mérito de la causa. Se considerarán, entonces, los hechos “jurídicamente relevantes” (Aragoneses Alonso, Pedro, Proceso y Derecho Procesal); o “singularmente trascendentes” (Calamandrei, Piero, La génesis lógica de la sentencia civil).

VI. Por una razón de orden metodológico, corresponde analizar en primer término el cumplimiento de los recaudos establecidos en el art. 265 del Código Procesal, en función de lo solicitado por la parte actora en su contestación de agravios.

Sabido es que la expresión de agravios supone la existencia de dos elementos: el perjuicio que se infiere a la parte quejosa, aspecto endógeno con sus consecuencias, y que dicho perjuicio, para llegar al ámbito conceptual de agravio, provenga de errores de la sentencia, los que deben ser indicados claramente.

Reiteradamente hemos sostenido que el recurso de apelación no implica una pretensión distinta o autónoma con respecto a la pretensión originaria, sino una eventual derivación de ésta que constituye el objeto, la que ya no se puede modificar en sus elementos. Se ha declarado que únicamente es fundado cuando en razón de su contenido sustancial es apropiado para la obtención de una resolución que reforme, modifique, amplíe o anule el pronunciamiento impugnado. Caso contrario, debe declararse desierto el recurso (C.N.Civ., esta Sala, 18/3/2021 Expte N° 67164/2008 “Curaba, Luis Francisco c/ Producto San Luis S.A. –ex Produment San Luis S.A. s/ daños y perjuicios”).

Este Tribunal ha sostenido que es imprescindible a los efectos de abrir la posibilidad revisora de la Alzada, que el apelante exponga claramente las razones que tornan injusta la solución adoptada por el magistrado de la instancia anterior, para lo cual debe aportar consistentes razonamientos contrapuestos a los invocados en la sentencia, que demuestren argumentalmente el error de juzgamiento que se le atribuye. La expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, ya que ésta no está facultada constitucionalmente para suplir el déficit argumental o las quejas que no dedujo (Conf. CNCiv., esta Sala, 24/9/09, Expte. Nº 89.532/2006, “M. R. E c/ F, R A”; Ídem, 18/2/2010 expte. Nº 100.658/2000 “Coronel, Juan Carlos y otros c/ Cerzosimo, Claudio Fabián y otros s/ daños y perjuicios”; Ídem Id, 15/7/2010, expte. Nº 72.250/2002 “Celi, Walter Benjamín y otro c/ Salvador M. Pestelli Sociedad Anónima s/ daños y perjuicios”; Id; id, 18/3/2021 Expte. 63642/2017 “Necchi, Laura Beatriz c/ Cuviello; Elida Nora y otros s/ Desalojo: intrusos; entre muchos otros).

La expresión de agravios constituye una verdadera carga procesal, y para que cumpla su finalidad debe contener una exposición jurídica que contenga una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. Lo concreto se refiere a lo preciso, indicando, determinando, cuál es el agravio. Deben precisar así, punto por punto, los pretendidos errores, omisiones y deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones. Es decir, que deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebren la decisión del a quo, a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento (conf. Morello, Augusto, Códigos Procesal en lo Civil y Comercial de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación. Comentado y Anotado, t. III, p. 351, Abeledo Perrot, 1988).

Este Tribunal se ha guiado siempre por un criterio de amplia tolerancia para ponderar la suficiencia de la técnica recursiva exigida por el art. 265 de la ley adjetiva, por entender que tal directiva es la que más adecuadamente armoniza el cumplimiento de los requisitos legales impuestos por la antes citada norma con la garantía de defensa en juicio, de raigambre constitucional (Conf. CNCiv. esta Sala 18/3/2021 Expte. N° 41469/2017 “Serra, Susana Alicia c/ Arguello, Federico y otro s/División de Condominio”; ídem 13/5/2021 Expte. N° 18216/2015 “Nesi Mariano Gaston c/ Kapow SA s/ daños y perjuicios”; ídem 3/3/2022, “Ramos, Jorge Alejandro c/ Trenes de Buenos Aires s/daños y perjuicios”).

Por ello, aun cuando pudiera considerarse que los escasos fundamentos impetrados configuran un mero desacuerdo con el decisorio y que las quejas no cumplen en rigor con todas las imposiciones del mentado art.265, procederé a la consideración del planteo a fin de satisfacer los cuestionamientos del recurrente y garantizar el derecho de defensa en juicio de indudable raigambre constitucional.

VII. Rendición de cuentas

Toda persona que haya administrado bienes, gestionado negocios total o parcialmente ajenos, aunque sean comunes del administrador o gestor con otra persona, o que haya ejecutado un hecho que suponga el manejo de fondos o bienes que no le pertenecen en propiedad exclusiva, se encuentra en la obligación de presentar las cuentas de su administración o gestión, a menos que la ley o el que tenga derecho a examinarlas lo eximan expresa o tácitamente.

Rendir cuentas de una gestión, es informar al dueño del negocio o interesado en él de todo lo que se ha hecho en su interés, determinando y detallando los pasos realizados, para establecer la situación jurídica entre el gestor o administrador y el dueño del negocio. Es pues, presentar al “dominus negotii” la descripción gráfica de las operaciones efectuadas, acompañada de las informaciones aclaratorias y necesarias y de los respectivos comprobantes (conf. Fontantarrosa, Rodolfo O. “Derecho Comercial Argentino, 1: parte general”, 1995, Ed. Zavalía, p. 385).

La rendición de cuentas es el estado descriptivo verbal o escrito, respaldatorio con la pertinente documentación tendiente a demostrar en partidas correspondientes al debe y al haber la verdad de los hechos y resultados de orden patrimonial a que se ha llegado en una negociación en la que se ha actuado por cuenta ajena (Colombo Carlos J. – Kiper Claudio M., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (anotado y concordado), La Ley, Buenos Aires, T. VI, 2006, pág. 252).

Quien acepta el mandato se obliga por ello mismo, aun en ausencia de toda estipulación a ese respecto, a rendir cuentas de su gestión (Spota, Alberto G., Instituciones de derecho civil. Contratos, La Ley, Buenos Aires, 2009, t, VII, p. 188; Borda, Guillermo A., Tratado de derecho civil. Contratos, 9ª edición, actualizada por Alejandro Borda, La Ley, Buenos Aires, 2008, t. II, p. 445).

Particularmente en el caso del administrador de un consorcio de propiedad horizontal, está obligado a rendir cuentas, en tanto administra bienes y realiza actos o gestiones por cuenta y orden de un tercero –el consorcio– (arts. 860, inc. “a” y “c”, 2067, inc. “e” y “j”, CCCN).

El detalle de las operaciones realizadas durante el período que abarca la rendición de cuentas permite que los copropietarios se informen sobre la situación financiera del consorcio en ese lapso (Peralta Mariscal, Leopoldo L., “Rendición de cuentas del administrador del consorcio de un edificio sometido a propiedad horizontal que cesó en sus funciones”, La Ley, publicado el 11/3/2010, Cita: TR LALEY AR/DOC/983/2010).

Durante su desempeño, además de realizar una rendición de cuentas al cierre de cada ejercicio (conf. arts. 861, inc. “b”, 2067, inc. “e”, CCCN), el administrador debe presentar una rendición de cuentas final, en el caso de renuncia o cesantía, junto con la documentación pertinente.

La rendición de cuentas final del administrador, en el caso de renuncia o remoción, debe ser documentada (art. 2067, inc. “j”, CCCN).

En lo específico, el artículo 859 del Código Civil y Comercial indica que debe ser hecha de modo descriptivo y documentado, incluir las referencias y explicaciones razonablemente necesarias para su comprensión, acompañar los comprobantes de los ingresos y de los egresos, como así también concordar con los libros que lleva quien las rinda –de corresponder–.

Es decir que, la rendición de cuentas no implica solamente entregar la documentación correspondiente al consorcio – (art. 2067, inc. “j”, CCCN) sino que debe realizarse una presentación clara y precisa de la que se desprendan los ingresos y egresos del consorcio, el eventual saldo resultante, como así también la documentación respaldatoria correspondiente que avale dichas conclusiones.

Por ende, debe contener las explicaciones, justificaciones y comprobantes necesarios, como así también mostrar los procedimientos y resultados de la gestión.

Se ha sostenido que la rendición de cuentas debe ser instruida y documentada y presentar una ordenada forma descriptiva de todas y cada una de las operaciones realizadas, exponiendo la explicación clara de cada negocio, las razones de las inversiones, las circunstancias favorables o desfavorables y los resultados. Estos extremos no se satisfacen con el envío o resumen, o la puesta a disposición de los libros de comercio, o la exposición sinóptica, limitada a operaciones aritméticas o de contabilidad. Supone una cuenta formal, con la doble serie de partidas que constituye el debe y el haber, justificadas documentalmente con los respectivos comprobantes (Ricardo Luis Lorenzetti, Código civil y comercial de la nación comentado, Ed. Rubinzal Culzoni, Tomo V, página 336).

La Corte Federal ha precisado que el proceso de rendición de cuentas consta básicamente de dos etapas –claramente distinguibles, aunque reconocen una estrecha vinculación– la primera consiste en establecer si existe o no la obligación de rendir cuentas y, en caso afirmativo, se inicia la segunda, donde tiene lugar la presentación de la liquidación documentada y la formulación de eventuales impugnaciones, que termina con la resolución que la aprueba, en tanto la repute exacta. Ese ha sido el temperamento adoptado por nuestro más alto tribunal en varios antecedentes (CSJN, Fallos: 319:2063, 322:2263, 332:1688). Restando una eventual tercera etapa referida al cobro, de corresponder, del saldo que arroje el cálculo (Conf. CNCiv. Sala A, 25/4/2023 “Cons. Emilio Mitre 451/67 c/ Achával, Irene s/ rendición de cuentas).

En los presentes si bien el demandado no controvirtió la obligación de rendir cuentas las partes discrepan en relación al efectivo cumplimiento de la rendición de cuentas reclamada y el modo en que debió haber sido cumplida.

Invoca el recurrente que no se tuvo en cuanto la documental adjunta con fecha 24-11-2021 donde consta la documentación entregada por su parte a la administradora del consorcio demandante con fecha el 9-5-2017, de la misma se desprende entre otros faltantes, que se recibió un borrador de las expensas de los gastos efectuados en abril de 2017 pero no la liquidación final.

Asimismo con fecha 9-10-2017 surge la entrega de otra documentación en la que se deja asentado que faltan expensas del mes de marzo de 2017 y que todos los comprobantes son a verificar

En el marco de las presentes actuaciones y de la audiencia celebrada con fecha 13-5-2021 se acordó que “el demandado se compromete a entregar en el plazo de 7 días al consorcio accionante la rendición de cuentas de como accedió a la liquidación final y el consorcio se compromete a que para el plazo de 30 días de una vez recibida dicha rendición a convocar a una asamblea a fin de aprobar o no la misma”.

En virtud de ello con fecha 17-5-2021 el demandado adjunta lo que define como el flujo de ingreso y egreso de fondos, aporta distintas liquidaciones de expensas y un balance, pero sin incluir el mes de abril de 2017 porque la empresa Sistemas Administrativos S.A. no habría procesado el mes de ABRIL de 2017 aportando a su vez un borrador de ese periodo.

La contraria consideró entre otras inconsistencias, que no se encontraba registrada la cuenta corriente bancaria del Consorcio, que contaba con un saldo de $ 1.151,63 al 31/03/2013, de acuerdo a los resúmenes del Banco Santander que adjuntó por ello entiende que la información aportada no reúne los requisitos mínimos para ser considerada una Rendición de Cuentas.

Abierta la causa a prueba y efectuada la prueba pericial contable de fecha 27-5-2022 la experta señaló que no se le exhibieron Libros Cajas y/o Administración que contengan registros del período en el que se desempeñó el demandado.

Aclara la que al momento de la compulsa se exhibieron liquidaciones de expensas junto con comprobantes de los meses de 12/2016, 01/2017 y 02/2017 razón por la cual lo requerido sólo puede realizarse sobre dichos períodos.

La profesional interviniente en autos resume lo observado de las liquidaciones ut supra indicadas y efectúa diversas observaciones respecto de comprobantes “no vistos” en las mencionadas liquidaciones.

Atento lo requerido y a fin de expedirse sobre los puntos propuestos reliquida los períodos que abarcan desde 11/2016 a 03/2017 pero respecto al periodo 04/2017 manifiesta que no lo incluye, pues sólo obra un borrador de dicha liquidación.

De las liquidaciones del demandado (ingresos / egresos) se descuentan los gastos con observancias, informados precedentemente, obteniendo nuevos saldos finales. Remarca que no es posible determinar el saldo final, atento no contar con la totalidad de elementos para la obtención del mismo.

Indica los Libros exhibidos por la Administración actual del Consorcio demandante: Libro Registro de Firma de Copropietarios Nº1, rubricado el 28/04/10 por Registro Público de Administración de Consorcios; consta de 46 páginas, usadas de la nro. 1 a 16; Libro de Registro de Propietarios Nº 1, rubricado el 14/12/17 por Registro Público de Administración de Consorcios; consta de 36 páginas, usadas de la nro. 1 a 9. Libro de Actas Nº 1, rubricado el 13/01/55 por Ministerio de Hacienda – DGI; consta de 192 páginas, usadas totalmente con Actas desde 14/12/55 hasta 25/03/21. Libro de Actas Nº 2, rubricado el 18/05/21 por Registro de la Propiedad Inmueble; consta de 200 páginas sin uso. Libro de Administración Nº 2, rubricado el 01/12/21 por Registro de la Propiedad Inmueble; consta de 500 páginas usadas desde nro. 3 (05/2017) hasta nro. 117 (01/2022). Libro de Órdenes Nº 1, rubricado el 01/10/09 por Vida Levy – Coord. Rúbrica de Doc. Laboral – DGPT; consta de 40 páginas, usadas de la nro. 1 a la 3. Libro laboral por sistema de Hojas Móviles, Tomos Nº 4 de fs. 121 a 170 rubricado l 15/05/19 y Nº 5 de fs. 171 a 270 rubricado el 30/11/20.

Expone que de las copias de liquidaciones de expensas efectuadas por el demandado, suministradas al momento de la compulsa y agregadas en autos por el accionado, surge que las mismas no cuentan con todos los requisitos dispuestos por el art. 10 de la Ley 941.

A fs. 229/230 obra el pedido de explicaciones e impugnación al dictamen por parte de la actora y a fs. 227/228 se hallan las manifestaciones del demandado al informe pericial referidas a la inconducta de la actora.

La experta responde con fecha 14-10-2022 y manifiesta que al carecer de comprobantes respaldatorios de los gastos liquidados en los meses 11/2016, 03/2017 y 04/2017, la experta no pudo efectuar la corroboración de los mismos y ratifica lo ya informado que “…no se incluye 04/2017 atento sólo obrar un borrador de dicha liquidación…”.

Indica en su contestación, la profesional contable que al carecer de base documental suficiente, no puede dar respuesta completa o efectuar el cálculo que se le solicita, aunque eso sea primordial para el juicio como interpreta la accionante.

Que no obstante, las carencias documentales que se presentan en el caso de autos, la experta informó todo aquello que pudo verificar.

Reitera las falencias de requisitos del art. 10 de la Ley 941, y que se ha verificado que no incluye saldos y/o movimientos de la cuenta bancaria y no detalla pagos, ni datos de seguros.

Cabe destacar que la valoración de la prueba pericial debe realizarse conforme las pautas generales del art 386 CPCC, y con las especificaciones dadas por el art. 477 CPCC –norma cuyo contenido concreta las reglas de la “sana crítica en referencia a la prueba pericial–.

Esta consideración predica que la sana crítica aconseja frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor peso aceptar las conclusiones del perito, no pudiendo el sentenciante apartarse arbitrariamente de la opinión fundada del perito idóneo; extremo que le estará permitido si se basa en argumentos objetivos que demuestren que la opinión del experto se encuentra reñida con principios lógicos y máximas de experiencia, o que existan en el proceso elementos probatorios de mayor eficacia para provocar convicción sobre los hechos controvertidos. En base a las pautas referidas precedentemente, considero que las conclusiones arribadas por la perito de oficio a través de su dictamen y en su contestación de fs. 663 deben ser admitidas habida cuenta de su concordancia con las reglas de la sana crítica y de las que no hallo motivos para apartarme.

En el caso no cabe soslayar que el demandado debía realizar un informe describiendo, de manera detallada y documentada, las erogaciones e ingresos por todo el lapso comprendido desde “el 1 de noviembre de 2016 hasta el día 30 de abril de 2017” pese a las esfuerzos argumentales del recurrente en torno a la documentación presentada por su parte como la descripta y analizada por la experta, no cabe tener por efectuada una rendición final de cuentas, por lo que deberá practicarse en debida forma.

Coincido con la solución propiciada por el distinguido colega de la instancia de grado, haciendo saber al recurrente que la entrega de la documentación descripta y respecto de la cual insiste en esta instancia, no implica una rendición de cuentas documentada y, por lo tanto, no puede tenerse como presentada.

El emplazado, al finalizar su gestión, además de entregar la documentación del consorcio, debió presentar la rendición final de cuentas que a la luz de la prueba colectada no aconteció.

Es que, como se dijo, la rendición de cuentas consiste en la explicación detallada de los egresos e ingresos, de forma de comprender el movimiento de fondos durante todo el periodo de gestión, lo que debe estar, además, adecuadamente respaldado.

De conformidad a lo establecido en el art 655 del CPCC se debe acompañar la documentación correspondiente para que puedan ser conocidos todos los pasos y resultados de la gestión realizada de acuerdo a su naturaleza y particularidades. Es decir, debe contener una relación de hechos y explicaciones sobre la actuación del cuentadante (cfr. Fernández-Gómez Leo, “Tratado Teórico-Práctico de Derecho Comercial”, 1986, T. II, p. 199, en igual sentido Colombo, “Código Procesal Anotado”, T. IV, p. 534; Palacio, “Derecho Procesal Civil”, T. VI, p. 267).

Las circunstancias de no requerirse formas especiales o determinadas no exime de dar la explicación clara de cada negocio, las inversiones realizadas y los resultados, acompañando la documentación respaldatoria, salvo la excepción contemplada en la última parte del artículo en estudio.

No bastan las cuentas restringidas a operaciones aritméticas ni en forma sinóptica, tampoco es suficiente poner a disposición los datos para que el acreedor los interprete. Señala Arazi que en la rendición de cuentas debe explicarse el modo como se cumplió la gestión, las razones que guiaron cada operación, el criterio que se siguió en cada caso y describirse las circunstancias favorables y desfavorables de dicha gestión, de modo tal que la otra parte quede instruida de todo cuanto le interese y que el juez esté en condiciones de fallar justamente (Arazi, Roland – Rojas, Jorge, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación…”, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2001, T. III, pág. 289)

Al realizar la rendición de cuentas, quien administró un consorcio de propietarios debe munirse de la documentación adecuada para acreditar su exactitud y guardarla durante un lapso razonable a efectos no sólo de su presentación sino también de la propia defensa de tal gestión. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala D • 01/10/1999 • LA LEY 2000-C, 741 – DJ 2000-2, 671)

En consecuencia, a la luz de lo precedentemente expuesto, no cabe sino concluir que las piezas documentales agregadas a la causa no contienen una explicación concreta y clara de todas y cada una de las operaciones que el demandado habría llevado a cabo, por ello no es suficiente para tener por satisfecha la obligación de rendir cuentas.

Por consiguiente, propongo al Acuerdo confirmar la sentencia de grado en cuanto ordena al demandado R. J. C., a rendir cuentas de los actos de administración que ejerciera en el período comprendido desde el 1 de noviembre de 2016 hasta el día 30 de abril de 2017 inclusive.

Ello dentro del plazo de quince días, bajo apercibimiento de que si no las rindiere dentro del término fijado, se tendrán por aprobadas las que presente la actora, en todo aquello que el demandado no pruebe que sean inexactas en los términos y con los alcances previstos en el art. 652 del Cód. Procesal.

VIII. Temeridad

El accionado peticiona se considere como temeraria la conducta de la accionante dado que fue cumplida la rendición de cuentas y no haberse planteado un perjuicio concreto al haberse recibido toda la documentación que la habilita a operar desde el mismo día que asumió.

Cabe poner de resalto que la evaluación de la conducta procesal de los litigantes durante el litigio, es otro rol que cumple la jurisdicción y que se dirige a la observancia del deber de buena fe y lealtad procesal en el marco del mismo. Tal como sostiene nuestra distinguida colega Abreut de Begher, las normas procesales, ya sea en forma expresa o implícita, aluden al abuso del proceso. Para el encuadre de una conducta procesal como abusiva, debemos señalar que la misma reviste la característica de reprochable, desmedida. O sea, que nos enfrentamos con el uso inadecuado, irregular y por ende reprochable, sancionable, de un derecho, y ello dentro de la actuación jurisdiccional. “Dice el procesalista Roland Arazi que cuando la ley confiere una prerrogativa, no es para que se haga de ella cualquier uso, pues el legislador ha tenido en vista un objetivo determinado. Toda institución tiene un destino, que constituye su razón de ser; cada derecho está llamado a seguir una dirección determinada que no debe ser sancionada por otra diferente (Josserand, Louis, De l’esprit des droits et de leur relativité [Théorie ditte de l’abus des droits], 2ª ed., Paris, 1939; Kemelmajer de Carlucci, Aída, “Cód. Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado”, dir. Belluscio; coord. Zannoni, Astrea, Buenos Aires, 1990, t. 5, p. 53.). Ese es el principio rector en la teoría del abuso del derecho: se abusa cuando se utiliza un derecho torciendo la finalidad para la que fue otorgado” (Abreut de Begher, Liliana E., “El abuso del proceso y la recusación”, L. L. 2005-A, 1022).

El art. 45 del Código Procesal sanciona la conducta temeraria y maliciosa y prevé la posibilidad de imponer sanciones al litigante o a su letrado patrocinante cuando se hubiere incurrido en inconducta procesal genérica, es decir, cuando su proceder hubiere sido contrario a los deberes de probidad, lealtad y buena fe, evidenciado en forma persistente a lo largo del proceso judicial.

Esta norma tiende a sancionar a quienes con las herramientas legales que tienen a su alcance, asumen en el proceso una conducta dilatoria y obstruccionista –malicia–, o bien a quienes formulan defensas o aseveraciones con cabal conocimiento de su sinrazón –temeridad– (cfr. Kielmanovich, Jorge L., en “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Anotado”, tomo I, pág. 129).

La conducta temeraria se configura cuando se litiga convencido de la falta de razón y sabiendo que no se cuenta con protección legal, y es maliciosa cuando se utiliza al proceso en contra de sus fines, obstaculizando su curso (Conf. Fenochietto-Arazi, “Código Procesal…”, Tomo 1, págs. 188 y sigs.).

La malicia es la inconducta procesal que se manifiesta en la formulación de peticiones destinadas exclusivamente a obstruir el normal desenvolvimiento del proceso o a retardar su decisión (Conf. Palacio, Lino, “Derecho Procesal Civil”, Tomo III, pág. 52).-La norma tiene un fin moralizador, procura sancionar a quienes asuman deduzcan pretensiones o defensas cuya falta de fundamento no pueden ignorar de acuerdo a pautas mínimas de razonabilidad (conciencia de la propia sinrazón) o formulen peticiones en forma arbitraria destinadas exclusivamente a obstruir el normal desenvolvimiento del proceso o demorar su decisión (Conf. C.N.Civ., sala H, 21/3/2007, “P. L. B. c/ Cidal S.A. s/ daños y perjuicios”).

Es cierto que debe obrarse con suma prudencia en la valoración de las conductas para considerarlas temerarias y maliciosas con la consiguiente aplicación de sanciones, de modo de castigar solamente aquellos casos en que se traspasan los límites dentro de los cuales deben actuar los litigantes y profesionales, con el adecuado respeto a los deberes de lealtad, probidad y buena fe (Conf. C.N.Civ., Sala G, 27/12/1996, LL, 1997-B, 796), ya que, de no ser así, se habría abierto una brecha peligrosa en la garantía constitucional de la inviolabilidad de la defensa en juicio, que debe ser cuidadosamente preservada.

Al constituir un instrumento procesal adjudicado a los jueces para limitar los procederes abusivos, no queda sometida por las disposiciones vigentes a un trámite de sustanciación en el que se requiera un debate entre las partes.

El art. 45 del Código Procesal tutela el principio de moralidad, basamento fundamental de la actuación procesal, la cual debe ser observada por las partes y es deber de los jueces que no se burle. De haber incurrido en alguno de los supuestos apuntados, la consecuente sanción, no importa la violación del principio constitucional de defensa en juicio, sino que por el contrario lo reafirma, porque aquéllas se aplican a quienes pretenden abusar de tal principio y sobre todo de la jurisdicción (Abreut de Begher, Liliana E., “Temeridad y malicia” LL 1990-B, pág. 263 y sigs.).

Si bien la temeridad y malicia son términos utilizados en forma indistinta, el principio directriz que gobierna su ponderación es de carácter restrictivo; en el presente caso no encontrándose en juego situaciones de obstrucción o dilación del curso del proceso, no concurriendo en autos los elementos característicos enunciados y requeridos por la normativa legal, cabe desestimar la petición.

IX. Conclusión

A tenor de las consideraciones vertidas en el presente voto propongo al Acuerdo:

I. Establecer que el plazo para que el Sr. R. J. C. presente la rendición de cuentas será de quince días (art. 2067 inc. j del CCCN) bajo apercibimiento de que, si no las rindiere dentro del plazo fijado, se tendrán por aprobadas las que presente la actora, en todo aquello que el demandado no pruebe que sean inexactas (art. 652 del CPCCN).

II. Confirmar la sentencia en todo lo demás que decide y fue motivo de apelación y agravios, con imposición de costas de alzada a la demandada vencida (art 68 del CPCC).

El Dr. Maximiliano L. Caia y la Sra. Dra. Beatriz A. Verón adhieren al voto precedente.

Y Vistos:

Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal resuelve:

I. Establecer que el plazo para que el Sr. R. J. C. presente la rendición de cuentas será de quince días (art. 2067 inc. j del CCCN) bajo apercibimiento de que, si no las rindiere dentro del plazo fijado, se tendrán por aprobadas las que presente la actora, en todo aquello que el demandado no pruebe que sean inexactas (art. 652 del CPCCN).

II. Confirmar la sentencia en todo lo demás que decide y fue motivo de apelación y agravios, con imposición de costas de alzada a la demandada vencida (art 68 del CPCC).

III. Diferir la regulación de honorarios hasta que sean determinados en la instancia de grado.

Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) y oportunamente devuélvase.– Gabriela M. Scolarici. – Maximiliano L. Caia. – Beatriz A. Verón.

YPF S.A. c. Energía Argentina S.A. s/recurso de queja.

Comentado por Dante Cracogna: El carácter definitivo del laudo arbitral.

Buenos Aires, 18 de junio de 2024

1º) Energía Argentina S.A. recurrió en queja ante esta Alzada contra la decisión del 14/5/2024 mediante la cual el Tribunal General de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires resolvió, declarar inadmisibles los recursos de apelación y nulidad planteados.

Dichos recursos fueron interpuestos contra el laudo dictado el 23/4/2024 cuya copia obra en Anexo II “Laudo Arbitral Único”, por el que se decidió hacer lugar a las demandas acumuladas promovidas por la actora YPF S.A., condenando a la recurrente a abonar las sumas que surgieran de la liquidación a practicarse.

La quejosa basó su pretensión en las disposiciones de los arts. 758 y 760 del Código Procesal.

Argumentó que las partes no renunciaron en forma expresa al recurso de apelación, ni en la cláusula décimo octava (18º), ni posteriormente. Resaltó también que, aunque el Tribunal Arbitral modificó su Reglamento de Arbitraje vigente a partir del 1º de marzo del corriente, aquel no era aplicable a la controversia, en tanto la anterior versión a la que se sujetaron, expresamente indicaba que la tramitación de la controversia se regiría por las pautas vigentes al momento de notificarse el traslado de la demanda.

2º) La Sala juzga que la queja sub examine se presenta como sustancialmente inadmisible.

(i) Antes de ingresar al tratamiento de la cuestión, cabe señalar que no se encuentra cuestionada la aplicación de la versión anterior del Reglamento en tanto, como señaló el Tribunal Arbitral en resolución atacada, en la cláusula 18º “Ley Aplicable y Arbitraje” las partes pactaron que cualquier divergencia derivada de la oferta, que guardara relación con ésta, sería resuelta definitivamente mediante Arbitraje de Derecho por el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de acuerdo con la reglamentación vigente al momento de notificarse la controversia.

Pues bien, la demanda fue notificada en el año 2022 por lo que no cabe duda del sometimiento al Reglamento en su cuestión.

(ii) Aclarada esa cuestión inicial y contrario a lo argumentado por la apelante en torno al recurso de apelación, se concuerda con lo concluido por el Tribunal Arbitral en la decisión copiada en el Anexo II, en cuanto al carácter definitorio del laudo dictado en el marco de la causa “YPF S.A. c/Integración Energética Argentina S.A. s/ cobro de pesos” y su acumulada caratulada “YPF S.A. c/ Energía Argentina S.A. s/ cobro de pesos”.

En efecto, de las constancias obrantes en las referidas actuaciones principales (que fueron adjuntadas en “pendrive” por el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y se tienen a la vista en este acto) se desprende que, en ocasión de celebrarse los contratos en los cuales se sustentaron las mencionadas acciones, expresamente se convino, en cuanto aquí interesa referir, que “…Cualquier divergencia…será resuelta definitivamente mediante el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de acuerdo con la reglamentación vigente al momento de notificarse la controversia, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción…” (v. cláusula décimo octava de la carta oferta que en copia obra en el material adjuntado).

En tal contexto, no cabe sino concluir que la decisión dictada por el Tribunal Arbitral el 14/5/2024, resultó irrecurrible para las partes, en tanto ellas mismas le otorgaron carácter definitivo al laudo (en similar sentido, esta Sala, 27/9/2019, “Mistycal S.R.L. c/ Nextel Communications Argentina S.R.L. s/ recurso de queja”).

Por lo demás, señálase que la renuncia voluntaria al derecho de acceso a los recursos contra un arbitraje no puede ser considerada como contraria al orden público, ya que no involucra la renuncia a ningún derecho constitucionalmente amparado, sino a un derecho de base legal como es el de la posibilidad de revisión por una instancia superior (conf. Gonzalo Quiroga, Marta, Las normas imperativas y el orden público en el arbitraje privado internacional, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2001, p. 356, nº 353), recordando en tal sentido que la garantía de la doble instancia no tiene jerarquía constitucional en juicios civiles (cfr. C.S.J.N., 11/4/2006, “Hojman, Rubén Evar s/ concurso preventivo s/incidente de revisión promovido por Giannella, María Cristina”; esta Sala, 7/2/2011, “Sociedad de Inversiones Inmobiliarias del Puerto S.A. c/Constructora Iberoamericana S.A. s/ queja”).

Así, ese sometimiento voluntario a derivar la solución de las eventuales controversias a árbitros permite presumir, por lógica, no solo el deseo de ser juzgados por ellos sino, también, un compromiso de acatar lo que éstos decidan (conf. Caivano, Roque, El control judicial en el arbitraje. Apuntes para una futura reforma de la legislación argentina, LL 2008-D-1274).

Todo lo cual conduce fatalmente a la desestimación del planteo sub examine.

(iii) Por lo demás, en cuanto al recurso de nulidad corresponde recordar que de acuerdo al art. 65 del citado Régimen Arbitral la nulidad del laudo puede demandarse “…si se pronuncia fuera del plazo previsto en el compromiso o hubiese recaído sobre puntos no comprometidos…”; y que, complementariamente, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación admite el recurso de nulidad por las mismas causales anteriores agregando la referente a una “…falta esencial del procedimiento…” (art. 760, segundo párrafo).

Pues bien, la lectura del escrito de interposición recursiva muestra que la parte demandada, para fundar la nulidad del laudo, acude a argumentos que se entremezclan con una alegada arbitrariedad, pero que en ningún caso remiten a la consideración específica de las únicas y formales causales que legalmente podrían dar lugar a la declaración de su invalidez. Concretamente, la quejosa no señala que el laudo se hubiera pronunciado extemporáneamente, como tampoco que hubiese decidido puntos no comprometidos, y por el contrario refiere, entre otros aspectos, que la acumulación de ambos procesos fue incorrecta y condujo al Tribunal a una solución arbitraria pues se prescindió de cierta prueba y derivó en la violación a las garantías del debido proceso y de la propiedad, temas todos estos que, a juicio de la Sala, no encuadran en la causal de “falta esencial del procedimiento”, toda vez que esta última se refiere a la invalidación de un laudo arbitral fundada en la existencia de vicios de orden formal que pudiesen haber afectado las garantías de regularidad del contradictorio, lo que no ocurre en la especie (conf. CNCom. Sala D, 12/7/2002, “Total Austral S.A. c/ Saiz, Francisco Santiago s/ recurso de nulidad”, JA 2003-II, p. 79, con nota de Bianchi, R., La nulidad del laudo arbitral por falta esencial del procedimiento).

En las condiciones expuestas, el recurso no puede prosperar.

3º) Por lo expuesto hasta aquí, se resuelve:

Rechazar la queja deducida sub examine.

Notifíquese electrónicamente, cúmplase con la comunicación ordenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas 15/13 y 24/13), y remítase el soporte digital del expediente –a través del Sistema de Gestión Judicial y mediante pase electrónico– al Tribunal de origen. – Pablo D. Heredia. – Gerardo G. Vassallo. – Juan R. Garibotto (Prosec.: Mariana Grandi).

Consorcio de Hecho Calle 65 Nº … La Plata c. P., M. s/cobro sumario sumas dinero

Comentado por María Constanza Caeiro: Domicilio.

La Plata, en la fecha de la firma digital.

Visto y Considerando:

1. Vienen las presentes actuaciones a efecto de tratar el recurso de apelación subsidiariamente incoado con fecha 30/3/23 por el doctor C., contra el decisorio del día 21/3/23. El 24/4/23 se desestimó la reposición intentada, concediéndose en relación el recurso interpuesto de manera subsidiaria.

2.A. En el caso y en lo que aquí interesa, con posterioridad a la renuncia del doctor C. al patrocinio letrado del señor P., se advierte que el juez de grado hizo saber que su domicilio constituido subsistiría a todos los efectos legales mientras no se constituya otro nuevo (v. prov. del 8/6/22).

Con posterioridad a ello, se observa que se presentó el letrado mencionado, requiriendo que se deje sin efecto la cédula electrónica por él recibida, toda vez que ya había renunciado al patrocinio letrado del señor P., a lo que el juez de grado hizo saber que, de conformidad con lo proveído en fecha 08/06/22, el domicilio constituido subsistiría hasta tanto se constituya uno nuevo, citando a dicho efecto el artículo 42 del Código Procesal Civil y Comercial –en adelante CPCC– (v. esc. eléc. del 12/8/22 y prov. del 25/8/22).

Luego, el doctor C. se presentó, refiriendo que el demandado P. estaba notificado de la renuncia de su patrocinio letrado, motivo por el cual, habiendo vencido el plazo otorgado por el juez de primera instancia para que el mismo tome la intervención que correspondía y, en virtud a no haberlo realizado, solicitó que a fin de no causar perjuicio alguno se haga efectivo el apercibimiento de ley contenido en el referido despacho y, en consecuencia, se declare al accionado en rebeldía, tal como establece el artículo 53 inc. 6 del CPCC, a lo que el juez de primera instancia volvió a reiterar que no habiéndose presentado el demandado a constituir domicilio, el mismo subsistiría hasta tanto se denuncie uno nuevo, citando como fundamentación de ello el artículo 42 del CPCC (v. esc. eléc. del 26/8/22 y prov. del 29/8/22).

Es en ese entender que el letrado volvió a formular la petición al juez de primera instancia, indicando que se encontraba vencido el plazo para que el accionado tome en estas actuaciones la intervención que le correspondía, dada su renuncia al patrocinio letrado, por lo cual, a efecto de no causar perjuicio alguno, como así tampoco incurrir en algún tipo de incumplimiento profesional, solicitó que se lo declare en rebeldía conforme art. 53 inc. 6º CPCC, destacando que dicho artículo había sido citado por el juzgado en el proveído del 8/6/22 (v. esc. eléc. del 9/9/22).

Como consecuencia de tal requerimiento y en dicha ocasión, el juez de grado resolvió intimar por cinco días al interesado a su domicilio real, a que denuncie un domicilio legal conjuntamente con un domicilio electrónico, bajo apercibimiento de tenérselo por constituido en los estrados del Juzgado (v. prov. del 21/9/22).

Ya con posterioridad, se observa que el doctor C. requirió que se haga efectivo el apercibimiento contenido en el referido despacho y se lo tenga por constituido al domicilio del accionado en los estrados del Juzgado (v. esc. eléc. del 3/2/23), a lo que el juez de grado proveyó que el peticionante carecía de personería a los efectos de requerir ello, por lo que decidió no hacerle lugar y ordenar que continúen las actuaciones según su estado (v. prov. 21/3/23).

B. Esta forma de decidir agravia al quejoso, quien entiende que se lo está perjudicando, pues lo requerido por él tiende a evitar algún tipo de responsabilidad profesional, dado que le siguen notificando cuestiones atinentes a la causa, cuando ya renunció y perdió todo tipo de contacto con el señor P. Advierte que es el propio juzgado el que lo pone en situación de rehén de la causa, ya que el demandado demostró un total desinterés al respecto y, no obstante ello, es él quien debe continuar presentado y recibiendo notificaciones (v. esc. eléc. del 30/3/23).

Refiere que no es cierto que el letrado carezca de personería, ya que actuó en nombre propio, y a fin de resguardar su responsabilidad profesional –dado que no tiene más contacto con el señor P.–, como asimismo, a fin de no perjudicar ni lesionar el derecho de defensa del demandado, por lo que solicita que se revoque el decisorio apelado y se tenga al señor P. por constituido el domicilio en los estrados del Juzgado (v. esc. eléc. del 30/3/23).

3. Se aprecia que la resolución apelada es irrecurrible en tanto ésta es consecuencia de una anterior firme y consentida que por ello pasó en autoridad de cosa juzgada.

Nótese, de los antecedentes narrados hasta aquí, que sin perjuicio de la providencia del 21/9/22, el juez de grado indicó en todas las demás ocasiones que el domicilio constituido subsistiría hasta tanto se constituya uno nuevo, habiendo quedado ello firme por falta de oportuno cuestionamiento. En ese orden es dable indicar que el letrado una y otra vez siguió requiriendo al juzgado la declaración de rebeldía y la cuestión relativa al domicilio del accionado, sin utilizar la vía recursiva hasta el último despacho del día 21/3/23 (conf. arg. art. 155, CPCC).

Asimismo, cabe señalar que el abogado patrocinante que quiera cesar en el asesoramiento letrado de su cliente sólo debe dejar de acompañar con su firma las presentaciones de aquél, no siendo necesario que se le comunique por cédula. Tampoco está obligado a continuar la asistencia letrada por un tiempo determinado, destacándose que, el domicilio procesal constituido subsistirá hasta tanto se constituya uno nuevo (conf. Morello, Sosa, Berizonce, “Códigos…” edit. Abeledo Perrot, cuarta ed. amp. y act., Tomo II, pág. 777, jur. allí cit.). En el caso, el letrado C., por orden del juez de primera instancia –a efecto de garantizar el derecho de defensa del demandado y que se lleve a cabo un real anoticiamiento de ello–, ordenó notificar al accionado la renuncia del letrado que hasta ese momento lo patrocinaba, a su domicilio real, circunstancia que se llevó a cabo (v. not. del 22/6/22). A razón de ello, el letrado cumplió con la orden y el deber de anoticiar su renuncia al cliente, incluso, haciéndolo por cédula a su domicilio real, por lo que más allá de que las notificaciones se efectivizaron en el domicilio electrónico constituido hasta que la parte no constituya uno nuevo, su deber de representación culminó (v. prov. del 8/6/22; conf. arg. art. 42, 56, CPCC) y en consecuencia su responsabilidad profesional.

Es que cuando la parte actúa por derecho propio, los avatares de su vinculación profesional que lo asesora no ameritan contralor, pues el abogado actúa en la medida que su cliente también lo haga, estando a cargo de éste la obligación de mantenerse en contacto y al tanto del estado del proceso. En consecuencia, si media cese en el patrocinio, su anoticiamiento en la causa por parte del abogado será a los fines de la ordenada continuación del proceso, pero no es menester diligencia alguna referida a la relación de la parte con su profesional. La normativa sólo impone la subsistencia del domicilio anterior, hasta tanto se constituya otro, pues ello sí atañe a la relación entre las partes del proceso (conf. Morello, Sosa, Berizonce, “Códigos…” edit. Abeledo Perrot, cuarta ed. amp. y act., Tomo II, pág. 620/621).

Sin perjuicio de lo cual, conforme ya lo resolviera el juzgado (v. prov. del 21/9/22) y por la aplicación de la teoría acto propio, el órgano de origen debe actuar conforme el mismo lo dispusiera en dicho pronunciamiento debiéndose pues hacer efectivo el apercibimiento allí dispuesto.

POR ELLO, se rechaza el recurso de apelación subsidiariamente incoado con fecha 30/5/23, contra el decisorio del día 21/3/23. No obstante lo cual el juzgado de la anterior instancia deber hacer efectivo el apercibimiento por el dispuesto en la providencia del 21/9/22. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE. – Leandro A. Banegas. – Francisco A. Hankovits.