Voz: Conciliación

R., B. E. y otra s/recurso de casación

Impugna el Ministerio Público Fiscal la resolución del juez de tribunal oral que actuando unipersonalmente homologó un acuerdo conciliatorio respecto de las imputadas del delito de estafa, siendo que aquél se opuso respecto de una de ellas a quien previamente se le había concedido una suspensión de juicio a prueba y tenía luego dos condenas de ejecución condicional, por lo que de recaer una nueva en el caso sería de cumplimiento efectivo, por lo que sería contradictorio aplicar el art. 59 inc. 6º que colisiona con el 27 del C.P., agregando además que su opinión negativa resulta vinculante para el juez, haciéndose lugar al recurso interpuesto y ordenándose continúe el trámite de la causa respecto de dicha imputada.

En la ciudad de Buenos Aires, en la fecha que surge de la constancia de firma electrónica inserta al pie, se constituye el tribunal, integrado por los jueces Gustavo A. Bruzzone, Jorge Luis Rimondi y Mauro A. Divito (cfr. acordadas n.º 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 9/2020; 1 y 6/2021 de esta Cámara), asistidos por el secretario actuante, a fin de resolver el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal contra la resolución por la que se resolvió homologar el acuerdo conciliatorio celebrado entre la presunta víctima y una de las imputadas, M. del C. D., en el presente legajo de casación Nº 72210/2018/T01/CNC1, caratulado “R., B. E. y otra s/ recurso de casación”. El tribunal deliberó en presencia del actuario y arribó al acuerdo que se expone.

El juez Divito dijo:

1. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 11, integrado de forma unipersonal por el juez Julio Eduardo López Casariego, el 13 de febrero de 2023, resolvió ­en cuanto aquí interesa­: “I.­ HOMOLOGAR el ACUERDO CONCILIATORIO alcanzado entre B. E. R., M. del C. D. y E. F. (arts. 22 y 34 del Código Procesal Penal Federal)”. Para así resolver, el magistrado tuvo en cuenta que, en la audiencia de conciliación, en la cual las partes fueron informadas de los alcances del acuerdo, las imputadas ofrecieron sus disculpas y la suma de veinte mil pesos, pagaderos en una sola cuota, que la presunta víctima aceptó, comprometiéndose a aportar los datos de su cuenta bancaria. Recordó también que el representante del Ministerio Público Fiscal había prestado su conformidad en relación con R., pero se opuso a la homologación del acuerdo respecto de la imputada D.

En la resolución impugnada, particularmente, se describió que el auxiliar fiscal fundó esta oposición en los antecedentes condenatorios que registra la nombrada D., quien ­según alegó la fiscalía­ cometió numerosos hechos delictivos, pese a que se le concedió una suspensión del juicio a prueba y se le habían impuesto condenas en suspenso. En ese sentido, se reseñó que el representante de la vindicta pública, mediante una interpretación sistemática del Código Penal, entendió que sería contradictorio aplicar aquí su art. 59, inc. 6º, ya que ello colisionaría con lo previsto en el art. 27 del mismo ordenamiento; y que, de recaer condena, la pena a imponer a la nombrada D. sería de efectivo cumplimiento, en atención a sus antecedentes; a lo que agregó razones de política criminal, invocando el art. 30 del Código Procesal Penal Federal ­que reconoció que no se ha puesto en vigencia, pero estimó que debía ser igualmente considerado­. Asimismo, se recordó que la fiscalía planteó que ­como la conciliación es un modo de disponibilidad de la acción­ la oposición resultaría obligatoria para el tribunal; y que, pese a que se había escuchado a la víctima, en los términos del art. 5, inc. k, de la ley 27.372, su opinión no resultaba vinculante. Así, en el considerando III de la resolución, el magistrado entendió que, en relación con R., se habían cumplido los requisitos previstos por los arts. 34 del CPPF y 59, inc. 6º, del CP, ya que las partes brindaron su consentimiento libre e informado, ante un hecho subsumido bajo la figura de estafa (art. 172 del CP), razón por la que admitió el instituto y dispuso la homologación del acuerdo. Por otro lado, respecto de D.(1) explicó que ­a su juicio­ no resultaba vinculante la oposición de la fiscalía y procedió, también, a la homologación del acuerdo presentado.

Al respecto, señaló que “a diferencia de otras vías alternativas de solución del conflicto como la suspensión del juicio a prueba, no existe expresamente en la ley ese recaudo”. Así, luego de copiar y analizar los arts. 34 y 22 del CPPF, explicó que ninguna de estas disposiciones legales hacen referencia a la necesidad de la conformidad del fiscal. De este modo, considerando que se trató de un hecho no violento –estafa­ y la reparación económica acordada, el magistrado entendió que ésta se presentaba como la mejor manera de lograr el fin de restablecer la armonía entre las protagonistas. El a quo también destacó que, en el caso, mal podría tomarse en consideración el art. 30 del CPPF, como lo solicitó el fiscal, pues no se encuentra vigente en la actualidad. Refirió en ese sentido que “Si bien se ha aludido al seguimiento de una interpretación que respete el espíritu de la ley o la voluntad del legislador, no ha quedado claro cómo aquella conduciría a la solución que propicia el fiscal. Por el contrario, en este punto, la decisión que mejor comulga, en mi visión, con la voluntad del legislador es aquella que no exige la conformidad del fiscal para el acuerdo y que permite que, dentro del estrecho universo de ilícitos en los que la ley autoriza arribar a una conciliación, se priorice el restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas. Además, este enfoque resulta compatible con la entidad que normativamente se le viene reconociendo a la víctima en los procesos penales, entre otras, en la ley 27.372. De todas formas, aunque se pretendiera sostener lo contrario, el dictamen fiscal, como acto de gobierno, tampoco implicaría un seguimiento automático por parte del órgano jurisdiccional, sino que estaría supeditado al control de logicidad y fundamentación (art. 69 CPPN)”. Luego, pasó a analizar la logicidad y fundamentación del dictamen y, al respecto, compartió la postura de la defensa, en cuanto apuntó que no resulta un impedimento para alcanzar una conciliación la circunstancia de que la imputada registre antecedentes. Por ello ­a criterio del magistrado­ el fiscal, al sustentar su oposición en esa situación, presentó un dictamen infundado. Añadió que “No pasa de soslayo que el propio acusador público ha reconocido que la ausencia de antecedentes condenatorios no resultaba una exigencia normativa. Sin embargo, sostuvo que su opinión se basaba en el criterio sostenido por los integrantes de una de las salas de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional y, de ahí, que resultara plausible. Siendo así, una opinión plausible, el dictamen no podía ser catalogado de carente de fundamentación. Ante ello, cabe señalar que, aun siguiendo ese criterio, y admitiendo la existencia de más de una interpretación plausible, no ha explicado porque, frente a dos exégesis posibles, cabe estar a la que establece un alcance punitivo mayor, contrariando no solo el principio pro homine reconocido constitucional y convencionalmente y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino oponiéndose además a la exégesis que una solución más satisfactoria del conflicto brinda también a la presunta víctima (cfr. art. 22 del Código Procesal Penal Federal)”. En conclusión, procedió a homologar ­como se anticipó­ el acuerdo también respecto de la procesada D.

2. Contra esa decisión, el Dr. Nicolás Amelotti, Fiscal General de la Fiscalía Nº 11, interpuso el recurso de casación concedido por el a quo. Allí, se agravia porque el sentenciante no reconoció el carácter vinculante que ­según el recurrente­ tiene un dictamen fiscal en este tipo de supuestos. Afirma que en la sentencia se efectuó una errónea interpretación de los arts. 22 y 34 del CPPF, pues se dejó de lado el art. 30 del mismo cuerpo normativo, que si bien no se encuentra vigente, es necesario para efectuar una interpretación sistemática de la voluntad del legislador en los casos de conciliación y reparación integral. Señala el fiscal que “cualquier interpretación del art. 34 C.P.P.F. que prescinda del art. 30 del mismo digesto resultará evidentemente arbitraria porque el segundo artículo no fue pensado por el legislador para regir fuera de los límites fijados por el primero. El legislador que aprobó el art. 34 C.P.P.F., es el mismo legislador que aprobó, en el mismo momento, el art. 30 y lo hizo como parte integrante de un todo armónico como lo es el nuevo Código Procesal. En esto no tiene nada que ver que el artículo 30 no esté vigente porque aun cuando no lo esté es evidente que no existe mejor criterio que lo que dispuso el propio legislador, en el mismo momento, tres artículos más arriba, a la hora de fijar el alcance, los supuestos de procedencia y el valor del dictamen fiscal”. Asimismo, el recurrente remarca que la opinión de la víctima no tiene el carácter que le asignó el magistrado, pues de ser así, todos los delitos de acción pública, en los cuales aquélla acepte una conciliación, se transformarían en delitos de acción privada, quedando así carente de sentido la posición del Ministerio Público Fiscal. También, el Dr. Amelotti expone en su recurso que “La conciliación es un supuesto distinto al principio de oportunidad pero lo importante es que ambos (al igual que la suspensión del proceso a prueba y la conversión de la acción) son supuestos de disponibilidad de la acción por parte de este Ministerio Público. Y esto es así no porque lo diga el suscripto, sino porque lo dice claramente el Código Procesal Penal Federal en el art. 30 y no hay interpretación alternativa posible ni es razonable ignorar este artículo por el solo hecho de que la Comisión Bicameral aun no lo haya puesto en vigencia”. Tras examinar la letra del art. 30 del CPPF y su ubicación, el recurrente entiende que surgen “dos conclusiones evidentes: 1) la conciliación es un instituto de disponibilidad de la acción por parte del Ministerio Público Fiscal; 2) en casos de conciliación la Fiscalía ‘puede’ (pero no ‘debe’ agrego yo) disponer de la acción. El término empleado en el artículo 30 resulta por demás claro, la Fiscalía ‘puede’ disponer de la acción en caso de conciliación, pero no está obligada a hacerlo y, siendo así, resulta evidente que no puede ser obligada a ello ni por la voluntad de la víctima ni por la conformidad del juez interviniente con lo acordado en la conciliación”. Así, afirma que “Si el Ministerio Público Fiscal es el titular de la acción penal pública; y la extinción de la acción por reparación integral del perjuicio y por conciliación son supuestos de disponibilidad de dicha acción; sólo el fiscal (como titular de la misma) está facultado para decidir su declinación. Ni la víctima ni mucho menos el juez pueden subrogarlo en dicha tarea, so riesgo de inmiscuirse (éste último) en una función que la Constitución Nacional asigna a otro organismo. Como se advierte de la transcripción realizada en la resolución no se introduce análisis alguno del lugar en el que se inserta normativamente el artículo 34 dentro del Código Procesal Penal y se descarta que este deba interpretarse en sintonía con el art. 30 simplemente porque este aún no fue puesto en vigencia; sin embargo, se pretende cercenar el rol de este Ministerio Público ignorando no solo la letra de dicho artículo 30 sino también el art. 1º de la ley 27148 y el art. 120 de la Constitución Nacional realizando una interpretación del art. 34 por completo asistemática con base en principios generales acerca de la utilidad de los medios alternativos de resolución de conflictos que en modo alguno resulta suficientes para ignorar la letra del art. 30 CPPF e interferir en las funciones asignadas por ley a esta parte. En este marco es clara la arbitrariedad de la resolución recurrida en tanto se asienta en fundamentos meramente aparentes, realiza una interpretación aislada y no sistemática del art. 34 CPPF e ignora expresamente la letra del art. 30 CPPF, el que como mínimo debe ser considerado como criterio interpretativo de la voluntad del legislador”. También cuestiona el control de legalidad llevado a cabo por el sentenciante, al entender que éste excedió su función y se apartó de la posición fiscal, no por ser ésta infundada, sino por no compartir los fundamentos allí expuestos. Por otra parte, el recurrente también se agravia de la interpretación que el magistrado realizó del art. 59, inc. 6º, del CP, pues implicaría ­según alega­ que “caiga en saco rota la totalidad de la sistemática de graduación progresiva de las soluciones alternativas y de las penas previstas en el Código Penal y, en particular en el presente caso, los artículos 26, 27 y 58 del C.P. ­toda vez que de recaer condena habría que revocar dos condenas de ejecución condicional y dictar pena única­”. Finalmente, la parte acusadora menciona que la oposición efectuada en la audiencia respecto de D., también encuentra sustento en una cuestión de política criminal, tal como fuera plasmada en las Resoluciones de la Procuración General 97/09 y 13/19. Explica que “La reiteración de hechos en el tiempo a pesar de que desde el aparato de justicia se le dio a D. ya numerosas oportunidades para evitar la pena de prisión impone la necesidad, a criterio de esta parte, de enviar un mensaje más potente que ratifique la vigencia de la norma vulnerada. Resulta evidente que se pondría en cuestión la estabilidad de la normativa penal y su vigencia si se permitiera de modo ilimitado sustraerse al juicio oral acudiendo a procedimientos alternativos y, puntualmente en este caso, conciliando con la víctima del delito”.

3. A los fines de resolver el recurso presentado, en primer lugar, corresponde recordar que, según se desprende del requerimiento de elevación a juicio “Se les imputa a B. E. R. y a M. del C. D. haber defraudado mediando ardid o engaño a Eliana Raquel Flores, quien en la creencia que D. era vendedora de zapatillas le transfirió a la cuenta bancaria de R. la suma de $4000, pero no recibió el producto solicitado, sufriendo por ello un menoscabo en su patrimonio. En efecto, M. del C. D., en un grupo de la red social Facebook denominado ‘Sport Team’ publicó a la venta zapatillas y logró captar la atención de Flores quien se interesó en adquirir dos pares de zapatillas marca ‘Nike’ por la suma de $4000. En la creencia de estar frente a una vendedora de zapatillas, la damnificada el 7 de septiembre de 2018 realizó una transferencia al CBU … del Banco Galicia, vinculado a la caja de ahorros nº 4035537­2 078­9 a nombre de su madre E. B. R., DNI …, quien de acuerdo al plan que habían elaborado y previa distribución de roles le proporcionó el uso de su cuenta bancaria como así también la tarjeta de débito para que pudiera percibir el dinero. Una vez que la denunciante le comunicó que había realizado la transferencia, D. la bloqueó del servicio de mensajería de Facebook por lo que el 9 de octubre de 2018 decidió realizar la denuncia ya que no había recibido los dos pares de zapatillas” (hecho que fue calificado como constitutivo del delito de estafa –art. 172 del CP–­).

4. Como puede verse, el asunto se reduce a establecer si el dictamen desfavorable de la fiscalía en materia de conciliación tiene carácter vinculante para el tribunal y, en caso afirmativo, si el presentado en el caso se encuentra debidamente motivado (CPPN, art. 69).

4.1. Respecto al primer punto, tal como lo sostuvo esta Sala ­por unanimidad­ en el precedente “Retamozo”(2), en el cual se planteó una cuestión análoga a la presente y adherí al voto del juez Rimondi, entiendo que “la oposición fiscal, debidamente emitida, resulta vinculante para el tribunal” que, en consecuencia, “nunca puede homologar un acuerdo conciliatorio frente a una oposición fiscal que supere el control de legalidad y razonabilidad”. En términos similares me había expedido como integrante de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, al sostener que si bien el artículo 30 del CPPF(3) no ha entrado en vigencia “sirve como pauta de interpretación, de modo que una valoración global del instituto permite inferir fundadamente que el legislador estableció la conciliación como uno de los supuestos de disponibilidad de la acción reconocidos al Ministerio Público Fiscal, lo que torna indispensable su consentimiento …En ese contexto, se entiende que la actividad jurisdiccional debe circunscribirse a analizar la razonabilidad del dictamen en que se formula la oposición o se otorga el consentimiento (artículo 69 del Código Procesal Penal de la Nación)”(4).

4.2. Frente a la conclusión apuntada, resta efectuar el examen de legalidad y razonabilidad del dictamen mediante el que el fiscal se opuso al acuerdo de conciliación. Al respecto, advierto que la postura asumida por el Ministerio Público en modo alguno se exhibe ilegal o irrazonable. Por el contrario, se basó en los antecedentes que registra D.(5) ­que implicarían que, en caso de ser condenada en estas actuaciones, la pena sería de efectivo cumplimiento­ y en las cuestiones que invocó de política criminal, reparos que lo llevaron a considerar que aplicar el instituto sería contrario a la lógica del Código Penal, pues “D., a pesar de que cometió numerosos hechos delictivos, de que se le concedió la suspensión del proceso a prueba, de que se le impuso dos condenas de ejecución condicional, una y otra vez volvió a incurrir en hechos delictivos. Entiendo que frente a casos de estas características tiene que tenerse en cuenta que la sistemática del Código Penal va endureciendo gradualmente el tipo de solución y luego el tipo de pena que se entiende corresponde imponer, y que si pasó ya D. por varias de las alternativas que prevé el Código Penal, no corresponde darle una nueva oportunidad para evitar una pena de prisión, puesto que de lo contrario estaríamos realizando una interpretación asistemática del Código Penal”(6). Por otra parte, si bien es cierto que las instrucciones de la Procuración General de la Nación que trae en su recurso hacen alusión a los casos de suspensión del juicio a prueba, en modo alguno es irrazonable que un representante del Ministerio Público Fiscal acuda a los lineamientos de política criminal establecidos en aquéllas para examinar la procedencia de otros institutos que implican soluciones alternativas del conflicto. En definitiva, entiendo que, en el caso, el dictamen mediante el que la fiscalía se opuso a la homologación del acuerdo presentado cumple con los requisitos de fundamentación necesarios para superar el control de legalidad (CPPN, art. 69) y, por ende, se erige como un obstáculo para la procedencia de la conciliación respecto de la imputada D., de modo que la resolución recurrida debe ser revocada.

5. Por los motivos expresados, propongo al acuerdo hacer lugar al recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, casar parcialmente la resolución cuestionada, únicamente en cuanto dispuso la homologación del acuerdo de conciliación respecto de B. E. D., y reenviar las actuaciones al a quo para la continuación de su trámite (CP, art. 59, inc. 6º; CPPF, art. 34; y CPPN, arts. 456, 457, 458, 465 y 470).

Los jueces Bruzzone y Rimondi dijeron:

Por compartir sus fundamentos, adherimos al voto del colega Divito.

Por ello, esta Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, RESUELVE:

HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, CASAR PARCIALMENTE la resolución recurrida, únicamente en cuanto dispuso la homologación del acuerdo de conciliación respecto de B. E. D., y REENVIAR las presentes actuaciones al tribunal de origen a fin de continuar su trámite en relación con la nombrada (artículos 59, inc. 6º, del Código Penal, 34 del Código Procesal Penal Federal y 456, 457, 458, 465 y 470 del Código Procesal Penal de la Nación).

Regístrese, comuníquese mediante oficio electrónico al juzgado correspondiente, notifíquese (Acordada 15/13 CSJN y Lex100), y remítase el expediente oportunamente (cfr. acordadas nº 27/2020, 14/2021, 24/2021 y cc. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y acordada nº 10/2021 de esta Cámara). Sirva la presente de atenta nota de envío. – Mauro A. Divito. – Gustavo A. Bruzzone. – Jorge Luis Rimondi (Prosec.: Juan I. Elias).

(1) Cuya situación fue analizada en el considerando IV de la resolución.

(2) CNCCC, Sala I, “Retamozo, Matías Gabriel y otros”, del 14 de marzo de 2023, Reg. Nº 291/23. Jueces Bruzzone, Rimondi y Divito.

(3) “Disponibilidad de la acción. El representante del Ministerio Público Fiscal puede disponer de la acción penal pública en los siguientes casos: a) Criterios de oportunidad; b) Conversión de la acción; c) Conciliación; d) Suspensión del proceso a prueba. No puede prescindir ni total ni parcialmente del ejercicio de la acción penal si el imputado fuera funcionario público y se le atribuyera un delito cometido en el ejercicio o en razón de su cargo, o cuando apareciere como un episodio dentro de un contexto de violencia doméstica o motivada en razones discriminatorias. Tampoco podrá en los supuestos que resulten incompatibles con previsiones de instrumentos internacionales, leyes o instrucciones generales del Ministerio Público Fiscal fundadas en criterios de política criminal”.

(4) CCC, Sala VII, “Boerr”, del 30 de junio de 2020 (voto del suscripto).

(5) En la audiencia de conciliación, el auxiliar fiscal dijo que D. “registra la causa 4450 del TOC Nro. 21, en la que el 19 de junio de 2014 se le concedió la suspensión de juicio a prueba por el término de tres años. Luego, el 17 de abril de 2018 se la condenó a la pena de 2 años y 8 meses de ejecución condicional por el Juzgado Correccional Nro. 3 de Mar del Plata en la causa 10347 en orden al delito de defraudación con tarjeta hurtada, cometido en nada menos que 18 oportunidades. Con posterioridad, (…) a la fecha de comisión del delito investigado en esta causa, (…) fue nuevamente condenada por el Juzgado Correccional Nro. 2 de Mar del Plata, en la causa 11122, el 12 de noviembre de 2018, por hechos ocurridos el 22 y 30 de noviembre de 2015, por defraudación y encubrimiento a la pena de 7 meses de ejecución condicional y a la pena única de 3 años de prisión de ejecución condicional, comprensiva de la pena mencionada con anterioridad” Ver min. 6:20 a 7:14 del video “(72210­2018) video audiencia conciliación”.

(6) Ver min. 6:22 a 7:58 del video “(72210­2018) video audiencia conciliación”.

Decreto 696 de septiembre 29 de 2025 – Mediación: Mediación Prejudicial Obligatoria; Sistema Informatizado de Gestión Integral de la Mediación Prejudicial Obligatoria; implementación; herramientas digitales; Decreto 1467/2011; modificación; Anexo Reglamentación de la Ley Nº 26.589 y sus modificaciones; sustitución

Decreto 696 de septiembre 29 de 2025 – Mediación: Mediación Prejudicial Obligatoria; Sistema Informatizado de Gestión Integral de la Mediación Prejudicial Obligatoria; implementación; herramientas digitales; Decreto 1467/2011; modificación; Anexo Reglamentación de la Ley Nº 26.589 y sus modificaciones; sustitución (B. O. 30/09/2025). VISTO el Expediente Nº EX-2025-39455817-APN-DGDYD#MJ, las Leyes Nros. 25.506 y sus modificaciones y 26.589 […]

G., D. A. c. Mundo Plan S.A. y otro s/ordinario

Buenos Aires, 19 de junio de 2025.

1º) La citada en garantía Seguro Bernardino Rivadavia Cooperativa Ltda. apeló en subsidio la resolución fs. 123, mantenida en fs. 127, que rechazó la oposición al pago de la tasa de justicia calculada conforme al monto de acuerdo adjuntado en fs. 118/120 y la intimó a abonarla computada sobre la base de la pretensión inicial a valores actualizados.

Los fundamentos del recurso fueron expuestos en fs. 124/126.

En prieta síntesis, la apelante se agravia porque, a su criterio, el monto de la tasa judicial debe calcularse tomando como base la suma resultante del acuerdo transaccional y no, como erróneamente lo entendió el juez a quo, la reclamada en la demanda.

2º) Este Tribunal tiene reiteradamente dicho que resulta improcedente la pretensión de calcular la tasa de justicia con base en el monto del acuerdo transaccional que pone fin al pleito.

Ello es así, pues la interposición de la demanda da comienzo a la prestación del servicio de justicia, y en dicha oportunidad se fija el quantum de la pretensión como base imponible (ley 23.898: 4, inc. a) y se establece esa ocasión para cancelar la gabela (art.9, inc. a); y como en ese momento se ignora cuál será el resultado de la demanda, es indudable que el legislador da por sentado que, a los fines tributarios, no pueden tener incidencia las etapas del juicio efectivamente cumplidas, ni la admisión total o parcial, o el rechazo de la pretensión, ni conclusión anormal del proceso mediante acuerdo transaccional por un monto distinto al reclamado originariamente (conf. esta Sala, 4.7.17, “Álvarez, Jorge Luis y otro c/ Industrias Químicas Inesba S.L. s/ ordinario s/ incidente de tasa de justicia”; íd., 2.6.15, “Muñiz, José Alberto c/ Triex S.A. s/ ordinario”; íd., 8.8.13, “LC Acción Producciones SA c/ Arte Radiotelevisivo Argentino SA s/ ordinario”; íd., 15.11.11, “Sanmarco, Alejandro Carlos c/ Banco Itaú Buen Ayre S.A. s/ ordinario”, entre otros).

Tal conclusión, que es compartida por distintas Salas que conforman esta Alzada mercantil (conf. CNCom., Sala A, 20.11.14, “Romero, José c/ Wasyliw, Olga Rosa y otros s/ beneficio de litigar sin gastos”; íd., 18.6.12,“Bugallo, Casimiro c/ Bayer SA s/ ordinario”; íd., Sala B, 16.7.08, “Jab S.A. c/ Federal Mogul S.R.L. s/ ordinario”; íd., 14.11.06, “Thalys SA c/Algodonera Avellaneda SA s/ ordinario”; íd., 18.9.96, “E.C.G. SA c/ Banco Hipotecario SA s/ ordinario s/ incidente de oposición de pago de tasa”; íd., Sala C, 13.7.10, “Lucori S.A. c/ Mercantil Andina Compañía de Seguros S.A. s/ ordinario”; íd., Sala E, 30.7.12, “Risieri Sombra, Carlos c/ CTI Compañía de Teléfonos del Interior S.A. y otros s/ ordinario”; íd., 12.10.95, “Conte de Carrera, María Liliana c/ Bullmaco S.A. s/ ordinario”; íd., 30.8.94, “Corfavi SRL c/ Salas, Héctor s/ ordinario”, entre muchos otros), resulta suficiente para sellar la suerte adversa de la pretensión recursiva y conduce fatalmente a la confirmación del pronunciamiento de grado.

3º) Por lo expuesto, se RESUELVE:

Rechazar la apelación subsidiaria de fs. 124/126 y confirmar la decisión de fs. 123, sin costas, en tanto no medió contradictorio.

Notifíquese electrónicamente, cúmplase con la comunicación ordenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas 24/13 y 10/25), y remítase el soporte digital del expediente –a través del Sistema de Gestión Judicial y mediante pase electrónico– a la Mesa General de Entradas a fin de que por su intermedio sea devuelto al Juzgado de origen.

Firman únicamente los suscriptos en atención a encontrarse vacante la vocalía nº 12 (RJN art. 109). – Gerardo G. Vassallo. – Pablo D. Heredia (Prosec.: Mariana Grandi).

Decreto 55 de enero 31 de 2025 – Derechos del Consumidor. Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC). Disolución

Decreto 55 de enero 31 de 2025 – Derechos del Consumidor. Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC). Disolución (B. O. 03/02/2025).

Ciudad de Buenos Aires, 31/01/2025

VISTO el Expediente Nº EX-2025-04105896-APN-DGDMDP#MEC, las Leyes Nros. 24.240 y sus modificatorias, 26.589 y sus modificatorias, 26.993 y sus modificaciones y 27.742, el Decreto Nº 202 del 11 de febrero de 2015 y la Resolución Nº 274 de la ex-SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMÍA del 26 de marzo de 2021, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley del Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo Nº 26.993 y sus modificaciones se creó el “Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC)”, con la finalidad de intervenir en los reclamos de derechos individuales de consumidores o usuarios que versaren sobre conflictos en las relaciones de consumo regidas por la Ley Nº 24.240 y sus modificatorias, cuyo monto no excediera de un valor equivalente al de CINCUENTA Y CINCO (55) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Que la citada ley dispuso que el “Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC)” actúe a nivel nacional mediante su sede en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y en las dependencias, delegaciones u oficinas fijas o móviles que se establezcan en el resto del país.

Que por el artículo 4º se creó el Registro Nacional de Conciliadores en las Relaciones de Consumo en el ámbito del entonces MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Que, en otro orden, por el artículo 20 se creó un Fondo de Financiamiento en el ámbito del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS con el objeto de solventar las notificaciones y el pago de los honorarios básicos debidos a los conciliadores.

Que, asimismo, para el supuesto de imposibilidad de arribar a una solución de la controversia entre las partes, la Ley Nº 26.993 y sus modificaciones habilitó la instancia judicial de reclamo para el consumidor ante la Justicia Nacional y Federal.

Que por el Decreto Reglamentario Nº 202/15 se dispuso que, en lo referente al Título I de la Ley Nº 26.993 y sus modificaciones, la Autoridad de Aplicación sería la ex-SECRETARÍA DE COMERCIO del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, cuyas competencias actualmente corresponden a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

Que el funcionamiento del sistema del “Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC)”, en la práctica, ha operado exclusivamente en el ámbito de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES mediante la celebración de audiencias de conciliación entre proveedores y consumidores, con el fin de resolver conflictos de consumo bajo el marco de la Ley Nº 24.240 y sus modificatorias.

Que en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES existen otros ámbitos e instancias que tienen sustancialmente la misma finalidad que la instituida para el “Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC)”.

Que, en tal sentido, a través de la Resolución de la Presidencia del CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Nº 581 del 24 de junio de 2021 y de la Resolución del CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Nº 175 del 16 de diciembre de 2021, entre otras, se puso en funcionamiento el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (SCRC), que existe a la par de las dependencias de la DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en su carácter de Autoridad de Aplicación administrativa local de la Ley Nº 24.240 y sus modificatorias.

Que, de igual manera, por la Ley Nº 26.589 y sus modificatorias se estableció la mediación previa a todo proceso judicial con carácter obligatoria con el objeto de promover la comunicación directa entre las partes para la solución extrajudicial de la controversia, previo a la interposición de demandas en el ámbito de la Justicia Nacional.

Que, de esta forma, las instancias referidas tienen por finalidad posibilitar un acuerdo conciliatorio entre proveedores y consumidores para la resolución no adversarial de los conflictos de consumo.

Que dichos sistemas, en caso de fracaso de los medios conciliatorios, facultan a los consumidores damnificados a interponer demandas judiciales por incumplimiento contractual o legal de los proveedores, respectivamente, en el Fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y ante la Justicia Nacional o Federal, acotado, en todos los casos, al ámbito geográfico de la referida ciudad.

Que la coexistencia de organismos con facultades y atribuciones superpuestas, así como la existencia de instancias burocráticas con misiones y funciones similares en jurisdicciones geográficas coincidentes, ha generado, en numerosos casos incrementos en los costos para los proveedores, con el consecuente encarecimiento de los precios de los bienes y servicios para los consumidores o usuarios.

Que, al respecto, resulta indispensable alinear las políticas de regulación del mercado interno y avanzar hacia una efectiva desburocratización y simplificación de los procesos administrativos, evitando la duplicación de competencias y facultades asignadas a organismos que, en ámbitos geográficos concentrados, persiguen objetivos con la misma finalidad.

Que por el artículo 1º de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos Nº 27.742 se declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de UN (1) año y se delegaron en el PODER EJECUTIVO NACIONAL las facultades vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia, en los términos del artículo 76 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, con arreglo a las bases allí establecidas y por el plazo dispuesto.

Que en el artículo 2º de la citada ley se establecieron las bases de la referida delegación legislativa que son: mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común; reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas y asegurar el efectivo control interno de la administración pública nacional con el objeto de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas.

Que por la precitada Ley Nº 27.742 se facultó al PODER EJECUTIVO NACIONAL a disponer, en relación con los órganos u organismos de la Administración central o descentralizada contemplados en el inciso a) del artículo 8º de la Ley Nº 24.156 y sus modificatorias, que hayan sido creados por ley o norma con rango equivalente: “a) La modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario; y b) La reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos”.

Que desde el inicio de la gestión el Gobierno Nacional ha tomado distintas medidas tendientes a ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr que los recursos disponibles se dirijan a quienes más lo necesitan de manera eficiente, con el objetivo de potenciar el crecimiento económico y su contribución al desarrollo del país.

Que, en virtud de lo expuesto, resulta pertinente adoptar medidas en razón de las políticas públicas mencionadas, procediendo a la disolución del “Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC)”, creado por el artículo 1º de la Ley Nº 26.993 y sus modificaciones.

Que, en consecuencia, deviene necesario derogar los artículos 1º a 40 y 74 y 75 de la citada ley que dan sustento al referido Servicio.

Que la disolución del “Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC)”, con base en su finalidad y ámbito de aplicación geográfico, en ningún caso afecta los derechos de los consumidores o usuarios, ya que se mantienen vigentes las normas aplicables a las relaciones de consumo y los organismos y procedimientos existentes en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y las Provincias, que garantizan su protección.

Que, adicionalmente, la disolución del “Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC)” permitirá a la Autoridad de Aplicación Nacional de la Ley Nº 24.240 y sus modificatorias, que recae en la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a concentrar su accionar y a focalizar sus recursos en el ejercicio de sus facultades y atribuciones para alcanzar los objetivos, misiones y funciones propios que le competen como agencia encargada de la protección de los derechos de los consumidores o usuarios de alcance nacional.

Que la Autoridad de Aplicación Nacional, a través de la denominada “VENTANILLA ÚNICA FEDERAL” creada por la Resolución de la ex-SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del entonces MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Nº 274 del 26 de marzo de 2021, distribuye y asigna los reclamos interpuestos por los consumidores que ingresan mediante dicha plataforma, para su tratamiento y consideración, en todo el territorio nacional.

Que a partir de la disolución del “Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC)”, dicha autoridad podrá realizar una distribución más eficiente y efectiva de los reclamos que correspondan a cada una de las jurisdicciones, atendiendo a la distribución federal de competencias establecidas en el artículo 41 de la Ley Nº 24.240 y sus modificatorias.

Que, de la misma manera, la presente medida se encuadra dentro de las bases previstas por el artículo 2º de la citada Ley Nº 27.742 en tanto reducirá el sobredimensionamiento de la estructura estatal, contribuyendo a un mejoramiento del funcionamiento del ESTADO NACIONAL y logrando que este sea más ágil, eficiente y eficaz.

Que la Ley Nº 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del H. CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los decretos dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto en el artículo 76 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del H. CONGRESO DE LA NACIÓN tiene competencia para expedirse acerca de la validez o invalidez de los decretos de delegación legislativa y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento.

Que los servicios de asesoramiento jurídico pertinentes han tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el inciso a) del artículo 3º de la Ley Nº 27.742.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Disuélvese el “Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC)”, del ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, creado por el artículo 1º de la Ley Nº 26.993 y sus modificaciones.

ARTÍCULO 2º.- Disuélvese el “Registro Nacional de Conciliadores en las Relaciones de Consumo”, del ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA, creado por el artículo 4º de la Ley Nº 26.993 y sus modificaciones.

ARTÍCULO 3º.- Disuélvese el “Fondo de Financiamiento” del MINISTERIO DE ECONOMÍA, previsto por el artículo 20 de la Ley Nº 26.993 y sus modificaciones.

ARTÍCULO 4º.- Las actuaciones administrativas del “Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC)”, iniciadas en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.993 y sus modificaciones y que estuviesen pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, continuarán siendo tramitadas según su estado y serán concluidas por la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, quien conservará a esos efectos, en su carácter de Autoridad de Aplicación del régimen que se deroga, todas las facultades y atribuciones, incluso las sancionatorias, allí previstas.

ARTÍCULO 5º.- La SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA concluirá las obligaciones pendientes con los recursos remanentes del “Fondo de Financiamiento” creado por el artículo 20 de la citada Ley Nº 26.993 y sus modificaciones, en caso de que los hubiere, o con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al MINISTERIO DE ECONOMÍA.

ARTÍCULO 6º.- Deróganse los artículos 1º al 40, 74 y 75 de la Ley Nº 26.993 y sus modificaciones y el Decreto Reglamentario Nº 202 del 11 de febrero de 2015.

ARTÍCULO 7º.- El presente decreto entrará en vigencia a partir del 1º de febrero de 2025.

ARTÍCULO 8º.- Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del H. CONGRESO DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 9º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. – MILEI. – Guillermo Francos. – Luis Andrés Caputo. – Mariano Cúneo Libarona.

e. 03/02/2025 Nº 5055/25 v. 03/02/2025

VOCES: DERECHOS DEL CONSUMIDOR – DEFENSA DEL CONSUMIDOR – CONTRATOS – CONTRATO DE CONSUMO – RELACIÓN DE CONSUMO – CONCILIACiÓN – DAÑOS Y PERJUICIOS – DAÑO PUNITIVO – CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL – COMERCIO E INDUSTRIA – LEALTAD COMERCIAL – PROCEDIMIENTO – OBLIGACIONES – RESPONSABILIDAD CIVIL – RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL – CONSTITUCIÓN NACIONAL

P., J. R. s/recurso de casación

Rechaza el Tribunal Oral en lo Criminal Federal homologar el acuerdo conciliatorio (art. 43 CPPF) recurriendo la defensa en casación argumentando que pese a haberse arribado a un acuerdo mediante misivas entre las partes, avalado también por el Fiscal de primera instancia, se exigió la presentación de un acuerdo formal por escrito, requisito no previsto legalmente, y llegados a la etapa de juicio cambió el Fiscal General el criterio oponiéndose al aplicar una resolución del Procurador General de la Nación, solicitando aquél la homologación de lo antes acordado, a lo que se hace lugar anulándose la decisión impugnada y admitiéndose el acuerdo conciliatorio presentado, que deberá ser formalizado en la instancia y, una vez cumplido, disponerse la extinción de la acción penal.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 5 días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro, se constituye la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por la doctora Angela E. Ledesma, como Presidenta, el doctor Guillermo J. Yacobucci y el doctor Alejandro W. Slokar, como Vocales, asistidos por la Secretaria de Cámara, doctora María Andrea Tellechea Suárez, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto en la causa CFP 326/2021/TO1/3/CFC1, caratulada “P., J. R. s/recurso de casación” del registro de esta Sala. Representa al Ministerio Público, el Fiscal General doctor Raúl Omar Pleé, por la defensa del imputado el doctor Sebastián Gabriel Di Pietro y como apoderada del Banco de la Nación Argentina, la doctora Laura María Isabel Baidal.

Habiéndose efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan sus votos, resultó designada para hacerlo en primer término la doctora Angela E. Ledesma y en segundo y tercer lugar los doctores Slokar y Yacobucci, respectivamente.

La señora jueza Angela E. Ledesma dijo:

I. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de esta ciudad resolvió de manera unipersonal con fecha 8 de abril de 2024 no hacer lugar a lo solicitado por la defensa de J. R. P. respecto de la homologación del acuerdo conciliatorio (art. 43, CPPF).

Contra tal pronunciamiento, la defensa de J. R. P. interpuso recurso de casación, que fue concedido por dicho tribunal con fecha 15 de abril de 2024 y mantenido en esta instancia el 27 de junio de este año.

En el término de oficina previsto por los arts. 465, cuarto párrafo, y 466 del CPPN, la defensa reiteró, en esencia, las críticas reseñadas y citó jurisprudencia afín a su posición.

Con fecha 11 de septiembre del corriente año se realizó la audiencia de informes, oportunidad en que el Dr. Sebastián Gabriel Di Pietro, letrado defensor de R. J. P. hizo uso de la palabra, quedando las actuaciones en estado de ser resueltas.

II. El recurrente sostuvo que pese a haberse arribado a un acuerdo mediante misivas que fueron cursadas y receptadas por canales fidedignos, se exigió a esa parte la presentación de un acuerdo formal por escrito, requisito que no encuentra previsión legal alguna, y ni siquiera lo consigna de esa forma el art. 34 del C.P.P.F, en tanto establece que “el imputado y la víctima pueden realizar acuerdos conciliatorios…se presentará ante el juez para su homologación, si correspondiere, en audiencia con la presencia de todas las partes”.

Aclaró que la única exigencia que prevé el instituto es un acuerdo, más no impone su concreción por escrito, lo que implica necesariamente que debe estarse a la normativa civil vigente (Código Civil y Comercial de la Nación, Libro 3º, Título II, Capítulo 3, Sección 1º, art. 971 y cc.).

Precisó que no sólo cuenta con un acuerdo aceptado por la entidad bancaria damnificada, sino también avalado por el representante del Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de lo cual no se realizó la audiencia prevista en el art. 34 del C.P.P.N sino hasta la intervención del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal nº 2, donde esa parte debió insistir, debido a escollos burocráticos, en que se notifique al Banco Nación sobre el interés de esa parte en suscribir un acuerdo físico donde se plasme el consentimiento expreso del representante de aquella entidad; circunstancia que inexplicablemente implicó un nuevo traslado a las partes, pese a que ya había existido pronunciamiento al respecto, para que se instrumente el acuerdo.

Aclaró que con los traslados conferidos se corrió nueva vista a la fiscalía actuante, esta vez, en juicio, para que se expida nuevamente sobre el acuerdo conciliatorio que, figura aceptado por la parte damnificada desde el año 2022 y que ya contaba con la opinión favorable del fiscal.

Fue así que el Ministerio Público que actuaba en la etapa de juicio se opuso a la concesión del instituto por aplicación de la Resolución PGN Nº 92/23 del Procurador General de la Nación, que mantuvo también en la audiencia del art. 34 del CPPF.

Puntualizó que los nuevos presupuestos introducidos por el Procurador General no se sustentan en previsión legal alguna, y aun cuando se pretendiera considerar que el instituto bajo examen constituye un supuesto de disponibilidad de la acción penal, y por tanto, que la concesión del mismo depende irrestrictamente del aval fiscal, debe decirse que el supuesto bajo examen tampoco se encuentra entre aquellos casos expresamente vedados para que el acusador público pueda prescindir de la acción penal.

Señaló que “sobre este último punto (vgr. instrucciones generales del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL fundadas en criterios de política criminal), no puede sino afirmarse que estamos frente a un supuesto de ley penal en blanco, en tanto se le concede al Fiscal un cheque en blanco para fijar nuevos supuestos vedados para la concesión del instituto, sin exigencia de criterio alguno. Sin perjuicio de ello, debe destacarse necesariamente que tanto los hechos como la presentación del acuerdo introducido por esta parte encontró lugar con anterioridad a la vigencia de la Resolución PGN Nº 92/23 del Procurador General de la Nación, por lo que correspondería la aplicación retroactiva de la ley procesal penal más benigna”.

Manifestó que ello es así, máxime cuando nos encontramos frente a un caso de escasa trascendencia social, lo que torna aplicable las previsiones del art. 31 del CPPF (Criterios de oportunidad), que incluso allí se considera como supuestos en los que se podrá prescindir del ejercicio de la acción penal pública “b. Si la intervención del imputado se estimara de menor relevancia, y pudiera corresponder pena de multa, inhabilitación o condena condicional”.

Concluyó que el hecho atribuido reúne las exigencias previstas por el art. 34 del CPPF, y no se encuentra abarcado por aquellos casos de mayor gravedad que impiden al Ministerio Publico Fiscal prescindir de la acción penal –art. 30 del CPPF–.

Alegó que esa parte cuenta con un acuerdo legalmente válido en los términos del art. 980 del Código Civil y Comercial de la Nación, en tanto y en cuanto la aceptación expresa del mismo ha significado su perfeccionamiento.

Subrayó que la defensa cuenta con un acuerdo aceptado por la entidad bancaria damnificada, y avalado por el Ministerio Público Fiscal, de modo que sólo restaría la homologación judicial del mismo, lo cual no ha acontecido hasta el momento por una interpretación in malam parte.

Solicitó que se revoque la decisión impugnada, se homologue el acuerdo conciliatorio, se declare extinguida la acción penal y se dicte el sobreseimiento del imputado.

III. a. Para dar solución al caso, corresponde realizar una reseña de las actuaciones:

En el requerimiento de elevación a juicio se acusó a J. R. P. de “haber defraudado a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por un total de $403.350,32, mediante el cobro indebido de haberes jubilatorios correspondientes a su madre, durante el período comprendido entre julio de 2019 y hasta julio de 2020, valiéndose para ello de tres certificados médicos falsos de fechas 29/10/2019, 07/01/2020 y 29/01/2020 en los que se indicaba que su madre, identificada como Z. A. se encontraba en internación domiciliaria, siendo que la nombrada había fallecido el 2 de julio de 2019”.

Los hechos fueron calificados como estafa en perjuicio de la administración pública, en calidad de autor (arts.45, 54, 174, inc. 5, en función del 172 y 296, en función del 292, del CP).

Durante la instrucción, la defensa de P. realizó un ofrecimiento de cuatrocientos tres mil trescientos cincuenta pesos con treinta y dos centavos ($403.350.32) a la parte damnificada.

La representación legal del Banco de la Nación Argentina respondió que aceptaba la propuesta efectuada.

Por su parte, el Ministerio Público fiscal, a través del dictamen del 21 de junio de 2022, prestó su conformidad para llevar adelante la homologación del convenio arribado entre las partes.

Según consignó el juez en la sentencia impugnada, “posteriormente se omitió sustanciar la solución alternativa pretendida por las partes, procediéndose a la clausura de la instrucción y a la elevación del expediente a juicio oral, quedando el trámite del acuerdo conciliatorio pendiente de resolución”.

Una vez que el caso se encontraba a conocimiento del tribunal oral, la defensa reiteró el planteo de conciliación de conformidad con el art. 34 del CPPF ofreciendo abonar la suma de cuatrocientos tres mil trescientos cincuenta pesos con treinta y dos centavos a título de reparacio?n integral y ”con la finalidad de concluir el proceso y liberarlo definitivamente de la imputación por la cual se encuentra sometida al mismo, en el marco de la causa ya mencionada, no teniendo la contraparte nada más que reclamarle por esta y/o por cualquier otra vía judicial y/o extrajudicial, por sí ni por interpósita persona física y/o jurídica, en relación al objeto de imputación”.

El 27 de febrero de este año, la representante legal del Banco de la Nación Argentina respondió que aceptaba parcialmente la propuesta del imputado y expresó que “respecto del inciso 1) de la propuesta, recordamos los términos de la presentación realizada por el Dr. Burnos donde en su acápite II acepta la misma siempre y cuando sea en carácter de reparación presuntamente del daño ocasionado por la comisión de los hechos que se le atribuyen EN ESTA CAUSA. Por lo expuesto, solicito a V.S. que en oportunidad de resolver tenga presente lo destacado precedentemente, toda vez el texto propuesto por el encartado, al mencionar no teniendo la contraparte nada más que reclamarle por esta y/o por cualquier otra vía judicial y/o extrajudicial, por sí ni por interpósita persona física y/o jurídica, en relación al objeto de imputación, resulta amplio y de aplicación a otros fueros, excediendo las facultades de Gestión de Asuntos Penales, cuya área desconoce si existe algún otro proceso tramitando en otros fueros, motivado por los hechos investigados en la causa que nos convoca”.

Por su parte, la defensa sostuvo que “en torno a que se ignora la existencia de otros procesos que puedan estar tramitando en otros fueros, se hace saber que esta parte no ha sido notificada de su existencia, sin perjuicio de lo cual se reitera que el presente acuerdo se enmarca dentro de los procesos alternativos de resolución de conflictos, lo cuales apuntan justamente a establecer un procesos dinámico interactivo que logre una respuesta diferente que resulte satisfactoria para ambas partes”. Y solicitó que se homologue la conciliación pretendida.

El ministerio público Fiscal se opuso a la concesión del instituto.

Posteriormente, el juez dispuso realizar una audiencia para clarificar algunas cuestiones respecto de la voluntad conciliatoria, ocasión en la cual la defensa ratificó el ofrecimiento oportunamente realizado.

Asimismo, la parte damnificada, cuya representación ejerce la Dra. Laura María Isabel BAIDAL, hizo saber que carecía de facultades vinculadas a formular su voluntad conciliatoria para con el ofrecimiento realizado por la defensa, pues el acuerdo en cuestión, a su entender, resultaba extensivo a otras acciones judiciales que pudieran existir entre P. y la entidad que representa, haciendo saber que solamente podría hacerlo con relación a los hechos penales de esta causa. Explicó que la entidad a la cual representa cuenta con diferentes titulares en cada una de las materias particulares (conflictos civiles, comerciales, administrativos, etc), razón por la que no podría expresarse por cuestiones que eventualmente alcancen a otras carteras, sin perjuicio de la cuál indicó: “[…] yo no tengo conocimiento de la existencia de alguna causa judicial, civil o de algún otro tipo de reclamo por esta causa, simplemente tengo conocimiento de la causa penal […] no puedo aseverar si existe o no alguna otra causa, no tengo conocimiento, esa respuesta la puede dar el Banco Nación pero mi área no maneja esa información”.

Posteriormente, H. A. D. S., Gerente de la Sucursal “Eva Perón” del Banco de la Nación Argentina, se expidió en otro sentido y afirmó que ese banco no había accionado en contra del nombrado en el marco de otros procesos, de modo que se aceptaba el ofrecimiento realizado.

El Ministerio Público Fiscal expresó que del análisis de los poderes conferidos a los representantes del banco presentes en la audiencia surge que carecen de la capacidad suficiente para disponer por esta vía alternativa la aceptación de una conciliación, como así tampoco, cualquier otra acción que ponga fin a la vigencia de la acción penal.

Asimismo el fiscal destacó la existencia de una resolución institucional que obliga los acusadores fiscales a que, ante la existencia de otros delitos involucrados (refiriéndose a que en el marco de la presente causa no sólo se persigue la comisión de un delito patrimonial sino también un delito que afecta a la fé pública); y se opuso a su concesión.

Con fecha 8 de abril de este año, el juez resolvió no hacer lugar al acuerdo conciliatorio solicitado por la defensa por entender que en el caso no existe acuerdo entre las partes; invocó el límite que implica el dictámen fiscal negativo para la procedencia de este instituto y afirmó que los apoderados del Banco no podrían disponer de una acción penal que su mandante nunca tuvo al no haber ejercido el rol necesario para ser parte e impulsar o desistir el proceso.

b. Del análisis del caso surgen ciertas cuestiones que merecen tratamiento previo. Me refiero a los cuestionamientos sobre el alcance de los poderes de quienes se presentaron en representación de la parte damnificada para aceptar o no el acuerdo y a las opiniones divergentes al interior del Ministerio Público Fiscal.

Con relación a lo primero, se verifica una contradicción en el decisorio en crisis pues por un lado el juez afirma que no existe acuerdo entre el imputado y la parte damnificada (esto supone una convalidación de que quien se expidió sobre la propuesta se trataba de la parte damnificada), para luego afirmarse que los apoderados carecían de las facultades para expedirse sobre el acuerdo, lo cual resultaba en ese contexto extemporáneo luego de todos los actos realizados en presencia de dicha parte, además de la posición favorable expresada en las primeras etapas del proceso.

Cabe destacar, además, que en la sentencia no se ha explicado por qué los poderes presentados por los apoderados resultarían suficientes de acuerdo con la alegación fiscal. Por otro lado, el juez afirmó que dicha parte no se habría presentado como querellante, lo cual en modo alguno supone un requisito exigible para aceptar el acuerdo, que sólo exige la conformidad de la víctima.

En cuanto a la segunda cuestión advertida, cabe destacar que en este caso durante el devenir del proceso el Ministerio Público Fiscal se expidió en sentido positivo respecto de la pretensión articulada.

Así pues, en el marco de un proceso acusatorio (respetuoso de la imparcialidad del juzgador y de la autonomía del MPF) las desavenencias o diferencias de criterios que puedan existir al interior del Ministerio Público Fiscal deben ser resueltas en su interior pues está regido por el principio de unidad de acción (art. 1, ley 24.946 y artículo 9 inciso “a” ley 27.148) y además el órgano jurisdiccional no puede tener ningún tipo de injerencia, mucho menos cuando se encuentra frente a una pretensión desincriminante del acusador público.

En efecto, Maier sostiene que “no parece posible imaginar el ejercicio de la persecución penal por parte de la fiscalía sin pensar en que su actividad o su inactividad representan totalmente al Estado en esa función, frente a la organización judicial. Y ello es, precisamente aquello que se quiere significar cuando se menta a los principios de unidad e indivisibilidad del oficio: el funcionario que obra por el ministerio público vincula a la organización con sus acciones o sus omisiones, cualquiera que sea la organización interna y la infracción que a esas reglas de organización haya podido cometer ese funcionario. Para el contradictor, esto es, para el imputado y su defensa, ésta es una regla básica que garantiza sus posibilidades de resistir la imputación (defensa) en el procedimiento penal” (Maier, Julio B.J. “Derecho Procesal Penal. Parte general. Sujetos procesales”, editores Del Puerto, Buenos Aires, 2004, p. 331-332).

Y que “el oficio es único e indivisible: todo funcionario que actúa en un procedimiento lo representa totalmente y tanto sus acciones como sus omisiones en el procedimiento son imputables a la fiscalía según su valor procesal, con independencia de la competencia interna y, en su caso, de las decisiones o instrucciones generales o particulares que hayan sido emitidas o de su cumplimiento por parte de los funcionarios que, internamente, están obligados a observarlas; por otra parte, para lograr esta unidad de acción externa, las reglas de distribución de trabajo entre sus diversos integrantes no responden, como entre los jueces, a un ideal de distribución de competencia legal (facultad jurídica concedida), sino, antes bien, a una forma burocrática necesaria (rutina) para atender los numerosos asuntos que debe tratar de oficio: de allí que el derecho de dar instrucciones para la tarea, base de la organización monocrática y jerárquica, puede consistir, además de, en la facultad genérica de dar instrucciones generales (válidas para varios asuntos, inclusive relativas a la distribucio?n de trabajo), o particulares (relativas a un asunto o acto a cumplir u omitir), también, en la facultad del superior de reemplazar al funcionario inferior por otro (facultad de sustitución) o de atraer hacia sí el asunto (facultad de devolución)” (Maier, op.cit., p.328- 329).

En sentido concordante, se sostiene que los principios de unidad e indivisibilidad “imponen que en el ejercicio de la persecución penal, los fiscales representan al MP frente a la organización judicial sin importar cuáles son las reglas de organización interna que existan (…) La LOMP incorpora el principio de unidad de actuación por el cual se entiende que cualquier funcionario que actúa en un procedimiento representa al MP y tanto sus acciones como omisiones le son imputables a la institución” (Goransky, Mirna, “Hacia un Ministerio Público eficaz, eficiente y democrático. Un estudio comparado”, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2008, p. 24-25).

Por su parte, Binder destaca que el Ministerio Público se organiza vertical y jerárquicamente pues constituye un cuerpo unitario que actúa como un todo frente a la sociedad y a la judicatura (Binder, Alberto, “Introducción al derecho procesal penal”, Ad hoc, Buenos Aires, 2005, p. 326).

En esta línea de pensamiento, se ha dicho que “la necesidad de coherencia intenta vedar toda posibilidad de que ante situaciones similares la respuesta por parte del MPF sea diversa alterando elementales reglas de igualdad y poniendo en crisis el logro de los objetivos comunes. Es una exigencia que desde lo institucional se persiga arrojar previsibilidad en la actuación dispar de sus miembros supeditada exclusivamente a las decisiones personales de sus integrantes. Ello se refleja, a su vez, en la unidad interna del órgano, que por sus características está compuesto por recursos humanos intercambiables y que pueden actuar, con diferente función en etapas (instancias) sucesivas del proceso, pero que deben responder de manera uniforme a idénticos objetivos. Por coherencia podríamos decir que aludimos a la función de cada integrante del MPF previendo su accionar ‘individual’ y por unidad al sostén en todas las etapas (instancias), de unos y otros, en una misma dirección evitando que la decisión personal pueda afectar los objetivos globales” (Bruzzone, Gustavo, “Las llamadas ‘instrucciones de los fiscales’”, Pena y Estado, año 2, nro. 2, p. 222, nota al pie).

Está claro entonces, que el correcto funcionamiento de un órgano que lleva adelante políticas criminales necesariamente exige de comunicaciones fluidas entre sus funcionarios que deben expresarse hacia el exterior de la organización de manera coherente no sólo respecto del caso sino también hacia la sociedad. Las fallas de comunicación y/o de criterio que pudieran existir dentro del MPF no pueden operar en contra del imputado.

Entonces, tratándose de un caso en el cual las partes se expresaron de manera favorable respecto del acuerdo conciliatorio en determinado momento del proceso, y más allá de los cambios ulteriores de opinión, a los fines de evitar mayores demoras y burocracias que atenten contra la resolución del conflicto, el restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y la paz social (art. 22, CPPF), corresponde admitir la vía intentada.

Ello, frente a la expresa composición que existe entre las partes y ante una propuesta económica que luce adecuada de acuerdo con el perjuicio irrogado por el hecho –y respecto de la cual la parte damnificada ha prestado su conformidad–, entiendo que la solución más adecuada es poner fin a este conflicto.

En virtud de lo expuesto, propongo al acuerdo hacer lugar, sin costas, al recurso de casación deducido por la defensa, anular la decisión impugnada y admitir el acuerdo conciliatorio presentado, que deberá ser formalizado en la instancia y, una vez cumplido, disponerse la extinción de la acción penal. (arts. 456, 471, 530 y cc. del CPPN).

Tal es mi voto.

Los señores jueces Alejandro W. Slokar y Guillermo J. Yacobucci dijeron:

Que, en las particulares circunstancias de la especie, habrán de convenir en lo sustancial con la solución que postula la distinguida colega que lleva la voz.

En mérito al resultado de la votación, el tribunal RESUELVE:

HACER LUGAR, sin costas, al recurso de casación deducido por la defensa, ANULAR la decisión impugnada y ADMITIR el acuerdo conciliatorio presentado, que deberá ser formalizado en la instancia y, una vez cumplido, disponerse la extinción de la acción penal (arts. 456, 471, 530 y cc. del CPPN).

Regístrese, notifíquese, comuníquese y remítase al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío. – Angela E. Ledesma. – Guillermo J. Yacobucci. – Alejandro W. Slokar (Sec.: Mariana Andrea Tellechea Suárez).

***

J., M. L. y otros s/recurso de casación

Homologa el juez federal un acuerdo conciliatorio celebrado conforme el art. 34 del C.P.P.F. entre dos de las partes del proceso, imputados y organismo nacional titular de las tierras usurpadas, presentando recurso de casación el representante del Ministerio Público Fiscal cuya intervención aquél descalificó como de “carácter marginal”, y la A.V.L.M. con el rol anteriormente otorgado por la misma Sala I de la C.F.C.P., este último rechazados por lo que ocurren en queja, analizándose lo actuado y el instituto de la conciliación, resultando anulada la resolución recurrida, debiendo el a quo continuar las actuaciones según su estado.

Buenos Aires, a los 15 días del mes de agosto de dos mil veinticuatro, integrada la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal por los señores jueces doctores Daniel Antonio Petrone –Presidente–, Diego G. Barroetaveña y Carlos A. Mahiques –Vocales–, reunidos de conformidad con lo dispuesto en las Acordadas 24/21 de la Corte Suprema de Justicia de la Nacio?n (CSJN) y 5/21 de esta Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), a los efectos de resolver los recursos de casación interpuestos en los incidentes FGR 26511/2017/TO1/CFC5 y FGR 26511/2017/TO1/29/CFC7 del registro de esta Sala, caratulados “J., M. L. y otros s/ recurso de casación”, de los que RESULTA:

I.- Que el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, en fecha 26 de junio de 2023, resolvió “(1º) RECHAZAR LAS OBSERVACIONES DEL FISCAL y, en consecuencia, HOMOLOGAR EL ACUERDO CONCILIATORIO presentado en estas actuaciones en fecha 9/6/23 por parte de M. L. J., M. I. N., R. R., B. A. C., M. A. T., J. M. C., y la Administración de Parques Nacionales (APN) (art. 34 CPPF); 2º) LEVANTAR LA SUSPENSIÓN DEL CURSO DE LA PRESCRIPCIÓN respecto de las imputadas M. L. J., M. I. N., R. R., B. A. C., M. A. T., y J. M. C.; y 3º) RESERVAR LAS ACTUACIONES hasta tanto se encuentre acreditado el cumplimiento del objeto conciliado (art. 34 CPPF) o se logre dar con el paradero de los imputados declarados en contumacia” –el destacado y las mayúsculas pertenecen al original–.

II.- a. Que, contra dicha decisión, interpuso recurso de casación el Ministerio Público Fiscal, el cual fue concedido por el tribunal a quo el 23 de julio de 2023 y oportunamente mantenido ante esta instancia.

b. Que, por su parte, interpuso recurso de casación el presidente de la ASOCIACIÓN VECINAL LAGO MASCARDI (en adelante AVLM) junto con sus demás miembros –con el patrocinio letrado de los abogados Juan Ignacio Sarmiento y Magdalena Sanguinetti– cuya denegatoria motivó la presentación directa ante esta instancia.

En ese contexto, el 23 de noviembre de 2023 esta Sala hizo lugar al recurso de queja (Reg. 1410/23).

c. Que en tanto en la presente incidencia se sustancian cuestiones análogas a aquellas que obran en el incidente FGR 26511/2017/TO1/29/CFC7, corresponde que todas ellas sean tratadas en una única resolución.

III.- a. En su presentación, el señor fiscal encauzó sus agravios en las previsiones del art. 456 del Código Procesal Penal de la Nación –CPPN–.

En primer lugar, consideró que el juez a quo “(h)a homologado un acuerdo conciliatorio (…) el cual posee tres cláusulas cuyo contenido resulta contrario a los arts.75 inc.5 de la CN, y 279, 1003 y 1004 del CCyC”.

Sobre los puntos de acuerdo que contrarían la legislación aludida, recordó que formuló “(o)bjeciones a las cláusulas 1 (a excepción de la declaración que se compromete a realizar el INAI), 2 y 5”.

Así, sostuvo que “(l)a solución del conflicto deberá ser a la luz de las previsiones del art.75 inc.5 de la CN, en cuanto dispone que constituye facultad del Congreso de la Nación las decisiones en las cuales se disponga el uso y la enajenación de las tierras de propiedad nacional, extremo sobre el cual no se ha hecho mención alguna en el convenio en cuestión”.

Al respecto, recordó que en “(l)as cláusulas 1 y 5 se introducen tres conceptos: a) reconocimiento como sitio sagrado del Rewe, b) otorgamiento de permiso de uso para que la Machi B. C. pueda ejercer sus tareas espirituales y medicinales y c) la construcción de 3 Rukas: Ruka Lawen, Ruka Kellum, y Ruka Machi (a cargo del PEN conforme surge de la cláusula 5) donde no podrá vivir el resto de la comunidad Lafken Winkul Mapu que será reubicada en otras tierras tema que será analizado en próximas mesas de diálogo conforme lo especificado en la cláusula 2”.

En concreto, sobre la cláusula 1 del acuerdo, refirió que del análisis integral de la Ley 22351 surge que el juez a quo incurrió en una “(e)rrónea utilización del derecho sustancial. Ello así debido a que: a) las concesiones de uso que puede otorgar la APN deben ser requeridas por organismos públicos o instituciones privadas sin fines de lucro, legalmente constituidas en el país para el desarrollo de sus actividades de bien común, cualidades estas que no posee la comunidad en cuestión; y b) aún así la posibilidad de concesión de uso debe tener como tope un plazo de 30 años, cuando el acuerdo no describe un plazo determinado”.

Por su parte, evaluó que “(e)n lo que hace al apartado 2 (…) tampoco se ha precisado, siquiera mínimamente cuáles son las tierras donde serán reubicados el resto de los integrantes de dicha Comunidad, por lo que más allá de la aclaración de que tal decisión surgirá de los próximos encuentros de la mesa de diálogo, lo cierto es que tal cláusula no tiene su objeto debidamente delimitado, circunstancia que torna imposible su homologación”.

Sobre el tópico, señaló que “(e)s criterio de la CSJN, la necesidad de realización del relevamiento técnico jurídico catastral de tierras (conf. ley 26.160 art.3), previa emisión de una decisión jurisdiccional, extremo este que hasta el momento no ha sido realizado”.

Por las consideraciones hasta aquí reseñadas, entendió que “(e)l objeto de las cláusulas 1 y 5, tal como fueran construidas, resultan contrarias a las previsiones del art.75 inc.5 de la CN. Asimismo en relación a lo previsto en la cláusula 2 resulta completamente imprecisa”.

A ello, agregó que “(l)as cláusulas 1, 5 y 2 poseen contenidos que contravienen normas vigentes, por lo que la homologación del acuerdo realizado por el Sr. Magistrado resulta producto de una incorrecta aplicación del derecho”.

Por todo lo reseñado, entendió que “(e)l pronunciamiento judicial impugnado incurre en inobservancia de las normas que el Código Procesal establece bajo pena de nulidad (art. 456 inc. 2º C.P.P.N.), toda vez que la decisión del Dr. Greca provoca la nulidad de orden general del art. 167 inc. 2º del C.P.P.N. en tanto tornó ficta la intervención del Ministerio Público Fiscal en el trámite de homologacio?n del acuerdo conciliatorio, ya que con arbitrariedad descalificó la intervención de esta Fiscalía como de ‘carácter marginal’” –el destacado obra en el original–.

b. Por otro lado, el representante del Ministerio Público Fiscal expresó que el juez a quo homologó el acuerdo “(p)ese a la falta de consentimiento fiscal, cuando la posición de este MPF resulta vinculante (…) en atención a la interpretación exegética y concordante de las normas contenidas en el art. 59 inc. 6 del CP, en la Ley Orgánica Nº 27.148, en la Ley 24.946 (arts. 37, inc. “a”, entre otros) reglamentaria del artículo 120 de la Constitución Nacional, y en los arts. 5 y 65 del CPPN”.

En esos términos, peticionó que “(s)e respete su derecho constitucional de continuar ejerciendo la acción penal pública, en defensa de los intereses generales de la sociedad (art. 120 de la Carta Fundamental)”.

Asimismo, expuso que “(c)uando el Fiscal se opone a la homologación de un convenido conciliatorio, no se lesiona la garantía de defensa en juicio inhibiendo la jurisdicción acordada en el art. 116 de la C.N. Antes bien, de materializarse la postura de la resolución recurrida, se estarían conculcando derechos y garantías constitucionales, que son la base de nuestro sistema procesal, arts. 18 y 120 de la C.N., al arrogarse el Tribunal facultades o potestad sobre la disponibilidad de la acción pública, acto en donde el ejercicio de la jurisdicción está limitado por una parte a las peticiones del imputado y por el otro por la opinión del MPF”.

Por todo ello, solicitó que se haga lugar al recurso de casación interpuesto y, en consecuencia, se anule el pronunciamiento impugnado, se rechace el acuerdo presentado y se ordene la continuación del proceso con miras a la celebración del juicio.

Hizo reserva del caso federal.

IV.- Por su parte, en su presentación –y en lo medular–, los representantes de AVLM sostuvieron que la resolución dictada por el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche “(V)iolenta el Estado de Derecho en tanto manda a canalizar los reclamos y conflictos a través de los procedimientos legales preestablecidos, y sanciona a quienes se apartan de aquellos recurriendo a las vías de hecho y la violencia”.

A su vez, entendieron que “(e)l Fiscal y el Juez se vieron en la necesidad de hacer referencia a una suerte de compromiso expreso o tácito –respectivamente– de los imputados de no reiterarse en las conductas ilícitas, cuando en realidad la no comisión de delitos es un imperativo legal básico del Estado de Derecho y, por lo tanto, no es materia ‘conciliable’. El Magistrado llega a decir que el propio contenido del acuerdo claramente implica renunciar a futuros comportamientos de ocupación, como si fuera una posibilidad legal que no renuncien a ello y ‘se reserven el derecho de delinquir’”.

En otro orden, refirieron que “(e)l acuerdo se encuentra alcanzado por un impedimento particular previsto en el art. 34 CPPF, en tanto los delitos atribuidos a los imputados aparecen cometidos con grave violencia sobre las personas. El Juez simplemente ha afirmado que tal violencia no se verifica, pero sin dar las razones de su apreciación”.

Por otro lado, indicaron que “(e)l acuerdo se encuentra alcanzado por impedimentos de orden general previstos en el art. 30 CPPF, en tanto es incompatible con las leyes que regulan el procedimiento de reconocimiento territorial a comunidades indígenas y el destino de los parques nacionales así como de los bienes del dominio público”.

Seguidamente, expusieron que “(e)s completamente improcedente tener por celebrado un acuerdo […] cuando se trata de un delito cometido por un conjunto de personas de manera organizada, y solamente participan del acuerdo algunos imputados pues los demás miembros de la organización (o la ‘comunidad’) ni siquiera se han puesto a disposición de la justicia”.

Por último, manifestaron que el mentado acuerdo “(c)ontraría la naturaleza y finalidad de la conciliación penal […] porque insólitamente consiste en una serie de concesiones de la víctima en favor de los imputados y se les ofrece aquello de lo que pretendieron apropiarse mediante el delito”.

Hizo reserva del caso federal.

V.- Puestos los autos en el término de oficina previsto por los artículos 465 y 466 del Código Procesal Penal de la Nación –CPPN–, se presentó el Fiscal General ante esta Cámara, Javier Augusto De Luca.

En aquella oportunidad, en lo atinente a las cuestiones de forma, señaló que “(E)l propio artículo 34 CPPF dice que se recibirá audiencia en la que intervendrán todas las partes, y el MPF lo es. Puede que no sea una parte del acuerdo en sí mismo, pero si es una parte esencial, necesaria, en cualquier proceso penal por delitos de acción pública. Se trata de un proceso de derecho público. Estos acuerdos, además de versar sobre conflictos que tienen contenido patrimonial, no agotan su propósito con su celebración, como la conciliación de algún proceso privado (civil y comercial), sino que conducen a la extinción de la acción penal. Luego, es obvio que debe intervenir su titular (el titular de la acción penal, el fiscal) para, al menos, controlar que sus términos respeten la legalidad como lo ordena el art. 120 CN (…) De modo que debe distinguirse el caso en el que al fiscal no le agrada el acuerdo conciliatorio de aquellos en los que él controla su legalidad. Esta última es la materia de su debida intervención. Por ello, no constituye argumento válido el del juez que lo homologó, que señaló que el fiscal no tenía nada que decir en el acuerdo presentado entre las partes”.

Sobre la cuestión formal, también sostuvo que la conciliación “(s)e trata de un supuesto que conduce a la extinción de la acción penal, de la cual el Ministerio Público Fiscal es el único titular. Máxime que las normas que lo permiten vienen de un código procesal marcadamente acusatorio y no pueden ser interpretadas aisladamente”.

A ello, agregó que el instituto de referencia “(S)e trata de un supuesto de extinción de la acción por disponibilidad, y por ello, es este órgano acusador estatal quien debe aceptar el acuerdo como presupuesto para prescindir de la acción penal pública (art. 120 CN)”.

En esos términos, concluyó que “(q)ueda claro que la oposición formulada por el Fiscal de la instancia anterior resultaba vinculante para el juez federal”.

Ahora bien, en lo atinente a la cuestión de fondo, el señor fiscal señaló que “(n)adie ha explicado y demostrado cuál es el estatus que revisten los y las imputados. No se trata de desconocer la autopercepción, ya que ese asunto está resuelto (arts. 1º y 2º del Convenio 169 de la OIT) sino discutir cuáles son las formas en las que esas comunidades pueden reclamar la efectivización de sus derechos. No les es exigible que inscriban su personería jurídica, pero sí que se releven (para lo cual se tienen que inscribir en el ReTeCi) y que haya un acto administrativo del INAI que, luego de los estudios correspondientes concluya que son ocupantes tradicionales de esa tierra previamente relevada (ver el decreto PEN 1122/02, reglamentario de la Ley 26.160)”.

Sobre dicho procedimiento, consideró que su objetivo es “(e)vitar que cualquier grupo de personas invoque y acceda a derechos que no les corresponden y que, además, ello les permita cancelar la persecución penal por los delitos que cometieron”.

En ese orden, agregó que “(s)iempre hemos tenido presente en este caso, que a varias de estas mismas personas, bajo otro nombre comunitario (Lof C.-N.), ya se les había reconocido la ocupación tradicional en otro territorio en ejido de San Carlos de Bariloche, en los términos de la ley 23.302, en abierta contradicción con su posición actual de invocar que pertenecen a una comunidad con otro nombre y que estas tierras y no otras son las de sus ancestros”.

Seguidamente, y sobre la ausencia del relevamiento que debe llevar a cabo el INAI, conceptuó que ante dicha omisión “(c)ualquier grupo de personas podría invocar derechos que no les corresponden y forzar al Estado a conciliar –la usurpación es un hecho de fuerza–, sin que los imputados nada den a cambio”.

Por lo reseñado, concluyó que “(l)a oposición fiscal en ejercicio de su deber de hacer observar la legalidad y el orden público jurídico (art. 120 CN) es correcta”; motivo por el cual solicitó se haga lugar al recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y se revoque la resolución impugnada.

VI.- Que, superada la etapa prevista en el art. 465, último párrafo y en el 468 del CPPN, oportunidad en la que la defensa, la representante de la AVLM y la Administración Nacional de Parques Nacionales presentaron breves notas.

a. En dicha ocasión, y en lo medular, la defensa sostuvo que “(e)l Fiscal debe participar de esa audiencia con la finalidad de ejercer el control de legalidad del proceso, es decir, verificar el cumplimiento de aquellas circunstancias que están enumeradas en la norma vigente (art 34 CPPF) pero no para volcar consideraciones de mérito o conveniencia (de oportunidad) que considere”.

Por otro lado, en relación a la presentación de la Administración de Parques Nacionales, manifestó que “(e)l Estado es uno solo, independientemente de los Gobiernos y su retórica pública circunstancial. Parques Nacionales que es la presunta víctima del delito que se investiga, firmó un acuerdo en el cual participaron diversos estamentos del propio Estado Nacional”.

b. Por su parte, la representante de AVLM indicó que los imputados son de “(u)n grupo de personas que se autoproclamaron integrantes de una comunidad indígena y bajo la proclama de la recuperación de supuestos territorios ancestrales ocuparon ilegalmente predios de dominio público bajo jurisdicción de PPNN e inmuebles de particulares, haciendo uso de una extrema violencia que incluyó el empleo de armas de fuego, bombas molotov, piedras y boleadoras para repeler la acción de la justicia y los intentos de los privados de recuperar su propiedad, sumiendo a la zona y vecinos de Villa Mascardi en el terror durante cinco largos años”.

En otro orden, expuso que, en el marco de la respuesta de un pedido de información pública, “(l)a Secretaría DDHH indicó que No existen expedientes administrativos en esta Secretaría vinculados a la ‘Mesa de Diálogo’ con las comunidades mapuche, en violación a la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 19.549 en su conjunto y al régimen general de administración de bienes del estado (DNU 1382/12 y art. 75, inc. 5º CN)”.

Seguidamente, refirió que “(e)l llamado proceso de diálogo que culminó con el compromiso del Estado Nacional de ceder en favor de un grupo de particulares el uso de un predio del dominio público y especialmente protegido como Parque Nacional se hizo ‘en el aire’, como si los funcionarios fuesen los propietarios del predio y pudiesen disponer libremente de aquél”.

c. Por último, se presentó la apoderada de la Administración de Parques Nacionales, quien informó que “(e)l Directorio de la ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES, en la convicción de que es el objetivo principal el definir y llevar a cabo políticas y cursos de acción que aseguren el mantenimiento de la integridad de las Áreas Protegidas a su cargo, el día 26 de abril de 2024 dictó la Resolución RESFC-2024-16-APND#APNAC –acompañada al presente–, mediante la cual se dejó sin efecto la resolucion RESFC-2023-468-APN-D#APNAC del día 9 de junio de 2023” –las mayúsculas pertenecen al original–.

En esa senda, indicó que “(e)n el marco de aquella resolución –actualmente dejada sin efecto–, el entonces Directorio a cargo de la Administración de Parques Nacionales resolvió ratificar el acta suscripta el día 1 de junio de 2023 entre los representantes del Poder Ejecutivo Nacional y del Pueblo Mapuche y Tehuelche Mapuche en el marco de la Mesa de Dialogo celebrada a tal efecto e instruir a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este Organismo a que arbitre los medios necesarios para su cumplimiento”.

Además, señaló que “(E)s vocación de la ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES no renunciar a los cursos de acción y las querellas penales que se iniciaran en el año 2017 como consecuencia de los sucesos ocurridos en el Parque Nacional Nahuel Huapi, –que en esta investigación y en otras conexas que al día de la fecha aún continúan– en aras de garantizar la correcta defensa de los intereses del Estado Nacional y del interés público comprometido en las causas penales en trámite” –las mayúsculas obran en el original–.

En ese orden, sostuvo que “(L)a adopción de dicho temperamento expresa la voluntad del Estado Nacional –aquí representada por la querella de esta Administración de Parques Nacionales– respecto del resultado de la ‘Mesa de Diálogo con Comunidades del Pueblo Mapuche y Mapuche Tehuelche de la Patagonia’, el posterior acuerdo celebrado entre las partes con fecha 9 de junio de 2023 y su homologación por parte del Tribunal Oral de General Roca con fecha 26 de junio de 2023, que hoy se encuentra a estudio de esta Sala como consecuencia del recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, al cual se adhiere en un todo en cuanto a sus motivos de agravio y fundamentos, solicitando la revocatoria de esta última decisión”.

Por los motivos expuestos, solicitó que se “(s)e revoque la resolución de homologación a estudio de esta Alzada y se prosiga con el trámite de esta causa, encomendando al Tribunal Oral la celebración del correspondiente debate oral y público a fin de enjuiciar los hechos investigados”.

Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo: Diego G. Barroetaveña, Carlos A. Mahiques y Daniel Antonio Petrone.

El señor juez Diego G. Barroetaveña dijo:

I.- De manera liminar, señalaremos que el recurso de casación interpuesto por la fiscalía resulta formalmente admisible, toda vez que la sentencia recurrida se trata de una resolución equiparable a definitiva y los planteos realizados encuadran dentro de los motivos previstos en el art. 456 del CPPN y se han cumplido los requisitos de tiempo y de fundamentación (arts. 457 y 463 del CPPN).

A ello, se agrega que el recurrente ha invocado la errónea aplicación de la ley sustantiva y la arbitrariedad de la resolución recurrida.

De igual forma, el recurso de casación deducido por la AVLM también resulta formalmente admisible en función de lo ya resuelto en el Reg. 1410/23 de esta Sala.

II.- Ahora bien, previo a ingresar al estudio de la cuestión traída a inspección jurisdiccional, resulta conveniente realizar un breve repaso de los sucesos acaecidos en el expediente.

En primer lugar, corresponde memorar que, de acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio presentado por la fiscalía –en lo que aquí interesa–, “(s)e atribuye a M. I. N., L. M. J., Y. F. B., R. R., M. A. T., B. A. C. y C. G. C. el haber usurpado por medio de violencia y amenazas –junto a otras personas aún no individualizadas– los predios ubicados en el km. 2006 de la Ruta Nacional 40 sur, Villa Mascardi, ciudad de San Carlos de Bariloche, (nomenclaturas catastrales 19-7-A-011- 14, 19-7-A011-07, contiguos al ex Hotel Mascardi; el primero de ellos es lindante con el predio conocido como “La Escondida”, ver plano de Villa Mascardi de fs. 48; con epicentro en las coordenadas 41º19’41.96’’S 71º29’52.66”O y de una extensión aproximada de 200 metros de ancho por 300 metros de largo) desde el 10 de noviembre de 2017 –en horas del mediodía– y hasta el día 23 de ese mismo mes –a primeras horas de la mañana–, cuando fue desalojado por personal de la Policía Federal Argentina de acuerdo con la orden impartida por el Juzgado Federal de esta Ciudad en dicha fecha” (requerimiento presentado el 25 de junio de 2021).

Asimismo, también “(s)e les atribuyó que, tras el enfrentamiento violento con personal de Prefectura Naval Argentina (el que constituye en sí objeto de la causa conexa y en el que participaron –al menos– los mencionados J. H. y G. junto con el fallecido N.), C. G. C., J. C. y G. C., usurparon el predio ubicado en el km. 2006 de la Ruta Nacional 40 sur, Villa Mascardi, ciudad de San Carlos de Bariloche, (nomenclatura catastral 19-7-A-011-14; con epicentro en las coordenadas 41º19’41.96’’S 71º29’52.66”O y de una extensión aproximada de 200 metros de ancho por 300 metros de largo) desde el 25 de noviembre de 2017 –alrededor de las 17.00 hs.– y hasta la actualidad. Ello, en forma conjunta con otros individuos que, de momento, no han sido individualizados.- Corresponde poner de resalto que el segundo terreno (aquél ubicado en las montañas, más alejado de la ruta, nomenclatura catastral 19-7-A-011-07) fue mantenido en poder del grupo en forma ininterrumpida desde el día 10/11/2017 hasta la fecha, ya que no fue objeto de desalojo y ocupación por la P.N.A. entre los días 23 y 25 de aquél mes, como sí lo fue la zona más baja del lugar” (requerimiento presentado el 27 de septiembre de 2021).

III.- En lo que aquí interesa, corresponde recordar que la decisión recurrida resulta ser el fruto de una mesa de diálogo y acuerdo conciliatorio que, pese a encontrar oposición del representante del Ministerio Público Fiscal, el juez a quo homologó.

Dicho convenio quedó redactado de la siguiente manera: “(1.) El Estado, a través de la Secretaría de Derechos Humanos –INAI– se compromete a reconocer el REWE como sitio sagrado para el Pueblo Mapuche a fin de que la Machi B. C. pueda ejercer sus tareas espirituales y medicinales. A tal fin, se construirán tres (3) Rukas: la Ruka Lawen (espacio donde pernoctarán los pacientes y estarían a resguardo todos los elementos de uso para la medicina tradicional mapuche), la Ruka Kellun (donde viven los colaboradores indispensables de la Machi) y la Ruka de la Machi donde vivirá ella y su familia. A tal fin, se otorgará permiso de uso del terreno identificado catastralmente como 19-7-A-011-14-0 ubicado en la jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi. Se deja expresa constancia que el resto de la comunidad Lafken Winkul Mapu será reubicada en otras tierras, según se aclara en el Punto 2; 2. La Comunidad Lafken Winkul Mapu acepta que el resto de sus integrantes sean reubicados en otras tierras que será analizado en el marco de la Mesa de Diálogo en las próximas semanas. 3. La Comunidad Lafken Winkul Mapu continuará con el trámite de su inscripción en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas –RE.NA.CI.– del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas hasta su finalización. 4. Las partes acuerdan que el Poder Ejecutivo Nacional habilitará oficinas de distintas agencias gubernamentales (Secretaría de Derechos Humanos, Centro de Acceso de Justicia, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Ministerio de Seguridad, etc.) en la zona de conflicto. Se acuerda que dichas dependencias se sitúen en la zona, aunque no en los terrenos inmediatamente colindantes al REWE. 5. El Estado Nacional se compromete a construir las Rukas mencionadas en el punto 1. 6. Hasta tanto la Machi pueda ocupar el Rewe, las comunidades designarán entre cuatro y seis personas que estarán autorizadas a ingresar al Rewe, y que serán acompañadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación– a los únicos fines de constatar la seguridad e integridad del mismo. Las personas pueden ser reemplazadas diariamente, con el límite de seis personas. 7. El Ministerio de Seguridad de la Nación se compromete a garantizar la seguridad del Rewe”.

IV.- Para decidir de la forma en que lo hizo el juez a quo consideró que “(l)a homologación que se pide exige examinar sus presupuestos legales, sobre los cuales no ha elevado objeción alguna el fiscal interviniente; posición que hace suya el que suscribe, desde que concurren las condiciones del art. 34 CPPF, esto es tipo de delito subsumible y modo de realización de los hechos, criterios prohibitivos y habilitantes según arts. 30 in fine, y 34 del código citado. A su vez de la audiencia dictada al efecto en autos surge que el acuerdo ha sido firmado libremente y sin vicio de consentimiento de los participantes (ver acta respectiva del 16/6/23)”.

En esa senda, sostuvo que “(p)or definición legal no es el fiscal parte de este acuerdo conciliatorio, sino el imputado y la víctima, y es precisamente ese carácter marginal en cuanto al contenido de esa conciliación entre quien es reputado de haber usurpado un predio y la víctima, el dueño de él, el que a su vez delinea el carácter y alcance de la intervención del ministerio público, sí parte en la causa penal”.

En esa línea, indicó que “(e)l fiscal no ha objetado las condiciones legales del instituto en estudio, ni cuestiones de política criminal ni, por último, hecho una referencia directa a la calidad de las imputadas postulada como un impedimento a la conciliación. En rigor de verdad, y en sus propios términos, lo que ha avanzado el fiscal en el escrito respectivo no es una oposición al acuerdo, sino un pedido para que ‘se reajuste su planteo a las pautas indicadas’”.

Seguidamente, sostuvo que “(L)a cláusula primera no tiene el alcance de disponer o enajenar propiedad pública, y así aplicar (en la inteligencia del planteo del ministerio) el plexo normativo nacional y perteneciente a los tratados internacionales que abordan el derecho de los pueblos indígenas, largamente citado en el escrito; sino que sólo trata de un permiso de uso de la tierra, para el cual la repartición nacional cuenta con suficientes facultades de dictado (véase al efecto art. 23 inc. r) ley 22.351)”.

De otra banda, señaló que “(e)n relación a la reubicación de ciertos miembros de la comunidad indígena, es claro que en la imprecisión actual sobre el destino final de esa decisión consensuada por quienes la llevarán a cabo y quienes la sufrirán (en sentido lato) no parece tener parte el fiscal, de modo que éste pudiera por caso oponerse y exigir una mayor claridad al respecto; en ese sentido, en el ámbito de la audiencia llevada adelante pudo en todo caso coadyuvar –claro está– en el marco de sus facultades dadas por los art. 22 y 34 del CPPF para una mayor precisión, si lo estimaba, pero no parece procedente hacer de esa facultad de asistencia un requisito de procedencia del instituto mismo, como resulta del planteo introducido, apartándose de lo consensuado en los términos fijados por esas voluntades, entre las que no se encuentra la del fiscal –cabe repetirlo”.

En esa inteligencia, estimó que “(d)e otro modo quien no ha tenido parte en el conflicto podría, sin invocar una afectación propia ni buscar un reclamo correlativo de satisfacción, impedir la de los que sí han participado en ese hecho e intentan zanjar sus consecuencias del modo acordado; de otro modo no se estaría procurando en definitiva ‘restablecer la armonía entre los protagonistas del conflicto’ (art. 22 citado), deber del ministerio ex lege”.

Por su parte, valoró que “(e)n relación al ‘compromiso de no utilización de las vías de hecho de carácter violento, a los fines de reclamar lo que consideren, extremo este no contenido en el convenio aludido’, postulado por el fiscal como de necesaria introducción en el texto de la conciliación, puede decirse que no parece prima facie propio de la relación entre las imputadas y APN, sino más bien pertinente a la de los primeros con el fiscal o con el juez (obsérvese su semejanza con el art. 13 CP, cuya circunstancia implica una sentencia de condena, situación procesal por definición ajena a la presente vía alternativa del conflicto); pero además de ello, el propio contenido del acuerdo claramente implica renunciar a futuros comportamientos de ocupación como los que han sido objeto de instrucción en el presente, al admitir las imputadas 1. un permiso de uso de la tierra ocupada, y b. la reubicación de la comunidad en otro territorio a ser designado en el marco de la mesa de diálogo”.

Por último, concluyó que “(l)as condiciones legales y procesales concurren en el presente para la aplicación del instituto de la conciliación, [por lo cual] entiendo que corresponderá homologar el acuerdo respectivo en la inteligencia de que, una vez acreditado el cumplimiento (que no lleva plazo respectivo), o cumplido el término de prescripción del delito, lo que ocurra primero, podrá proceder la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de las imputadas participantes en aquél”.

V.- A tenor de los cuestionamientos introducidos por la fiscalía en su recurso, sostenidos por el Fiscal General ante esta instancia revisora, y los expuestos por la Asociación Vecinal de Lago Mascardi, debemos centrarnos en examinar si se verifican los presupuestos legales para la homologación del acuerdo presentado, tomando en cuenta para ello, especialmente, las razones brindadas en la oposición fiscal y su razonabilidad.

Debe recordarse que el juez con funciones de juicio sostuvo que “(L)a objeción del fiscal al acuerdo apunta, en cambio, al contenido de la conciliación, y ello obliga a considerar en primer término el contorno conceptual de su legal intervención en el trámite de homologación de un acuerdo de conciliación en el que no es parte. Esa intervención ha sido definida por la jurisprudencia mayoritaria como vinculante, siempre y cuando se encuentre debidamente fundada, y esa fundamentación comprendida ya en el control de los presupuestos legales del instituto, ya en el examen de las posibles consecuencias de política criminal que pudieran resultar de un acuerdo tal [y que] no es el fiscal parte de este acuerdo conciliatorio, sino el imputado y la víctima, y es precisamente ese carácter marginal en cuanto al contenido de esa conciliación entre quien es reputado de haber usurpado un predio y la víctima, el dueño de él, el que a su vez delinea el carácter y alcance de la intervención del ministerio público”.

Si bien la conciliación del art. 34 del CPPF se refiere a los acuerdos entre el imputado y la víctima, como refiere el juez a quo, no es ocioso recordar que ello es “sin perjuicio de las facultades conferidas […] en el artículo 22”, habida cuenta de que la regulación de los acuerdos referidos se enmarca en la Sección 2ª del Capítulo 1, Título II, Libro Primero, Primera Parte del CPPF, en la que se establecen las reglas de disponibilidad por las cuales se habilita al representante del Ministerio Público Fiscal, a modo de excepción al principio de legalidad, a prescindir del ejercicio de la acción penal pública ante la posible comisión de un delito.

De tal suerte, la expresa oposición del Ministerio Público Fiscal a la extinción de la acción por conciliación impone al juez un íntegro examen del acuerdo, sus presupuestos y su razonabilidad.

Es en este tópico en el que el juez, a nuestro modo de ver, desarrolla una argumentación contradictoria y alejada de la lógica para relativizar la oposición del Ministerio Público y, finalmente, no considerarla.

En ese sentido, no puede soslayarse, como punto de partida, que el juez a quo le asignó al dictamen fiscal un carácter vinculante, siempre y cuando se encuentre debidamente fundado, para luego soslayarlo a partir de una interpretación propia de la normativa y del contenido del acuerdo, mas no por su falta de fundamentación o de razonabilidad para oponerse.

De otra parte, cabe recordar que la doctrina ha señalado que “(e)l representante del Ministerio Público Fiscal ninguna facultad de opinión tendrá que no sea, siempre siguiendo la descripción efectuada por él del hecho, aquella que pueda vincularse con su subsunción típica, para establecer si se adecua a los limites permisivos del precepto y, eventualmente, a la licitud de lo acordado y la tempestividad de dicho acuerdo” (DARAY, Roberto R., Código Procesal Penal Federal, Tomo I, Segunda edición, Hammurabi, Buenos Aires, 2020, pp. 163-168).

En el caso, el fiscal con funciones de juicio se opuso a la homologación del acuerdo con sustento en que las cláusulas “(1), 5 y 2 poseen contenidos que contravienen normas vigentes”, detallando de manera concreta la normativa vulnerada. Es decir, más allá de que al juez decisor le pareciera adecuado y legal que como parte del acuerdo la autoridad de Parques Nacionales disponga el uso de tierras de dominio público a un grupo de personas y que el Estado Nacional costee la construcción de edificaciones para el uso exclusivo de aquéllas, el Ministerio Público Fiscal en el ámbito de su intervención y, principalmente, promoviendo la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad (art. 120 CN) se pronunció en contra.

En ese contexto, advertimos la arbitrariedad en la que incurre el juez de la instancia anterior al analizar los fundamentos de la oposición brindada por el Ministerio Público Fiscal, los que, incluso, se encuentran abonados en el dictamen del Fiscal General ante esta Sala de Casación, doctor Javier A. De Luca.

Al respecto, es del caso recordar que la oposición al acuerdo se basó, esencialmente, en que lo convenido no resultaba legítimo por contravenir disposiciones constitucionales (art. 75, inc. 5º de la Constitución Nacional –CN–), así como también normas de carácter federal (entre otras, Leyes 22351, 23302 y 26160, y arts. 279, 1003 y 1004 del Código Civil y Comercial de la Nación), circunstancias que, a nuestro modo de ver, resultaban insoslayables para el juez a quo, fundamentalmente porque hacen al control de la legalidad del acuerdo, potestad esencial del Ministerio Público Fiscal en virtud de las previsiones del art. 120, CN, máxime en casos como el presente, donde no se encuentran en juego sólo bienes de particulares sino intereses supraindividuales.

De otra parte, y como bien señala la AVLM, consideramos que la decisión del juez de la anterior instancia contiene fundamentos aparentes por cuanto afirma que concurren las condiciones de los arts. 30 in fine y 34 del CPPF cuando ello choca abiertamente con el contenido del acuerdo presentado y las imputaciones que surgen de los requerimientos de elevación a juicio, habida cuenta tanto de la incompatibilidad de algunas cláusulas del acuerdo con normas constitucionales como de la violencia presente en los hechos investigados.

En esa línea, no debe perderse de vista lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a la exigencia de la razón de justicia consistente en que el delito no rinda beneficios (Fallos 272:188).

Por estas razones, al haberse producido un apartamiento de las normas específicas cuyo examen y armónica comprensión es indispensable para decidir la suerte del pleito (Fallos 314:1043), el pronunciamiento atacado configura un supuesto de arbitrariedad que lo priva de efectos e impone su anulación.

VI.- Que si bien lo desarrollado en el acápite que antecede alcanza por sí solo para anular la resolución impugnada, nos vemos en la necesidad de realizar algunas consideraciones adicionales.

En ese sentido, no podemos soslayar que en la resolución recurrida nada se ha examinado sobre la legitimación de los actores que intervinieron en la mesa de diálogo y acta de acuerdo –circunstancia destacada por el Fiscal General ante esta instancia–.

Del mismo modo, es menester recordar que la conciliación –como medio alterativo de conclusión del proceso– traslada la gestión del conflicto a las partes para que alcancen la satisfacción de sus intereses que, eventualmente, podrá vincularse con la reparación del daño cometido.

Sin embargo, tal premisa no aparece materializada en el acuerdo homologado, en el que tan solo, a nuestro modo de ver, aparecen representantes del Estado nacional realizando concesiones, mientras que los imputados sólo realizan una promesa de inscribirse e iniciar trámites para su reconocimiento, cuando desde el inicio tal recaudo debió ser un requisito sine qua non para encontrarse en condiciones de iniciar cualquier tipo de gestión tendiente a intentar el aval de los derechos que invocan.

En resumen, y en palabras del Fiscal General, cabe decir que “(d)e no exigir tal resolución, cualquier grupo de personas podría invocar derechos que no les corresponden y forzar al Estado a conciliar –la usurpación es un hecho de fuerza–, sin que los imputados nada den a cambio”.

Por último, debe repararse en que el 8 de mayo de 2024 la apoderada de la Administración de Parques Nacionales expresó que “(E)s vocación de la ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES no renunciar a los cursos de acción y las querellas penales que se iniciaran en el año 2017 como consecuencia de los sucesos ocurridos en el Parque Nacional Nahuel Huapi, –que en esta investigación y en otras conexas que al día de la fecha aún continúan– en aras de garantizar la correcta defensa de los intereses del Estado Nacional y del interés público comprometido en las causas penales en trámite” (las mayúsculas corresponden al original).

En esa línea, sostuvo que “(L)o acordado por los entonces representantes de la Administración Nacional de Parques Nacionales en el marco de la Mesa de Diálogo no se condicen con las misiones y funciones propias del organismo, conforme lo señalara el Sr. Fiscal en su presentación”.

Así las cosas, solicitó que “(s)e revoque la resolución de homologación a estudio de esta Alzada y se prosiga con el tramite de esta causa, encomendando al Tribunal Oral la celebración del correspondiente debate oral y público a fin de enjuiciar los hechos investigados”.

VII.- Por todo lo expuesto, en el presente caso corresponde: Hacer lugar a los recursos interpuestos, sin costas, y anular la resolución recurrida, debiendo continuar las actuaciones según su estado (arts. 471, 530 y cc. del CPPN).

El señor juez doctor Carlos A. Mahiques dijo:

I. De la pormenorizada reseña de los actos procesales cumplidos en el presente repasados en el voto del colega preopinante, se infiere sin esfuerzo que la quaestio iuris finca en determinar si la oposición fiscal formulada fue correctamente excluida por el a quo al homologar el acuerdo, o bien, si correspondía otorgarle efecto vinculante en la decisión sobre la conciliación intentada.

II. Cabe entonces evocar distintos precedentes en los que me pronuncié por el carácter vinculante que debe otorgársele al dictamen del fiscal en el marco de un acuerdo como el arribado en la especie. Así, el examen de legalidad, razonabilidad y logicidad, siempre se encuentra reservado al órgano jurisdiccional como parte de los actos propios de su competencia. (cfr. Sala II, Torres, Fabio y otros s/ rec. de casación, causa nro. FSM 2518/2017/117/1/CFC1, reg. nro. 966/21, rta. el 15 de junio de 2021, FCB 32722/2018/7/CFC1, Nadal, Enrique Javier s/ recurso de casación, reg. 1118/22, rta. el 6 de septiembre de 2022, y más recientemente, Sala I, Marinelli, Juan Cruz s/ recurso de casación, FMZ 13759/2016/TO1/CFC2, reg. 872/23, rta. el 10 de agosto de 2023).

En el caso particular de la conciliación, la eficacia vinculante del dictamen fiscal también viene dada por la ubicación sistémica de aquel instituto. Es que tal como se encuentra legislada en el ordenamiento ritual (arts. 30, 30 y cctes. del CPPF), la conciliación forma parte de las reglas de disponibilidad de la acción penal, por las que se autoriza excepcionalmente a quien la ejerce, a disponer de la acción penal pública.

Se advierte entonces la importancia de una correcta y adecuada ponderación del órgano jurisdiccional respecto del requerimiento fiscal ya que, en definitiva, será facultad del titular de la acción penal la que decidirá, o no, disponer de la misma. Por eso aquello lejos está de ser “marginal”, como afirmó el juez a quo, al relativizar el alcance de la intervención del titular de la vindicta pública cuando, erróneamente, concluyó que no era parte en el acuerdo.

III. Es con base en tales pautas hermenéuticas que debe analizarse en el sub examine la negativa del Ministerio Público Fiscal a la homologación del acuerdo conciliatorio. Como señaló el colega preopinante, no es posible colegir sin más que lo convenido no contraviene disposiciones constitucionales y normas de carácter federal. La argumentación de la oposición fiscal apunta precisamente a cuestionar la licitud del acuerdo, que es el tópico cuya legalidad le incumbe funcionalmente controlar.

Coincido también con el primer ponente en cuanto a que no es posible confirmar el razonamiento del a quo que afirma que concurren en el caso las condiciones de los arts. 30 in fine y 34 del CPPF. En particular, al verificarse que tal como quedó delimitada la materia de imputación en el requerimiento de elevación a juicio, los hechos se exhiben conectados por un significativo grado de violencia que necesariamente debió ser ponderado por el magistrado de la anterior instancia, tanto en lo referido a la consumación como al particular contexto en el que se produjeron.

Comparto igualmente lo expresado en el voto precedente en cuanto sostiene que no existió en el caso un abordaje riguroso y completo de la situación planteada por la homologación el acuerdo presentado. Y es que no podía prescindirse, como señaló el fiscal general ante esta sede casatoria, de una discusión sobre cuáles son los supuestos y condiciones en los que aquí sindicados pueden reclamar la efectivización de sus pretensiones.

Asimismo, resultó al menos controversial que el inicio de los trámites dirigidos a lograr el reconocimiento necesario como ocupantes tradicionales de la tierra pretendida haya formado parte del acuerdo, ya que debió ser una condición excluyente, ex-ante, para habilitar a la celebración de la conciliación, porque esa inscripción se presentaba como un requisito insoslayable para justificar su participación en una mesa de diálogo que el propósito de garantizar los derechos invocados por los imputados. Esto último, no solo para evitar que, como dijo el fiscal general, cualquier grupo de personas invoque derechos que no les corresponden y fuercen al Estado a conciliar, invocando una legitimación basada en la usurpación de tierras públicas, sino también para que el propio Estado, que en el acuerdo suscripto se encuentra realizando concesiones de tierras, sepa ante quien lo está haciendo.

Así pues, entiendo que la oposición del fiscal interviniente supera la criba de legalidad, razonabilidad y logicidad, por lo que resultaba vinculante para la jurisdicción, que soslayó con argumentos aparentes, circunstancia que impide considerar la resolución recurrida como acto jurisdiccional válido.

IV. En virtud de lo expuesto, adhiero a la solución propuesta por el colega preopinante.

El señor juez Daniel Antonio Petrone dijo:

1º) La impugnación presentada por el Ministerio Público Fiscal resulta formalmente admisible toda vez que la resolución contra la cual se dirige el recurso de casación bajo análisis resulta equiparable, por sus efectos, a una sentencia definitiva (art. 457 del CPPN) puesto que la tutela de los derechos que se invocan no podría hacerse efectiva en una oportunidad procesal ulterior dado que la decisión de homologar un acuerdo conciliatorio, en caso de adquirir firmeza y cumplirse con lo pactado, importaría la extinción de la acción penal pública (cfr. art. 59, inc. 6, CP).

A ello se suma que los planteos formulados se enmarcan en los motivos previstos en el art. 456 del CPPN, y se han cumplido los requisitos temporales y de fundamentación exigidos por el código de forma (cfr. art. 463, CPPN).

Igualmente, el recurso de casación deducido por la AVLM también resulta formalmente admisible, de conformidad con lo resuelto por esta Sala en el legajo FGR 26511/2017/TO1/29/RH9 (cfr. Reg. 1410/23 del 23/11/2023).

2º) Sentado lo anterior y abocado al estudio del caso traído a conocimiento, cuyos antecedentes fueron reseñados por el colega que inaugura el acuerdo, adelanto que coincido con la solución propuesta por el señor juez Diego G. Barroetaveña, la cual también propicia el señor juez Carlos A. Mahiques, por los motivos que brevemente habré de exponer a continuación, ello a fin de no extenderme en demasía sobre cuestiones que ya han sido objeto de un pormenorizado y exhaustivo tratamiento por los colegas que me preceden en la votación.

3º) Para un adecuado abordaje del asunto, de modo preliminar, se impone recordar sintéticamente que la Constitución Nacional adoptó un sistema republicano en lo que hace al ejercicio del poder estatal (cfr. cuanto sostuve en los regs. 1547/22 del 13/12/22 y 542/23 del 6/6/23, ambos de esta Sala) y que en todas las etapas del proceso penal el ejercicio de la acción pública recae en cabeza del Ministerio Público Fiscal, órgano independiente con autonomía funcional que tiene por cometido promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad (cfr. art. 120, CN y 5, CPPN).

Por otro lado, en lo que aquí interesa, corresponde señalar, tal como lo hiciera al emitir mi voto en el legajo FCR 32003281/2010/TO1/CFC2, caratulado “Loyola, Verónica s/recurso de casación” (cfr. reg. 1032/20 de esta Sala, del 14/08/2020), que la redacción del art. 59 del CP introducida por la ley 27.147 (B.O. 18/6/2015) resulta consonante con la nueva legislación procesal, que consagró principios orientadores propios de un sistema adversarial.

Además, puntualmente, el texto del inc. 6 del mencionado artículo remite a las “leyes procesales correspondientes”, que, en el caso de la justicia nacional y federal de conformidad con lo señalado por el párrafo anterior, se trataría del actual Código Procesal Penal Federal –en adelante, CPPF–; a lo que cabe agregar que, por Resolución 2/19 (B.O. 19/11/19) de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación, se implementaron los arts. 19, 21, 22, 31, 34, 54, 80, 81, 210, 221 y 222 del CPPF a partir del tercer día hábil posterior a la fecha de publicación de dicha resolución en el Boletín Oficial, para todos los tribunales con competencia en materia penal de todas las jurisdicciones federales del territorio nacional (cfr. art. 1).

En función de lo establecido por la legislación procesal correspondiente, en lo que a este legajo concierne, el imputado y la víctima pueden realizar acuerdos conciliatorios en los casos de delitos con contenido patrimonial cometidos sin grave violencia sobre las personas. En tal supuesto, el acuerdo se presentará ante el juez para su homologación, si correspondiere, en audiencia con la presencia de todas las partes y la acreditación del cumplimiento del acuerdo extinguirá la acción penal (cfr. art. 34 del CPPF).

Es dable destacar que la regulación del acuerdo conciliatorio se enmarca en la Sección 2o del Capítulo 1, Título II, Libro Primero, Primera Parte del CPPF, en la que se establecen las reglas de disponibilidad por las cuales se autoriza, conforme al diseño constitucional antes evocado, al representante del Ministerio Público Fiscal, a modo de excepción al principio de legalidad, a prescindir del ejercicio de la acción penal pública ante la posible comisión de un delito, de la cual, como se dijo, resulta titular.

En ese contexto, la expresa oposición del acusador público al acuerdo conciliatorio celebrado impone ejercer el correspondiente control jurisdiccional de legalidad y razonabilidad de tal dictamen –además del escrutinio sobre el acuerdo y sus presupuestos–, el cual se circunscribe a verificar el cumplimiento de motivación exigido (cfr. art. 69 del CPPN), con independencia de la opinión que el juez pueda tener con relación a las razones en que esa parte sustenta su posición.

Es que, precisamente, como señala el fiscal general Javier A. De Luca, sin perjuicio de que el Ministerio Público Fiscal pueda no ser parte del acuerdo en sí mismo, es una parte esencial del proceso penal por delitos de acción pública y, en tanto la homologación conduce, en última instancia, a su extinción, deviene necesaria su intervención, la cual debe ser merituada de conformidad con las reglas propias de un sistema acusatorio.

4º) Trasladadas esas consideraciones a este caso concreto, de la argumentación esbozada por el a quo se advierte que aquella trasunta su mera discordancia con el criterio sostenido por el Ministerio Público Fiscal, sin demostrar los vicios que afectarían el razonamiento exteriorizado por esta parte.

De ese modo, tal como lo advierten los colegas preopinantes, el juez soslayó la postura esgrimida por el acusador público, la cual, superado el correspondiente test, operaba como límite de la función jurisdiccional, pretendiendo sustentar el decisorio impugnado en una argumentación meramente aparente y, por ende, arbitraria, que equivale a la falta de motivación y determina su invalidación.

5º) Si bien lo desarrollado hasta acá es suficiente para invalidar la resolución recurrida, no puede dejar de observarse que una de las partes del acuerdo en estudio (específicamente, la Administración de Parques Nacionales) se presentó en esta instancia expresándose en contra de su homologación, circunstancia que evidencia, en la actualidad, la ausencia de voluntad conciliadora; a lo que cabe agregar, en función de lo apuntado por la AVLM, que la decisión del juez de la anterior instancia contiene una motivación aparente en torno a la concurrencia de las condiciones de los arts. 30 in fine y 34 del CPPF.

6º) Por lo expuesto, acompaño la solución propuesta por los colegas preopinantes.

Tal es mi voto.

Por ello, el Tribunal RESUELVE:

HACER LUGAR a los recursos interpuestos, sin costas, y anular la resolución recurrida, debiendo continuar las actuaciones según su estado (arts. 471, 530 y cc. del CPPN).

Regístrese, notifíquese, comuníquese al Centro de Información Judicial –CIJ– (Acordada 5/2019 de la CSJN) y remítase al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío. – Daniel Antonio Petrone. – Diego G. Barroetaveña. – Carlos A. Mahiques (Sec.: Walter Daniel Magnone).

***

A., S. M. y otro s/recurso de casación

En causa seguida por el delito de robo de vehículo dejado en la vía pública a dos imputados con antecedentes penales, con oposición del Ministerio Público Fiscal, el juez evaluando que el hecho no implicó violencia y no está prohibido por la ley en el caso, homologó el acuerdo conciliatorio en resolución que el Fiscal recurre ante la CNCCyC que hace lugar al recurso, casa la resolución y reenvía el legajo para la continuación de su trámite.

En la Ciudad de Buenos Aires, en la fecha que surge de la constancia de firma electrónica que obra al pie, la Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, integrada por los jueces Jorge Luis Rimondi, Gustavo A. Bruzzone y Mauro A. Divito, asistidos por el secretario actuante, resuelve el recurso de casación deducido en la causa nro. CCC 40785/2023, caratulada “A., S. M. y N., D. A. s/ recurso de casación”. El tribunal deliberó, en los términos de los arts. 396 y 465, CPPN, en presencia del actuario y arribó al acuerdo que se expone.

El juez Rimondi dijo:

1. Se dio inicio a estas actuaciones por la presunta comisión del delito de robo de vehículo dejado en la vía pública en tentativa, por parte de S. M. A. y D. A. N.

2.1. El 8 de agosto de 2023 se celebró ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nro. 16 de esta ciudad ­integrado unipersonalmente por el juez Gustavo Javier González Ferrari­, la audiencia prevista en el art. 34, CPPF. El defensor oficial Dr. Villar presentó junto con la víctima, Sr. G. M., un acuerdo conciliatorio. Los imputados se comprometieron a realizar un pago en concepto de reparación económica de $80.000 y ofrecieron un pedido de disculpas. El damnificado manifestó conformidad respecto de las condiciones y aceptó el pedido de disculpas.

2.2 Seguidamente, el fiscal Dr. Ricardo Dios se opuso a la aplicación del instituto. En su dictamen señaló que, de acuerdo al criterio del fiscal general, no procede el instituto de conciliación en los casos en los que los procesados cuentan con antecedentes penales. Agregó que, en el caso, N. y A. registran varios antecedentes y también causas en trámite. Al respecto, señaló que los imputados han contado con alternativas resocializadoras que han desperdiciado y han reincidido en violar el bien jurídico de la propiedad. Por otro lado, argumentó que la conformidad fiscal resulta necesaria para la extinción de la acción por la vía de la conciliación, toda vez que es un supuesto de disponibilidad de la acción penal. En definitiva, concluyó que por los motivos de política criminal señalados, debía realizarse el juicio oral, por lo que, solicitó que se rechace el pedido de extinción de la acción penal y sobreseimiento.

2.3. Tras oír a las partes, el magistrado se apartó de la opinión del fiscal y resolvió homologar el acuerdo conciliatorio. Para así decidir, tuvo en cuenta que el pedido conciliatorio resultaba admisible, puesto que el hecho por el que se elevó la causa a juicio no implicó violencia, ni está dentro de los tipos que prohíbe la ley. A su vez, destacó que fue oída la víctima, como lo requiere la norma. Seguidamente, señaló que la ley no prohíbe la extinción de la acción por conciliación para los casos de imputados que registran antecedentes, por lo que no puede ser óbice para el tratamiento de la cuestión. Finalmente, respecto de la necesidad de contar con la conformidad fiscal, señaló que diversos precedentes de esta cámara de casación lo obligan a analizar la opinión de la fiscalía y otorgarle un lugar preponderante a la opinión de la víctima. De esta manera, concluyó que resultaba obligatorio homologar el acuerdo, de no advertirse comprometidas cuestiones de paz social o cuestiones sobre las que el Estado Nacional asumió obligaciones en los pactos internacionales. En base a lo expuesto, resolvió homologar el acuerdo y diferir la extinción de la acción penal, hasta tanto la resolución adquiera firmeza y la defensa acredite el cumplimiento del acuerdo.

3. Contra esta resolución, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso el recurso de casación que motivó la intervención de esta cámara. En primer lugar, manifestó que el instituto de la conciliación se trata de la posibilidad de disponer de la acción penal pública, facultad que le corresponde al Ministerio Público Fiscal (art. 120, CN). De esta manera, argumentó que el tribunal sólo puede homologar un acuerdo conciliatorio si cuenta con la conformidad del fiscal. Por otro lado, en el caso en concreto, argumentó que no correspondía la vía alternativa para salir del conflicto en virtud de que los imputados demostraron, mediante la reiteración de sus comportamientos delictivos, un desprecio hacia la norma. De esta manera, no se puede afirmar que los nombrados hayan internalizado el disvalor de su acción. Señaló que los imputados registran diversos antecedentes penales por delitos contra la propiedad, así como causas en trámite e incluso A. fue declarado reincidente en dos oportunidades. Además, señaló, como quedó expuesto en la audiencia, que son las familias de los acusados las que afrontaron el monto indemnizatorio. Consideró esta circunstancia indicativa de que no existió esfuerzo reparador, ni un sincero arrepentimiento por parte de N. y A. En definitiva, concluyó que el dictamen fiscal de autos se sostuvo en lineamientos de política criminal debidamente fundados, por lo que el tribunal no debió apartarse de aquel. En consecuencia, solicitó que se anule la resolución recurrida.

4. El pasado 26 de septiembre se convocó a las partes en los términos del art. 465 bis, CPPN (conforme con la Acordada 27/2020 de la CSJN, y la Acordada 11/2020 con remisión a la Acordada 1/2020 de esta Cámara). Tras ello, las partes presentaron escritos ratificando lo expuesto previamente. De esta manera, el caso quedó en condiciones de ser resuelto.

5. Ingresando en el tratamiento de la cuestión, adelanto que corresponde hacer lugar al recurso interpuesto por el fiscal general, Fernando I. Fiszer. En primer lugar, coincido con el criterio formulado, en tanto postuló que la oposición fiscal, debidamente emitida, resulta vinculante para el tribunal. En el precedente “Villasanti”(1) ­en el que se analizaba la viabilidad de un sobreseimiento por reparación integral del daño­, el colega Bruzzone, al que adherí, señaló que “la procedencia de la extinción por reparación integral se encuentra supeditada al visto favorable de la acusación pública. Sentado ello, la oposición razonable del fiscal, quien atendió a la gravedad del hecho, política criminal y la temporaneidad del planteo, se constituyen como óbice para que el instituto fuera procedente. No obstante lo dicho, observo prudente señalar, una vez más, que, atento a la diversa aplicación que del instituto en cuestión vienen propiciando los distintos representantes del Ministerio Público Fiscal, en su actuación ante las judicaturas y tribunales orales sobre las que esta Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional se erige como alzada, resultaría necesario el dictado de una Instrucción General por parte del Procurador General de la Nación (conf. art. artículos 33, inciso d, de la ley nº 24.946 y 12, inciso h, de la ley nº 27.148, 12, ‘Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. Funciones’), a efectos de homogeneizar los criterios bajo los cuáles los representantes de la vindicta pública podrían promover o, en su caso, consentir –si fuera instada por las otras partes del proceso− que se declare la extinción de la acción penal a través de la vía alternativa bajo examen, dada su previsión en el código de fondo (art. 59, inc. 6º, CP)”. Lo expuesto es de aplicación mutatis mutandi al caso en análisis. Es claro que, conforme lo sistematizado por el art 30, CPPF, el Ministerio Público Fiscal es el órgano facultado para aplicar las reglas de disponibilidad de la acción penal, entre las que se encuentra la conciliación. De esta forma, el tribunal nunca puede homologar un acuerdo conciliatorio frente a una oposición fiscal que supere el control de legalidad y razonabilidad. En este caso, lo expuesto por la fiscalía en la audiencia de conciliación no puede ser tachado de ilegal ni de irrazonable, puesto que, se fundó en claras razones de política criminal. En particular, el dictamen se basó en la presencia de antecedentes condenatorios y de otras causas en trámite por delitos de similares características y la circunstancia de que A. fue declarado reincidente en dos oportunidades. Además, lleva razón también la fiscalía en que no existió esfuerzo reparador, ni un sincero arrepentimiento por parte de N. y A., dado que son sus familias las que afrontaron el monto indemnizatorio, el que tampoco guarda relación con el perjuicio material sufrido por la víctima, ya que la pericia obrante en el caso no encontró daño alguno en la motocicleta examinada. De esta manera, no se puede sostener que sean irrazonables los argumentos brindados, los cuales resultan conducentes para sostener la necesidad de la celebración de un juicio oral. En efecto, de la fundamentación brindada por el juez de grado durante la audiencia, plasmada en el acta, se advierte que no invalida la intervención fiscal por irrazonable o inmotivada, sino que considera oportuno preponderar la opinión de la víctima en autos. No obstante, la posición del representante del Ministerio Público Fiscal, válidamente fundada, se constituye en un óbice para la procedencia del instituto en análisis y, en consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de casación, casar la sentencia recurrida y reenviar las actuaciones al tribunal de origen a los fines que continúe con el trámite del proceso (arts. 34, CPPF, 456, 465, 468, 470, 530 y 531, CPPN).

El juez Divito dijo:

Dado que comparto, en lo sustancial, la argumentación desarrollada por el juez Rimondi, adhiero a su voto.

El juez Bruzzone dijo:

En atención a que los jueces preopinantes coincidieron en la solución que corresponde dar al caso, me abstendré de emitir voto en función de lo normado en el art. 23, CPPN.

En virtud del acuerdo que antecede, esta Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, RESUELVE: HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la fiscalía, CASAR la decisión impugnada y REENVIAR las presentes actuaciones al tribunal de origen a fin de continuar su trámite (arts. 34, CPPF, y 456, 457, 458, 465 y 470, CPPN). Regístrese, comuníquese mediante oficio electrónico al juzgado correspondiente quien deberá notificar personalmente al imputado, notifíquese (Acordada 15/13 CSJN y Lex100), y remítase el expediente oportunamente (cfr. acordadas nº 27/2020, 14/2021, 24/2021 y cc. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y acordada nº 10/2021 de esta Cámara). Sirva la presente de atenta nota de envío. – Jorge Luis Rimondi. – Mauro Antonio Divito. – Gustavo Alfredo Bruzzone (Prosec.: Juan Ignacio Elías).

(1) CNCCC, Sala 1, “Villasanti” rta. el 11 de marzo de 2020, Reg. n.º 322/20, jueces Bruzzone, Rimondi y Llerena

S., R. G. s/robo

Rechaza el Tribunal Oral el acuerdo conciliatorio propuesto por la defensa y admitido por la fiscalía, existiendo además anuencia de la víctima, entendiendo reunidos los requisitos formales pero considerando que el instrumento no conforma una verdadera conciliación, por lo que la defensa recurre en casación donde, analizando el superior tribunal lo resuelto y distinguiendo el alcance de los institutos involucrados y como operan, casa la resolución recurrida, homologa el acuerdo conciliatorio y declara extinguida la acción penal sobreseyendo a la imputada.

En la Ciudad de Buenos Aires, en la fecha que surge de la constancia de firma electrónica que obra al pie, la Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, integrada por los jueces Gustavo A. Bruzzone, Mauro A. Divito y Jorge Luis Rimondi, asistidos por el secretario actuante, resuelve el recurso de casación deducido en la causa nro. 61740/2022/TO1/CNC1, caratulada “S., R. G. s/ robo”. El tribunal deliberó, en los términos de los arts. 396 y 455 del CPPN, en presencia del actuario y arribó al acuerdo que se expone.

El juez Divito dijo:

1. El pasado 11 de mayo el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional nro. 14, integrado unipersonalmente por el juez Domingo Luis Altieri, rechazó el acuerdo conciliatorio propuesto por la defensa de la imputada y admitido por la fiscalía. Para ello, pese a reconocer que se cumplieron los requisitos formales reclamados por el art. 34 del CPPF, consideró que el instrumento que se presentó no contiene una verdadera conciliación: por un lado, porque la víctima ni siquiera estuvo presente en la respectiva audiencia; y, por el otro, porque la dinámica con la que aquél se llevó a cabo escapa a los alcances del instituto(1). Sobre esas bases, estimó que aquí, en definitiva, existió una mera propuesta impulsada por la defensa oficial en interés exclusivo de su asistida. Además, mencionó que la conciliación supone que lo pactado signifique una reparación integral del daño ocasionado ­en todas sus modalidades­, requisito que la solución propuesta en autos no satisfizo, ya que consistió en un mero pedido de disculpas, y la víctima siquiera habría conocido el ofrecimiento económico hecho por la imputada.

Desde esa perspectiva, afirmó que la propuesta de la persona que procura la conciliación debe significar un esfuerzo que funcione como “…garantía de no repetición”, circunstancia que consideró no verificada, pues S. fue hallada ­luego de ser declarada rebelde­ por haber sido detenida durante la presunta comisión de otro delito. Indicó también que una interpretación armónica tanto de los artículos 59, inciso 4º, y 69 del Código Penal, como de la regulación procesal del instituto de la conciliación, lleva a la conclusión de que el legislador consideró que un pedido de disculpas resulta insuficiente a tal fin, puesto que, de haberlo admitido, así lo hubiese establecido.

En cuanto a la opinión vertida por el representante del Ministerio Público Fiscal, que ­agregó­ debe ser fundada y se encuentra sujeta al control de racionalidad por parte de la jurisdicción, entendió que no superó dicho estándar en este caso, pues “Cuando una decisión del Ministerio Público Fiscal, o del Poder Judicial, no puede explicarse a la sociedad, o explicada no podrá ser entendida, tal como sería la del caso que nos ocupa (…) la solución que se adopte podrá ser ingeniosa desde el punto de vista de obra intelectual, pero descalificable desde el punto de vista de la racionalidad”.

Finalmente, consideró que el delito que se le reprocha a S. cobra especial relevancia, pues “…incide significativamente en el discurrir diario del colectivo social…” y consecuentemente concluyó que la pretensión articulada no encuadra en los presupuestos establecidos por el artículo 34 del CPPF.

2. La Dra. María Candelaria Migoya, Defensora Pública Coadyuvante de la Defensoría Pública Oficial nro. 2, recurrió dicha decisión. En su escrito, frente a los cuestionamientos del a quo sobre el carácter que cabe asignar al acuerdo propuesto en este legajo, destaca que fue el propio damnificado quien solicitó no asistir a la audiencia por motivos laborales y quien desde un principio aceptó el pedido de disculpas por parte de la imputada. Además, menciona que si bien el fiscal transmitió a aquél la posibilidad de incorporar al convenio un ofrecimiento económico de tres mil pesos ($ 3000), la víctima no varió su parecer.

3. Destaca entonces que el juez rechazó una conciliación en un caso en el que se arribó a un punto de encuentro entre los intereses de los involucrados, frente al cual el Ministerio Público Fiscal prestó su consentimiento. Por otro lado, a los cuestionamientos sobre la posibilidad de encuadrar lo aquí ocurrido en el instituto de la conciliación, la recurrente contrapone la heterogeneidad que hay entre los autores que intentan brindar una definición, la inexistencia de conciliadores intervinientes en el proceso penal y lo regulado por el art. 36, inc. 2º, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Así las cosas, en un contexto en el que las partes acordaron libremente y el fiscal no expresó oposición, sostiene que el juez debió limitarse a corroborar la capacidad de quienes prestaron consentimiento y, en ese caso, homologar el acuerdo. En otro orden, disiente con el juez en cuanto a que la solución pretendida pudiera generar un escándalo social, porque ­argumenta­ estos institutos ya son una realidad consagrada en nuestro sistema jurídico. Por los motivos expuestos, concluye que la jurisdicción no estaba ­habilitada para resolver del modo en que lo hizo y, consecuentemente, solicita que se case la resolución impug­nada, se homologue el acuerdo, se declare extinguida la acción penal y se dicte el sobreseimiento de S.

4. El pasado 4 de julio se convocó a las partes en los términos del art. 465 bis, CPPN (conforme con la Acordada 27/2020 de la CSJN, y la Acordada 11/2020 con remisión a la Acordada 1/2020 de esta Cámara). Tras ello, las partes no efectuaron presentaciones. 5. Puesto a resolver sobre la cuestión traída a estudio del tribunal, adelanto que acompañaré la pretensión de la recurrente. En efecto, pese al esfuerzo argumental realizado por el a quo para fundar su denegatoria, entiendo que esa solución no ha contemplado adecuadamente todas las circunstancias del caso. En efecto, cabe resaltar, en primer lugar, que, tal como fue afirmado por las partes y admitido por el juez de grado, la imputación aquí tratada se ajusta a los requisitos formales exigidos por el artículo 34 del CPPF para que proceda la conciliación (delito de carácter patrimonial cometido sin grave violencia sobre las personas). Además, se verificó que la víctima ha expresado libremente su voluntad sobre el contenido del acuerdo, extremo que se halla claramente corroborado, pues ­aunque no asistió a la audiencia­ el damnificado fue contactado por la defensa, el fiscal y personal del tribunal, ante quienes manifestó aceptar el pedido de disculpas y negó tener la intención de obtener alguna reparación económica. En ese marco, estimo que el consentimiento de la fiscalía no puede ser tildado de irrazonable ni apartado de las constancias de la causa, pues se basó en una interpretación plausible de los preceptos legales aplicables, la conformidad prestada por la parte damnificada ­que fue personalmente verificada por el fiscal general­, las características del hecho y las condiciones personales de S., embarazada y en situación de calle. Frente a estas singulares circunstancias, teniendo en cuenta que el instituto de la conciliación aparece expresamente receptado en el texto del artículo 30 del Código Procesal Penal Federal ­no vigente en nuestro ámbito territorial, pero útil como pauta de orientación­ como una de las hipótesis en las que el Ministerio Público Fiscal “puede disponer de la acción penal”, parece indudable que la conformidad ­debidamente fundada­ de esa parte no puede ser dejada de lado a partir de una discrepancia de criterio ­como la que aquí se observa­ del órgano jurisdiccional, pues ­en tal caso­ éste estaría asumiendo una función acusatoria ajena al rol que le corresponde en el proceso. Dicho ello, corresponde abordar las críticas formuladas ­en la resolución recurrida­ sobre el contenido del acuerdo al que arribaron S. y D. Al respecto, es menester recordar que “No hay limitación alguna en la norma en cuanto al contenido o reglas del acuerdo, en tanto lo acordado resulte jurídicamente lícito”(2), de modo que “Tampoco el juez podrá objetar, en tanto lícito, el contenido del acuerdo, debiendo igualmente controlar su tempestividad procesal, su sumisión a las reglas limitadoras del artículo (…) y la ausencia de vicios en la voluntad de quienes lo suscribieron”(3). Es decir que, comprobados estos tres extremos ­como indudablemente sucedió en autos­ y el consentimiento de la fiscalía, el análisis del juez no debe avanzar sobre los pormenores del acuerdo conciliatorio, para exigir, como aquí lo sostuvo el a quo, que aquél contemple una reparación integral a la víctima.

En efecto, se trata de dos institutos que, desde luego, ofrecen similitudes, pero no son idénticos, como lo evidencia el modo en que fueron receptados en el Código Procesal Penal Federal y el Código Penal, cuya redacción los enlista bajo la conjunción disyuntiva “o”(4). En otras palabras, un acuerdo de conciliación no requiere que, además, se verifique una reparación integral del daño. Por lo demás, tal como lo advierte la defensa, la definición de conciliación que escogió el magistrado no parece aplicable en este fuero, donde no está prevista la intervención de terceras personas a modo de mediadores, función que ­a todo evento­ debe ser asumida por el órgano jurisdiccional, tal como se contempla en la regulación del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuyo art. 36 también prevé la posibilidad de una conciliación. Así las cosas, por los motivos expuestos concluyo que el a quo se apartó indebidamente de la solución alternativa propuesta, que contó con la conformidad del Ministerio Público Fiscal y ha observado los lineamientos generales fijados en el artículo 22 del CPPF y los requisitos puntuales exigidos por el artículo 34 de ese mismo ordenamiento. En consecuencia, propongo al acuerdo casar la resolución recurrida, homologar el acuerdo conciliatorio presentado por la defensa de R. G. S. y, consecuentemente, declarar extinguida la acción penal y sobreseer a la nombrada (arts. 34 del CPPF; 59, inc. 6, del CP; y 336, inc. 1, 456, 465 y 470 del CPPN).

El juez Bruzzone dijo: por compartir sus fundamentos, adhiero al voto del colega Divito.

El juez Rimondi dijo: atento a que en el orden de deliberación los jueces Divito y Bruzzone han coincidido en los argumentos y solución que cabe dar a la cuestión objeto del recurso de casación, estimo innecesario abordarla y emitir mi voto, por aplicación de lo que establece el artículo 23, último párrafo, del CPPN (texto según ley 27.384).

En consecuencia, la Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal RESUELVE: CASAR la resolución recurrida, HOMOLOGAR el acuerdo conciliatorio presentado por la defensa de R. G. S. y, consecuentemente, DECLARAR EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL y SOBRESEER a la nombrada (arts. 34 del CPPF; 59, inc. 6, del CP; y 336, inc. 1, 456, 465 y 470 del CPPN). Regístrese, comuníquese (Acordada nº 15/13, C.S.J.N.; Lex 100) y remítase el incidente tan pronto como sea posible. Sirva la presente de atenta nota de envío. – Mauro Antonio Divito. – Jorge Gustavo Alfredo Bruzzone. – Jorge Luis Rimondi (Prosec.: Juan Ignacio Elías).

(1) Sostuvo que “…la conciliación es un mecanismo de solución de conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por si? mismas la solución de sus diferencias (…) con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador o mediador, que actúa, siempre habilitado por las partes, facilitando el dialogo entre ellas y promoviendo fórmulas de acuerdo que permitan llegar a soluciones satisfactorias para ambas partes”.

(2) Daray, Roberto, Código Procesal Penal Federal. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Ed. Hammurabi, 2ª edición, T.1, pág. 165.

(3) Ídem, pág. 166.

(4) Art. 59, inc. 6, del CP; y arts. 269, inc. g, y 279, párr. 3º, inc. d, del CPPF.

Procedimiento virtual de las audiencias en todos los trámites correspondientes al Procedimiento de Conciliación Laboral Obligatoria

VISTO, el Expediente EX-2022-52663247- -APN-DGD#MT, la Ley N° 20.744, la Ley Nº 24.635 y su Decreto Reglamentario Decreto N° 1.169/96 sustituido parcialmente por el Decreto N° 1.347/99 y el Decreto 73/2022 y sus normas complementarias, la Resolución del entonces MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 560/97, la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO Nº 444/09, la Disposición SERVICIO DE CONCILIACIÓN LABORAL OBLIGATORIA Nº 2456/11, y,

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 24.635 se creó el SERVICIO DE CONCILIACIÓN LABORAL OBLIGATORIA (en lo sucesivo SECLO), teniendo a su cargo la sustanciación de la instancia de conciliación laboral obligatoria previa a la demanda judicial para todos los reclamos individuales y pluriindividuales que versen sobre la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo.

Que por el artículo 4° del Decreto Nº 1.169/96 sustituido por el Decreto N° 1.347/99, la Resolución del entonces MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 560/97 y normas complementarias, se establece el procedimiento de ratificación de acuerdos conciliatorios, transaccionales y liberatorios espontáneos y alcanzados de manera privada, ante el SECLO.

Que oportunamente durante la vigencia de la Ley Nº 27.541, se dictó el DECNU-2020-260-APN-PTE y el DECNU-2020-297-APN-PTE que dieron el marco normativo para que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL dictara la Resolución Nº RESOL-2020-344-APN-MT que estableció, entre otras cuestiones, el procedimiento a aplicar en el uso de las plataformas virtuales para la celebración de audiencias y actuaciones administrativas extensivo al procedimiento de la Ley Nº 24.635 y a las audiencias de ratificación de acuerdos espontáneos en los términos del artículo 4° del Decreto Nº 1.169/96 sustituido por el Decreto N° 1.347/99.

Que a los efectos de reglamentar el procedimiento virtual de todas las actuaciones que se celebrasen ante el SECLO dicho organismo dictó la Disposición DI-2020-290-APN-DNSCOYPCP#MT, por la que se establecieron los parámetros de uso de las plataformas virtuales que permitieran llevar adelante las audiencias y trámites virtuales, tanto de los reclamos obligatorios como de los acuerdos espontáneos ante el SECLO.

Que mediante la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO Nº 444/09 se aprobó la PLATAFORMA DE USO DEL PORTAL WEB DEL SECLO, que contempla la puesta en producción de distintos portales para acceso de las partes que intervienen en los diferentes tipos de procedimientos referidos.

Que por la mencionada RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO se facultó a la DIRECCION DEL SERVICIO DE CONCILIACIÓN LABORAL OBLIGATORIA (SECLO) a dictar las normas reglamentarias y complementarias necesarias para la instrumentación del sistema informático por ella aprobado como así también las aclaratorias de la misma.

Que asimismo bajo la Disposición SECLO Nº 2456/11 se estableció el procedimiento interno de ratificación de acuerdos espontáneos.

Que el desarrollo de la actividad por medios virtuales de los procedimientos del SECLO ha impactado positivamente en los distintos trámites que se sustancian en el organismo beneficiando a las partes, sus letrados, el conciliador interviniente, incluidos los agentes del Servicio lo que ha ido agilizando y simplificando su tarea.

Que en tal sentido el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal ha remitido con fecha 22 de abril de 2022 una nota al SECLO solicitando que se mantenga el sistema de funcionamiento remoto de la toma de audiencias virtuales que se desarrollan en el organismo. Continúa expresando que la virtualidad hace que el ejercicio profesional tutelado por el art. 21, inc. j) de la ley 23.187 pueda ser desarrollado de una forma más amplia y sencilla, en el marco del proceso de cambio y modernización que se viene implementando en la prestación del servicio de administración de justicia en orden a lo dispuesto por las leyes 26.685 y 26.856.

Que la ley 27.275 con el fin de garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública, enumera los principios de transparencia y máxima divulgación, informalismo, máximo acceso, apertura, disociación, no discriminación, máxima premura, gratuidad, control responsabilidad, alcance limitado de las excepciones, in dubio pro petitor, facilitación y buena fe.

Que en la misma fecha de la anterior misiva, la Asociación Simple “ABOGADOS DEL FUERO” informa que dicha entidad que agrupa a 1400 profesionales asociados que interactúan con el grupo Abogados del Fuero de Trabajo en Emergencia (AFTE) con 15.000 participantes, ha relevado una encuesta sobre las consecuencias de la implementación telemática de las audiencias del SECLO dando por resultado que la forma remota es más dinámica, activa y eficiente que el medio presencial de antes del evento pandémico. Que la modalidad telemática de las audiencias produjo grandes beneficios al ejercicio profesional y a las partes en los procesos conciliatorios. Asimismo del resultado de relevamiento efectuado por la entidad surge que los beneficios del sistema remoto en audiencias SECLO son: 1) reducción de traslados y por ende maximización de recursos de tiempo e inversión económica para asistir; 2) mayor asistencia a las audiencias por las partes citadas (tanto de trabajadores como de requeridos); 3) el trabajador, que quizás ya obtuvo otra fuente de empleo, no requiere ausentarse de su trabajo para participar en audiencias – no pierde presentismo – ni desembolsar dinero en asistir; 4) dinamismo en la ejecución de la tarea de audiencia, ya que el conciliador inclusive tiene la posibilidad de salas de reunión separadas si lo requiere; 5) al conciliador le permite la correcta y justa dedicación de tiempo en las audiencias, sin tener que esperar demoras de colegas ni partes en virtud de los conflictos de movilidad que lamentablemente se ocasionan a diario en C.A.B.A. (vgr. Cortes de arteria, movilizaciones, etc.); 6) todos los operadores jurídicos están adaptados a esta modalidad actual, que de principio a fin no requiere presencia alguna, y han efectuado las inversiones tecnológicas e instructivas pertinentes para poder realizarlas.

Que asimismo con fecha 26 de mayo del 2021 el presidente de Asociación Argentina de Conciliadores Laborales (ACLARAM) remitió al SECLO nota en representación de los Conciliadores Laborales que integran la Asociación, efectuando una solicitud por la modalidad implementada en el organismo para la toma de las audiencias. Continúa haciendo una reseña de los pasos operativos realizados en la implementación de las audiencias por plataformas virtuales expresando que a casi dos años de haberse iniciado la modalidad ello ha tenido aceptación prácticamente unánime tanto de los letrados que asisten y representan a las partes, como de los trabajadores y empleadores. También resalta los beneficios prácticos para las partes y letrados en toda la gestión operativa para asistir a las audiencias y el impacto positivo en la celeridad de los trámites. En consecuencia solicitan afianzar el procedimiento de toma de audiencias por medio de plataformas virtuales, reiterando que ello refleja el pedido no solamente de los conciliadores laborales sino de las partes y sus letrados conforme lo transmiten en la práctica diaria de la conciliación laboral.

Que el uso de Internet impacta positivamente en la celeridad del intercambio de información entre los particulares y el Estado, con especial atención a la vinculación entre distintos organismos éste último, incluyendo dependencias de los distintos Poderes Públicos.

Que en procedimiento de reclamos obligatorios el art. 19 de la ley 24.635 establece que los conciliadores laborales podrán convocar a las partes a las audiencias que consideren oportunas dentro del plazo del trámite conciliatorio, las cuales se desarrollarán de manera virtual.

Que en el marco antes descripto puede darse por excepción la situación procesal que luego de la primera audiencia virtual en las subsiguientes surja la posibilidad de efectuarlas en forma presencial, lo cual solamente podrá efectivizarse con la anuencia expresa de las partes y del conciliador.

Que resulta conveniente facultar a los conciliadores laborales a arbitrar los medios conducentes a celebrar audiencias presenciales concertadas con las partes, en la medida que lo consideren necesario y útil al procedimiento.

Que en consecuencia corresponde reglamentar la continuidad de los procedimientos de actuación virtual para los trámites de conciliación laboral obligatoria y las ratificaciones de los acuerdos espontáneos.

Que se ha dado intervención al Departamento de Asuntos Legales del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).

Que sentado ello y por los fundamentos antes expresados, el señor Director del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y la Resolución S.T. N° 444 de 24 de noviembre de 2009, se encuentra habilitado para considerar en los términos apuntados, la suscripción del acto que se impulsa.

Por ello,

El Director del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria dispone:

Artículo 1°.- Mantener el procedimiento virtual de las audiencias en todos los trámites correspondientes al Procedimiento de Conciliación Laboral Obligatoria así como las audiencias de ratificación de acuerdos espontáneos en el SECLO, en los términos de lo oportunamente dispuesto por los arts. 1, 2 y 3 de la Disposición SECLO DI-2020-290-APN-DNSCOYPCP#MT, a través de plataformas virtuales en uso y autorizadas por esta Cartera de Estado y/o cualquier medio electrónico que asegure el cumplimiento de la finalidad perseguida que garantice el debido proceso.

Art. 2°.- Todas las audiencias que se celebren dentro del procedimiento de conciliación obligatoria se realizarán de manera virtual en los términos del artículo anterior.

Art. 3°.- Por excepción podrán realizarse alguna de la audiencias convocadas por el conciliador con posterioridad a la primera (art. 19 – Ley 24.635) en forma presencial con expreso acuerdo de partes y del conciliador, debiendo mantenerse en caso de discrepancia la continuidad del procedimiento de forma virtual.

Art. 4°.- Los acuerdos y sus ratificaciones realizadas en los términos de la presente resolución tendrán la misma validez que los celebrados en forma presencial.

Art. 5°.- La presente disposición entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

Art. 6°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. – Fabián Dario Nesis.

Banco Santander Río S.A. c. Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor s/ recurso directo sobre resoluciones de defensa al consumidor

En la Ciudad de Buenos Aires, se reúnen en acuerdo el juez y las juezas de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dictar sentencia en los autos caratulados: “Banco Santander Río SA contra Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor sobre Recurso Directo sobre Resoluciones de Defensa al Consumidor” Expte. Nº xxxxx, y habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Carlos F. Balbín, Mariana Díaz y Fabiana H. Schafrik de Núñez.

El juez Carlos F. Balbín dijo:

I. El 3 de febrero de 2015 la Sra. M. A. F. formuló una denuncia contra Banco Santander Río S.A. ante la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor (DGDYPC). En su presentación, obrante a fs. 2/2 vta., denunció que la entidad bancaria le estaba reclamando el cobro de los gastos de mantenimiento de la cuenta corriente Nº xxxxxx de la que no tenía conocimiento ni había aceptado su apertura y que había sido informada que la única manera de darla de baja era cancelando el saldo y dando de baja también la tarjeta de crédito.

Continuó relatando que luego del trámite del reclamo gestión Nº 17744471, acordó con el sector de baja una bonificación de la suma adeudada, pese a lo que continuó recibiendo llamados del sector cobranzas indicando que los intereses seguían corriendo.

El 28 de noviembre de 2018 se celebró una audiencia conciliatoria en la que las partes lograron acuerdo, por el que la denunciada propuso condonar el saldo deudor existente en la cuenta corriente Nº xxxxx, proceder a su baja y eliminar los antecedentes de Veraz, todo en el plazo de 20 días hábiles desde su firma, que fue homologado con fecha 7 de enero de 2019 por medio de la Disposición Nº DI-2019-168-DGDYPC (v. fs. 13/13 vta.).

Pese al convenio arribado, 26 de diciembre de 2018 la denunciante realizó una nueva presentación en la que indicó que Banco Santander Río S.A. incumplió los términos de la conciliación (v. fs. 14). Al respecto manifestó que la cuenta corriente por la que se había hecho el acuerdo no se correspondía con la denunciada y que había recibido una carta documento en la que el banco informó que había resuelto finalizar la relación comercial, intimándola a abonar la deuda de la cuenta corriente denunciada y el saldo total de la tarjeta de crédito.

El 25 de febrero de 2019 Banco Santander Río S.A. realizó su descargo manifestando que el 19 de febrero de 2019 condonó la deuda de tres mil seiscientos sesenta y cinco ($ 3.665) de la cuenta corriente cuando la denunciante se apersonó a la sucursal a abonar la deuda de la tarjera de crédito (v. fs. 20/21).

El 3 de abril de 2019 la DGDYPC emitió la Disposición Nº DI-2019-2951-GCAB-DGDYPC, en la que resolvió imponer una multa de pesos sesenta mil ($ 60.000) a Banco Santander Río S.A. por la infracción al art. 46 de la Ley Nº 24.240 y al art. 17 de la Ley 757 (v. fs. 25/26 vta.).

Para así decidir, consideró que “[…] el incumplimiento se encuentra radicado al constatarse que la sumariada se comprometió a condonar la deuda, dar de baja y eliminar los registros del Veraz en el plazo de 20 días hábiles de la cuenta corriente Nº xxxxx. Sin embargo, según consta del soporte probatorio acompañado por la denunciada, la deuda se condonó una vez vencido mentado plazo y; por otro lado no acompañó documentación alguna donde conste la baja propuesta y la supresión de registros por ante Veraz” (cfr. fs. 25 vta.).

II. A fs. 29/41 Banco Santander Río S.A. interpuso recurso directo de apelación contra la Disposición Nº DI-2019-2951-GCAB-DGDYPC. En primer término, solicitó se lo exima del pago anticipado de multa y planteó, en subsidio, la inconstitucionalidad del art. 45 de la ley 24.240.

En segundo término, fundó el recurso. En particular, señaló que: a) cumplió con las obligaciones contraídas en el acuerdo conciliatorio; b) la multa aplicada se es nula por cuanto la DGDYPC no la había fundado debidamente; c) el valor de la multa resulta elevado y desproporcionado; y d) existe exceso de punición por la desproporción existente entre la infracción imputada y la multa aplicada.

A fs. 49 la Sala se declaró competente y tuvo por habilitada la instancia judicial.

La parte demandada contestó el traslado de agravios a fs. 60/64.

A fs. 73/74 dictaminó la Fiscal de Cámara.

A fs. 76 se elevaron los autos al acuerdo de Sala.

III. En forma preliminar, corresponde recordar que los jueces no están obligados a pronunciarse sobre todas las alegaciones de las partes ni sobre la totalidad de las pruebas producidas, sino solo respecto de aquellas que resultan conducentes para la correcta solución del litigio (cfr. doctrina de Fallos 287:230, 294:466 y 310:1835, entre otros; y art. 310 del CCAyT).

IV. Previo al tratamiento de las cuestiones, resulta conveniente realizar algunas consideraciones respecto al régimen de protección al usuario y consumidor.

Los derechos del usuario y el consumidor están regulados en la Constitución Nacional en los siguientes términos: “[l]os consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios” (art. 42).

Por otra parte, en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expresó, en su artículo 46, que “[l]a Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su relación de consumo […]. Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna”.

En este marco constitucional, el régimen jurídico complementario es desarrollado básicamente por la Ley Nº 24.240, cuyo objeto es la regulación de la defensa de los usuarios y consumidores, y que describe cuáles son los mandatos que deben cumplir los proveedores de bienes y prestadores de servicios y cuyo incumplimiento constituyen infracciones que son pasibles de sanciones administrativas. Además, la ley describe las sanciones por infracción a los mandatos normativos y el criterio de graduación (v. Balbín, Carlos F., “El régimen de protección del usuario y consumidor en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”, en Balbín, Carlos F. (director), Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4ª edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2019, t. II, pp. 906/907).

Así, pues, “[e]l texto de la ley 24.240 constituye el derecho sustancial que es dictado por el Congreso de la Nación y rige en todo el territorio de nuestro país –de conformidad con el inc. 12, art. 75, CN– y luego cada estado local dicta las reglas de procedimiento –tal como reconoce el propio texto de la ley 24.240–” (cfr. op. cit., pág. 916).

A su turno, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la Ley Nº 757, que establece el procedimiento a seguir en el ámbito local en la aplicación de las normas de defensa del usuario y consumidor y lealtad comercial.

V.1. Sobre las bases de las consideraciones expuestas, por razones metodológicas corresponde examinar en primer término al agravio referido al cumplimiento del acuerdo conciliatorio arribado en las actuaciones administrativas.

Al respecto, cuadra recordar que la sanción impuesta a la sumariada se basó en la infracción a los arts. 46 de la Ley 24.240 y 17 de la Ley 757.

El mencionado artículo 46 establece que “[e]l incumplimiento de los acuerdos conciliatorios se considerará violación a esta ley. En tal caso, el infractor será pasible de las sanciones establecidas en la presente, sin perjuicio del cumplimiento imperativo de las obligaciones que las partes hubieran acordado”.

Por su parte el art. 17 de la norma local dispone en sentido concordante que “[e]l incumplimiento de los acuerdos conciliatorios celebrados ante la autoridad de aplicación o de las resoluciones emitidas por ésta, se consideran violación a esta ley. En tal caso, el infractor es pasible de las sanciones establecidas en el artículo 15 sin perjuicio del cumplimiento imperativo de las obligaciones que las partes hayan acordado”.

Sobre el particular, la recurrente indicó que “[…] la multa impuesta […] es exorbitante, injustificada, y arbitraria, puesto que, reitero, se informó oportunamente que el Banco dio cumplimiento de lo convenido y, además, se acompañó constancia de ello” (cfr. fs. 33).

Luego expresó que con posterioridad al acuerdo las partes debieron realizar ajustes a los intereses, por lo que se tomaron más tiempo para el cumplimiento, y que el acto carece de motivación.

V.2. Inicialmente, cabe tener presente que de las actuaciones administrativas se desprende que ante la denuncia formulada por la Sra. M. A. F., en la que manifestó que Banco Santander Río S.A. le reclamó el cobro de los gastos de mantenimiento de una cuenta corriente de la que no tenía conocimiento de su existencia, con fecha 28 de noviembre de 2018 las partes arribaron a un acuerdo conciliatorio en el que la denunciada propuso en el plazo de 20 días hábiles condonar el saldo deudor existente en la cuenta corriente, proceder a su baja y eliminar los antecedentes de Veraz (v. fs. 13/13 vta.).

Posteriormente, la denunciante comunicó el incumplimiento del acuerdo (v. fs. 14). Ante la vista conferida por la DGDYPC, la actora informó que con fecha 19 de febrero de 2019 había cumplido con el acuerdo conciliatorio celebrado (v. fs. 20/20 vta.).

Sin embargo, no surge de las actuaciones constancia alguna de que Banco Santander Río S.A. en el plazo acordado haya condonado el saldo deudor existente en la cuenta corriente y procedido a su baja. Súmese a ello que, que tampoco acreditó haber eliminado los antecedentes de Veraz.

A su vez, pese a que la recurrente alegó que la demora se debió a que con posterioridad a la audiencia las partes habían quedado en realizar ciertos ajustes a los intereses que no fueron plasmados en el acuerdo, ello no obstaba al cumplimiento de lo acordado en sede administrativa partiendo de la base que lo que importa en el caso es el efectivo cumplimiento de acordado con intervención de la autoridad de aplicación (conf. esta Sala, autos “Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. c/ DGDYPC s/ Recurso Directo sobre Resoluciones de Defensa al Consumidor”, Expte. Nº 47750/2015-0, sentencia de fecha 25 de septiembre de 2019).

Tampoco explica la recurrente la razón por la cual durante dicho lapso comunicó por medio de carta documento la finalización de la relación comercial y reclamó el pago de saldo de la cuenta corriente (v. fs. 15).

Por tal razón, la prueba aportada –asiento diario de fecha 19 de febrero de 2019– no permite tener por acreditado en tiempo oportuno el compromiso asumido por la empresa en el marco del acuerdo conciliatorio.

En efecto, nótese que el acuerdo por el que Banco Santander Río S.A. se comprometió a ajustar el importe fue suscripto el 28 de noviembre de 2018, que con posterioridad –13 de diciembre– remitió carta documento donde reclamó el pago, y que finalmente, luego de más de un mes después de vencido el plazo de cumplimiento –19 de febrero de 2019–, emitió la constancia donde surge únicamente la condonación.

En esa dirección, cabe recordar que la DGDYPC expresó que “[…] el incumplimiento se encuentra radicado al constatarse que la sumariada se comprometió a condonar la deuda, dar de baja y eliminar los registros del Veraz en el plazo de 20 días hábiles de la cuenta corriente Nº xxxxx. Sin embargo, según consta del soporte probatorio acompañado por la denunciada, la deuda se condonó una vez vencido mentado plazo y; por otro lado no acompañó documentación alguna donde conste la baja propuesta y la supresión de registros por ante Veraz” (cfr. fs. 25 vta.).

Por lo expuesto, entiendo, el acto atacado se encuentra suficientemente fundado, dado que Banco Santander Río S.A. ha incumplido el acuerdo conciliatorio oportunamente homologado y, con ello, violado lo dispuesto por los arts. 46 de la Ley Nº 24.240 y 17 de la Ley 757.

En consecuencia, el agravio esgrimido debe ser rechazado.

VI. Sentado lo anterior, es menester analizar los agravios referidos a la desproporcionalidad de la sanción y a la falta de fundamentación en su aplicación.

Al respecto, la recurrente expresó que “[t]anto la ausencia de fundamentación como la extralimitación en la pena conllevan irremediablemente a la nulidad de la sanción aplicada” (cfr. fs. 35), que la multa es “[…] a todas luces desproporcionada y confiscatoria” (cfr. fs. 35 vta.), y que resulta “[…] excesiva y totalmente irrazonable con [respecto a] la supuesta infracción que se le impone” (cfr. fs. 39 vta.).

En orden a esta cuestión, es necesario tener presente que todo acto administrativo debe reunir, para su validez, los requisitos esenciales detallados en el artículo 7º de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires (DNU Nº 1510/97). Así, los elementos señalados en la norma referida (competencia, causa, objeto, procedimiento, motivación y finalidad) constituyen recaudos para la validez del acto, de manera que su ausencia o la comprobación de un vicio que impida su existencia acarrean, necesariamente, su nulidad.

En cuanto a la motivación del acto, y en relación directa con la causa, la ley dispone que el acto administrativo “[d]eberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo”.

En relación con esto, es menester recordar que “no pueden establecerse reglas que resulten a priori aplicables a todas las situaciones, sino que, en cada caso puntual, el órgano jurisdiccional debe analizar si el acto sometido a su revisión se encuentra debidamente motivado. Para ello, considero que resulta insoslayable la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según la cual ‘si bien no existen formas rígidas para el cumplimiento de la exigencia de motivación explícita del acto administrativo, la cual debe adecuarse, en cuanto a la modalidad de su configuración, a la índole particular de cada acto administrativo, no cabe la admisión de formas carentes de contenido, de expresiones de manifiesta generalidad o, en su caso, circunscribirla a la mención de citas legales, que contemplan sólo una potestad genérica no justificada en los actos concretos (conf. Fallos 314:625)’ (CSJN, por remisión al dictamen del Procurador General, in re “Lema, Gustavo Atilio c/ Estado Nacional –Ministerio de Justicia de la Nación– s/ juicios de conocimiento en general”, 14/06/2001)” (cfr. esta Sala en autos BBVA Banco Francés S.A. c/ GCBA s/ Otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apel.”, Expte. RDC Nº 1951/0, sentencia del 10/7/2009).

A efectos de considerar la razonabilidad del valor de la multa, cabe tener presente que, corresponde tener en cuenta el art. 49 de la Ley de Defensa del Consumidor, que –en su parte pertinente– dispone que “[e]n la aplicación y graduación de las sanciones previstas en el artículo 47 de la presente ley se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho”.

Aunado a ello, también debe considerarse que el actual art. 19 de la Ley Nº 757 de la Ciudad –texto consolidado al 29/02/2016– receptó esas pautas de graduación para aplicarlas a las infracciones previstas en la Ley de Defensa del Consumidor y en la de Lealtad Comercial. En particular, el citado artículo reza “[e]n la aplicación y graduación de las sanciones previstas en el artículo 15 se tendrá en cuenta: a) El perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario. b) La posición en el mercado del infractor. c) La cuantía del beneficio obtenido. d) El grado de intencionalidad. e) La gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización. f) La reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho. Se considerará reincidente a quien, habiendo sido sancionado por una infracción a las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor Nº 24.240 y de Lealtad Comercial Nº 22.802, sus modificatorias y demás disposiciones vigentes, incurra en otra presunta infracción dentro del término de cinco (5) años desde que haya quedado firme o consentida la sanción”.

En este caso, la DGCYPC sostuvo que “[…] el quantum fue fijado dentro de la escala prevista a los efectos de graduarla, entre el mínimo y el máximo que establece el art. 47 inciso b) de la Ley 24.240 […] se considera que Banco Santander Río S.A. es reincidente en los términos del art. 19, inciso f) de la ley 757 –conforme texto consolidado–, según Disposiciones DI-2016-3333-DGDYPC, DI-2017-4296- DGDYPC, DI-2013-2853-DGDYPC, DI-2018-1460-DGDYPC, DI-2018-3228-DGDYPC […] Que la existencia de los antecedentes expuestos refleja la reiteración de conductas violatorias de lo normado en la Ley 24.240 y demuestran por parte del infractor un comportamiento disvalioso generalizado en el desarrollo de su actividad profesional […] constituye un elemento relevante para la ponderación de la multa considerando que la reiteración de la conducta constituye un agravante de la sanción en miras de lograr el efecto disuasivo en el accionar del infractor” (cfr. fs. 26).

En tales términos, la Administración explicitó cuáles fueron las pautas que, en este caso concreto, determinaron la aplicación de la multa y su graduación. De acuerdo con lo expuesto, no puede deducirse que la autoridad de aplicación hubiera desoído los parámetros impuestos por la normativa a efectos de graduar la sanción aplicada.

Asimismo, la denunciada no arrimó prueba alguna que acredite que las actuaciones reseñadas por la DGDYPC al fundar su calificación como reincidente fueran inexistentes o ajenas a la entidad, así como tampoco desvirtuó lo expresado por la DGDYPC respecto del comportamiento disvalioso generalizado en el desarrollo de su actividad profesional.

Nótese que, sin perjuicio de las defensas opuestas, la recurrente no acreditó que durante los cinco años anteriores a la disposición atacada no hubiera sido sancionada por infracciones a la ley 24.240.

Por otro lado, respecto al argumento referido a la ausencia de perjuicio al consumidor y de riesgos sociales, cabe señalar que para la graduación de la multa la administración tuvo presente que la “[…] ley tiene un carácter tuitivo de los derechos de los usuarios y consumidores cuya ulterior finalidad es fomentar un estándar de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios y disuadir a los proveedores de las conductas no deseadas” (cfr. fs. 26).

Finalmente, la actora no explicó por qué razón el valor de la sanción resultaría desproporcionado a la infracción –máxime, teniendo en cuenta que la multa en cuestión se halla mucho más cerca del mínimo que del máximo dentro de los montos establecidos por el inciso b) del art. 47 de la Ley Nº 24.240, que fija la escala desde “pesos quinientos ($ 500) a pesos cinco millones ($ 5.000.000)”–.

Conforme lo expresado, no se observa que la graduación de la sanción no se encuentre debidamente motivada, ni sea irrazonable ni desproporcionada, pues el monto fue determinado –conforme sus fundamentos– de acuerdo con lo establecido en el marco jurídico aplicable al caso.

VII. Finalmente, resta abordar el planteo de inconstitucionalidad del artículo 14 de la Ley Nº 757 y del art. 45 de la ley 24.240, en tanto establecen el pago anticipado de la multa.

La parte actora solicitó que se la exima de abonar la multa hasta exista sentencia condenatoria firme (v. fs. 29 vta./32).

El agravio, adelanto, no tendrá favorable acogida. En efecto, si bien la DGDYPC aclaró que no se había dado cumplimiento con el depósito establecido en el art. 14 de la Ley 757 y el art. 45 de la ley 24.240, debe ponderarse que, al mismo tiempo, proveyó el recurso directo interpuesto y dispuso su elevación a esta Cámara (v. fs. 42).

A su vez, me remito a lo expresado en autos “Solanas Country S.A. c/Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor s/ recurso directo” (ya citado), en cuanto a la interpretación que corresponde hacer de la reforma introducida en la ley 757, con relación a los efectos del recurso judicial directo en concordancia con las normas constitucionales.

Atento lo expuesto, entiendo que el presente agravio debe ser desestimado.

VIII. Las costas de esta instancia se impondrán a la parte actora por haber resultado vencida (cfr. art. 62, 1º párrafo, CCAyT).

IX. En relación con la regulación de honorarios a favor de la dirección letrada y representación procesal de la parte demandada, corresponde fijar la suma de pesos veintiún mil trescientos veinte pesos ($ 21.320,00).

Ello, de conformidad con los artículos 1, 3, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 29, 54, 56, 60, 62 y concordantes de la Ley Nº 5134; y considerando el monto, la complejidad de la cuestión planteada, la extensión y calidad de la labor desarrollada y su resultado, así como los montos mínimos que establece la ley; y el cálculo de los proporcionales correspondientes para la etapa cumplida, en relación con el valor de diez (10) unidades de medida arancelaria, fijada en pesos tres mil quinientos sesenta y ocho con setenta y dos ($ 4.264,00) [sic] por Resolución Presidencia CM Nº 686/2020.

Atento a las consideraciones expuestas propongo al acuerdo que, en caso de compartirse este voto: a) se rechace el recurso directo presentado por la parte actora; b) se impongan las costas a la parte actora vencida; y c) se regulen honorarios profesionales de acuerdo a lo expuesto en el considerando IX.

La jueza Mariana Díaz dijo:

I. Los antecedentes relevantes de la causa, así como el marco normativo aplicable han quedado adecuadamente relatados en los puntos I, II y IV del voto del juez Carlos F. Balbín, a los que me remito a fin de evitar reiteraciones innecesarias.

Asimismo, adhiero en lo sustancial a lo resuelto en los puntos V y VI de aquel, por cuanto lo allí expuesto resulta suficiente a fin de rechazar el recurso directo bajo análisis, con costas a la vencida (cf. art. 62 del CCAyT).

II. Por otra parte, coincido en que resulta inoficioso expedirse sobre el planteo de inconstitucionalidad del artículo 45 de la ley Nº 24 240 toda vez que en ocasión de proveer el recurso directo interpuesto, la autoridad de aplicación dispuso su elevación a esta Cámara (v. fs. 42).

De todos modos, corresponde señalar que las sanciones de carácter retributivo como la que nos ocupa no pueden ser ejecutadas mientras hayan sido cuestionadas en sede judicial y la decisión a su respecto no haya adquirido firmeza (cf. mi voto en “Solanas Country SA contra Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor por recurso directo sobre resoluciones de defensa al consumidor”, expte. Nº 1214/2017-0, sentencia del 13/07/17).

III. En lo que respecta a la regulación de los honorarios profesionales, corresponde recordar que el régimen de aranceles estructura la regulación de honorarios, por un lado, a partir de porcentajes calculados sobre el monto del pleito y aranceles mínimos que postula como infranqueables (arts. 15, 17, 23, 24, 29 y 60 de la ley Nº 5134).

Por otro, el sistema también consagra el principio de proporcionalidad pues en la ley se establece que se tendrá en cuenta al regular los honorarios, las etapas cumplidas, la extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada, así como su complejidad y la responsabilidad que pudiera haberse derivado para el profesional (arts. 17 y 29 de la ley Nº 5134). Tales pautas, indican que la validez de la regulación no depende exclusivamente del monto o de las escalas referidas pues debe existir adecuada relación entre la labor desarrollada y la retribución que por ella se otorga (Fallos: 239:123; 251:516; 256:232, entre otros).

Así, el acceso a una remuneración proporcional al trabajo realizado representa el derecho del profesional involucrado y también delimita el alcance de la obligación del condenado al pago. En ambos casos, la desproporción puede provocar la invalidez de la regulación cuando la aplicación mecánica de las escalas o los mínimos legales excedan la retribución que justifican las tareas realizadas conforme la importancia del pleito.

La interpretación propiciada busca otorgar al régimen normativo aplicable una hermenéutica que concilie sus previsiones con los derechos de las partes que aparecen comprometidos. De esta forma, se evita que la competencia judicial para fijar honorarios quede injustificadamente recortada, sin generar por ello un sistema que abrogue el régimen general, pues se trata de supuestos de excepción que exigen demostrar por qué acorde con las circunstancias de cada caso se justifica el apartamiento de las escalas o mínimos aplicables para evitar el menoscabo del derecho del obligado al pago (art. 60 de la ley Nº 5134 y art. 1255 CCCN).

Desde esa perspectiva, teniendo en cuenta el monto del asunto, la complejidad de la cuestión planteada, el resultado obtenido y el valor, motivo, extensión y calidad de la labor desarrollada, corresponde regular los honorarios de los letrados de la parte demandada, en conjunto, en la suma de doce mil pesos ($12.000).

IV. En consecuencia, voto por: i) rechazar el recurso directo interpuesto a fs. 29/41, con costas (cf. art. 62 del CCAyT); y, ii) regular los honorarios de los letrados de la parte demandada de conformidad con lo expuesto en el considerando III del presente voto.

La jueza Fabiana H. Schafrik de Núñez dijo:

I. Adhiero en lo sustancial al voto de mi colega preopinante, juez Carlos Balbín, por cuanto los argumentos expuestos en los considerandos I a VI resultan suficientes a los efectos de dirimir la controversia plateada.

II. Comparto asimismo la solución propuesta en el considerando VII, toda vez que la declaración de inconstitucionalidad de una norma legal requiere inexcusablemente la demostración del agravio en el caso concreto, por lo que corresponde rechazar el planteo de la parte actora, atento a que no se verifican a esta altura circunstancias que así lo justifiquen (conf. argumentos dados al expresar mi voto en autos “Solanas Country SA c/ Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor s/ recurso directo” Expte. 1214/2017 sentencia del 13 de julio de 2017).

III. Por último, comparto la imposición de costas y regulación de honorarios efectuada por el Dr. Balbín en los puntos VIII y IX de su voto.

En mérito a las consideraciones vertidas, jurisprudencia citada y normas legales aplicables al caso, y habiendo dictaminado la Fiscal de Cámara, el Tribunal resuelve: I. Rechazar el recurso presentado por la parte actora; II. Imponer las costas a la parte actora vencida; y III. Regular honorarios profesionales de acuerdo con lo expuesto en el considerando IX del voto del juez Carlos F. Balbín.

La presente causa se resuelve en los términos del artículo 6 de la resolución CM nº 65/2020, sin perjuicio de que resulta también aplicable el artículo 8 de la misma resolución. Asimismo, se hace constar que se encuentra vigente para las partes la suspensión de los plazos procesales (conf. res. CM nros. 58, 59, 60, 63 y 65 del 2020).

Oportunamente, regístrese. Notifíquese a la demandada al correo electrónico establecido en la resolución nº 100/GCBA/PG/2020, al Ministerio Público Fiscal por la misma vía y a la parte actora mediante cédula por secretaría una vez que hayan finalizado las medidas de restricción que imposibilitan su diligenciamiento salvo que la parte en forma previa constituya domicilio electrónico, en cuyo caso deberá notificarse por ese medio.

Firme que se encuentre la presente, archívese. – Carlos F. Balbín. – Mariana Díaz. – Fabiana H. Schafrik de Núñez.