Materia: Derecho Penal

A., G. A. s/recurso de casación

La Cámara Federal declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por la defensa con un excesivo rigor formal por lo que, llegado el tema a la Cámara Federal de Casación Penal, en queja luego de haberse rechazado el recurso de casación, y solicitando aquella se anule la decisión recurrida que impidió al imputado acceder al doble conforme afectando el derecho de defensa en juicio y el debido proceso, y se aparten a los jueces de la Sala B que a pesar de lo que resolvieron, emitieron opinión sobre el mérito de la decisión del juez de instrucción excediendo los límites del recurso, se resuelve ahora hacer lugar al recurso , anulando parcialmente la resolución y apartando a los magistrados que intervinieron remitiéndose el legajo a su procedencia para que se dicte un nuevo pronunciamiento. 

CFed. Casación Penal, Sala II, agosto 14-2025. – A., G. A. s/recurso de casación – Causa nº FCB 2880/2014/3/CFC1. 

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los catorce días del mes de agosto del año dos mil veinticinco, se reúne la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por la señora jueza Angela E. Ledesma, como Presidenta, y los señores jueces Alejandro W. Slokar y Guillermo J. Yacobucci, como Vocales, asistidos por el Prosecretario de Cámara, Juan Martín Nogueira, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto en favor del imputado Gustavo Adolfo Alsina por la Defensora Pública Oficial, doctora Ana María Blanco, en la presente causa FCB 2880/2014/3/CFC1, caratulada: “Alsina, Gustavo Adolfo s/ recurso de casación”, del registro de esta Sala. Intervienen en la instancia por el Ministerio Público Fiscal, el señor Fiscal General, doctor Mario A. Villar; por la defensa oficial del encausado Alsina, el doctor Guillermo A. Todarello; y las partes querellantes notificadas en autos.

Habiéndose efectuado el sorteo para que emitan su voto, resultó el siguiente orden: Ledesma, Yacobucci y Slokar.

La señora jueza Angela E. Ledesma dijo:

–I–

1º) La Sala “B” de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, el 11 de diciembre ppdo., en lo pertinente resolvió: “…II. DECLARAR desierto el recurso de apelación interpuesto con fecha 07.02.2024 por el señor Defensor Público Oficial, Dr. Jorge Perano, en representación de Gustavo Adolfo Alsina, conforme lo previsto en el art. 454 del CPPN y Acuerdo 276/2008 de [esa] Alzada…” (cfr. legajo CA2 de su registro).

Contra esa decisión la asistencia técnica del imputado Alsina interpuso el recurso de casación que, rechazado por la citada Cámara el pasado 24 de abril, motivó la presentación directa en esta instancia, a la que se hizo lugar y se concedió la impugnación referida (cfr. legajo RH1, rto. el 17/07/2025, reg. Nº 891/25).

2º) La parte recurrente encuadró sus agravios en los términos del artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación. Postuló que la decisión resultaba contradictoria ya que “por un lado tiene por recibido tanto la apelación como su ampliación de fundamentos (art. 454 CPPN), […] mas luego de otro costado, ya siendo parte del proceso y trámite recursivo tanto la impugnación ante el Juzgado y la expresión de agravios receptada en segunda instancia, se opta por desecharlas bajo un argumento irrazonable al caso que es referido a una mera cuestión formal, cuando lo esencial era la voluntad recursiva presentada, aceptada y refrendada…”.

En ese sentido, entendió que lo resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones “de tener por desistido el recurso constituye un exceso ritual agraviante para las garantías del debido proceso legal que ampara al defendido y una vez conocido tal extremo, mal pudo el tribunal abstraerse de la resolución que corresponde”.

Sumado a ello, destacó que esa defensa había planteado nulidades en los términos del artículo 168 en función del 167 del CPPN que pudieron “ser declarables aún de oficio por lo tanto el estudio, análisis y resolución de las mismas en el fallo resistido no pudo dejarse de lado por una cuestión de exceso rigor formal dado que principalmente el planteo nulitivo, junto a demás agravios, resultaba de trascendencia y por su naturaleza jurídica resultan esencial o ‘relevante’ –siguiendo el texto del resolutorio cuestionado– para la prosecución o no de las actuaciones penales en contra del imputado Sr. Alsina…”.

Continuó señalando que resultaba “claro que la vocación impugnativa era real y concreta, además se vinculaba a los derechos esenciales de toda persona sometida a proceso penal que afectaban al representado Alsina, pero finalmente el tribunal opta por la aplicación a ultranza y desmesurada de la normativa ritual con lo cual mutiló irreparablemente en esa instancia el derecho a revisión de las decisiones jurisdiccionales en la materia penal”.

En suma, indicó que “se advierte que a partir de una exigencia meramente formal prevista por la norma procesal del CPPN (art 455) y de un Acuerdo interno (Nº 276/08) del tribunal de apelación se han vulnerado principios y garantías judiciales previstas en la propia carta constitucional (la que justamente se reglamenta por el código adjetivo), con igual afectación a las demás cartas internacionales de DD.HH de vigencia en nuestro sistema legal. Así, el razonamiento que exhibe el fallo atacado no espeja lo exigido por los arts. 123 y 398 del mismo catálogo ritual”.

Por ello, solicitó que “se haga lugar al recurso interpuesto, procediendo a declarar nula la resolución impugnada (art. 404, inc. 2 del CPPN) por falta de motivación suficiente, y también por exceso ritual manifiesto que deja en gravosa levitación el derecho a defensa en juicio, derecho a la revisión en materia penal, violación al sistema acusatorio y debido proceso legal que asiste a [su] defendido Gustavo Alsina”.

Hizo reserva del caso federal.

3º) En la ocasión prevista en el artículo 465 bis del CPPN, presentó únicamente breves notas la Defensa Pública Oficial de Alsina, doctora Carolina Belej.

En su escrito, sostuvo lo expuesto en su impugnación entendiendo que lo resuelto en la instancia de apelación se encuentra infundado “sobre la base de un excesivo rigor formal, se le impidió al imputado acceder al doble conforme, viéndose afectados el derecho de defensa en juicio y el debido proceso, así como el deber de garantizar el derecho al recurso que asiste a toda persona inculpada de un delito”.

Así, solicitó que “hagan lugar al recurso interpuesto por la defensa, revoquen la resolución puesta en crisis y ordenen que jueces distintos a los que aquí intervinieron den tratamiento y resuelvan el recurso de apelación”. En ese sentido, señaló que “en tanto los integrantes de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, a pesar de haber declarado desierto el recurso, emitieron opinión sobre el mérito de la decisión del juez de instrucción respecto de la responsabilidad de [su] asistido en los hechos endilgados, en un claro exceso a los límites del recurso”.

Hizo reserva del caso federal.

Así, pues, las actuaciones se encuentran en estado de ser resueltas.

–II–

4º) Sentando cuanto precede, en las particulares circunstancias del caso observo que asiste razón a la defensa en tanto se observa que la Sala “B” de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba basó su decisión en razones formalistas y meramente dogmáticas; criterio que, por resultar manifiestamente restrictivo y excesivamente ritual, afectó el derecho al recurso (art. 8.2.h CADH, art. 75.22 CN). Motivo por el cual resulta a todas luces infundada y, por ello, arbitraria –art. 123 del CPPN– (cfr., mutatis mutandis, Fallos: 330:298, causa L.441.XLI, “Lescano, Mario Daniel s/ homicidio”, entre otras tantas).

En esa li?nea, no puede soslayarse la doctrina sostenida, mutatis mutandis, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precendente “Dubrá” (Fallos: 327:3802), por cuanto, previo a resolver del modo en que lo hizo, debía dar cumplimiento a los recaudos que garanticen plenamente el ejercicio del derecho de defensa (conf. Fallos: 311:2502 y 322:1343, voto del juez Petracchi). En ese sentido, corresponde señalar que “los recursos procesales constituyen una facultad propia del imputado y no una potestad técnica del defensor” (“Dubrá”, supra cit.).

Así, para que una decisión pueda ser considerada un acto jurisdiccional válido debe estar fundamentada y no basada en meras afirmaciones de índole dogmática (conf. Fallos: 340:832) y hallarse desprovistas de un excesivo rigor formal, que resulta incompatible con el adecuado servicio de justicia (cfr. Fallos: 321:1385); máxime tratándose de una instancia en la que se pretendía la revisión del auto de mérito oportunamente impugnado por la defensa del encausado (cfr. mutatis mutandis, Fallos: 328:4580, 345:348, 325:2813 y 329:2265, entre otros).

Por ello, corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido por la defensa oficial de Gustavo Adolfo Alsina; anular parcialmente la resolución impugnada –en cuanto declaró desierto el recurso de apelación deducido por su asistencia letrada–; apartar a los magistrados de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba que suscribieron para continuar interviniendo en este incidente y remitir las actuaciones a su procedencia a fin de que, con la celeridad y resguardos que el caso impone, por quien corresponda y previa sustanciación con las partes se dicte un nuevo pronunciamiento; lo que de ningún modo implica anticipar juicio respecto del fondo del asunto a decidir en aquella instancia. Sin costas (arts. 471, 530 y cctes. del CPPN).

Así voto.

El señor juez Guillermo J. Yacobucci dijo:

Adhiero, en las particulares circunstancias, a la colega que me precede en el orden de votación pues coincido en que la resolución dictada por la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba incurre en un excesivo rigor formal que trae como consecuencia una afectación al derecho de defensa y, concretamente, al derecho recurso del imputado (art. 18, CN, art. 8.2.h, CADH y caso “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, sentencia de 2 de julio de 2004, CIDH). Más aun en el supuesto de autos pues lo cierto es que la defensa de Alsina presentó en su recurso de apelación –aun de forma breve– sus agravios y pretensión.

En función de ello, se impone hacer lugar al recurso, anular la resolución recurrida; apartar a los magistrados de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba que suscribieron para continuar interviniendo en este incidente y remitir las actuaciones a su procedencia a fin de que, con la celeridad y resguardos que el caso impone, por quien corresponda y previa sustanciación con las partes se dicte un nuevo pronunciamiento que resguarde los derechos del imputado, lo que de ningún modo implica anticipar juicio respecto del fondo del asunto a decidir en aquella instancia, sin imposición de costas en la instancia (arts. 471, 530 y ccdtes, CPPN).

Así voto.

El señor juez Alejandro W. Slokar dijo:

Que, sellada la suerte del remedio en trato en razón de los votos concordantes de los colegas preopinantes, en las particulares circunstancias de la especie se remite a las consideraciones vertidas, mutatis mutandis, in re “Elicabe, Ricardo Ernesto s/ recurso de casación”, causa FSA 24000743/2004/1/1/1/CFC3, reg. Nº 533/23, rta. el 30/05/2023 y “Tasselkraut, Juan Ronaldo s/ recurso de casación”, FSM 27004012/2003/230/3/CFC425, reg. Nº 914/23, rta. el 23/08/2023; como así también, en las causas FCB 10156/2020/1/CFC1, caratulada: “NN s/ recurso de casación”, rta. el 01/12/21, reg. Nº 1974/21 y FCB 14441/2018/1/CFC1, caratulada: “Caballero, Luciano y otros s/ recurso de casación”, rta. el 30/12/2021, reg. Nº 2218/21, entre otras.

Al respecto, cabe memorar que “[e]l derecho a la tutela judicial efectiva exige […] a los jueces que dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos, conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos” (Corte IDH; Caso “Bulacio Vs. Argentina”; Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de Septiembre de 2003; Serie C No. 100; parág. 115; vid., mutatis mutandis, “Elicabe”, supra cit.).

Así, el tratamiento de la hipótesis demanda atender no sólo a la garantía invocada por el encausado, sino también al derecho de las víctimas en cuanto impone recibir una respuesta judicial inmediata, esto es, que no admita demoras (ibidem).

Al efecto, deviene necesario reafirmar el compromiso internacional asumido por el estado argentino de investigar, juzgar y –de corresponder– sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, debiendo abstenerse de adoptar cualquier tipo de medida que obstaculice o disuelva la posibilidad de reproche (Fallos: 328:2056).

En esa dirección también se ha pronunciado en reiteradas oportunidades la Corte IDH, al sostener que “el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que provienen de los artículos 8 y 25 de la Convención” (Corte IDH, Caso “Bámaca Velásquez Vs. Guatemala”, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002, Serie C No. 91, parág. 201).

Así, la función de los órganos judiciales en estos procesos “no se agota en posibilitar un debido proceso que garantice la defensa en juicio, sino que debe además asegurar en tiempo razonable el derecho de la víctima o sus familiares a saber la verdad de lo sucedido y que se sancione a los eventuales responsables” (Corte IDH, Caso “Bulacio Vs. Argentina”, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003; Serie C No. 100, parág. 114).

En la especie, no puede soslayarse el avanzado estado procesal de los autos principales y la suspensión de la elevación a juicio dispuesta a su respecto por el juzgado de instrucción el 24 de julio ppdo. (cfr. legajo FCB 2880/2014 de su registro), circunstancia que impone el deber imperioso de abordar con celeridad ineludible en el sub judice (cfr. mutatis mutandis “Tasselkraut”, supra cit.).

Así vota.

En mérito del acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE:

HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la defensa oficial de Gustavo Adolfo Alsina; ANULAR PARCIALMENTE la resolución impugnada –en cuanto declaró desierto el recurso de apelación deducido por su asistencia letrada–; APARTAR a los magistrados de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba que suscribieron para continuar interviniendo en este incidente y REMITIR las actuaciones a su procedencia a fin de que, con la celeridad y resguardos que el caso impone, por quien corresponda y previa sustanciación con las partes se dicte un nuevo pronunciamiento; lo que de ningún modo implica anticipar juicio respecto del fondo del asunto a decidir en aquella instancia. Sin costas (arts. 471, 530 y cctes. del CPPN).

Regístrese, notifíquese, comuníquese y remítase a la Sala “B” de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba mediante pase digital. Hágase saber lo resuelto mediante oficio DEO a la mentada judicatura, como así también al Juzgado Federal Nº 1 de esa misma jurisdicción.

Sirva la presente de atenta nota de envío. – Angela E. Ledesma. – Alejandro W. Slokar (según su voto). – Guillermo J. Yacobucci (Prosec.: Juan Martín Nogueira).

***

B., J. O. y otros s/infracción Ley nº 22.415

Apela el Ministerio Público Fiscal la resolución de primera instancia que sobreseyó al imputado de un delito en infracción a la Ley nº 22.415, quien ingresó al país una aeronave proveniente de Estados Unidos de América sustrayéndola al control aduanero al momento de su importación, no regularizando su situación y operando en nuestro territorio con una matrícula provisoria, habiendo considerado la juez que aquél no habría impedido o dificultado el adecuado control aduanero, lo que no se habría acreditado suficientemente por lo cual, al no haberse incorporado al legajo principal elementos probatorios suficientes a los fines de establecer si medió alguna conducta destinada a eludir o burlar el control aduanero para la importación analizada, o si, por el contrario, se trata de un caso en el cual únicamente se excedió el plazo previsto por el art. 217 del Código Aduanero para la solicitud de la destinación de importación pertinente desde el arribo de la mercadería al país, se  resuelve revocar el sobreseimiento debiendo el juzgado a quo continuar con la investigación. 

CNPenal Económico, Sala II, agosto 11-2025. – B., J. O.  y otros s/infracción Ley nº 22.415 – Causa nº CPE 429/2021/CA2. 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2025.

Vistos:

El recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal que actúa ante la instancia anterior, contra la resolución por la cual el juzgado “a quo” dictó el auto de sobreseimiento respecto de J.O.B.

La presentación por la cual el señor Fiscal General de Cámara mantuvo el recurso interpuesto en la instancia anterior.

Los memoriales presentados por el representante del Ministerio Público Fiscal y por la defensa de J.O.B. en la oportunidad prevista por el art. 454 del C.P.P.N.

Y Considerando:

1º) Que, por el pronunciamiento recurrido, el juzgado de la instancia anterior dispuso un auto de sobreseimiento con relación a J.O.B. en orden al hecho que se vincula con “…el ingreso al territorio nacional de la aeronave marca PIPER AIRCRAFT CO., modelo PA-28-181, número de serie XXX, proveniente de Estados Unidos de América, en el período comprendido entre el mes de junio de 2017 y el 18 de octubre de 2017, sustrayéndola del control aduanero al momento de su importación. La aeronave habría ingresado al territorio nacional sin la debida documentación (declaración general de arribo), operó en el país con la matrícula nacional provisoria XXX y sin la intervención del servicio aduanero en el trámite de ingreso al país…”.

2º) Que, por la resolución que es materia de recurso por la presente, la magistrada de la instancia previa señaló que no se acreditó que J.O.B. haya realizado acto alguno con aptitud suficiente para impedir o dificultar el adecuado ejercicio de las funciones que por las leyes se acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones.

Indicó, en aquel sentido, que “…la aeronave ingresó por el aeropuerto internacional de Salta (lugar habilitado); que en esa oportunidad se presentó la Declaración General exigida por el art. 160 del CA y recibió el control de personal de la DGA sito en ese aeropuerto; que no se presentó ninguna declaración o documentación tendiente a engañar al servicio aduanero sobre el destino de la mercadería o algún otro aspecto; que no se cuestionó el valor de adquisición de la aeronave; y que no se formularon observaciones en cuanto a la clasificación arancelaria, valor y aforo de la mercadería…”.

Destacó, asimismo, que “…antes de arribar la aeronave al país [se] le dio aviso al servicio aduanero (…) de modo que, a su arribo, ya lo estaban esperando en el lugar…” y que “…la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) le otorgó, con sucesivas prórrogas, una matrícula nacional –provisoria–, lo que le permitió realizar todos los viajes mencionados y sin que haya sido un requisito, para el otorgamiento de esa matrícula y el permiso para volar, contar con la oficialización del despacho de importación de la mercadería…”.

Añadió que “…la circunstancia que motivó la sospecha, al momento de formularse la denuncia, sobre la comisión del delito de contrabando, esto es que no se habría presentado la declaración de arribo y consecuentemente la falta de verificación de ‘la fecha y lugar de arribo y la sujeción a las normas migratorias, sanitarias y aduaneras…’, constituyen circunstancias que fueron esclarecidas en el curso de la instrucción…”.

Refirió, por otra parte, que “[e]n todo caso, lo que se aprecia en este caso es que B. habría infringido la norma que dispone la oficialización del despacho de importación dentro del plazo establecido por el mencionado art. 217 del CA y que establece (…) una multa automática (art. 218), pero no una conducta delictiva de competencia de este tribunal…”.

3º) Que, por el recurso de apelación interpuesto, a cuyos fundamentos se remitió el señor Fiscal General de Cámara en la oportunidad prevista por el art. 454 del C.P.P.N., el representante del Ministerio Público Fiscal interviniente ante la instancia previa se agravió de la resolución recordada por el considerando 1º de la presente por considerar que los elementos incorporados a la causa, a entender de esa parte, resultarían suficientes para vincular penalmente a J.O.B. con el hecho objeto de investigación.

Indicó, al respecto, que el “…supuesto de contrabando aquí investigado tiene la particularidad de que la maniobra no se dirige a mentirle al servicio aduanero, sino que tiende a evitarlo para que este no ejerza su debida función de control. Así, el accionar desplegado por B., a la luz de los elementos reunidos en autos, habría estado enderezado a lograr dicho objetivo…”.

Expresó, en ese sentido, que “…la Sra. Juez señala que el servicio aduanero estuvo en conocimiento del ingreso del avión en función de lo que se desprende de la declaración general anexada al sumario y que ostenta el sello de dicho organismo, entre otros, por lo que, a su criterio, mal podría afirma[r]se que se sustrajo la aeronave al control del servicio aduanero. Sin embargo, el control que se desprende de aquel formulario de ingreso no se vincula con el que efectúa el servicio aduanero con motivo de una importación de mercadería, sino con el control a un medio de transporte que accede al territorio nacional y cuyo contenido está reglamentado por la Organización de Aviación Civil Internacional. Dicho formulario incluye el detalle de la tripulación, pasajeros, procedencia, carga y cuestiones sanitarias…”.

Refirió, además, que el imputado “…mantuvo a la aeronave operando en el territorio nacional por casi tres años y medio completamente al margen del control de aduana. Es de resaltar que al menos en tres oportunidades anteriores, durante aquel período, el nombrado habría contado con la documentación necesaria para oficializar la importación y, sin embargo, no lo hizo, siendo que recién presentó la misma luego del cambio en las regulaciones administrativas que limitó el otorgamiento de las prórrogas de las inscripciones provisorias de matrícula…”.

4º) Que, a los fines de ingresar al análisis de los agravios expuestos por la parte recurrente, de acuerdo a los elementos de juicio obrantes en los autos principales, corresponde señalar lo siguiente:

a) Según la “General Declaration”, la aeronave marca “PIPER AIRCRAFT CO.” ingresó al país por vez primera el día 11/08/2017, al mando de C.J., con la matrícula de origen Nº “XXX”, por el aeropuerto de la provincia de Salta. Como “propietario o explotador” figuraba “A.P.C.”.

El documento aludido posee un subtítulo que reza “Agriculture. Customs. Inmigration and Public Health”, y contiene firmas y sellos pertenecientes al SENASA, la Dirección Nacional de Migraciones y la Aduana de Salta (confr. informe presentado por el organismo aduanero de fecha 30/05/2023).

b) La aeronave registró otros cinco vuelos privados con la matrícula extranjera Nº “XXX”, a saber, el 16/08/2017 desde Salta hasta General Belgrano (explotador “A.P.C.”); el 08/10/2017 desde General Belgrano hasta Salta (explotador “A.P.C.”); el 18/10/2017 desde Salta hasta Yacuiba, Bolivia (explotador “F. SRL”); el 10/11/2017 desde Yacuiba, Bolivia, a Salta (explotador “A.A. SA”); y el 10/11/2017 desde Salta hasta General Belgrano (explotador “A.A. SA”).

El 14/04/2018 se registró el primer vuelo con la matrícula nacional provisoria Nº “XXX”, desde Orán hacia Tucumán, a cargo del piloto S.P.J. y como explotador “J.O.B.” (confr. informes de la A.N.A.C. y la D.G.A. fechados el 30/05/2023).

c) De acuerdo con las constancias aportadas por la Administración Nacional de Aviación Civil (A.N.A.C.), con fecha 08/03/2018 se otorgó la inscripción provisoria de la aeronave, titularidad de dominio “J.O.B.”, bajo la matrícula Nº “XXX”, con vencimiento el día 08/06/2018. Asimismo, con la comunicación fechada el 12/03/2018, se hizo saber al requirente que “…a los fines de la matriculación definitiva de la aeronave deberá, dentro de los 60 días hábiles contados desde la matriculación provisoria, presentar el despacho a plaza de importación…”.

Con fecha 01/06/2018, se otorgó una prórroga de la inscripción provisoria de la aeronave, con vencimiento el día 29/08/2018; con fecha 21/06/2019 se dispuso una nueva inscripción provisoria de la aeronave, con vencimiento el día 02/08/2019; y con fecha 14/12/2020, se extendió una última inscripción provisoria de la aeronave, con vencimiento el día 08/01/2021 (confr. informe incorporado digitalmente el 25/08/2022 y fs. 34/37 del expediente principal).

d) Conforme al registro denominado “Historial de Aeronave”, desde la obtención de la matrícula provisoria hasta el día 06/05/2019, la aeronave habría realizado alrededor de 61 vuelos (conf. destinación aduanera reservada por secretaría).

e) Con fecha 21/12/2020 se oficializó el despacho de importación NºXXX, a nombre de J.O.B., mediante el cual se acompañó una factura comercial a nombre “A.P.C. CORP”, a favor de “J.O.B.”, en la cual se describe la aeronave marca “Piper Aircraft model PA-28-181”, con un valor de U$S 63.900.

5º) Que, conforme se ha establecido por pronunciamientos numerosos de este Tribunal, el sobreseimiento es la resolución jurisdiccional por la cual se concluye el proceso definitiva e irrevocablemente con relación al imputado en cuyo favor se dicta, y encuentra fundamento en las causales taxativamente previstas por la ley. Por consiguiente, para el dictado de un pronunciamiento con aquellos alcances es necesaria la certeza del juzgador sobre la configuración de alguna de las causales previstas por el art. 336 del C.P.P.N. (confr. C.F.C.P., Sala I, “NAVARRO, JUAN MANUEL Y OTROS S/ RECURSO DE CASACIÓN”, rta. el 23/05/01; Sala III, “SAKSIDA, WALTER RAÚL S/ RECURSO DE CASACIÓN”, rta. el 18/2/00; Sala IV, “SANTOS, ENRIQUE JOSÉ S/ RECURSO DE CASACIÓN”, rta. el 22/11/99; y Regs. Nos. 634/03, 394/00, 719/06, 655/09, CPE 970/2016/4/CA2, res. del 10/07/2019, Reg. Interno Nº 470/19 y CPE 958/2022/CA1, res. del 24/04/2023, Reg. Interno Nº 153/23, entre otros, de la Sala “B” de esta Cámara; y CPE 1635/2019/CA1, res. del 08/02/2023, Reg. Interno Nº 17/23 y CPE 1060/2021/1/CA3, res. del 13/03/2023, Reg. Interno Nº 61/23, de esta Sala “A”, entre otros).

6º) Que, por un examen de las constancias incorporadas al expediente principal y en función de los agravios manifestados por el señor Fiscal de la instancia anterior, ponderados en su conjunto y de conformidad con las reglas de la sana crítica, se advierte que el hecho investigado no ha sido esclarecido totalmente, circunstancia que impide descartar, en las condiciones actuales de la causa, con la certeza necesaria a la que se hizo alusión por el considerando anterior, la comisión presunta de comportamientos con relevancia penal.

7º) Que, en efecto, a partir de las circunstancias puestas de manifiesto por el Ministerio Público Fiscal mediante el recurso de apelación en examen, este Tribunal considera que no se han incorporado al legajo principal elementos probatorios suficientes a los fines de establecer si medió alguna conducta destinada a eludir o burlar el control aduanero para la importación analizada, o si, por el contrario, se trata de un caso en el cual únicamente se excedió el plazo previsto por el art. 217 del Código Aduanero para la solicitud de la destinación de importación pertinente desde el arribo de la mercadería al país.

8º) Que, por la resolución recurrida, que fue sucintamente reseñada por el considerando 2º de la presente, se observa que la magistrada de la instancia anterior consideró que “…se encuentra acreditado que en oportunidad de ingresar al país [la aeronave] recibió el control de la DGA, entre otros organismos (…) lo que da cuenta la Declaración General (…) que contiene los sellos insertos por esa autoridad…”.

No obstante, conforme fuera señalado por el Ministerio Público Fiscal mediante el recurso de apelación bajo examen, el control que se desprende de la declaración general referida no se correspondería, en principio, con aquel que realiza el servicio aduanero en el marco de una operación de importación de mercadería, sino con el procedimiento aplicable a un medio de transporte que ingresa al territorio nacional, el cual comprende el relevamiento de datos vinculados a la tripulación, los pasajeros, la carga transportada y la información sanitaria correspondiente (confr. considerando 4º, subacápite a, de la presente).

En este sentido, al prestar declaración testifical J.M.F., jefe del Departamento Operacional Aduanero de la Dirección Aduana de Ezeiza, explicó que “…las aeronaves son especiales porque son al mismo tiempo mercadería y medio de transporte, tienen esa doble característica. Cuando llega una aeronave se la controla a nivel pasajeros, tripulación, carga si es que trae, equipaje y puede hacerse el fondeo de la aeronave, que es la inspección interna de sus compartimientos. Eso en cuanto al control como medio de transporte. El problema es cuando la aeronave ingresa como mercadería, no hay forma de saberlo si no se declara que el ingreso es a esos fines. O sea, que el gran tema con las aeronaves es tomar conocimiento de para qué ingresa, si es como medio de transporte o como mercadería con fines de importación. Toda esta temática surgió alrededor de 2018, cuando se originó una denuncia que quedó en el Juzgado Penal Económico Nº 8 y que puso en evidencia la falencia en los controles de las aeronaves que ingresaban como vuelos privados…”.

Así las cosas, se advierte que, en el aspecto examinado relativo a la intervención aduanera practicada sobre la aeronave al momento de su ingreso al territorio nacional, la conclusión sostenida en la resolución apelada no cuenta, en principio, con el respaldo probatorio suficiente que permita tener por acreditado que, en esa instancia, se hubiera cumplido con el control correspondiente a una operación de importación, sin perjuicio de lo que haya surgido de actuaciones posteriores.

9º) Que, por otra parte, por la resolución apelada, la magistrada de la instancia previa señaló que no se advertía en el caso ninguna conducta ardidosa tendiente a impedir o dificultar el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes asignan al servicio aduanero para el control de las importaciones.

Sin embargo, la fiscalía interviniente, mediante el recurso de apelación interpuesto, sostuvo que J.O.B. tenía conocimiento del deber de nacionalizar la aeronave que ingresaba al país y, no obstante ello, omitió voluntariamente la presentación del despacho de importación, mientras utilizaba la aeronave en el territorio nacional al margen del control aduanero.

Asimismo, en un dictamen anterior, por el cual el representante del Ministerio Público Fiscal postuló el auto de procesamiento respecto del nombrado, se destacaron una serie de documentos obtenidos del allanamiento a las oficinas de F. S.R.L., empresa que habría participado en la compraventa de la aeronave, que, a entender de la fiscalía, darían cuenta de que el imputado, en un primer momento, habría estado en condiciones de oficializar la destinación aduanera, y que la falta de nacionalización habría respondido a una decisión de B. vinculada a sus propios avatares económicos y no a las supuestas trabas burocráticas alegadas en oportunidad de prestar la declaración indagatoria (confr. presentación de fecha 01/12/2023).

Al respecto, es del caso señalar que entre los documentos secuestrados en autos, consta una cotización realizada por “F.P.B.” de fecha 11/07/2017 (recuérdese que la aeronave ingresó al país el día 11/08/2017), con la referencia “Sr. B.J.”, en la cual se describen tres etapas para la “Gestión de nacionalización y matriculación de aeronave Piper Archer N117AV”. Se indica, además, que la gestión tendría un valor de “USD 3.500 + IVA” y que el importador quedaba a cargo de los “ honorarios del despachante de aduanas, impuestos de nacionalización, honorarios del taller por la inspección de habilitación de la aeronave LV”.

Es menester destacar también una nota suscripta por J.O.B., acompañada a un escrito dirigido a la A.N.A.C. de fecha 11/04/2019 en el que se solicita la renovación de la matrícula XXX, mediante la cual se expresa que “Debido a la baja en la actividad petrolera en el golfo San Jorge y del cual me encuentro vinculado en relación de dependencia en una compañía de servicios, habiendo sufrido disminución de las jornadas laborales la cual conlleva a una disminución del salario imposibilitándome continuar con la nacionalización de la aeronave. Producido un cambio en la actividad y encontrándome en condiciones de continuar con los trámites antes mencionados, adjunto nota del despachante de aduana quien llevará adelante dicho proceso”.

Asimismo, cabe mencionar un correo electrónico de fecha 13/11/2020, enviado desde la casilla “XXX@XXX.com.ar” a J.O.B., por el cual se indica lo siguiente: “…Te escribo para comentarte como son los pasos que debe­r[í]as seguir a los fines de lograr la nacionalizaci[ó]n definitiva del avi[ó]n. Estuvimos siempre antentos (sic) a las novedades que iban saliendo sobre este tema, y en contacto con personas en situaci[ó]n similar, ya que lo que paso con tu avi[ó]n paso con m[á]s de 200 aeronaves en todo el pa[í]s. Te comento como ser[í]a el proceso y los costos que averiguamos: • Contar con el certificado MiPyme al d[í]a y la inscripci[ó]n como Importador/exportador. • Con toda esa documentaci[ó]n y nuestra despachante de Bs As se gestionara el tr[á]mite. • Habr[á] que llevar el
avi [ó]n en vuelo hacia BsAs por lo que debe estar aeronavegable y hay que solicitar la renovaci[ó]n de Matr[í]cula para hacer el vuelo en cuesti[ó]n. • En BsAs verificar[á]n el avi[ó]n y mediante la intervenci[ó]n de un Abogado (que est[á] a cargo de todos los temas de aeronaves nacionalizadas fuera de t[é]rmino de todo el pa[í]s) se conseguir[á] la liberaci[ó]n, ya que [é]l tiene que hacer algunas presentaciones y pedir que se ajusten a la Moratoria para obtenerlo…”.

En función de lo señalado, no puede descartarse, en principio y con el panorama probatorio actual, la existencia de alguna situación penalmente relevante vinculada con las circunstancias reseñadas por el Ministerio Público Fiscal, en torno a si la omisión de oficializar en término la aeronave en cuestión tuvo por objeto eludir el control aduanero y si respondió, o no, a una ventaja económica indebida relacionada con el pago de los tributos a la importación.

10º) Que, en línea con la consideración anterior, al oficializarse la destinación de importación Nº XXX se declararon los conceptos de multa por destinación fuera de término (US$ 670,04) y de arancel “SIM IMPO” (US$ 10,00). Asimismo, se asentó como información adicional el código “ IVABENEF (…) IVA010” y se acompañó como documentación complementaria una constancia de trámite de un certificado “CETA” (Certificado de Explotador de Trabajo Aéreo) en la cual se menciona que la aeronave “…será afectada a la mencionada empresa para realizar Actividad Aérea en FOTOGRAFÍA, INSPECCION Y VIGILANCIA, DEFENZA (sic) Y PROTECCIÓN DE LAFAUNA (sic), PESCA, EXPLORACIONES Y PROPAGANDA…” (confr. despacho de importación reservado por secretaría e informe de la D.G.A. incorporado digitalmente el 22/11/2022 al incidente Nº CPE 429/2021/3).

Sin embargo, en un informe elaborado por la Dirección General de Aduanas en el marco del incidente de acogimiento Nº CPE 429/2021/3 surge que el monto a abonar en concepto de obligaciones por la importación de la aeronave era de US$ 24.753,95, en tanto se incluyeron los conceptos de “Derechos de Imp. Usados”, “Tasa de Estadística” e “I.V.A.”, además de que la liquidación fue realizada según la fecha de ingreso declarada en la destinación aduanera (confr. informe de fecha 13/10/2022).

Más allá de las diferencias observadas en el tratamiento impositivo aplicado al caso, por el momento no puede descartarse la existencia de un posible intento de inducir a error a la autoridad aduanera en relación con el cumplimiento de los aranceles o de las obligaciones tributarias vinculadas con la importación en examen.

En efecto, incluso en el caso de que la normativa vigente contemple beneficios fiscales para aeronaves destinadas a determinadas actividades, como el previsto por el artículo 7, inciso g), de la ley de IVA, no se encuentra debidamente acreditada en autos la pertinencia de la exención impositiva invocada en el despacho de importación mediante la “Constancia de Trámite” del certificado “CETA”, expedida en el marco de la Resolución Conjunta Nº 4583/2019 de la A.N.A.C. y de la A.F.I.P. (actual A.R.C.A.) de fecha 25/09/2019, ni que dicha exención resulte aplicable a la totalidad de los conceptos señalados por el organismo aduanero en el incidente aludido, máxime si se tiene en cuenta que tampoco obran en el legajo principal constancias que acrediten la efectiva prestación de las actividades mencionadas en aquel documento.

11º) Que, aun cuando las particularidades señaladas por el considerando anterior podrían, en principio, enmarcarse en el ámbito infraccional, de corroborarse la existencia de algún medio engañoso o ardidoso empleado para sustentar una diferencia en el tratamiento tributario y, de esa forma, dificultar u obstaculizar las funciones de control a cargo del servicio aduanero respecto de la operación investigada, el hecho podría adquirir relevancia penal desde una perspectiva que no ha sido abordada por la resolución recurrida.

12º) Que, si bien por los elementos de prueba con los que se cuenta, no es posible descartar que los hechos a los que se viene haciendo alusión excedan la figura de una infracción aduanera, a la vez no se advierte que lo argüido en el “sub examine” por el Ministerio Público Fiscal resulte suficientemente acreditado, ya que, por el momento, no se observa que la investigación que se sigue por el expediente principal se encuentre agotada, advirtiéndose que lo estimado por el apelante acerca de que habría existido una maniobra destinada a evitar que la aduana ejerza su debida función de control, no se encuentra suficientemente corroborado, ni puede ser descartado en el actual estado de la investigación, con la certeza y con las precisiones requeridas al efecto, descriptas por la consideración 5º del presente.

13º) Que, por lo tanto, resulta necesaria la profundización de la investigación para determinar que el hecho en cuestión, más allá de evidenciar, o no, un apartamiento al plazo previsto por el art. 217 del Código Aduanero para la solicitud de una destinación aduanera, pueda, o no, resultar relevante desde la perspectiva jurídico-penal planteada por el titular de la acción penal pública.

14º) Que, en consecuencia, en las condiciones señaladas, el temperamento recurrido resulta prematuro, por lo que debe ser revocado.

Por ello, SE RESUELVE:

I. REVOCAR la resolución recurrida, en cuanto fue materia de recurso.

II. SIN COSTAS (arts. 530, 532 y ccs. del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese a la Dirección de Comunicación y Gobierno Abierto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y devuélvase junto a los autos principales y la documentación reservada por secretaría.

Firman los suscriptos, atento la actual integración de esta Sala (confr. Res. Nº 11/2025 de Superintendencia de esta Cámara). – Roberto Enrique Hornos. – Carolina L. I. Robiglio (Prosec.: Fernando Albano Quartarone).

N.N. s/violación de sistema informático Art. 153 bis CP s/recurso de casación

Recurre ante la C.F.C.P. el letrado de la querellante INSSJP-PAMI, organismo víctima de un ciberataque, la resolución de la juez de primera instancia confirmada por la Cámara Federal que dispuso archivar las actuaciones por imposibilidad de proceder, por considerarla arbitraria y prematura afectando la garantía constitucional del debido proceso y los derechos de la víctima, recurso al que se hace lugar –por mayoría– casándose la resolución recurrida y devolviéndose a su origen para que las remita al Juzgado Federal actuante a fin de que se prosiga con la sustanciación de la causa. 

En la ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de julio del año 2025, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el doctor Mariano Hernán Borinsky –como Presidente–, y los doctores Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos, asistidos por la secretaria actuante, se reúne a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto en la presente causa CFP 2632/2023/CFC1 “N.N. s/ Violación de Sistema informático Art. 153 bis s/recurso de casación”; de la que RESULTA:

I. Que el 4 de abril de 2025, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal de esta ciudad, confirmó la resolución mediante la cual la jueza de primera instancia resolvió archivar la presente causa Nº CFP 2632/2023 por imposibilidad de proceder, de conformidad con lo normado por los arts. 195, segundo párrafo y 213 inc. “d” del C.P.P.N.

II. Que contra ese pronunciamiento, el letrado apoderado del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI), como parte querellante, interpuso el recurso de casación en estudio, que fue concedido por el tribunal de origen el 28 de abril del corriente año.

III. Que la parte impugnante encausó su recurso en ambos motivos previstos en el art. 456 del C.P.P.N.

Expuso que la resolución impugnada resultó arbitraria y prematura por cuanto se omitieron valorar circunstancias decisivas que otorgaban fundamento a su pretensión, soslayándose el tratamiento de hechos y pruebas fundamentales en la causa señaladas por esa parte. En la misma dirección postuló que se efectuó una valoración parcial y selectiva de los elementos de convicción que en su totalidad debieron valorarse, afectando el principio de razón suficiente.

Asimismo, sostuvo que la decisión adoptada y confirmada afecta la garantía constitucional del debido proceso y del derecho a la víctima (arts. 18, 33, 75 inciso 22, 16, de la CN y art. 8, inciso 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y art. 14, inciso 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

Tras reseñar los acontecimientos que motivaron las actuaciones cuestionó la resolución del a quo por considerar que aún restaban efectuar diligencias que podrían permitir avanzar en la identificación de los autores del hecho. En tal orden indicó que oportunamente se solicitó en autos la intervención de la INTERPOL y EUROPOL, pero que esta última no fue convocada a tales efectos.

Destacó el recurrente un correo electrónico enviado por esa organización en el que se señaló que “…En caso de que necesiten ayuda para desencriptar información encriptada por el grupo de ransomware, por favor avísennos y compártannos un archivo de ejemplo de los datos encriptados (en un archivo zip con contraseña) mediante la red i24/7”, diligencia que tampoco se habría llevado a cabo.

De igual forma, solicitó que se investigue el accionar de los funcionarios públicos que se encontraban a cargo de la seguridad informática en el INSSJP-PAMI –específicamente en la Gerencia de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Seguridad Informática–, así como también a los usuarios identificados en el Informe de “Kaspersky”, en el entendimiento de que el adecuado desempeño de los nombrados sobre las tareas que tenían asignadas en el Instituto hubiese permitido detectar y/o neutralizar el ciberataque ocurrido en el INSSJP-PAMI.

Solicitó, por lo expuesto, que se revoque el pronunciamiento impugnado.

Hizo reserva del caso federal.

IV. En la oportunidad prevista por el art. 465 bis del C.P.P.N., Jorge Andrés LAVAYEN, en su carácter de letrado apoderado de la querella –Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI)–, presentó breves notas.

Posteriormente, puso en conocimiento a los fines que se estimare corresponda “el decisorio del día 4 de julio de 2025, del Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, en el marco de la causa FCB 27703/2023 caratulada “INSSJP – PAMI S/ DENUNCIA –imputado: P. A., T. B.; y otros: sobre: A determinar”, en donde se investigan hechos relacionados con la presente causa, en virtud que el Magistrado de Grado refiere que el señor “…T. P. A., habría adquirido con ánimo de lucro, efectos provenientes de un delito conociendo su procedencia, consistente estos en una o varias bases de datos sustraídas al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados –PAMI– conteniendo información de afiliados, sus carnets digitales, profesionales médicos prestadores, usuarios y claves de acceso a los sistemas de gestión y atención al afiliado de la obra social, entre ellos el sistema de recetas electrónicas. Dichas sustracciones habría sido realizada entre el mes de julio de 2023 y los primeros días del mes de agosto de 2023 por autores ignorados, mediante una intromisión ilegal al sistema informático restringido de ese organismo público estatal a través del uso de “ramsonware”, violando así el sistema de confidencialidad y seguridad de la repartición. De esa manera P. A. obtuvo ilegalmente y por una suma de dinero no establecida aún, desde un canal o grupo de la plataforma de mensajería “Telegram”, la información sustraída, que le permitió acceder ilegalmente al sistema de recetas electrónicas de la obra social.”.

V. Superada esa etapa procesal, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas y, efectuado el sorteo de estilo para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden de votación: doctores Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky.

El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:

I. Como regla general, la resolución que confirma el auto que archivó las actuaciones por imposibilidad de proceder resulta –por sus efectos– equiparable a definitiva (cfr., en lo pertinente, C.F.C.P., Sala IV: causa Nro. 1671 caratulada: “BURIN, Marcos Saúl y otro s/recurso de queja”, Reg. Nro. 2200.4, rta. el 09/11/1999; causa 5816 caratulada: “ESTERSON, Abel Ignacio y otra s/recurso de casación”, Reg. Nro. 8651.4, rta. el 28/5/2007; causa Nro. 1443 caratulada “BERMAN”, Reg. Nro. 2027.4, rta. 31/8/99 y causa Nro. 1502 “NARVAEZ, Eduardo y otros s/recurso de casación”, Reg. Nro. 2069.4, rta. el 17/9/99; causa Nro. CCC 53290/2015/CFC1 caratulada: “NN s/ falsificación de documentos públicos s/recurso de casación”, Reg. Nro. 1440/16.4, rta. el 9/11/16; causa CFP 12587/2014/CFC1, caratulada: “KOLINA s/recurso de casación”, Reg. 866/16, rta. el 7/7/2016; entre muchas otras).

Asimismo, la parte querellante se encuentra legitimada a recurrir el archivo de las actuaciones decidido por el “a quo” en la medida en que, tal como he sostenido en diversos precedentes, puede continuar impulsando el proceso, frente al pedido desestimatorio de la denuncia presentado por el fiscal (cfr. causa Nº 13.548, caratulada “YAEL, Germán y otros s/recurso de casación”, Reg. nº 1924/12, rta. el 16/10/2012).

Sostuve en dichos precedentes que los argumentos centrales de “Santillán” resultan aplicables a todos los momentos procesales donde se requiere el impulso de parte acusatoria o requirente, es decir: al comienzo de la instrucción en relación a lo previsto en los arts. 180 y 188, CPPN; al final de la instrucción en relación a lo previsto en los arts. 346 y 348 de ese cuerpo legal; como fue expresamente resuelto en el fallo en cuestión, al momento de lo dispuesto en el art. 393, CPPN, y, por último, en el ámbito recursivo correspondiente. Ello en tanto la Corte en el conocido fallo “Tarifeño” y otros muchos señaló qué es lo que debe entenderse por procedimientos judiciales a los efectos del art. 18 de la CN, recordando que las formas sustanciales del juicio requerían de acusación, defensa, prueba y sentencia, dictada por los jueces naturales, dotando así de contenido constitucional al principio de bilateralidad sobre cuya base, el legislador está sujeto a reglamentar el proceso criminal, reconociendo de esta manera el carácter acusatorio que debe iluminar la legislación procesal penal, sin distinguir respecto del carácter público o privado de quien lo formula.

Entendí allí que correspondía hacer extensiva la doctrina que surge de “Santillán” al momento en que, al comienzo del proceso el Ministerio Público Fiscal considera que no se debe impulsar la acción ya sea porque solicita la desestimación por inexistencia de delito, el sobreseimiento, el archivo u otro temperamento conclusivo; o en la oportunidad del art. 346 del C.P.P.N. cuando entienda el representante del Ministerio Público que no existe mérito para llevar el caso a juicio.

Es decir, cuando hay un particular damnificado constituido en parte querellante y éste impulsa la acción, en contra de la opinión del Ministerio Público Fiscal, la jurisdicción se ve obligada a analizar la viabilidad del pedido, correspondiendo a la querella, en forma autónoma, impulsar los procedimientos al comienzo de un proceso, conforme lo establecen los arts. 180 y concordantes del C.P.P.N., y, al finalizar la instrucción, de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 346 y concordantes del mismo cuerpo legal, para obtener su elevación a juicio. Ello, con las limitaciones correspondientes, como por ejemplo no puede delegar la instrucción en los términos del art. 196, CPPN, o lo dispuesto en el art. 196 bis o 353 bis, CPPN, ni tampoco tiene facultades para acordar un juicio abreviado en los términos del art. 431, bis, CPPN.

Es que si la Corte Suprema ha investido al acusador privado de la autonomía necesaria para requerir y obtener una sentencia condenatoria, esta doctrina judicial vigente implica razonablemente que se encuentra habilitado a impulsar el proceso desde el comienzo de una causa penal, o en la etapa de juicio, sin que sea necesario el impulso del Ministerio Público fiscal.

II. En forma liminar, a fin de proceder al estudio de la cuestión planteada en el recurso de casación, corresponde efectuar una reseña de los antecedentes relevantes del caso.

Conforme surge de las constancias obrantes en el Sistema Lex-100, las presentes actuaciones tuvieron su génesis el día 8 de agosto de 2023, a raíz de la denuncia formulada por el Dr. Javier M. Arzubi Calvo, Fiscal Federal a cargo de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de actuación del INSSJyP –PAMI–, en virtud de la existencia de un virus informático en los sistemas de dicho organismo que habría provocado la interrupción de la prestación del servicio y atención a los afiliados a nivel nacional, el día 2 de agosto de ese mismo año.

En dicha presentación se puso en conocimiento que tal suceso fue detectado alrededor de las 6:00 am cuando eran encendidos/conectados los equipos informáticos, momento en el que figuraba un mensaje extorsivo indicando que la red se hallaba comprometida, y que la información pudo haber sido robada, vendida o divulgada. El mensaje contenía la firma de una organización denominada “Rhysida”, la cual se atribuiría el ciberataque, dejando como datos de contacto dos direcciones de correo electrónico y una “…web dentro de dark web para acceder a través de TOR como generalmente hacen estos grupos”.

Se informó también que, a partir de ello, el Instituto adoptó medidas de seguridad informática dirigidas a intentar aislar el sistema de copias de seguridad para evitar que sea afectado y “…desacoplar toda la red para poder comenzar en una nueva red física y lógica separada de la afectada, a restaurar en nuevos servidores estas máquinas virtuales para que pueda comenzar a brindar servicio nuevamente (…) recurriendo a las copias de seguridad preexistentes las cuales no fueron afectadas. Y que tampoco fueron afectados los servidores de bases de datos físicos que contienen la información”. Se indicó también que se vieron afectadas estaciones de trabajo de algunos edificios.

En función de lo anoticiado y conforme la delegación dispuesta por lo normado en el art. 196 del C.P.P.N., el Sr. Agente Fiscal requirió colaboración a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) del Ministerio Público Fiscal, la cual sugirió una serie de diligencias destinadas a determinar el tipo de ataque informático y su extensión. Posteriormente, esa sede elaboró un informe técnico vinculado con los hechos investigados, exhibiéndose la información sustraída por la organización delictiva “Rhysida” en la dark web, donde se ofrecería a la venta durante 7 días. Se especificó en dicho informe que “no hay una explícita amenaza de publicación luego de cerrado el período de ventana por el cual se puede acceder mediando un pago, en este caso de 25BTC”.

Por su parte, el INSSJP explicó en un informe que era prácticamente imposible determinar el origen del ataque cibernético sufrido, como así también, que las computadoras del organismo ya se encontraban funcionando correctamente.

Por otra parte, las tareas de inteligencia llevadas adelante por la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina, a solicitud de la fiscalía, no arrojaron resultados positivos respecto de la determinación el origen del ciberataque sufrido.

La Agencia de Acceso a la Información Pública informó en igual sentido.

La División Investigaciones de Ciberdelitos de la Prefectura Naval Argentina dio inicio al expediente EX2023- 114516470 en el que se indicó que, luego de diversas diligencias practicadas, se constató que en la red TOR existiría información presuntamente relacionada con el INSSJyP, la cual resultaría congruente con aquella preservada por la UFECI. Se acompañaron los links de conexión y tareas desarrolladas.

Nuevamente se expidió el Área de Tecnología del INSSJP, mencionando que: “(…) si bien del análisis realizado sobre el informe aportado por la Gerencia de Infraestructura Tecnológica del INSSJP se desprende que los esfuerzos se encontraron avocados a lograr la pronta disponibilidad de la información, como así también que no se cuenta con un Plan de Respuestas de Incidentes formalizado que prevea por ejemplo el equilibrio entre el tiempo para recuperar los sistemas y la preservación de evidencia digital para futuros análisis. A su vez, del estudio respecto de las acciones desplegadas por la Organización Rhysida, quienes se atribuyen el ataque, no resulta posible determinar desde donde son realizadas las mismas ni la individualización de los autores”.

Como consecuencia de todo lo informado, el MPF solicitó –con fecha 23/11/2023– el archivo por imposibilidad de proceder, en atención a lo normado en el artículo 213 inc. “d” y 195 párrafo segundo del C.P.P.N.

Ello, por considerar que no restan medidas por realizar, y luego de las conclusiones a las que arribara la división especializada en delitos de esta naturaleza.

En tal sentido, precisó el Dr. Marijuan que “(…) si bien se fue incorporando distinta información que permitió reconstruir los sucesos denunciados, el modo de implementación del virus y el daño causado al sistema del INSSJyP, lo cierto es que no se cuenta con elemento que permita avanzar en la individualización de persona alguna responsable de tales hechos delictivos. En este sentido, resulta determinante la conclusión arribada por la División Ciberdelincuencia de la Prefectura Naval Argentina que da cuenta de la imposibilidad de poder dar con los presuntos responsables del “ataque informático” cometido contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados”. También señaló que “(…) las acciones de restauración y restablecimiento del sistema informático mediante un backup por parte del INSSJyP, impidieron conocer la evidencia del ciberataque producido y avanzar en torno al esclarecimiento y magnitud de los hechos ilícitos investigados en estos actuados”.

La postura asumida por el acusador público fue compartida por la jueza de instrucción quien, con fecha 28 de noviembre de 2023, resolvió archivar las actuaciones de conformidad con el requerimiento fiscal.

Posteriormente, el día 30 de julio del año 2024, se procedió a la reapertura de la instrucción con motivo del escrito presentado por el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Dr. Ernesto E. Leguizamo, quien a su vez solicitó constituirse como acusador privado y sugirió la realización de una serie de medidas de prueba.

En este marco, fue delegada nuevamente la instrucción a la Fiscalía, la que dispuso las siguientes diligencias y medidas de prueba: “a) Por intermedio de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de la Nación, se solicitó a las autoridades del Ministerio Público Fiscal de la República de Chile que se informe si se está investigando un hecho presuntamente de similares características –ataque informático a la base de datos del Ejército de ese país por parte del grupo Rhysida y posterior publicación en la dark web de la información–. Sobre este punto, se informó que “No hay registros en la base de datos del Ministerio Público de Chile de una investigación penal por los hechos descritos” (Conforme oficio de fecha 27/08/2024). b) A partir de los diferentes requerimientos librados, se cuenta con la respuesta enviada por la Secretaría General de la Organización Internacional de Policía Criminal –INTERPOL– done se indica que “En relación con vuestro mensaje sobre el grupo de ransomware RHYSIDA, informamos que, al momento, INTERPOL no posee información útil relacionada para identificar a los actores de la amenaza detrás del grupo de ransomware”. c) Las actuaciones labradas por la División Investigaciones de Ciberdelitos de la Prefectura Naval Argentina formadas con motivo de las tareas encomendadas vinculadas con el análisis del contenido del informe final elaborado por la empresa “Kaspersky” –relacionado con los hechos aquí investigados– como así también aquellos archivos informáticos aportados y luego identificados por el INSSJyP.”.

En ese contexto, el fiscal concluyó que teniendo presentes las diligencias realizadas en autos, y conforme lo señalado en los párrafos que anteceden, “…si bien se puede presumir que éstas anormalidades llevan a intentos y/o conexiones de equipos del INSSJyP a direcciones de IP radicadas transnacionalmente por medio de puertos utilizados para acceder por medio de escritorio remoto (por medio de SSH o la aplicación Anydesk), dado que se carece de diagrama de red como contexto en el cual se desarrollaron dichos hechos, como así también preservaciones de máquinas afectadas para analizar los registros de las mismas, no se puede identificar a él o los causantes del mismo, o la modalidad utilizada para realizarlo”. Motivo por el cual solicitó, con fecha 8/03/2025, que se proceda al archivo de las actuaciones –art. 195 del CPPN, párrafo segundo–, solicitud que fue así receptada nuevamente por la magistrada titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9.

En la resolución de fecha 17 de marzo del presente año, la jueza de instrucción consideró que no existen elementos probatorios que permitan seguir la pesquisa o identificar a los autores del delito, y que tampoco resulta posible la producción de medidas de prueba útiles que permitan avanzar y esclarecer los hechos denunciados, por lo que dispuso el archivo de las actuaciones (art. 195 segundo párrafo del CPPN).

Sostuvo así que “no existen medidas probatorias que efectivamente puedan lograr el cometido que busca toda pesquisa penal, esto es, la averiguación de la verdad real, pues la sustanciación de toda aquella que resulte idónea se ha agotado. Asimismo, de la totalidad de la prueba reunida por el Sr. Fiscal, no fue posible dar con los responsables del delito denunciado, incluso habiéndose realizado la totalidad de las medidas propuestas por la parte querellante luego de reabrir la investigación”.

Esa decisión fue apelada por la parte querellante –INSSJP-PAMI– y, con fecha 4 de abril del año en curso, homologada por la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal; resolución contra la cual la parte interpuso el recurso de casación que aquí se analiza.

Para así resolver, luego de analizar los elementos de prueba incorporados al expediente, el tribunal a quo compartió el criterio sentado por su colega de la instancia de origen y del MPF en cuanto consideraron que no surgen de las actuaciones elementos de relevancia que permitan proseguir con la investigación en tanto las numerosas medidas de prueba llevadas a cabo resultaron infructuosas para el avance de la pesquisa y no pudieron hacer posible la individualización de los autores de la maniobra ilícita.

Asimismo, el sentenciante sostuvo que las diligencias propuestas por la parte querellante carecen de aptitud para arrojar datos de interés para la causa. En tal sentido, se precisó en la resolución impugnada que, “en cuanto al ofrecimiento de INTERPOL de “desencriptar información encriptada”, el fiscal Arzubi, al efectuar la denuncia, indicó que en el perfil de la red social “Twitter” del NSSJP-PAMI se informó que “… el ciberataque a [los] sistemas ha sido mitigado y la base de datos con toda la información de nuestros afiliados se encuentra resguardada y protegida…” (https://twitter.com/PAMI_org_ar/status/1687057758451851264).

A su vez, refirió que el equipo de respuestas de incidentes propio habría aislado “… el sistema de copias de seguridad para que este no sea afectado” y también se habría encargado de “…desacoplar toda la red para poder comenzar en una nueva red física y lógica separada de la afectada (…) para que puedan comenzar a brindar servicio nuevamente (…) que ello se hizo “…recurriendo a las copias de seguridad preexistentes las cuales no fueronafectadas. Tampoco fueron afectados los servidores de bases de datos físicos que contienen la información”.

En función de lo informado, los jueces a quo consideraron que no se advierte, ni el recurrente ha logrado expresar, cuál sería la utilidad de esa medida –intervención de la INTERPOL–. Para más, teniendo en cuenta la infructuosa multiplicidad de intentos efectuados para dar con los autores del hecho desde distintas dependencias, sostuvieron que tampoco luce viable el pedido de la querella de contactar con EUROPOL en orden a esclarecer ese puntual extremo.

Finalmente, con relación al requerimiento efectuado tendiente a que se investigue a los funcionarios públicos que se encontraban a cargo de la seguridad informática del instituto, se concluyó que no se vislumbran, ni la parte ha logrado proponer, medidas de prueba que tengan la potencialidad de esclarecer la cuestión planteada.

El recurrente planteó en su presentación casatoria que la resolución luce arbitraria por la omisión en el tratamiento de hechos y pruebas fundamentales solicitadas por esa parte. También, por el modo parcial en que, según su parecer, se habían seleccionado los elementos de convicción que fueron valorados.

Al respecto, puntualizó que oportunamente solicitó en autos la intervención de la INTERPOL y EUROPOL, siendo ésta última no convocada al efecto. Destacó un comunicado que había sido enviado por INTERPOL en el que dicha organización internacional informó que quedaban a “…entera disposición de cualquier solicitud de información que sea requerida en el presente caso, así como también si se requiere de nuestra asistencia para realizar las coordinaciones pertinentes a entablar una reunión con la mencionada Unidad”. Asimismo, mencionó un correo electrónico enviado por la misma organización en el que se señaló: “…En caso de que necesiten ayuda para desencriptar información encriptada por el grupo de ransomware, por favor avísennos y compártannos un archivo de ejemplo de los datos encriptados (en un archivo zip con contraseña) mediante la red i24/7”, diligencia que tampoco se habría llevado a cabo.

En función de lo expuesto, solicitó que se efectúen las medidas pertinentes con la finalidad de identificar a las personas implicadas en la maniobra ilegal perpetrada. En igual dirección, requirió que se investigue el accionar de los funcionarios públicos que se encontraban a cargo de la seguridad informática en el INSSJP-PAMI –específicamente en la Gerencia de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Seguridad Informática–, así como también a los usuarios identificados en el Informe de “Kaspersky”. Ello, por considerar que el adecuado desempeño de los nombrados sobre las tareas que tenían asignadas en el Instituto hubiese permitido detectar y/o neutralizar el ciberataque ocurrido en el INSSJP-PAMI.

III. Sentada la reseña que antecede, habré de adelantar que corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la querella.

En el caso, la resolución impugnada –y su antecedente– dan cuenta de que los organismos técnicos especializados informaron, luego de las numerosas diligencias llevadas a cabo, incluso tras la reapertura de la instrucción a pedido de la parte querellante, sobre los infructuosos resultados obtenidos y la imposibilidad de dar, por el momento, con los responsables del delito investigado.

En efecto, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal, la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina, la División Ciberdelincuencia de la Prefectura Naval Argentina y asimismo el Área de infraestructura Tecnológica del INSSJP, que actuaron en autos, han puesto en evidencia que no existen medidas de prueba que efectivamente permitan lograr el cometido, avanzar en el trámite y esclarecer los hechos.

Repárese que se trata de una maniobra informática compleja en la que el ciberataque se atribuye a la organización Rhysida, emergida recientemente –fines de mayo 2003– e internacionalmente conocida por su predilección por objetivos contra entidades públicas, la que ha actuado anteriormente en Latinoamérica y también en Europa y Estados Unidos, pero cuyo origen es aún desconocido. Ello, pues precisamente su modo de actuar –como ha sido ilustrado en los informes evaluados agregados al expediente–, particularmente la actuación desplegada en el caso, según el informe de Kapersky, habría implicado el robo de credenciales de acceso remoto (VPN), presumiblemente a través de un método de engaño tipo “phishing”, lo que se produce por la dispersión de un software malicioso que descarga el ramsonware en el sistema de la víctima a través del envío de correos electrónicos falsos que simulan ser una fuente confiable, o mediante la explotación de vulnerabilidades del sistema (como podría ser un software desactualizado, configuraciones de red inseguras y otro flanco débil). Se utilizan, incluso, herramientas automatizadas que escanean la red en busca de más vulnerabilidades.

En tal sentido, resulta de convicción lo informado por la Secretaría General de la Organización Internacional de Policía Criminal –INTERPOL–, a requerimiento de la fiscalía a cargo de la instrucción y a instancia de la solicitud efectuada por el recurrente, al responder que “En relación con vuestro mensaje sobre el grupo de ransomware RHYSIDA, informamos que, al momento, INTERPOL no posee información útil relacionada para identificar a los actores de la amenaza detrás del grupo de ransomware”.

Por su parte, la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de la Nación, solicitó a las autoridades del Ministerio Público Fiscal de la República de Chile que se informe si se está investigando un hecho presuntamente de similares características –ataque informático a la base de datos del Ejército de ese país por parte del grupo Rhysida y posterior publicación en la dark web de la información– frente a lo que se informó que “No hay registros en la base de datos del Ministerio Público de Chile de una investigación penal por los hechos descritos” (cfr. oficio de fecha 27/08/2024).

En este punto del análisis efectuado debe señalarse, en el marco de la actuación llevada a cabo por los funcionarios públicos que se encontraban a cargo de la seguridad informática del Instituto que, una vez detectado el suceso, el equipo de respuestas de incidentes propio de dicha institución adoptó medidas de seguridad informa?tica dirigidas a intentar aislar el sistema de copias de seguridad para evitar que sea afectado y “…desacoplar toda la red para poder comenzar en una nueva red física y lógica separada de la afectada, a restaurar en nuevos servidores estas máquinas virtuales para que puedan comenzar a brindar servicio nuevamente (…) recurriendo a las copias de seguridad preexistentes las cuales no fueron afectadas”. Asimismo, desde allí informaron que “no fueron afectados los servidores de bases de datos físicos que contienen la información”.

Finalmente, corresponde valorar en el caso las actuaciones labradas por la División Investigaciones de Ciberdelitos de la Prefectura Naval Argentina obrantes en la causa, formadas con motivo de las tareas encomendadas vinculadas con el análisis del contenido del informe final elaborado por la empresa “Kaspersky” –relacionado con los hechos aquí investigados– como así también aquellos archivos informáticos aportados y luego identificados por el INSSJyP. Ello, por cuanto luego de las tareas de trabajo realizadas, se elevó el informe final donde se concluyó que “Teniendo presentes las diligencias realizadas en autos, y conforme lo señalado en los párrafos que anteceden, ésta División Investigaciones de Ciberdelitos informa que, si bien se puede presumir que éstas anormalidades llevan a intentos y/o conexiones de equipos del INSSJyP a direcciones de IP radicadas transnacionalmente por medio de puertos utilizados para acceder por medio de escritorio remoto (por medio de SSH o la aplicación Anydesk), dado que se carece de diagrama de red como contexto en el cual se desarrollaron dichos hechos, como así también preservaciones de máquinas afectadas para analizar los registros de las mismas, no se puede identificar a él o los causantes del mismo, o la modalidad utilizada para realizarlo”.

A las circunstancias expuestas, que han sido razonablemente justipreciadas por el a quo, se añade que la parte querellante no ha logrado invocar cuestiones suficientes que autoricen, al menos formalmente, a considerar debidamente planteados los agravios de arbitrariedad invocados respecto de la decisión cuestionada, o la errónea aplicación de la ley adjetiva.

En el sub examine, las decisiones jurisdiccionales dictadas al respecto permiten afirmar, como adelantara, mediante un análisis detallado y completo de las constancias de la causa y las concretas alegaciones de la parte, en la actualidad, la imposibilidad de producción de medidas de prueba idóneas, tal y como ha sido expuesto por los distintos organismos técnicos especializados en el caso.

Conforme lo explicado, se desprende que en su presentación casatoria el recurrente no ha logrado demostrar la arbitrariedad de la decisión recurrida, ni rebatir los sólidos fundamentos desarrollados por el Tribunal a quo. Por el contrario, se advierte que los argumentos en los que el recurrente cimentó sus agravios trasuntan una mera discrepancia con las conclusiones a las que arribó el sentenciante, sin aptitud para fundar el defecto de fundamentación invocado, amén del pedido de profundización de la investigación y de la alegación del carácter prematuro del cierre de la pesquisa, insuficientes para enervar la validez del pronunciamiento dictado.

En efecto, la resolución impugnada se encuentra debidamente fundada y es resultado de una evaluación razonada y completa de las constancias incorporadas a la causa. La parte querellante no ha logrado demostrar que subsistan diligencias de prueba con idoneidad suficiente para revertir el estado de la investigación, ni que se haya producido una omisión sustancial que torne arbitraria la decisión cuestionada.

En lo que respecta a la propuesta de remitir archivos encriptados a INTERPOL para intentar su desencriptación, tal ofrecimiento fue efectivamente valorado en sede de instrucción y considerado innecesario de manera fundada. Ello, en razón de que el propio Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) informó –tanto en sede administrativa como en el marco de las actuaciones judiciales– que los servidores de bases de datos no fueron afectados y que la información comprometida fue íntegramente restaurada a través de backups preexistentes. INTERPOL, por su parte, respondió expresamente que no poseía información útil sobre los autores del grupo Rhysida, circunstancia que reduce aún más la expectativa razonable de éxito de la medida propuesta.

Por otro lado, la solicitud de convocar a EUROPOL se presenta por la parte querellante como una medida de carácter meramente exploratorio, sin base empírica ni previsión de resultado efectivo. Su eventual utilidad ha sido ponderada por el Ministerio Público Fiscal, que descartó su viabilidad luego de reiteradas diligencias de cooperación internacional llevadas a cabo, incluyendo la consulta directa a las autoridades fiscales de la República de Chile, donde también se había reportado una acción del grupo Rhysida.

En cuanto a la investigación respecto de funcionarios públicos del INSSJP-PAMI y usuarios del sistema, la resolución impugnada descarta adecuadamente su pertinencia al indicar que no se han propuesto medidas concretas con aptitud para esclarecer los hechos. El informe de Kaspersky – al que alude la parte querellante– fue expresamente considerado en el dictamen fiscal y en la resolución recurrida. Su contenido, aunque ilustrativo del modo de actuación del grupo criminal, no permite inferir participación dolosa o negligente punible de funcionarios identificados, ni propone elementos fácticos que habiliten una investigación penal dirigida a personas determinadas.

A su vez, la restauración del sistema informático, sin previa preservación de evidencia digital, dificultó el análisis forense, pero esa circunstancia –atribuible al accionar técnico del organismo víctima– no puede justificar por sí sola la reapertura de la causa cuando ya no subsisten medios disponibles para revertir ese déficit probatorio.

Así, como se adelantó, la querella no ha logrado demostrar que las medidas que propone presenten una mínima probabilidad de utilidad concreta, ni que su omisión importe un apartamiento de las reglas del debido proceso o del deber de debida diligencia estatal.

Por último, no advierto que la información presentada por la parte recurrente ante esta instancia, relativa a la resolución dictada por el Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba en la causa FCB 27703/2023, altere los fundamentos que condujeron al archivo de las presentes actuaciones. Ello es así porque, si bien el citado magistrado efectuó una valoración preliminar de los hechos allí investigados –en los que se imputa a un sujeto la adquisición de bases de datos sustraídas al INSSJP-PAMI–, lo cierto es que esa resolución no acredita, siquiera de modo indiciario, que exista correspondencia concreta y te?cnica entre el evento allí descripto y el ciberataque investigado en estos actuados. El juzgador en aquella causa tampoco atribuye participación en el ciberataque primigenio a P. A., sino que lo señala por un eventual hecho posterior y derivado, es decir, el aprovechamiento de un contenido previamente sustraído por autores ignorados. Ello refuerza la autonomía de aquel proceso y debilita la pretensión de proyectar su desarrollo sobre la estructura procesal y probatoria del presente.

En el descripto contexto, la motivación de la decisión impugnada se ajusta a los parámetros exigidos por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de arbitrariedad, sin que se advierta defecto sustancial que habilite su descalificación como acto jurisdiccional válido.

IV. En base a las consideraciones expuestas, propongo al acuerdo RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la parte querellante. Sin costas en esta instancia (arts. 530 y 531 “in fine” del C.P.P.N.). Y TENER PRESENTE la reserva del caso federal.

El señor juez Javier Carbajo dijo:

Que las circunstancias del caso han sido reseñadas por el colega que lleva la voz en este Acuerdo, las que doy por reproducidas a fin de evitar reiteraciones innecesarias.

He de adelantar mi voto disidente a su propuesta pues considero que le asiste razón a la querella en cuanto a que la resolución que confirmó el archivo de las actuaciones es prematura pues, atento a las particularidades que el caso reviste, no ha dado suficiente respuesta a que la pesquisa se había agotado y, en ese sentido, no respeta los estándares de fundamentación exigibles para ser considerada una decisión jurisdicción válida en los términos el art. 123 del CPPN.

Y ello es así toda vez que no debe dejarse de lado, tal como señaló en su impugnación y reiteró en sus breves notas sustitutivas de la audiencia de informes ante nosotros, que restan aún medidas que podrían permitir establecer la identidad de los responsables del hecho objeto de la presente investigación.

Es que no es posible sostener que en autos no existen medidas probatorias que efectivamente puedan lograr el cometido que busca todo proceso penal si, a la par, se denuncia, con insistencia, que falta que se realicen distintas pruebas y la respuesta al reclamo, o bien es ignorada o de lo contrario se las descarta a través de argumentos que no lucen razonables.

Me refiero, por ejemplo, a lo que sucede con la consulta reiteradamente solicitada para que la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial, o Europol como se la conoce por su acrónimo del nombre en inglés, sea consultada para dar información al respecto.

En el recurso, la querella ha afirmado que en un correo electrónico enviado, Interpol precisó que “… en caso de que necesiten ayuda para desencriptar información encriptada por el grupo de ransomware, por favor avísennos y compártannos un archivo de ejemplo de los datos encriptados (en un archivo zip con contraseña) mediante la red i24/7”.

Aunque se ignore que la respuesta podría llegar a contener un resultado efectivo, advierto que se trata de una medida de prueba de utilidad pues, para quien la pide, podría arrojar luz sobre los instaladores del software malicioso que, encriptando los datos de los usuarios de su sistema, habrían provocado el perjuicio que denuncia.

Rechazar la producción de esa prueba a esta altura incipiente del proceso no aparece como razonable ni razonada, ni con los argumentos que utiliza el representante del Ministerio Público Fiscal, ni con los de la jurisdicción.

Del mismo modo que la que se requirió al vecino país de Chile, la consulta con la agencia de la UE se enmarcaría en la línea de cooperación entre países para abordar esta clase de delitos que, sin dudar, han tomado una gran trascendencia a nivel global, afectando en muchos casos a importantes instituciones públicas y aprovechándose de ciertas vulnerabilidades o, como se dice vulgarmente, de “puertas traseras”, los que se vinculan con la delincuencia organizada y transnacional y requieren de un enfoque que trascienda las fronteras.

Los ataques devastadores de esta naturaleza se están volviendo cada vez más frecuentes, tardando días o incluso semanas en recuperarse, estimándose que la recuperación total no siempre es posible.

Se ha dicho que “… el ransomware es probablemente una de las amenazas cibernéticas más graves a las que se enfrentan personas usuarias y, sobre todo, organizaciones privadas y gubernamentales. ¿Por qué? Porque, en los últimos años, las bandas criminales –que crean este tipo de malware y lo ofrecen como servicio– han estado perfeccionando un enfoque diferente con objetivos más específicos, y las métricas de estos ataques son mucho más difíciles de obtener” (cfr. El ransomware, el software malicioso usado para atacar a las organizaciones, publicación de la Dirección Nacional de Ciberseguridad de la Secretaría de Innovación Tecnológica del Sector Público dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros del PEN, disponible en linea en www.argentina.gob.ar).

De lege ferenda, en el proyecto de modificación del Código Penal, que tiene estado parlamentario, se reprime a quien ilegítimamente y sin autorización de su titular mediante cualquier artificio tecnológico, mecanismo de cifrado o programas maliciosos, obstaculice o interrumpa el funcionamiento de un sistema informático ajeno o impida a los legítimos usuarios el acceso a los datos del sistema siempre que el hecho no importe un delito más severamente penado (cfr. art. 497).

La figura legal que se propone por parte de la Comisión de Reforma, pune una conducta delictiva en constante crecimiento a nivel mundial que consiste en hacer inaccesibles los datos de un sistema para pedir posteriormente una suma de dinero para devolver el uso de los datos al titular legítimo.

Repárese que, tal como surge de la consulta a la página oficial de Europol, si bien su misión es la de apoyar a sus Estados miembros en la prevención y la lucha contra todas las formas graves de ciberdelincuencia y de terrorismo, también centra su accionar en la colaboración con Estados no pertenecientes a la Unión Europea (cfr. https://www.europol.europa.eu/about-europol, disponible en línea).

En suma y tan solo sólo a la luz de lo expuesto, el argumento de que la sustanciación de toda medida que pueda resultar idónea para continuar investigando se ha vuelto estéril no se presenta, en las particularidades que el caso reviste, como suficiente para dar fundamento válido a lo decidido.

Desde esa perspectiva, es correcto el argumento sostenido por la querella en cuanto a que “… en autos se ha omitido en forma arbitraria, explicar el motivo y la circunstancia por la cual hay publicada documentación e información robada de este organismo en forma completamente ilegal en la web y/o darkweb y no se ha podido aún individualizar a los autores del ciberataque del INSSJP-PAMI y/o a los responsables del instituto, que debieron implementar las medidas de seguridad adecuadas y pertinentes” (cfr. Lex 100).

Es que no se ha dado una adecuada respuesta en el decisorio recurrido –y tampoco en el que le sirvió de antecedente necesario–, a la crítica acerca de que si terceras personas se han podido contactar con la organización criminal denominada “Rhysida” –presunta autora del ciberataque de ransomware denunciado– para munirse de los datos filtrados y, con ello, han obtenido parte de la información robada al INSSJPPAMI; no se alcanza a entender cómo no lo han podido hacer las distintas fuerzas de seguridad convocadas hasta el momento a tal efecto, por ejemplo –y esto es una opinión personal–, recurriendo a expertos nacionales e internacionales en el tema pues, con los avances actuales y herramientas tecnológicas de descifrado, la afirmación de que no existen formas de rastrear el origen de estos ataques se muestra carente de sustento lógico ya que, en ciertos casos, es probable que se dejen huellas digitales.

Que ello denota que no se han agotado todos los esfuerzos para avanzar con investigación a partir de la denuncia formulada por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de actuación del INSSJyP –PAMI– por el virus informático instalado maliciosamente en los sistemas de dicho organismo, el que provocó la interrupción de la prestación del servicio y atención a los afiliados a nivel nacional el día 2 de agosto de 2023 cuando eran conectados los equipos informáticos, momento en el que figuraba un mensaje extorsivo indicando que la red se hallaba comprometida, y que la información podía estar siendo robada, vendida o divulgada.

Como se especificó en los considerandos de la presente, dicho mensaje contenía la firma de una organización denominada “Rhysida”, la cual se atribuiría el ciberataque, dejando como datos de contacto dos direcciones de correo electrónico y una “… web dentro de dark web para acceder a través de TOR como generalmente hacen estos grupos”.

Y si bien el Instituto estatal que brinda servicios para jubilados y pensionados adoptó medidas de seguridad para aislar el sistema y evitar que sea afectado y, por ende, a desacoplar toda la red para comenzar en otra, restaurándolo en nuevos servidores para que se pueda comenzar a brindar servicio a través de copias de seguridad preexistentes, ello no pudo descartar, a ver de la ahora recurrente, la posible venta o divulgación de los datos.

En ese sentido, deberá tomarse en consideración lo sucedido e informado a modo de hecho nuevo por la querella en la causa FCB 27703/2023 de la jurisdicción de Córdoba, caratulada “INSSJP – PAMI S/ DENUNCIA –imputado: P. A., T. B.; y otros: sobre: A determinar”, donde se investigarían sucesos que podrían ser de utilidad para ahondar en la presente investigación en el reenvío a la etapa temprana que postularé en mi voto (cfr. escrito presentado el 8/7/2025, disponible en Lex 100).

Nótese que en esas actuaciones, el juez a cargo refirió que el señor “… T. P. A., habría adquirido con ánimo de lucro, efectos provenientes de un delito conociendo su procedencia, consistente estos en una o varias bases de datos sustraídas al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados –PAMI– conteniendo información de afiliados, sus carnets digitales, profesionales médicos prestadores, usuarios y claves de acceso a los sistemas de gestión y atención al afiliado de la obra social, entre ellos el sistema de recetas electrónicas. Dichas sustracciones habría sido realizada entre el mes de julio de 2023 y los primeros días del mes de agosto de 2023 por autores ignorados, mediante una intromisión ilegal al sistema informático restringido de ese organismo público estatal a través del uso de ‘ramsonware’, violando así el sistema de confidencialidad y seguridad de la repartición. De esa manera P. A. obtuvo ilegalmente y por una suma de dinero no establecida aún, desde un canal o grupo de la plataforma de mensajeri?a ‘Telegram’, la información sustraída, que le permitió acceder ilegalmente al sistema de recetas electrónicas de la obra social”.

Desde esa perspectiva, advierto que tampoco se analizó debidamente el informe de la empresa Kaspersky que dio cuenta de las distintas actividades maliciosas detectadas y la posible responsabilidad de los funcionarios indicados en dicho documento.

En esa línea, se deberá aplicar un máximo esfuerzo en la magistratura pues debe prestrársele especial atención a la víctima del ciberataque sufrido –el que, en principio, nadie discute– en tanto se trata de un organismo gubernamental que representa a una Obra Social pública Nacional que brinda prestaciones me?dicas a una población muy vulnerable de la sociedad argentina, que representa a los jubilados, pensionados y personas con discapacidad la que, como se sabe, se financia con fondos públicos.

De otro tanto y sin perjuicio de que no han podido aún ser individualizados los autores del ciberataque, debería centrarse también la pesquisa en los funcionarios públicos señalados por la querellante, encargados de la seguridad informática en el INSSJP-PAMI –específicamente en la Gerencia de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Seguridad Informática– en la medida que se denuncia que no solo habrían incumplido con la normativa vigente en la institución, sino que habrían omitido desempeñar las tareas que tenían asignadas para detectar o neutralizar el ciberataque ocurrido.

Ciertamente se reconoce que se trata de embates novedosos a determinados bienes jurídicos que afectan, entre otros, al derecho de propiedad, utilizando tecnología de alta complejidad y aprovechándose de cierta fragilidad del sistema; sin embargo las organizaciones estatales que cuentan con áreas especializadas pueden y deben protegerse mitigando su impacto a través de medidas preventivas que brinden una respuesta eficaz a esos incidentes, cada vez más repetidos en un mundo globalizado, como bien se señala en el voto que me precede.

A mayor abundamiento podría indagarse si en la institución, los responsables del área, han llevado a cabo ejercicios prácticos de ciberataque a modo preventivo, antes y después de la instalación del ransomware que, insisto, debe seguir siendo investigado en las presentes.

Por todo ello, voto por hacer lugar al recurso deducido por el letrado apoderado de la querella, sin costas en la instancia y, en consecuencia, casar la resolución aquí recurrida, devolviéndose las actuaciones a su origen para que las remita al Juzgado Federal actuante a fin de que se prosiga con la sustanciación de la causa de conformidad con lo aquí resuelto (arts. 470, 530 y ccs. del C.P.P.N.).

El señor juez Mariano Hernán Borinsky dijo:

I. El recurso de casación interpuesto en autos resulta formalmente admisible, toda vez que se dirige contra una resolución –confirmación de archivo– que torna imposible que las actuaciones continúen (C.P.P.N., art. 457), la parte recurrente se encuentra legitimada para impugnarla (C.P.P.N., art. 460), los planteos esgrimidos encuadran dentro de los motivos previstos por el art. 456 del C.P.P.N. y han sido cumplidos los requisitos de tiempo y fundamentación exigidos por la ley de rito (C.P.P.N., art. 463).

II. Los antecedentes relevantes del caso bajo examen han sido reseñados por los distinguidos colegas que me anteceden en orden de votación, de modo que habré de estar a lo allí consignado para evitar reiteraciones innecesarias.

Sucintamente diré que la resolución de la jueza de primera instancia mediante la cual se dispuso el archivo de las actuaciones en los términos de los arts. 195, segundo párrafo y 213 inc. “d” del C.P.P.N, convalidada por la cámara a quo, hizo mérito de las medidas de prueba llevadas a cabo por la fiscalía instructora cuyo resultado no permitió, en su momento, la apertura de líneas de investigación tendientes a identificar a los autores del hecho. Adicionalmente fundamentó la inexistencia de medidas de prueba pendientes de producción.

Ahora bien, con posterioridad a dicho pronunciamiento, y ante esta instancia, la querella informó que había tomado conocimiento que en la causa FCB 27703/2023 caratulada “INSSJP – PAMI S/ DENUNCIA –imputado: P. A., T. B.; y otros: sobre: A determinar”, del registro del Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, el magistrado había dictado una resolución con fecha 4 de julio de 2025 considerando que “… T. P. A., habría adquirido con ánimo de lucro, efectos provenientes de un delito conociendo su procedencia, consistente estos en una o varias bases de datos sustraídas al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados –PAMI– conteniendo información de afiliados, sus carnets digitales, profesionales médicos prestadores, usuarios y claves de acceso a los sistemas de gestión y atención al afiliado de la obra social, entre ellos el sistema de recetas electrónicas. Dichas sustracciones habrían sido realizadas entre el mes de julio de 2023 y los primeros días del mes de agosto de 2023 por autores ignorados, mediante una intromisión ilegal al sistema informático restringido de ese organismo público estatal a través del uso de ‘ramsonware’, violando así el sistema de confidencialidad y seguridad de la repartición. De esa manera P. A. obtuvo ilegalmente y por una suma de dinero no establecida aún, desde un canal o grupo de la plataforma de mensajería ‘Telegram’, la información sustraída, que le permitió acceder ilegalmente al sistema de recetas electrónicas de la obra social”.

De tal modo, las circunstancias que la jueza de grado y la cámara a quo tuvieron en consideración al momento de resolver se han modificado sobrevinientemente con motivo del hecho nuevo anoticiado por la querella el 8 de julio de 2025 que, de profundizarse la pesquisa en esa línea, podría arrojar información de interés para la causa (cfr. en lo pertinente y aplicable mi voto en la causa de esta Sala IV, CFP 256/2020/CFC1, “FEDERICI, Mariano y otro s/recurso de casación”, reg. 1221/23.4, rta. 7/9/23).

Por los fundamentos expuestos, adhiero a la solución propuesta por el distinguido colega, Javier Carbajo.

Por lo expuesto, en mérito del Acuerdo que antecede, el tribunal –por mayoría–, resuelve:

HACER LUGAR al recurso de casación deducido por el letrado apoderado de la querella, sin costas en la instancia y, en consecuencia, CASAR la resolución aquí recurrida, y devolver las actuaciones a su origen para que las remita al Juzgado Federal actuante a fin de que se prosiga con la sustanciación de la causa de conformidad con lo aquí resuelto (arts. 470, 530 y ccs. del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese, comuníquese y remítanse las presentes actuaciones al tribunal de origen mediante pase digital. – Mariano Hernán Borinsky. – Carlos Javier Carbajo. – Gustavo M. Hornos (Prosec.: Agustina A. Corts).

***

G., G. A. y otro c. Sapienza SRL y otro s/ sumarísimo

En Buenos Aires, a los 18 días del mes de julio de dos mil veinticinco, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos “G., G. A. Y OTRO c/ SAPIENZA SRL Y OTRO s/ SUMARÍSIMO”, (Expte. Nº 59988/2018), en los que, al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Eduardo R. Machin (7), Matilde. E. Ballerini (8) y Alejandra N. Tevez (9).

En razón de lo dispuesto por esta Cámara en el Acuerdo del 20.12.23 y por haber sido desinsaculadas mediante sorteo realizado el día 26.12.23 y su prórroga por Acuerdo del 16.12.2024, las Dras. Matilde E. Ballerini y Alejandra N. Tevez fueron designadas para subrogar las Vocalías 8 y 9, respectivamente (art. 109 RJN).

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 909/910?

El Señor Juez de Cámara Doctor Eduardo R. Machin dice:

La sentencia apelada

Mediante la sentencia obrante a fs. 909/910, la magistrada de grado hizo lugar a la demanda de desalojo interpuesta por G. A. G. y E. Ch. E. F. contra Sapienza SRL y todo inquilino, subinquilino y/u ocupante del inmueble sito en la calle Humboldt … de CABA.

Para así decidir, en primer lugar, la a quo rechazó las excepciones de falta de legitimación activa y litispendencia interpuestas por la demandada, así como el pedido de prejudicialidad planteado.

Con respecto a la primera de esas defensas, la sentenciante consideró determinante el hecho de que se hubiera tenido por desistida a la accionada de la redargución de falsedad alegada respecto de los instrumentos con los cuales los actores fundaron su derecho.

En cuanto al pedido de prejudicialidad, la magistrada concluyó que los presupuestos requeridos para admitir el instituto no se encontraban verificados, toda vez que en la causa penal –Nº47954/2018– sólo se había citado a prestar declaración indagatoria a quien no era parte en este reclamo.

Asimismo, sostuvo que adoptar un temperamento contrario podría afectar el derecho de las partes a que la cuestión se dilucide en un tiempo razonable produciendo una efectiva privación de justicia.

También agregó que el objeto de esta litis consiste en el desalojo y recuperación de la tenencia del inmueble con un proceso de acotado marco cognoscitivo, lo cual –consideró– que impide, como regla, encuadrar dicho trámite en el instituto de la prejudicialidad.

En lo relativo a la litispendencia, la sentenciante juzgó que los procesos en los cuales se había fundado esta defensa no solamente fueron iniciados con posterioridad al presente proceso sino que tampoco evidenciaban identidad con el objeto aquí perseguido.

En lo que respecta al fondo del asunto, la magistrada ponderó la prueba producida en la causa y concluyó que, vencido el plazo pactado en el comodato, había cesado el derecho de la accionada de mantenerse en la tenencia y ocupación del inmueble, quien, por lo demás, tampoco había logrado acreditar ninguno de sus argumentos defensivos ni produjo prueba idónea susceptible de desvirtuar los hechos fundantes del reclamo.

Asimismo, agregó que la naturaleza de la acción obstaba al tratamiento de cuestiones que exceden el marco atinente a la tenencia de la cosa.

En consecuencia, condenó a Sapienza SRL y a eventuales subinquilinos y ocupantes a desalojar el inmueble y restituir la tenencia a la parte actora en el plazo de 10 días de notificados de la sentencia, bajo apercibimiento de ordenar su inmediato lanzamiento.

Finalmente, impuso las costas a la demandada por el principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCC).

El recurso

La sentencia fue únicamente apelada por la demandada, quien expresó sus agravios a fs. 915/966, los que fueron contestados por su contraparte a fs. 1033/1056

La apelante se agravia, sustancialmente, de que se hubieran desestimado sus defensas de falta de legitimación y litispendencia y el planteo de prejudicialidad.

Sostiene que la a quo soslayó los elementos probatorios anexados en las causas que tramitan tanto en sede penal como comercial, lo que a su criterio hace nula la sentencia.

En tal sentido, refiere que el expediente penal contiene una acción de redargución de falsedad y que en el expediente comercial se dedujo una acción de nulidad de los instrumentos que la a quo pretende homologar en este expediente.

Argumenta que el hecho de que el legislador hubiera fijado como vía para impugnar la falsedad de un instrumento público la del incidente de redargución de falsedad, no se sigue la prohibición de hacerlo por la vía de acción autónoma ya sea civil, comercial o penal.

Insiste en que esas acciones tienen una clara conexidad y vinculación jurídica y fáctica con la pretensión aquí deducida, lo que ocasionaría un escándalo jurídico ante la posibilidad de que se decrete la nulidad de los actos jurídicos en los cuales se basa el decisorio aquí apelado.

Afirma que hasta tanto se resuelva la acción penal y la acción de nulidad de los actos jurídicos involucrados, los reclamantes no han acreditado su legitimación para iniciar este proceso ni tampoco que hubo un incumplimiento de su parte que autorice a forzar la consumación del desalojo.

Agrega que la magistrada ignoró que el juzgado civil 39 y la alzada de ese fuero resolvieron sobre la conexidad y vinculación con los expedientes referidos.

En cuanto a la desestimación de la excepción de litispendencia, sostiene que la a quo soslayó un escrito donde denunció como hecho nuevo que los aquí actores fueron imputados en la causa penal referida y sostiene que de las actas de declaración indagatoria surge que los hechos coinciden con el objeto de este expediente.

Entiende que no empece a ello la circunstancia de que se hubiera dictado la falta de mérito de los acusados, por cuanto la propia resolución establece que ella no es desvinculante de responsabilidad penal.

En punto al rechazo del planteo de prejudicialidad, sostiene que el proceso penal fue iniciado con anterioridad a este expediente, en busca de la declaración de falsedad instrumental de todos los instrumentos que la a quo pretende hacer valer en su sentencia.

Asimismo, refiere que el proceso penal se encuentra avanzado en su trámite y con medidas pendientes para determinar la responsabilidad penal de los aquí actores, acusados de delitos que implican actos de defraudación, administración infiel y creación de documentos apócrifos, por lo que refiere que debe hacerse lugar a la prejudicialidad.

Por otro lado, cuestiona que la magistrada hubiera merituado en su perjuicio la declaración de negligencia de la prueba testimonial por cuanto sostiene que se trataba de una prueba común y de interés para ambas partes.

Agrega que el juzgado hizo lugar a su planteo de hechos nuevos que tenían que ver con la aparición de datos que servían para la citación del testigo y que, como consecuencia de ello, se dictó una medida para mejor proveer requiriéndose la remisión de la causa penal para su compulsa efectiva, todo lo cual considera que fue desechado con el advenimiento de la juez subrogante.

La solución

1. Como surge de la reseña que antecede, los actores interpusieron demanda de desalojo a fin de obtener la restitución del inmueble sito en la calle Humboldt … de CABA por vencimiento del plazo del contrato de comodato que los unía con la demandada.

La señora jueza de grado hizo lugar a la acción, lo cual generó los agravios que acabo de resumir.

2. Adelanto que, a mi juicio, la sentencia debe ser confirmada.

Así lo juzgo en razón de que la expresión de agravios de la accionada no satisface las exigencias previstas en el art. 265 CPCCN en cuanto a su técnica recursiva, por lo que el recurso debe considerarse desierto.

Recuérdese que para que cumpla con su finalidad, el escrito de expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga un análisis serio, razonado y crítico de la resolución apelada tendiente a demostrar que es errónea, injusta o contraria a derecho.

Deben precisarse así los errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen, especificándose con exactitud los fundamentos de las objeciones (conf. CNCiv. Sala C, in re “Leberat J. c/Raunar S.R.L. s/ ejecución hipotecaria” del 10.5.89; CNCom, Sala: B in re “Banco Crédito Liniers Cía. Financiera SA c/ Skoko Ana s/sum.” del 02.06.1989; íd. Sala E in re “Tyco Electronics Argentina SA c/NSS SA s/ordinario” del 12.05.2006; íd. Sala C in re “Agua Va S.A. c/Danone Argentina S.A.” del 30.4.10; entre muchos otros).

Ello no ha ocurrido en el mencionado escrito, donde la recurrente más allá del esfuerzo puesto en la extensión de su recurso dejó sin atender los fundamentos basales que llevaron a la magistrada a decidir el rechazo de sus defensas.

Ejemplo de ello, es que en punto a la excepción de falta de legitimación, la magistrada juzgó determinante para su desestimación el hecho de que la apelante no hubiera sostenido la impugnación de la documentación fundante promoviendo el incidente de redargución de falsedad respectivo.

Destacando, en tal sentido, que en su oportunidad se la tuvo por desistida de la impugnación de los instrumentos que sustentaron la legitimación de los actores. Legitimación que, a su vez, la tuvo por corroborada no sólo con la documentación atacada, sino por el informe del Registro de la Propiedad Inmueble obrante a fs. 400/403.

En efecto, la aquí recurrente no se hizo cargo de que fue tenida por desistida –por decisión firme, del 23/04/2019– de la impugnación en cuestión por la vía incidental, con el alcance del art. 395 del CPCCN. Sin siquiera explicar por qué, la promoción de un remedio procesal distinto al de la vía incidental, debería operar en igual sentido que lo establecido para esta. Es que el legislador, distinguió la existencia de dos remedios distintos y sólo dispuso el efecto de la resolución conjunta para el supuesto de la vía incidental dentro del proceso principal.

En concreto, no se advierten razones para apartarse del devenir propio de la naturaleza del proceso de conocimiento limitado y en este continente el recurrente, como señala la sentenciante, no logró a pesar del tiempo transcurrido desvirtuar el carácter de propietarios de los actores para que su defensa resulte conducente.

En cuanto al planteo de prejudicialidad, más allá del esfuerzo argumental expuesto por la recurrente, lo cierto es que, en estricto rigor, tampoco ha podido desvirtuar el fundamento que llevó a su rechazo.

Véase que la sentenciante resaltó que el estrecho marco cognoscitivo que tiene el proceso de desalojo impide, como regla, encuadrar el trámite en el instituto de la prejudicialidad penal, conclusión sobre la que la recurrente nada dijo.

En efecto, la recurrente no se hace cargo de la duración del presente proceso de desalojo ni del proceso penal de que da cuenta. Véase que iniciados en el año 2018, aún siguen en trámite en el año 2025.

La aplicación mecánica del instituto de prejudicialidad, concebida como propone la apelante, importaría no el resguardo ante una hipótesis de escándalo por sentencias contradictorias, sino el de consagrar en el caso una dilación temporal injustificada, lo que contraría el estándar de razonabilidad que la misma normativa recoge conforme la doctrina del inc. b, del art. 1775 del CCyCN.

A ello se suma que, tal como fue advertido por la propia recurrente, se ha dictado en sede penal la falta de mérito de los actores todo lo cual se presenta suficiente para otorgar en este contexto respaldo a la conclusión de desestimar la aplicación de este instituto al presente caso.

Por último, en cuanto a la desestimación de la excepción de litispendencia, la accionada tampoco ha controvertido la conclusión de que los procesos en los que fundó tal defensa fueron iniciados con posterioridad y no tienen identidad con el objeto pretendido en esta causa.

Véase que, sin perjuicio de que se inició una diligencia preliminar preparatoria con anterioridad a este proceso, el expediente principal “Sapienza SRL c/ Such, Jose Luis y otros s/ordinario” (Nº 3900/2019), fue iniciado con posterioridad y lo que allí se demanda es la redargución y nulidad de la escritura traslativa de dominio sobre el inmueble objeto de este desalojo, el que se encuentra en su inicio.

Por último, la queja de que la jueza hizo una incorrecta apreciación de la declaración de negligencia de la prueba testimonial resulta antojadiza, ya que no explica qué prueba en concreto avala las defensas esgrimidas conforme acertadamente realiza la anterior Magistrada.

Por ello, y siendo que el recurso no exhibe ningún otro argumento destinado a controvertir las afirmaciones expuestas en el pronunciamiento en cuanto al fondo, entiendo procedente considerarlo desierto en los términos del art. 266 CPCCN y, en consecuencia, confirmar la sentencia.

La conclusión

Por las razones expuestas propongo a mis distinguidas colegas, declarar desierto el recurso de la demandada en los términos del art. 266 CPCCN, y confirmar la sentencia en todas sus partes. Con costas de alzada a la recurrente vencida (art. 68 CPCCN). Así voto.

Por análogas razones, las Señoras Juezas de Cámara, doctoras Matilde E. Ballerini y Alejandra N. Tevez, adhieren al voto anterior.

Y Vistos:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede se resuelve: declarar desierto el recurso de la demandada en los términos del art. 266 CPCCN, y confirmar la sentencia en todas sus partes. Con costas de alzada a la recurrente vencida (art. 68 CPCCN).

Notifíquese por Secretaría.

Cúmplase con la comunicación ordenada por el art. 4º de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.

Oportunamente, devuélvase al Juzgado de primera instancia. En la misma fecha se registró la presente en el protocolo de sentencias del sistema informático Lex 100. Conste. – Eduardo R. Machin. – Matilde E. Ballerini. – Alejandra N. Tevez (Prosec.: Manuel R. Trueba).

Pimienta Sánchez, Braian Josué y otros s/incidente de competencia

Recuerda la C.S.J.N. que los conflictos de competencia entre jueces nacionales ordinarios y los federales de C.A.B.A. corresponde sean por ella resueltos, asignando en el caso el conocimiento a la Justicia Federal por dos de los delitos, a la ordinaria por un tercero, y disponiendo el envío de copias al Superior Tribunal de Justicia de la ciudad para que desinsacule el juzgado que deberá continuar la investigación por un cuarto ilícito. El voto del Dr. Rosenkrantz brinda fundamentos por separado en torno a su disidencia en el fallo “Mármol” y la necesidad de evitar una eventual privación de justicia en el caso. 

Autos y Vistos; Considerando:

Que por aplicación de la doctrina establecida por el Tribunal en la causa “José Mármol 824 (ocupantes de la finca)”, Fallos: 341:611, los conflictos de competencia suscitados entre los magistrados nacionales ordinarios y los federales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como ocurre en el sub examine, corresponde que sean resueltos por esta Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General de la Nación interino se declara que deberá entender en la causa en la que se originó el presente incidente el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 4 –respecto de los delitos de falsificación del título de propiedad automotor y sustitución de chapas patente–. Asimismo, se hace saber al mencionado tribunal que deberá enviar copias de las actuaciones pertinentes al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nº 17 a fin de que continúe con la investigación respecto del delito de encubrimiento; y al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que desinsacule el juzgado que deberá continuar con su investigación en cuanto al delito de resistencia a la autoridad. Hágase saber a los dos últimos tribunales.

Voto del señor vicepresidente doctor don Carlos Fernando Rosenkrantz

Considerando:

1º) Que se suscitó una contienda negativa de competencia entre el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 4 y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nº 17 respecto de las presentes actuaciones.

2º) Que los antecedentes del conflicto de competencia fueron adecuadamente reseñados en el dictamen del señor Procurador General de la Nación interino, al que se remite en ese aspecto por razones de brevedad.

3º) Que el artículo 24, inciso 7º, del decreto-ley 1285/58 establece en su primera oración que la Corte Suprema de Justicia de la Nación conocerá en “las cuestiones de competencia y los conflictos que en juicio se planteen entre jueces y tribunales del país que no tengan un órgano superior jerárquico común que deba resolverlos, salvo que dichas cuestiones o conflictos se planteen entre jueces nacionales de primera instancia, en cuyo caso serán resueltos por la cámara de que dependa el juez que primero hubiese conocido”.

En la causa “José Mármol” (Fallos: 341:611) el suscripto entendió, en disidencia, que si bien los jueces nacionales con competencia ordinaria y asiento en esta ciudad no pueden conocer en materias reservadas a la justicia federal, tal como se afirmó en el precedente “Nisman” (Fallos: 339:1342), ello no significa que tales magistrados hubieran perdido el carácter “nacional” que tienen por integrar el Poder Judicial de la Nación ni que la Corte se haya arrogado facultades derogatorias de la citada norma.

En consecuencia, en el referido voto disidente se concluyó en que no corresponde a esta Corte Suprema dirimir las contiendas de competencia suscitadas entre un juez nacional de primera instancia con competencia federal y un juez nacional de primera instancia con competencia ordinaria y asiento en esta ciudad, en los términos del artículo 24, inciso 7º, del decreto-ley 1285/58, pues la ley asigna tal función a la cámara de apelaciones de la que dependa el magistrado que haya prevenido, salvo –como también se recordó allí– que la intervención del Tribunal sea indispensable para evitar una efectiva privación de justicia (cons. 3º).

4º) Que, efectivamente, el artículo 24, inciso 7º in fine, del decreto-ley 1285/58 asigna a esta Corte Suprema la facultad de decidir cuál es el órgano judicial que resulta competente para conocer en una causa “cuando su intervención sea indispensable para evitar una efectiva privación de justicia”.

Este Tribunal ha ejercido la citada facultad para remediar situaciones en las cuales las sucesivas declinatorias o apartamientos de los magistrados dejan a los justiciables sin tribunal ante el cual recurrir –con afectación al derecho de ocurrir ante un juez en procura de justicia, que integra el derecho constitucional de defensa en juicio–, cuando un conflicto impide el “normal desarrollo del proceso vinculado con el planteo de fondo” o cuando se suscitan situaciones de conflicto que equivalen en esencia a cuestiones de competencia (Fallos: 271:219; 314:697; CSJ 189/1994 (27-S)/CS1 “Salgado, Héctor y otros s/ estafas reiteradas –causa Nº 15.714–”, sentencia del 27 de septiembre de 1994; Fallos: 330:4396; causa CSJ 881/2018/CS1 “Suero, Marcelo Javier s/ infracción art. 302 del C.P.”, pronunciamiento del 11 de noviembre de 2021).

5º) Que la función de esta Corte Suprema como órgano que dirime contiendas de competencia tiene por fin la determinación del tribunal que debe intervenir en las causas o controversias, asegurando las reglas del federalismo diseñadas en la Constitución Nacional mediante el respeto de las competencias delegadas en el Poder Judicial de la Nación (artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional) y de aquellas reservadas por las provincias (artículos 32, 75 inciso 12 y 121 de la Constitución Nacional). Asimismo, tal función tiene por misión el cumplimiento de las leyes procesales que establecen la competencia de los tribunales, normas que se caracterizan por los principios de economía y celeridad procesal y de buen servicio de justicia, que esta Corte tiene constantemente en cuenta al efecto de determinar qué juez debe conocer en un caso determinado (Fallos: 245:324; 302:557; 319:2720; 322:2394; 328:2819; 340:406; 344:776, entre muchísimos otros). En consecuencia, resulta primordial que la definición sobre el juez competente sea oportuna, en pos de garantizar adecuadamente el derecho de defensa en juicio y la tutela judicial efectiva, entre otros derechos, con respeto de las reglas antes enunciadas.

6º) Que en atención a que la integración de esta Corte Suprema se encuentra reducida a tres miembros y a que, dada la discrepancia de criterios sobre la interpretación del artículo 24, inciso 7º, primera oración, del decreto-ley 1285/1958, no existe actualmente la mayoría necesaria para decidir a qué órgano le compete dirimir las contiendas de competencia suscitadas entre un juez de primera instancia con competencia federal y otro juez nacional con competencia ordinaria y asiento en la ciudad de Buenos Aires, circunstancia que podría entorpecer la determinación definitiva sobre qué juez debe conocer en las causas en las que se ha suscitado un conflicto de competencia que ha llegado a los estrados de esta Corte para su resolución (artículo 23, decreto-ley 1285/58, texto según ley 15.271; arg. Fallos: 328:3634, cuarto párrafo; artículo 3, ley 26.183).

7º) Que, por otro lado, la circunstancia más arriba mencionada se ha presentado en numerosísimas oportunidades –a la fecha se han resuelto alrededor de 1800 causas en la que se discutió el punto– y la integración de este Tribunal con conjueces para la solución de este tipo de controversias conspira contra los principios de celeridad y economía procesal.

8º) Que, además, una vez definido si le corresponde a este Tribunal dirimir la contienda de competencia en cuestión, deberá analizarse y resolverse cada conflicto de competencia en concreto, lo que remite al análisis de una miríada de circunstancias fácticas y de normas procesales y sustantivas harto heterogéneas.

9º) Que, en consecuencia, sin perjuicio de que el suscripto mantiene la totalidad de las consideraciones vertidas en “José Mármol” (Fallos: 341:611, disidencia del juez Rosenkrantz), en atención a las particulares circunstancias actuales referidas a la integración del Tribunal, corresponde que esta Corte Suprema dirima la presente contienda de competencia en los términos del artículo 24, inciso 7º in fine, del decreto-ley 1285/58 al efecto de evitar la posibilidad de la eventual privación de justicia que podría generar la demora en la definición del presente conflicto.

10) Que en cuanto a las razones para atribuir la competencia al magistrado federal respecto de los delitos de falsificación del título de propiedad automotor y de la infracción al artículo 289, inciso 3, del Código Penal, así como a la justicia local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto del delito de resistencia a la autoridad, corresponde remitir al dictamen del señor Procurador General de la Nación interino por razones de brevedad.

11) Que, en cuanto a la competencia para entender en el delito de encubrimiento de la sustracción del vehículo cometida en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, corresponde que intervenga la justicia nacional con competencia ordinaria de esta ciudad, donde se secuestró el vehículo (Fallos: 310:1696; 320:2778, entre otros).

Por ello, de conformidad en lo pertinente con lo dictaminado por el señor Procurador General de la Nación interino, se declara que deberá entender en la causa en la que se originó el presente incidente el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 4 –respecto de los delitos de falsificación del título de propiedad automotor y sustitución de chapas patente–. Asimismo, se hace saber al mencionado tribunal que deberá enviar copias de las actuaciones pertinentes al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nº 17 a fin de que continúe con la investigación respecto del delito de encubrimiento; y al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que desinsacule el juzgado que deberá continuar con su investigación en cuanto al delito de resistencia a la autoridad. Hágase saber a los dos últimos tribunales. – Horacio Daniel Rosatti. – Carlos Fernando Rosenkrantz. – Ricardo Luis Lorenzetti.

***

L., L. N. s/recurso de casación

Recurre el Ministerio Público Fiscal (PIA) la resolución del TOCF 2 que sobreseyó al probado conforme lo solicitara su defensa, a quien oportunamente se le concediera la suspensión de juicio a prueba en relación a la imputación que sobre él pesa por una infracción al artículo 296 del CP, y luego se le revocara elevándose la causa a juicio, oportunidad en que se consideró no habrían sido ponderadas debidamente las cuestiones por el imputado aducidas en audiencia del art. 515 CPPN para justificar su incumplimiento, las consecuencias de la “pandemia” y la falta de control de su situación, agregando una desproporcionada duración del proceso frente a la notoria y escasa complejidad de la investigación, mencionando una morosidad judicial, situación personal y sanitaria nacional para fundamentar la resolución adoptada, haciéndose lugar al recurso de casación, dejándose sin efecto la decisión recurrida remitiéndose al tribunal de origen para que continúe con la sustanciación del proceso según su estado. 

 En la Ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de julio de dos mil veinticinco, se reúnen los miembros de la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, doctores Carlos A. Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos, bajo la presidencia del primero de los nombrados, con el objeto de dictar sentencia en la causa CFP 14706/2015/TO1/4/CFC1, caratulada “L., L. N. s/ recurso de casación”. Representa al Ministerio Público el señor Fiscal General doctor Raúl Omar Pleé y la defensa de Liendo es ejercida por el Defensor Público Oficial, doctor Enrique María Comellas.

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó que debía observarse el siguiente orden: doctor Juan Carlos Gemignani, doctor Carlos A. Mahiques y doctor Gustavo M. Hornos.

Vistos y Considerando:

El señor juez doctor Juan Carlos Gemignani dijo:

PRIMERO

I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 2 de esta ciudad, con fecha 26 de octubre de 2023, resolvió: “I. HACER LUGAR al pedido efectuado por la defensa técnica de L. N. L. y, en consecuencia, SOBRESEERLO en las presentes actuaciones, sin costas, en orden al hecho que fuera requerida su elevación a juicio (arts. 76 ter del Código Penal de la Nación y 361, en función del 336, inciso 1º, del Código Procesal Penal de la Nación)”.

II. Que contra dicha decisión, el doctor José M. Ipohorski Lenkiewicz, Fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), interpuso el recurso de casación en estudio, el que fue concedido por el a quo.

El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que no comparte la conclusión de que la duración del proceso haya sido desproporcionada, en especial, pues ello no se colige de la lectura global de todos los actos procesales llevados a cabo.

Luego, hizo notar que los intervalos de tiempo que operaron entre los distintos actos procesales se debieron tanto a circunstancias propias de la sustanciación del proceso y de la habitual labor jurisdiccional, como así también a la propia conducta procesal del imputado.

En esa línea, recordó que el trámite se sustanció de manera completamente regular hasta el momento en el que el imputado, luego de que se requiriera la elevación de la causa a juicio, solicitara la suspensión del juicio a prueba y que, a partir de allí, el Fiscal llamó la atención sobre: “a) las reiteradas ausencias –injustificadas– del encausado a las diversas audiencias a las que fuera convocado en los términos del art. 293, C.P.P.N. (recordemos que tuvo que ser convocada en 4 oportunidades); b) las reiteradas oportunidades en las que tuvo que ser citado y/o contactado para notificarle lo resuelto (cuanto menos, en tres oportunidades); c) el deliberado incumplimiento de su obligación de presentar mensualmente las constancias de realización de las tareas comunitaria (…) Pero, además, según las constancias adunadas al expediente, fue él mismo quien contestó los llamados del Juzgado y se volvió a comprometer a acompañar las constancias lo que, llamativamente, nunca hizo; d) la nueva incomparecencia injustificada de Liendo a la audiencia convocada en los términos del art. 515, C.P.P.N. (…) e) que esta incomparecencia (previa constatación de otros posibles domicilios ante la Cámara Nacional Electoral y el Registro Nacional de las Personas), determinó la declaración de rebeldía del imputado, situación que se prolongó por aproximadamente dos años ; y f) finalmente, la revocación de la suspensión del juicio a prueba, la clausura de la instrucción y elevación de la causa a juicio”.

Sobre lo expuesto, alegó que lo que se pretende dejar en claro es que fue la propia actitud displicente del imputado respecto a las citaciones del Juzgado y el cumplimiento de las obligaciones asumidas, como así también su directa sustracción del proceso, lo que ocasionó que el mismo se paralizara y se extendiera por casi ocho años.

Por otra parte, invocó que precluida la etapa de instrucción, la disconformidad respecto de lo actuado no puede ahora obturar la progresiva sustanciación de las actuaciones; por un lado, en razón de que el imputado contaba con las vías procesales pertinentes para cuestionar lo resuelto y, por el otro, en razón de que la circunstancia de que el beneficio hubiere sido bien o mal revocado no puede confundirse sin más con la cuestión atinente a la valoración respecto a si la duración del proceso fue excesiva o no.

A su vez, hizo notar que el imputado no sólo incumplió la obligación de notificar cualquier cambio de domicilio, sino que (dejando de lado todas sus incomparecencias) no realizó las tareas comunitarias impuestas, de modo que la revocatoria se basó en una de las causales expresamente contempladas por el legislador y deviene totalmente comprensible.

Seguidamente, con respecto a lo aludido por el Tribunal con relación a la pandemia, expuso que “al imputado se le había concedido la suspensión de juicio a prueba el 23/5/19, es decir, casi un año antes de que se desatara la pandemia desatada por el virus SARS-CoV-2 y que, hacia marzo de 2020 –recordemos que el imputado fue convocado a presentar las constancias de cumplimiento en los términos del art. 515, C.P.P.N. el 18/03/20, es decir, incluso antes de que se decidiera en el país la así llamada cuarentena obligatoria, el 20/03/20 (DNU 297/2020, BO 20/3/20)– no había acreditado el cumplimiento de las tareas”.

Por último, manifestó que, en razón de lo dispuesto en el art. 76 ter, párrafo 2º del Código Penal, la suspensión de juicio a prueba concedida el 23 de mayo de 2019 suspendió el curso de la prescripción de la acción.

Hizo reserva del caso federal.

III. En la etapa procesal prevista por los arts. 465, cuarto párrafo y 466 del C.P.P.N. no se realizaron presentaciones.

IV. Cumplidas las previsiones del art. 465, último párrafo y 468 del Código Procesal Penal de la Nación, la causa quedó en condiciones de ser resuelta.

Superada dicha etapa procesal el Tribunal pasó a deliberar (art. 469 del mismo cuerpo legal).

SEGUNDO

I. Inicialmente, cabe precisar que el recurso de casación interpuesto resulta formalmente admisible, toda vez que la sentencia recurrida es de aquellas definitivas previstas en el art. 457 del CPPN, la parte recurrente se encuentra legitimada para impugnarla (art. 458 del CPPN), los planteos esgrimidos encuadran dentro de los motivos previstos por el art. 456 del CPPN, y se han cumplido los requisitos de tempestividad y fundamentación requeridos por el art. 463 del citado código ritual.

II. Afirmada, entonces, la procedencia formal del recurso interpuesto, y previo a ingresar al análisis de la cuestión sometida a inspección jurisdiccional, habré de reseñar los sucesos de la causa a fin de alcanzar un análisis más acabado de la cuestión.

Según surge de la resolución recurrida, el 2 de noviembre de 2016, el Fiscal de instrucción requirió la elevación a juicio de los presentes actuados respecto de L. N. L., a quien se le imputó haber usado un certificado analítico de la Dirección de Escuela “Almirante Brown” SERIE nro. 2013, RE 230, LM nro. 933, Folio 76, falso, por ante el Sector de Legalizaciones de la Dirección General de Cultura y Educación del Ministerio del Interior de la Nación, conducta calificada como constitutiva del delito previsto y reprimido por el artículo 296 del Código Penal de la Nación, en carácter de autor (art. 45 del C.P.).

Seguidamente, al momento de contestar la vista sobre el requerimiento, la defensa solicitó la suspensión de juicio a prueba y, tras realizarse la audiencia prevista en el art. 293 del CPPN, el 23 de mayo de 2019 el Juez de Instrucción resolvió suspender el proceso a prueba respecto de L. N. L. y someterlo a que, por el término de un (1) año, durante tres (3) horas semanales, cumpla con la realización de tareas comunitarias en la parroquia “Nuestra Señora de La Merced”.

Posteriormente, se lo citó a Liendo en los términos del art. 515 del Código Procesal Penal de la Nación, el 3 de marzo de 2020, debido a las incomparecencias del encausado a la hora de aportar las constancias de las tareas comunitarias que debía realizar y, ante los intentos negativos de ubicarlo, con fecha 5 de mayo de 2021, el juzgado instructor resolvió declararlo rebelde y ordenó su inmediata captura.

De seguido, el 10 de marzo de 2023 Liendo se presentó ante el juzgado que dejó sin efecto la declaración de rebeldía y lo citó nuevamente en los términos del art. 515 del CPPN.

En aquella audiencia, el encausado pidió disculpas por no haber cumplido con las obligaciones y expresó haber atravesado muchos problemas personales, haber tenido una gran depresión que lo llevó a tener que medicarse, y que todo ello le había afectado su estabilidad laboral y económica.

Superada dicha etapa, el magistrado resolvió revocar el beneficio concedido y elevó la causa al Tribunal a quo, que, el 26 de octubre de 2023 dictó la resolución que se encuentra a estudio en el presente incidente.

Para decidir el sobreseimiento de Liendo, tuvo en cuenta que “luego de producirse la audiencia prevista en el artículo 515 del Código Procesal Penal de la Nación, más precisamente en el interlocutorio de fecha 17 de marzo del corriente año, a mi juicio, no se ponderaron correctamente las cuestiones indicadas por Liendo ni tampoco el magistrado de la etapa instructora adujo razones plausibles para revocar el beneficio, más allá de destacarse el flagrante incumplimiento por parte del causante”.

Asimismo, enfatizó sobre “las dificultades contraídas por la sociedad en su conjunto a causa de la pandemia, la cual no solo perjudicó a millones de personas en materia económica, de salud, laboral y personal, sino que el propio Poder Judicial de la Nación se encontró afectado, debiendo modificar rotundamente la forma de trabajo, las nuevas metodologías de realización de audiencias orales, entre muchas otras”.

Por otra parte, afirmó que “si bien se le ha achacado al causante el incumplimiento de la manda judicial y del instituto, no puedo desatender que el beneficio oportunamente otorgado no fue controlado en tiempo y en forma, a la vez que desde la formación del presente proceso el causante no registra antecedente penal alguno ni formación de sumario por parte de las fuerzas de seguridad en su contra”.

A ello añadió que “a las circunstancias hasta aquí enunciadas, se suma la desproporcionada duración que ha demandado el trámite de proceso judicial en trato frente a la notoria y escasa complejidad de investigación del suceso criminal presuntamente desarrollado por aquel”.

Por lo expuesto, concluyó que “frente al panorama descripto y en el entendimiento de que, en función de la morosidad judicial y situación personal y sanitaria nacional, se podría haber otorgado una nueva oportunidad al causante para que cumpliera el beneficio, es que a los fines de no extender sine die el presente proceso “Mattei” (Fallos: 272:188)–, haré lugar al pedido efectuado por la defensa técnica de Liendo”.

III. Sentado cuanto precede, considero que asiste razón al recurrente por cuanto la resolución recurrida es arbitraria y no resulta ajustada a derecho.

El Tribunal a quo afirmó que el juzgado no ejerció un debido control de las condiciones impuestas al momento de conceder la suspensión de juicio a prueba.

Sin embargo, de la resolución en la que se revocó aquel beneficio –obrante en el expte. CFP 14706/2015/TO1- surge que en dos ocasiones –el 21/10/2019 y el 3/12/2019, ambas previas a la pandemia y al vencimiento del plazo de la probation– personal del Juzgado se comunicó con el imputado a los fines de que concurriera a presentar las constancias de encontrarse cumpliendo con las obligaciones impuestas, oportunidades en las cuales Liendo se comprometió a hacerlo, pero igualmente se ausentó.

Por lo tanto, la afirmación del Tribunal resulta arbitraria por no ajustarse a las constancias de la causa.

Por otra parte, con respecto a los plazos excesivos invocados por el a quo, también tendrá favorable acogida el argumento del fiscal referido a que los intervalos de tiempo que operaron entre los distintos actos procesales se debieron tanto a circunstancias propias de la sustanciación del proceso y de la habitual labor jurisdiccional, como así también a la propia conducta procesal del imputado, que: se ausentó injustificadamente a las diversas audiencias a las que fuera convocado en los términos del art. 293, C.P.P.N. (tuvo que ser convocado en 4 oportunidades); tuvo que ser citado y/o contactado, al menos, tres veces para notificarle lo resuelto; incumplió deliberadamente su obligación de presentar mensualmente las constancias de realización de las tareas comunitarias, habiéndose comprometido a hacerlo tras el requerimiento del juzgado; e, injustificadamente, no compareció a la audiencia convocada en los términos del art. 515, C.P.P.N., lo que derivó en la declaración de rebeldía, situación que se prolongó por aproximadamente dos años.

Por todo ello, queda claro que el plazo que ha insumido el proceso no es excesivo y que la acción penal no ha prescripto, dado que el requerimiento de elevación a juicio fue presentado el 7 de noviembre de 2016 y la suspensión de juicio a prueba revocada –cuya prolongación suspenderá el curso de la prescripción, de conformidad con lo previsto en el art. 76 ter del Código Penal– se extendió desde el 23 de mayo de 2019 al 29 de marzo de 2023. Asimismo, Liendo fue declarado rebelde el 5 de mayo de 2021, situación que se prolongó hasta el 10 de marzo de 2023.

Por este motivo, teniendo en cuenta que el máximo de la pena del delito por el cual fue requerido a juicio Liendo es de seis años, la acción penal se encuentra vigente.

En prieta síntesis, asiste razón al Fiscal en que no se advierte la alegada falta de debido control de las condiciones de la suspensión de juicio a prueba por parte del juzgado, ni el excesivo tiempo que ha insumido el proceso.

En razón de todo lo expuesto, el fallo impugnado además de haber aplicado erróneamente la ley sustantiva, incurrió en el supuesto de arbitrariedad de sentencias elaborado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (confr. C.S.J.N. Fallos: 308:640 y 331:499, entre muchísimos otros), lo que amerita que deba ser dejado sin efecto.

Efectivamente, el pronunciamiento puesto en crisis incumple el mandato de fundamentación de las decisiones jurisdiccionales previsto por los arts. 123 y 404, inc. 2º, del C.P.P.N., reglamentario de la garantía constitucional de la defensa en juicio y del derecho del debido proceso (art. 18 de la C.N.), en cuanto exige que los pronunciamientos judiciales sean fundados y constituyan una derivación razonada del derecho vigente en relación con las circunstancias comprobadas de la causa.

Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo: HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la Fiscalía, DEJAR SIN EFECTO la decisión recurrida y remitir las actuaciones al tribunal de origen para que continúe con la sustanciación del proceso según su estado; SIN COSTAS (arts. 470, 471, 530 y cctes del C.P.P.N.).

Así voto.

El señor juez doctor Carlos A. Mahiques dijo:

Durante la deliberación, tomé conocimiento de la coincidencia de argumentos, así como de la solución propuesta para el caso en los votos de los anteriores ponentes, motivo por el cual, no habré de expedirme conforme a la facultad otorgada por el art. 30 bis, último párrafo del Código Procesal Penal de la Nación.

El señor juez doctor Gustavo M. Hornos dijo:

I. El recurso de casación interpuesto resulta formalmente procedente en tanto se dirige contra una sentencia de las enumeradas en el art. 457 del C.P.P.N., ha sido interpuesto por quien se encuentra legitimado para hacerlo (art. 458 del C.P.P.N.), con invocación fundada de los motivos previstos por el art 456 del citado código.

II. Superado lo anterior, por cuestiones de brevedad, doy por reproducidas en lo medular las circunstancias del caso descriptas en el voto del colega que lidera el orden de votación, a cuya propuesta –adelanto– habré de acompañar.

Es que el tribunal de grado dispuso el sobreseimiento de L. N. L. por razones que no presentan nítido sustento legal e invocando cuestiones relacionadas con el trámite de una probation que ya había sido revocada en las actuaciones, reflotando así en el proceso aspectos que se encontraban precluidos y superados.

En efecto, de las constancias obrantes en autos se advierte que la suspensión del juicio a prueba concedida por el juez instructor el 23/05/2019 fue revocada con posterioridad el 29/03/2023, a raíz del reiterado incumplimiento de las reglas de conducta impuestas al imputado al otorgársele tal beneficio, y su evidente reticencia a comparecer frente a las distintas convocatorias efectuadas por la judicatura interviniente, circunstancia que incluso motivó su oportuna declaración de rebeldía y orden de captura, situación que se extendió durante casi dos años.

En ese marco, queda claro que no solamente la suspensión del juicio a prueba fue oportuna y correctamente revocada teniendo en consideración cuanto he sostenido sobre el control del cumplimiento de las reglas de conducta impuestas al otorgarse una probation (cfr. en lo pertinente y aplicable mi voto en la causa de esta Sala III CFP 8945/2017/TO1/2/CFC2 “CABEZAS PONCE, YENRY DANIEL s/ recurso de casación”, registro 603/24 del 30/05/2024); sino que –como se dijo– el tribunal oral volvió sobre los temas allí tratados y superados para disponer un sobreseimiento por fuera de toda normativa legal, sin celebrar el debate oral y público que estaba llamado a realizar.

Desde esta perspectiva, concluyo que el pronunciamiento puesto en crisis no constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas de la causa, por lo que corresponde su descalificación como acto jurisdiccional válido.

Por lo demás, no se observa –ni el tribunal a quo lo ha fundado suficientemente– que el tiempo que ha insumido el proceso lesione la garantía del encausado a ser juzgado sin dilaciones indebidas y en un plazo razonable, pues el cuadro de situación descripto revela que dicha prolongación habría sido producto de la propia conducta desarrollada por el encartado.

III. Por estos argumentos, habré de acompañar entonces la solución propuesta por el colega que lidera el orden de votación, doctor Juan Carlos Gemignani.

En virtud del acuerdo que antecede, el Tribunal, por mayoría,

RESUELVE:

HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la Fiscalía, DEJAR SIN EFECTO la decisión recurrida y remitir las actuaciones al tribunal de origen para que continúe con la sustanciación del proceso según su estado; SIN COSTAS (arts. 470, 471, 530 y cctes del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese, comuníquese y remítase al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

NOTA: Se deja constancia que el señor juez doctor Carlos A. Mahiques participó de la deliberación, emitió su voto y no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia (art. 399 “in fine” del C.P.P.N.). Secretaría, 17 de julio de 2025. – Juan Carlos Gemignani. – Gustavo Marcelo Hornos (Sec.: Lucia del Pilar Raposeiras).

***

Denuciado: Pagni, Carlos s/calumnias o falsa imputación e injurias. Denunciante Milei, Javier

Presenta recurso de apelación el querellante por delitos de calumnias e injurias contra la resolución del “a quo” que resolvió la desestimación “in límine” de la querella instaurada por no constituir delito alguno los hechos traídos a su conocimiento, confirmándose el auto apelado. 

Vistos y Considerando:

I. El acusador particular Javier Milei apeló la desestimación de la querella que por los delitos de los arts. 109 y 110 del Código Penal había entablado contra Carlos Pagni.

II. En la noche del 28 de abril pasado, en su programa “Odisea Argentina” que se transmite por el canal “LN+” los lunes a las 22 hs, el periodista realizó un editorial que el Presidente de la Nación consideró ofensivo a su honra y a su reputación.

Concretamente, señaló que en esa emisión se había hecho “un recorrido histórico sobre el régimen nazi con la clara intención de inducir al lector a una comparación insidiosa entre el dictador Adolf Hitler y mi persona”, pues le había atribuido “las mismas conductas llevadas a cabo por el dictador nazi Adolf Hitler para llegar al poder”.

Según se afirmó en el escrito promotor de la acción, “(l)a comparativa realizada por el Sr. Pagni claramente afecta mi honor y reputación, al asimilar mi llegada a la Presidencia con la de Hitler al poder en Alemania. Al asociar mi gestión de gobierno con la de un dirigente nazi que ocasionó miles de muertes en su país, debido a las ideas propagadas por su régimen dictatorial, el Sr. Pagni está asociando mi imagen a la de alguien que cometió los delitos más aberrantes de la historia moderna”. Al respecto, resaltó que “nadie, bajo ninguna circunstancia, puede afirmar que un Presidente, que llegó a su puesto democráticamente, ha utilizado mecanismos similares a los de un dictador nazi como Adolf Hitler para lograr ese cometido”.

En esa dirección, señaló que la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), el Presidente de Israel, Isaac Herzog, y el Ministro israelí de Asuntos de la Diáspora, Amichai Chikli, se habían manifestado en contra de los dichos del querellado.

III. El juez a quo dictó la resolución que viene apelada que, como dije, desestimó in limine la querella.

Luego de transcribir las expresiones vertidas por Pagni en el programa en cuestión (replicadas, en lo sustancial, al día siguiente en el artículo “La Argentina, una torre de Babel” publicado en el diario “La Nación”), el magistrado abordó los conceptos de libertad de expresión y libertad de prensa, su recepción en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales con jerarquía constitucional, así como el derecho al honor, y concluyó que los hechos traídos a conocimiento no constituían delito alguno.

En ese sentido, afirmó que Pagni sólo había vertido opiniones sobre las condiciones en las que se hallaba la sociedad alemana al momento de la llegada al poder del partido nazi, señalando que algunas de esas características (básicamente, una “crisis de comunicación, por fragmentación y desarticulación de los espacios políticos y sus máximos representantes”, a consecuencia de lo cual el diálogo pacífico entre líderes políticos era casi inexistente) estaban presentes hoy en día también en nuestro país y en gran parte del mundo.

Ese contexto, dijo, era el que había favorecido el surgimiento de un dirigente ajeno a un espacio político tradicional, tal como el actual Presidente de la Nación. Sin embargo, entendió que nada de ello implicaba la comisión de los delitos de calumnias e injurias por los que se querelló.

IV. El acusador particular apeló lo resuelto en base a diversos agravios.

(i) Argumentó que se violó el principio de legalidad: al ser las calumnias e injurias delitos de acción privada, con el escrito de querella debió directamente fijarse la audiencia de conciliación del art. 424 del Código Procesal Penal y no correr a la fiscalía la vista del art. 180 del mismo (prevista para los delitos de acción pública). Según el recurrente, con ello se había viciado el proceso, por inobservancia de sus formas sustanciales, sobre todo cuando el Ministerio Público Fiscal había vertido opinión en un asunto que no le correspondía.

(ii) Criticó que, mediante la resolución cuestionada, se había tratado de hecho una excepción por falta de delito interpuesta por la defensa, la cual en todo caso debía introducirse en la oportunidad del art. 428, CPPN.

(iii) Precisó que los presupuestos del fallo “Kimmel” de la CIDH, que motivó la reforma de la ley 26551, eran muy distintos a los planteados en este caso.

En ese sentido, recordó que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación había consagrado la idea de que no existe un derecho al insulto, señalando que la comparación con Hitler no había sido necesaria y que Pagni había podido decir lo mismo que dijo sin recurrir a ella.

(iv) A su modo de ver, no era cierto que la atipicidad de los hechos denunciados fuera incontrovertible, tal como lo demostraban las reacciones críticas que habían surgido desde la comunidad judía a lo dicho por Pagni.

En definitiva, consideró que las aseveraciones del querellado constituían una vejación inadmisible en una sociedad democrática que lo habían afectado en grado sumo, sobre todo considerando la gran afinidad, públicamente reconocida, que posee con el pueblo judío.

Por su parte, la defensa se presentó al recurso a mejorar los fundamentos de la resolución de 1a. instancia.

Así, en líneas generales reiteró lo que había manifestado antes, en cuanto a que la querella pretende que Pagni dijo algo que no dijo, pues tanto en la emisión del programa periodístico como en la publicación del editorial al día siguiente sólo se habían realizado comentarios sobre las condiciones similares de dos sociedades distintas en el tiempo y en el espacio, sin efectuar la pretendida comparación entre Hitler y Milei.

Con esa aclaración, coincidió con los argumentos esgrimidos por el juez de la instancia anterior.

V. En torno a la vista corrida al Ministerio Público Fiscal por el art. 180, CPPN, advierto dos cosas.

Primero, que si bien el escrito con que se inició la causa permite individualizar perfectamente los hechos y el derecho invocado, así como la intención de formalizar una querella por delitos de acción privada, el correo electrónico con el que dicho escrito se envió a la Oficina de Sorteos de esta Cámara menciona la palabra “denuncia” tanto en el título como en su cuerpo. Ello bien pudo haber motivado la vista en cuestión a fin de evitar imprecisiones o nulidades, ya que la norma citada expresamente prevé que “el juez que reciba una denuncia la transmitirá inmediatamente al agente fiscal”.

Y segundo (y más importante), es que en rigor de verdad la fiscalía no emitió opinión alguna sobre los hechos, sino que se limitó a requerir cautela al momento de juzgarlos, dada su índole, y a que se le imprima el trámite de acción privada correspondiente.

En cualquier caso, no sólo el Ministerio Público Fiscal es ajeno a un proceso de acción privada como este, sino que además la resolución apelada fue dictada y se sostiene –como vimos hasta aquí– en forma independiente al dictamen fiscal que se critica.

Por lo tanto, nada de lo actuado implicó una irregularidad o vicio procesal que se proyecte negativamente sobre la resolución dictada por el juzgado, por lo que el agravio que invoca la querella resulta irrelevante.

VI. Ambas partes citaron durante el trámite del recurso, lo que resolví en la causa CFP 2368/2024/1/CA1 “Querellado: Milei, Javier Gerardo s/ injurias. Querellante: Fontevecchia, Jorge Alberto”, c. 47754, reg. 52714, rta. 31.10.24). En ese caso, la primera instancia había hecho lugar a una excepción de falta de acción por atipicidad antes de convocar a la audiencia de conciliación y sobreseído al querellado, Javier Milei. Al revisar la decisión, dispuse su nulidad.

Estos son los rasgos salientes de aquel proceso. Su recreación permitirá ver las diferencias que posee con el presente:

Se trataba de un caso donde el querellante invocó un delito contra su honor, fundado en expresiones vertidas por el Presidente de la Nación, referidas a aspectos tanto de su vida privada como de su vida públicamente conocida (alusiones al cabello y a la forma escogida para cubrir sus canas y a su capacidad como empresario para el manejo de los negocios, así como al origen del dinero con que financiaría esos negocios, entremezclando referencias a la pauta publicitaria estatal como a “sobres”) con el alegado objeto de burlarse de él y desacreditarlo ante terceros.

Fue ante ese especial escenario que remarqué dos cosas:

Por un lado, la circunstancia de provenir las expresiones denunciadas como lesivas del honor de un funcionario público que ocupa una de las más altas posiciones del Estado, en desmedro del deber especial de garanti?a que en ese cargo le cabe en relación a los derechos de las personas, conforme la jurisprudencia de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que allí cité.

No es ese el caso de autos.

Por otro lado, dije que:

“… Puesto que el “interés público” que resta tipicidad al agravio al honor debe estar referido a un “asunto” concreto, a mi entender era necesario precisarlo correctamente abordando todas estas cuestiones que están ínsitas desde el inicio de la causa en la querella instaurada”;

Que “… la importancia de establecer cuál es ese “asunto” está dada por la necesidad de que se trate de un asunto “real”, esto es, no creado ficticiamente para dar un marco de “interés general” a la crítica ofensiva. No está librado a la voluntad del supuesto ofensor la existencia misma del tema/materia de interés público …”; y

Que en la resolución de 1ª instancia no se había hecho “… ninguna disquisición entre las expresiones utilizadas por el querellado, a sus contenidos, los temas o asuntos a los que se vinculaban, al contexto que los rodeó, ni al carácter escindible o no entre ellas. Las englobó, indiscriminadamente, como asuntos vinculados al interés público …”, sin explicar cuál o cuáles eran esos asuntos.

Concluí en aquel caso que la decisión de sobreseimiento que había adoptado el juez de la 1a instancia no había explicado suficientemente por qué los hechos concretos motivos de querella (las expresiones que referí más arriba) eran manifiestamente atípicos en los términos de la norma y de esos estándares sobre “asuntos de interés público” que debían ser aplicados. Y que por ese motivo, debía estarse a la regla general que establecía la ley: reservar la procedencia o no de planteos de falta de acción como el que había sido articulado, a momentos posteriores a la audiencia de conciliación.

Del propio principio que apliqué, emanaba su excepción.

Nada al respecto era novedoso. Desde causas resueltas a poco de sancionada la ley 26.551 (B.O. 27/11/09) esta Sala II de la Cámara (con mi firma) aceptó que, por imperio de su redacción, existía un mayor margen para discutir la tipicidad o no del hecho en el marco de una excepción de falta de acción al principio del proceso de acción privada, siempre que los calificativos reputados como lesivos del honor, guardaran relación con un asunto de interés de público (conf. de esta Sala, Causa Nº 29.175 “Anibal Fernández del 12/7/2010; causa Nº 28.920 “Elisa Carrió, del 6/5/2010)

Ese requisito legal y expreso, a diferencia de lo que pasaba en el precedente citado por el apelante (CFP 2368/2024/1/CA1, c. 47754, reg. 52714, rta. 31.10.24), concurre aquí en forma evidente y manifiesta, sin necesidad de ningún debate adicional.

La primera y dirimente situación que lleva a esa conclusión es que las expresiones de Pagni –al margen de consideraciones sobre su acierto o error– nunca pueden configurar delito penal en los términos de los arts. 109 o 110 del Código Penal, porque es indudable que se refirieron a asuntos de interés público.

Y es la ley la que los torna atípicos, cuando dice la primera de ellas “… en ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas” mientras que la segunda reza que “en ningún caso configurarán delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas” y que “tampoco configurarán delito de injurias los calificativos lesivos del honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público”.

En efecto, el periodista se dedicó a analizar una serie de fenómenos que consideró presentes en varios países, incluida la Argentina, y fue en el marco de esa exposición que ensayó un símil entre la Alemania de los años 1930 y la actualidad de nuestro país.

Al hacer esa comparación, el periodista trajo a colación la teoría de un historiador norteamericano según la cual el dictador nazi llegó al poder aprovechando la situación de caos que vivía Alemania por la incomunicación y falta de entendimientos de su clase política.

Y líneas más adelante dijo que “estamos asistiendo en la Argentina a un proceso de fragmentación que es difícil pensarlo, que da la impresión de que no es intención de nadie, esto es lo interesante para observar, que es una especie de inercia colectiva, que ha ganado sobre todo a la dirigencia política. Es muy interesante observar e importante de detectar, de advertir, ¿por qué? Y porque la Argentina viene, y no sabemos si todavía no está incursa en una crisis de representación, en un gran malentendido, en un gran entredicho entre la gente y la dirigencia, entre la gente y la política, entre representados y representantes; entonces cuando uno mira ese fenómeno entiende mejor la llegada de Milei, como un outsider, que va en contra de la política, que va en contra de la dirigencia tradicional impugnada por la gente …”.

Independientemente de las opiniones personales que estas ideas puedan merecer, lo cierto es que del texto destacado y del resto del editorial que le da contexto y que tengo a la vista, surge claramente que el periodista no hizo una directa analogía como la que el querellante señala; no al menos en el sentido de haberle atribuido la comisión de los crímenes atroces que aquel ejecutó o haberlo equiparado en sus propósitos, métodos y estrategias de forma deliberada. Un repaso de todo lo dicho por Pagni aquel día persuade de esto.

Sin perjuicio de lo opinable –algo diré más adelante al respecto– de los paralelismos que realizó entre distintas épocas, lugares y realidades sociales, lo indiscutible e importante es que, al expresarse sobre la actualidad política del país y del resto del mundo, el querellado se manifestó sobre asuntos de patente interés público, como son la tajante división de opiniones en la sociedad sobre la realidad política y económica, la violencia verbal con que se expresan esas opiniones, la incomunicación entre los representantes del pueblo para encontrar soluciones consensuadas a los problemas que aquejan al país y los ataques a la prensa por parte de funcionarios públicos.

Nótese que esto no es negado ni por el propio querellante, quien en ningún momento puso en duda sobre qué habló Pagni, sino que sólo cuestionó el modo en que lo hizo.

Por ende, como en este ámbito penal rige el principio de legalidad y los jueces están sujetos a los límites y condiciones que fija la ley, la única respuesta posible es que los hechos objeto de querella no constituyen delito.

Y ello impone confirmar el fallo.

Ahora bien.

Durante el trámite del recurso, el apelante ha desarrollado aspectos atinentes a cómo las expresiones que cuestionó lo afectaron y a los límites que deben enmarcar un regular ejercicio de la libertad de expresión, fijados muchas veces por la Corte Suprema de Justicia de la Nación –citó fallos al respecto–.

No niego –y hasta entiendo razonables– las consecuencias que, según dice, puedan haber generado en su esfera íntima las alusiones y comparaciones que efectuó el querellado, en un editorial en el que lo mencionó renglones después de haberlo nombrado a Hitler.

También reconozco que la actividad de los periodistas está, como todas, sujeta a la Constitución Nacional y a las normas y que, por eso, desarrollar esa profesión no significa la libertad de dañar a otros en cualquier supuesto y escenario.

Pero, como expliqué, en este ámbito penal, es la propia la ley la que torna no delictivos a estos hechos. Y ello impone confirmar la desestimación de la querella decidida en 1a. instancia. Excede a este debate la existencia (o no) de eventuales respuestas o reparaciones que puedan ser buscadas por otros canales previstos por el derecho.

VII. Para terminar, me queda una reflexión por hacer, que se vincula a expresiones que han efectuado terceros al proceso.

Se han traído a colación manifestaciones que –a propósito de los hechos– han realizado prestigiosas autoridades e instituciones de la colectividad judía, donde se refirieron a la necesidad de impedir cualquier riesgo de banalización del Holocausto o tomar alguna de sus circunstancias a la ligera.

Comparto absolutamente esa mirada.

La mera equiparación de fenómenos políticos actuales a aquellos que fueron el punto de partida de eventos de los más trágicos que ha experimentado la humanidad, despierta lógicamente emociones de dolor fuertemente arraigadas en todos, pero especialmente en quienes pertenecen a una comunidad y a familias que resultaron el grupo más atacado y perseguido en aquel período histórico.

Nada –por más opinión negativa que se pueda tener al respecto– de lo que pasa ahora en el país se asemeja a cualquier etapa –de construcción, desarrollo o culminación– de una política que entre otras cosas tendió al exterminio de una parte de la población civil por motivos raciales, religiosos y de culto.

Pedir respeto y especial consideración al hacerse referencia a tan trágicos acontecimientos es lo mínimo que puede hacerse.

Por todo ello, RESUELVO:

CONFIRMAR el auto apelado.

Regístrese, hágase saber y devuélvase. – Eduardo Guillermo Farah (Prosec.: Pablo Germán Leale).

***

B. B., J. M. y otro s/queja por impugnación denegada (art. 361 CPPF) – Causa nº FMZ 19256/2024/8 y B. B., J. M. y otro s/audiencia de sustanciación de impugnación (art. 362)

Comentado por Fernando Freddi y Manuel Ignacio Carballo Robello: Lineamientos en la producción e incorporación de prueba en el nuevo ordenamiento procesal penal federal 

Recurre la fiscal la sentencia absolutoria dictada por el T.O.F.C. –en causa seguida por los delitos de comercio y tenencia con fines de comercialización de estupefacientes, por considerar el Juez que existen dudas sobre la responsabilidad penal de los encausados–, al no haberse suspendido el debate oral por su interposición de un recurso de casación contra la resolución que le impidió producir la prueba pericial necesaria para sostener y acreditar su hipótesis y teoría del caso, agregándose al sostener el recurso en casación la nulidad del auto de control de acusación y apertura a juicio que denegó tal prueba, analizándose en dos legajos en forma conjunta los recursos contra la absolución por una parte y el planteo sobre la incorporación o no al debate de la prueba ofrecida por otra, dada su íntima relación y, estableciéndose en el fallo los alcances que corresponde asignar a lo normado por el CPPF para la actuación de los señores Jueces y la del Ministerio Público Fiscal conforme al nuevo ritual, rechazándose las impugnaciones articuladas.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de julio de dos mil veinticinco se constituye la Cámara Federal de Casación Penal integrada en forma unipersonal por el señor juez doctor Carlos A. Mahiques, a los efectos de dictar sentencia en las carpetas judiciales nro. FMZ caratuladas “B. B., J. M. y otro s/ Queja por impugnación denegada (art. 361 CPPF)” y “B., J. M. y otro s/ audiencia de sustanciación de impugnación (art. 362)”. Representa al Ministerio Público Fiscal, el doctor Javier A. De Luca y a J. M. B. B. y P. D. B., la defensora pública oficial, doctora M. Florencia Hegglin.

Visto y Considerando:

I. El Tribunal Oral Federal Nro. 1 de Mendoza, el 30 de abril de 2025, resolvió, en lo aquí pertinente, “1- ABSOLVER a J. M. B. B. del delito de Comercio de Estupefacientes y Tenencia de Estupefacientes con Fines de Comercialización, que le fueran atribuidos en el presente proceso, por existir dudas en cuanto a su responsabilidad criminal (arts. 5ºinc “c de la ley 23.737, y arts. 303 segundo párrafo y 11 del Código Procesal Penal Federal). 2- ABSOLVER a P. D. B. del delito de Tenencia de Estupefacientes con fines de Comercialización, que le fuera atribuido en el presente proceso, por existir dudas en cuanto a su responsabilidad criminal (arts. 5º inc “c” de la ley 23.737, y arts. 303 segundo párrafo y 11 del Código Procesal Penal Federal). 3- ORDENAR EL CESE DE TODA MEDIDA COERCITIVA que sufrieren los acusados en el presente proceso; en particular, se ordena el cese del arresto preventivo que pesa sobre J. M. B. B. a hacerse efectivo en forma inmediata desde estos estrados”.

Contra esa decisión, la representante del Ministerio Público Fiscal dedujo impugnación, que fue concedida en fecha 28 de mayo del corriente año.

II. La fiscal motivó su impugnación en las previsiones de los incs. b y c del art. 359 del Código Procesal Penal Federal –en adelante CPPF–. Sostuvo que el pronunciamiento en estudio adolece de debida fundamentación al ser el resultado de una errónea aplicación e interpretación de la ley procesal penal, cuestión que impide considerarlo como acto jurisdiccional válido.

La impugnante se agravió de la decisión del tribunal de no haber suspendido el debate, a sabiendas de la existencia de un recurso de casación pendiente de resolución en esta instancia, vinculado con la denegatoria de producción de una prueba que esa parte consideraba pertinente para la resolución del caso.

Enfatizó al respecto que el art. 347 del código de rito determina, como regla, el efecto suspensivo de las impugnaciones que “nace desde que se emite la resolución y perdura mientras no caduque la facultad recursiva”.

Concluyo que “este efecto suspensivo, que es regla y solo admite contadas excepciones, que fue solicitado por el Ministerio Público Fiscal, que en una primera oportunidad fue atendido por la Oficina Judicial, luego rechazado y desoído por el Juez de Juicio bajo el pretexto de que una oficina meramente administrativa había fijado fecha de debate y no le correspondía a él entender en lo solicitado, es una decisión por demás arbitraria”.

Postuló, en esa inteligencia, que el a quo impidió infundadamente que la perito química brindara declaración en el debate, sin perjuicio de haber sido su testimonio ofrecido y admitido en la audiencia de control de acusación. Sobre el punto, destacó que la testigo fue convocada para declarar acerca de si había realizado, o no, la pericia sobre la sustancia incautada en el procedimiento de fecha 11 de septiembre de 2024 y, en caso afirmativo, cuál había sido el resultado.

Así, hizo pie en que “(e)sta imposibilidad llevó al Juez de Juicio considerar que, aun contando con un test orientativo positivo para marihuana, no se contó con una prueba concluyente que diera cuenta que la sustancia secuestrada fuera una droga incluida como estupefaciente en la ley 23.737 y art. 77 del CP. (Asimismo, que) lejos de tratarse de una testigo sobreabundante, impertinente o que afectara de alguna forma el derecho de defensa de los imputados, se trataba de una medida de prueba necesaria, útil y pertinente para acreditar el elemento objetivo del tipo penal”.

En este entendimiento, concluyó la impugnante que se configuró un supuesto de gravedad institucional. Ello así, en tanto se impidió a esa parte ejercer una facultad legalmente concedida, vinculada al ejercicio de la acción penal y la producción de prueba necesaria para sostener y acreditar su hipótesis y teoría del caso.

Hizo expresa reserva del caso federal.

III. El 11 de junio del año en curso se realizó la audiencia prevista en el art. 362 del CPPF, cuyo registro audiovisual obra en el incidente digital.

En dicha oportunidad se presentaron las partes y efectuaron las consideraciones que estimaron pertinentes del caso, a las que me remito en su totalidad.

Sin perjuicio de ello, y dado el tenor de la exposición de los señores fiscales ante esta instancia, que difiere en algunos aspectos respecto de la impugnación de su antecesor, habré de asentar que, en su petitorio, solicitaron la nulidad del auto de control de acusación y apertura a juicio que denegó la producción de la prueba pericial, por ser contrario a lo previsto en el art. 274, inc. f, CPPF, y de todo lo actuado en consecuencia (art. 132, segundo párrafo, CPPF), lo que incluye el juicio y la decisión del juez de debate que impidió declarar a la perito.

Por su parte, la defensora oficial, por los motivos que allí expuso, postuló el rechazo in totum de la impugnación en estudio. Solicitó especial prudencia en cuanto al petitorio fiscal toda vez que, a su entender, pone en crisis las bases del código de rito.

IV. Así pues, tras la celebración de la audiencia antes referida y sin otra incidencia que tratar, el caso quedó en condiciones de ser resuelto.

V. La impugnación opuesta por la representante del Ministerio Público Fiscal contra el pronunciamiento absolutorio, resulta formalmente admisible, toda vez que se dirige contra una sentencia definitiva y como tal, el planteo expuesto encuadra dentro de los motivos previstos por el art. 359 del CPPF. El recurrente se halla legitimado a ese fin, en los términos del art. 355 ibídem, y se han cumplido los requisitos de temporaneidad y fundamentación requeridos por el art. 360 del citado código ritual.

En iguales términos, recibirá tratamiento la impugnación de la fiscal contra el auto de apertura a juicio, en tanto este Tribunal, con fecha 10 de junio del corriente año, hizo lugar a la queja interpuesta y concedió la impugnación deducida (v. registro Nro. 63/25 del legajo digital nro. FMZ 19256/2024/8).

VI. Liminarmente, y con el fin de brindar un adecuado tratamiento a la impugnación bajo estudio, resulta menester reseñar los antecedentes del caso.

Conforme surge de las constancias digitales a las que esta Cámara tiene acceso, las presentes actuaciones se iniciaron el 7 de agosto de 2024 con motivo de una denuncia anónima que daba cuenta de posibles maniobras en infracción a la ley 23.737 perpetradas por “P.” B. en el barrio “El Esfuerzo” del departamento de San Carlos, provincia de Mendoza. En razón de ello, se dio intervención al Departamento de Lucha contra el Narcotráfico de la referida provincia, cuyos miembros individualizaron al sujeto, identificado a la postre como J. M. B. B., como así también el domicilio donde se comercializaría estupefacientes.

Así, se iniciaron las tareas de investigación y vigilancia de rigor, a partir de las cuales los preventores pudieron observar maniobras de “pasamanos” en el domicilio en la Manzana “d”, Casa 9, del barrio mencionado y, además, lograron identificar un segundo morador y posible partícipe que resultó ser P. D. B., hermano del nombrado.

Con el resultado de las tareas policiales, la fiscal solicitó el allanamiento del domicilio denunciado que, por orden del juez con funciones de garantías, se concretó con fecha 11 de septiembre de 2024. Aquel día, antes de iniciar el procedimiento, los agentes aprehendieron a un individuo que ingresó por un breve lapso a la vivienda investigada, identificado luego como E. G. P., y a quien se le incautó cuatro con sesenta y cinco (4,65) gramos de sustancia vegetal verde amarronada que habría sido entregada, de forma gratuita, por uno de los imputados.

Posteriormente, se detuvo a los imputados y se secuestró doscientos nueve (209) gramos, aproximadamente, de una sustancia verduzca, que arrojó en el narcotest resultado positivo para marihuana; doscientas treinta y cinco (235) semillas y cinco (5) plantines también de Cannabis Sativa; la suma de trescientos ochenta mil cuatrocientos setenta pesos ($380.470) y dos (2) celulares.

El 13 de septiembre siguiente tuvo lugar la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria (art. 254), ocasión en la que la fiscal imputó los delitos de comercio de estupefacientes y tenencia con fines de comercialización, en el caso de J. M. B., y tenencia con fines de comercialización a su hermano P. (arts. 5, inc. c, de la ley 23.737). Ante ello, el juez con funciones de garantías tuvo por fundada la legalidad de la detención; ordenó el arresto en la modalidad domiciliaria de los hermanos B. B. y B.; autorizó las pericias técnicas sobre las sustancias incautadas y los teléfonos móviles y dispuso el plazo de investigación de sesenta (60) días hábiles.

El 10 de diciembre de 2024, la representante del Ministerio Público Fiscal, sin contar con la pericia química, estimó completa la investigación preparatoria y formuló la acusación, en los términos del art. 274, 278 y concordantes del CPPF.

El 26 de diciembre, a pedido de la defensa de P. D. B., se llevó a cabo una audiencia multipropósito (art. 330 ibídem), en la que solicitó el sobreseimiento de su asistido en el entendimiento de que, dada la ausencia de una pericia química respecto de las sustancias incautadas, no se había podido corroborar la calidad de estupefaciente. De adverso a lo postulado, la representante de la vindicta pública entendió que el planteo resultaba inadmisible y, en lo que aquí interesa, indicó que había ofrecido como prueba de cargo la producción de la mentada pericia y la declaración testimonial de la perito química Virginia Crespo.

Al momento de resolver, el juez con funciones de garantías rechazó el planteo de la defensa toda vez que la pericia había sido ofrecida por la acusadora para la etapa de juicio y consideró, que una vez practicada, daría respuestas a ambas partes.

Con fecha 13 de marzo del año en curso, se llevó a cabo la audiencia de control de la acusación (art. 279). En lo aquí pertinente, se discutió acerca de la producción de la pericia ofrecida por la acusadora pública en la etapa de debate; solicitud que fue rechazada por el juez con funciones de revisión.

En el auto de apertura a juicio previsto en el art. 280, el magistrado abordó con mayor precisión acerca de la posibilidad de producir prueba con posterioridad a la audiencia de control de la acusación y consideró que “en este nuevo código la investigación penal preparatoria tiene un espíritu y el juicio tiene otro espíritu. Luego de la audiencia, se exige a los Jueces de Revisión dictar un auto de apertura del juicio oral en el cual, conforme dispone el art. 280 del C.P.P.F., debe establecer la admisibilidad de la acusación y de prueba ofrecida, con expresión de fundamentos”.

Continuó indicando que “en esta audiencia de control de la acusación –que es una etapa intermedia– se discuten los elementos que van a ser utilizados en el juicio y no que puedan llegar a ser producidos luego de la misma, máxime cuando nos encontramos en el caso concreto ante una causa no demasiado compleja y cuya investigación penal preparatoria comenzó en septiembre. Por lo cual, entiendo que la prueba pericial ofrecida ya no se va a poder producir”.

Enfatizó que “el art. 279 del C.P.P.F. exige tratar de evitar que se ventilen cuestiones que sean propias del debate que se desarrolla en el juicio oral, en el caso concreto, todos los cuestionamientos referidos a la investigación llevada a cabo por la fuerza de prevención. En el juicio oral y público tendrán la posibilidad de interrogar y contrainterrogar a los testigos. Además, se debatirá si con el resto de la prueba recabada puede certificarse la calidad de la sustancia hallada”.

Expuso, finalmente, que “sin perjuicio de que existe la posibilidad de producir alguna prueba en esta instancia, como lo habilita el art. 279 del C.P.P.F., entiendo que no es el caso ya que ha existido un tiempo prudencial para llevar a cabo la investigación penal preparatoria y producir una prueba necesaria que debe examinarse abiertamente en un juicio oral con todas las garantías para ambas partes”.

Contra esa decisión, la fiscal interpuso queja por impugnación denegada que, el pasado 3 de abril, fue declarada inadmisible por la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, pronunciamiento que fue luego recurrido por esa parte.

Dicha impugnación fue también rechazada por la Sala A de la mencionada Cámara Federal, lo que motivó una presentación en queja por casación denegada y provocó la intervención de esta sede casatoria.

Finalmente, el 14 de abril inició el debate oral y público, que concluyó el 30 de ese mismo mes con la absolución de ambos imputados, por aplicación del art. 11 del CPPF.

VII. El tribunal de juicio tuvo por corroboradas las tareas de investigación y vigilancia, como así también el allanamiento realizado con fecha 11 de septiembre de 2024, en el domicilio de los imputados, a partir de los testimonios brindados por los agentes policiales a cargo de la investigación y el procedimiento, y los testigos civiles que lo presenciaron. De igual modo, tuvo por verificado el peritaje técnico efectuado sobre los teléfonos móviles incautados, cuyo análisis permitió advertir conversaciones que evidenciarían maniobras ilícitas vinculadas con el comercio de estupefacientes.

En ese contexto, el a quo ponderó que los elementos convictivos relevados permitían, a priori, corroborar la hipótesis acusatoria esgrimida por la representante del Ministerio Público Fiscal. No obstante, hizo pie en la ausencia de la pericia química que demostrase la calidad de estupefaciente del material incautado y el impacto de ello en la comprobación del elemento objetivo del tipo penal enrostrado a a los imputados.

Concluyó, en lo pertinente, que “la concurrencia de elementos de similar peso, a favor y en contra de los acusados, nos impone un estado de duda acerca de la responsabilidad criminal, que debe ser resuelta con una decisión absolutoria en favor de los mismos”.

VIII. Convoca al suscripto pronunciarse acerca de la absolución de los hermanos B. y B. B., fundamentada, en lo medular y como quedó descripto supra, en la ausencia de una pericia química que demostrara la calidad de estupefaciente del material incautado en autos y por la que fueron oportunamente imputados por el delito de comercio y tenencia con fines de comercialización, en los términos del art. 5, inc. c, de la ley 23.737.

A los efectos de responder adecuadamente los agravios articulados por la acusación, tanto en la impugnación como los introducidos en la audiencia prevista en el art. 362 CPPF, es preciso comprender los motivos por los que una prueba de carácter dirimente como la aquí cuestionada no se llevó a cabo.

Como quedó reseñado supra, por decisión del Ministerio Público Fiscal la mentada pericia no se produjo durante la etapa preparatoria, por lo que, con posterioridad, en su escrito de acusación, la fiscal a cargo decidió ofrecer como prueba su producción en el debate, junto con la declaración testimonial de la perito Crespo encargada a tal fin. No obstante, el juez con funciones de revisión, doctor Juan Ignacio Pérez Cursi, durante la audiencia de control de acusación decidió no admitir su producción, por los motivos indicados en el acápite VI.

La negativa de producir la pericia, concluida ya la fase preparatoria, no respondió a un capricho de ese juez y/o a la creación de una causal de “caducidad” de la etapa probatoria, tal como postularon los fiscales intervinientes. Más bien, es la respuesta, a partir de un análisis del nuevo ritual, respetuosa de los principios que guían el proceso y las garantías que asisten a las partes. Véase.

La nota distintiva del sistema acusatorio que informa el CPPF, reside en la división de los poderes ejercidos en él; por un lado, el acusador, quien persigue penalmente y ejerce el poder requirente, por el otro, el imputado, quien puede resistir la imputación, ejerciendo el derecho de defenderse, y, finalmente, el tribunal, que tiene en sus manos el poder de decidir. En esa inteligencia, la labor del juez reconocerá como su ámbito propio a la resolución, en tanto tercero imparcial, de un conflicto de intereses, sin ir más allá de las pretensiones de las partes; limitada por los términos del contradictorio y en un marco ritual bajo el control del mentado órgano jurisdiccional.

En este esquema, se han definido fases, caracterizadas por la progresividad, tendientes a la conclusión del proceso, ya sea con la culminación del debate oral y público o bien, o bien con decisiones fundadas del Ministerio Público Fiscal para disponer de la acción de acuerdo a lo edictado por el art. 30 CPPF.

En lo que aquí concierne, al desarrollar el contenido de la etapa denominada investigación preparatoria (art. 254 al 280) el citado cuerpo normativo deja ver su evidente carácter acusatorio, al escindir las dos funciones básicas de la investigación, en distintos sujetos. Así, queda claro que el Ministerio Público Fiscal es el encargado de investigar y el juez, es aquel que autoriza y/o toma decisiones, erigiéndose como el garante y contralor de la investigación en curso. La referida etapa está signada por una intensa actividad probatoria, en la que las partes recolectan los elementos convictivos que, entienden, sustentaran su teoría del caso.

En este punto, es dable destacar, juegan un papel fundamental los principios de objetividad y lealtad procesal que deben guiar el proceder del acusador público (art. 91 CPPF). Aquellos determinan que el fiscal debe investigar todas las circunstancias relevantes del caso y formular sus requerimientos de conformidad con las pruebas de las que tomare conocimiento, incluso si ello redundara en favor del imputado. Del mismo modo, está obligado a exhibir, tan pronto como sea posible, las pruebas que obren en su poder o estén bajo su control y que indiquen o tiendan a indicar la inocencia del imputado, o a atenuar su culpabilidad, o que puedan afectar la credibilidad de las pruebas de cargo.

Así pues, una vez practicadas las diligencias probatorias y finiquitado el plazo estipulado para esta etapa (art. 265), recae en el fiscal darla por concluida, siendo este un acto de suma trascendencia, que evidencia la independencia de ese Ministerio, como otra nota distintiva del sistema acusatorio.

Entiéndase que éste, como promotor de la acción penal (art. 90 CPPF y 120 CN), tiene la carga de la prueba, el onus probandi, de modo tal que al final de esta etapa preparatoria, debe contar con elementos de cargo suficientes, ya que es a su través, y en atención a la convicción de la existencia de mérito para abrir un juicio contra el imputado, que postula su formal acusación. En este aspecto, la autosuficiencia de su dictamen (art. 274 CPPF) es primordial y no es ni será responsabilidad del juez, suplir, en el caso, sus falencias.

El cierre de la investigación dará lugar a la audiencia de control de acusación, entendida como una fase intermedia, en la que se discuten los requerimientos conclusivos de la pesquisa y las excepciones que puedan plantear las partes. De este modo, el objetivo de esta instancia radica en verificar que estén dadas las condiciones de fondo mínimas para que se pueda llevar adelante el debate, que encarna el núcleo del proceso penal.

Es así que el juez de revisión, tal como sucedió en el caso, debe ceñir su intervención y análisis a la admisibilidad de la evidencia que recolectaron las partes y que ofrecen como prueba para ser debatidas en el juicio, quedando sujeto a resolver exclusivamente respecto de lo que éstas traen (art. 279, párrafo 6to). Ello, a los efectos de evitar que el juez con funciones de juicio conozca respecto de las vicisitudes procesales acontecidas en etapas ya precluidas, evitando, que forme previamente un juicio de valor sobre el imputado y su responsabilidad. De este modo, su labor se verá reflejada y limitada a un análisis crítico del plexo probatorio traído a su conocimiento.

A través de los referidos procedimientos, se intenta descartar toda duda que las partes puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad y, a su vez, remarca la vigencia del principio de inocencia (v.gr. A tal punto se prioriza la ajenidad del magistrado que no puede acceder al auto de apertura a juicio).

A partir de los extremos objetivos enunciados, como así también las pautas hermenéuticas aludidas a la hora de interpretar el nuevo ritual, es posible colegir que la decisión a la que arribó el magistrado con funciones de revisión resulta ajustada a derecho. Es que no sólo es conteste con las directrices a las que hice referencia, sino también es armónica con los propios artículos del rito que evidencian la imposibilidad de producir prueba, entendido esto como la introducción de información al proceso, por fuera de la etapa preparatoria.

Véase en tal sentido el art. 279 CPPF que, tal como lo indicó el juez revisor, prevé, como excepción, la producción de prueba en la audiencia de control, en el caso de suscitarse alguna cuestión durante su sustanciación que deba atenderse.

En el mismo andarivel, el art. 301 se pronuncia acerca de producir prueba en el debate, exclusivamente en los casos que no haya sido ofrecida en la etapa oportuna atento al desconocimiento de su existencia. Con todo ello no cabe sino concluir en la validez del auto de apertura a juicio y en la decisión arribada por el juez revisor que no admitió esa producción de prueba a futuro.

Ahora bien, en esta línea, cabe efectuar una disquisición y dar respuesta al agravio de la fiscal, que postuló que el debate debió suspenderse, atento a la queja interpuesta contra ese auto de apertura a juicio, de conformidad con lo previsto en el art. 347 CPPF.

De adverso a lo sostenido, cabe señalar que no se encuentra previsto en el código el efecto suspensivo que la impugnante pretende adjudicarle a la presentación directa ante esta instancia. No es ocioso destacar en este punto, que el rito, en su art. 291, es claro cuando establece en qué casos sí procede la suspensión del curso del proceso, no encontrándose contemplado el alegado.

Respecto del efecto suspensivo de las presentaciones directas tuve oportunidad de pronunciarme antes de ahora en sentido que, una lectura conglobgante de la normativa procesal permite advertir que el efecto suspensivo de la queja, únicamente procede en los casos que la Corte Suprema hace lugar al recurso y así lo disponga (v. causa FRO 67991/2018/34/CFC5, caratulada Passaglia, Ismael Santiago y otros s/ recurso de casación, rta. el 14 de mayo de 2024, reg. nro. 551/24, de la Sala III).

En estos términos, se juzga adecuada la decisión del tribunal de juicio de no suspender el debate y entiendo, por ello, que este agravio tampoco puede prosperar.

En punto a la decisión del juez con funciones de juicio que recibió la declaración de la perito bioquímica Virginia Crespo y no permitió que se pronunciara específicamente acerca del resultado del estudio que habría realizado sobre la droga incautada, resulta irrelevante para el caso que declarase como testigo de parte o testigo-perito, tal como postuló el fiscal en la audiencia. Pues la ausencia de una prueba de carácter dirimente en autos, como la producción de una pericia química, no podría ser suplida con la declaración de la testigo sobre la calidad y cantidad del estupefaciente secuestrado.

Es preciso recordar al respecto que, en materia de prueba pericial, el dictamen del perito debe contener una relación detallada de las operaciones practicadas y sus resultados, las observaciones de las partes o de sus consultores técnicos y las conclusiones que se formulen respecto de cada tema estudiado. Y que, sin perjuicio de su presentación por escrito, será en audiencia oral donde se expongan las conclusiones, que podrán ser controvertidas y cuestionadas por las partes, que participaron oportunamente de la producción de la pericia y de su confrontación (arts. 170 y 299 CPPF).

En definitiva, su testimonio solo iba a versar sobre un estudio técnico realizado por la experta pero sin el mismo valor probatorio que una pericia producida de conformidad con las pautas establecidas en el código procesal penal federal.

Esto no implicó una “renuncia consciente a la verdad”, ni un rigorismo formal, tal como sostuvo el acusador. Es preciso remarcar que, en el proceso acusatorio, la verdad será aquello que las partes, desde posiciones equivalentes, puedan demostrar ante el juez o tribunal, que en definitiva decidirá con imparcialidad y ceñido a la información que éstas han arrimado al proceso y acercado a su conocimiento. Recuérdese al respecto que el juez no puede –ni debe– suplir la actividad de las partes, y, como se dijo, debe sujetarse a lo que hayan discutido.

En ese sentido, no puede soslayarse, como bien señaló el juez revisor, que nos encontramos ante una causa de escasa complejidad y, que fue el mismo Ministerio encargado de la persecución penal, que estimó completa la investigación sin la pericia química, y luego no solo se erigió contra sus propios actos sino también en franca contradicción con las reglas procedimentales y las garantías que guían el proceso y asisten a los imputados.

En este andarivel, no es correcto ni debe ser admitido el desvirtuar o pretender sortear las reglas del proceso en pos de subsanar la ineficiencia de las partes y, mucho menos, cuando se trata del órgano encargado no solo de la persecución penal sino también de producir la prueba que estime correspondiente, defensor de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, que cuenta con “todos los medios conducentes para aportar los elementos de juicio que estime útiles en abono de la procedencia de su pretensión punitiva” (Fallos: 272:188). De ese modo, el Ministerio Público Fiscal, como ahora encargado plenamente de la investigación penal, debe arbitrar los medios y disponer de todos los recursos necesarios a su alcance, capacitando asimismo a sus funcionarios y empleados, para llevar adelante con compromiso y diligencia esta tarea ardua que se le atribuyó.

Lo dicho hasta aquí no puede conducir a otro temperamento que el confirmatorio de las absoluciones dispuestas. Es que como quedó asentado, la responsabilidad de que en el caso no se haya practicado, de forma oportuna, un elemento probatorio de evidente entidad dirimente como lo era la pericia química sobre los elementos, únicamente debe estar en cabeza del Ministerio Público Fiscal, como acusador.

El tribunal no hizo otra cosa que lo que normativamente estaba llamado a hacer, es decir, resolver las actuaciones traídas a su conocimiento con el plexo probatorio desarrollado en el debate, que lógicamente no incluía a la pericia en cuestión. Así pues, efectuó un análisis razonado del caso, y gobernando su entender bajo las reglas de la lógica y la sana crítica. La impugnación, en ese sentido, no logra evidenciar que el discurso jurídico contenga vicios lógicos que lo invaliden o encuentre fundamento en elementos de convicción que hubieran sido valorados en forma absurda o arbitraria.

La sentencia ponderó correctamente los elementos de prueba de cargo, que si bien no son contradictorios entre sí no resultaron suficientes para fundar una postura incriminante, lo que implicó dejar un margen de duda que debió ser asumido al momento de decidir la responsabilidad de los encausados.

Resulta oportuno recordar (Fallos: 238:3399), “(…) que la reconstrucción de hechos acaecidos en el pasado que lleva adelante el juez penal en sus sentencias no se produce en idénticas condiciones a las que rodean la actividad de un historiador. Pues, a diferencia de lo que sucede en el campo de la historia frente a hipótesis de hechos contrapuestas, en el derecho procesal penal el in dubio pro reo y la prohibición de 'non liquet' (arg. Fallos: 278: 188) imponen un tratamiento diferente de tales alternativas, a partir del cual, en definitiva, el juez tiene impuesto inclinarse por la alternativa fáctica que resulta más favorable al imputado”.

Así pues, es posible reconocer que en la sentencia que aquí se examina, al momento de excluir las diferentes hipótesis fácticas, se procedió con estricta sujeción a los estándares indicados. Y de ese modo, es a partir de la garantía constitucional de presunción de inocencia que, de adverso a lo que sucede en este caso, en palabras del citado Tribunal,“(…) se admite la posibilidad de dejar sin efecto decisiones que prescindieron de explicar racionalmente la responsabilidad del acusado a partir de pruebas concordantes (Fallos: 329:5628, ‘Miguel’), habiéndose precisado, también, que en función del principio del in dubio pro reo cabe dilucidar si, con las pruebas adquiridas en el proceso, puede emitirse un juicio de certeza positiva (ver mutatis mutandis Fallos: 329: 6019, ‘Vega Giménez’)”. “A la luz de estos principios, resulta decisivo que el juez, aún frente a un descargo que pudiera estimarse poco verosímil, mantenga una disposición neutral y contemple la alternativa de inocencia seriamente, esto es, que examine la posibilidad de que la hipótesis alegada por el imputado pueda ser cierta. Desde esta perspectiva, la presunción de inocencia consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional puede ser vista, en sustancia, como el reverso de la garantía de imparcialidad del tribunal” (cfr. Fallos: 339:1493).

Acerca de la aplicación del principio in dubio pro reo, me he pronunciado en el sentido que la duda razonable es una categoría gnoseológica más compatible con la íntima convicción que con el criterio de la sana crítica. Así, si el tribunal oral, al valorar la prueba, no expresó haber tenido dudas, el órgano de revisión no puede subrogar la subjetividad del juez de mérito, salvo, como en el caso, cuando median motivos como los expuestos para cuestionar la razonabilidad de la estructura discursiva del fallo.

Por fin, debo indicar que las consideraciones y conclusiones esgrimidas me eximen de abordar el resto de los agravios introducidos por la acusación en esta instancia.

IX. Corresponde, por último, abordar la presentación directa efectuada ante esta instancia, que fuera concedida por este tribunal tal lo reseñado en el acápite V., vinculada con la denegatoria dispuesta por el juez con motivos de revisión de recurrir en casación el auto de apertura a juicio.

Adelantando la conclusión a la que arribaré, entiendo que corresponde, también en este punto, rechazar la impugnación presentada. Es que el propio fiscal general ante esta instancia reconoce la irrecurribilidad de dicha disposición, en virtud de lo edictado por el art. 280 del ritual, y no se presenta, en el caso, excepción alguna que permita superar tal escollo procesal. En particular, no se articuló correctamente cuestión federal alguna que torne necesaria la intervención de esta Cámara como tribunal intermedio conforme la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Di Nunzio (Fallos 328:1108).

En esa misma inteligencia, la fiscalía tampoco se encargó de fundar adecuadamente su agravio, no demostró la gravedad institucional que invocó y tampoco planteó la inconstitucionalidad de dicha norma atacada (Fallos: 310:107; 307:2281; 255:266; 240:440; 228:328, entre otros).

Lo expuesto conduce a rechazar la impugnación planteada por la fiscalía (art. 360).

X. En razón de lo antedicho, este Tribunal, conformado de modo unipersonal, RESUELVE:

I. RECHAZAR las impugnaciones articuladas por la representante del Ministerio Público Fiscal, sin imposición de costas (art. 360, 361, 362, 363, 386 y concordantes CPPF);

II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y remítase el legajo a la Oficina Judicial, a sus efectos. – Carlos A. Mahiques.

Bertulazzi, Leonardo y otro s/extradición

Confirma la CS, con remisión en lo pertinente al dictamen del Procurador General de la Nación interino, la procedencia de la extradición de un ciudadano extranjero a la República de Italia, para el cumplimiento de una pena de 27 años de prisión por graves hechos perpetrados como integrante de la organización terrorista Brigadas Rojas, que fuera declarada por la Juez aquí interviniente en resolución recurrida por la defensa, que se agravia por diversas razones como ser su status de refugiado, la prescripción de la acción conforme la legislación nacional, la garantía de juzgamiento en plazo razonable y el cómputo del tiempo de condena a cumplir que debe incluir la duración de este procedimiento, cuestionando además las condiciones del régimen carcelario al que se lo sujetaría, resolviendo como se indicara el Superior Tribunal, sin hacer juicio alguno sobre el reclamo efectuado por el recurrente respecto a la pérdida de su status de refugiado, que le fuera otorgado en 2006 y cesado en 2024 cuestión que tramita en otro expediente ante el Fuero Contencioso Administrativo Federal.

Vistos los autos: “Bertulazzi, Leonardo y otro s/ extradición –art. 52–”.

Considerando:

1º) Que la señora jueza a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 1 resolvió –luego de rechazar los planteos de la defensa en relación a la inobservancia de las seguridades previstas en el artículo 11 inciso d de la ley 24.767 y del relativo a la prescripción de la acción penal con base en el artículo 7º, inciso b, del tratado bilateral con la República Italiana, aprobado por la ley 23.719– declarar procedente la solicitud de extradición de Leonardo Bertulazzi requerida por el citado país, en los términos fijados en el punto resolutivo III del pronunciamiento (cumplimiento de una pena de 27 años de prisión).

2º) Que en contra de lo así resuelto la entonces defensa oficial dedujo recurso ordinario de apelación que fue concedido y luego fundamentado en esta instancia por la defensa particular del requerido.

A su turno, el señor Procurador General de la Nación interino propuso confirmar la sentencia apelada.

3º) Que los agravios de la parte recurrente encuentran adecuada respuesta –en lo pertinente– en los apartados II, IV, V, VI, VII, y VIII del citado dictamen, a los cuales corresponde remitir en razón de brevedad.

4º) Que los alcances de este pronunciamiento no implican abrir juicio alguno sobre el reclamo del recurrente respecto de la pérdida de su estatus de refugiado.

5º) Que, por último, y en atención a lo resuelto en el punto resolutivo IV de la sentencia apelada, corresponde que la jueza de la causa ponga en conocimiento de su par extranjero el extremo en cuestión.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General de la Nación interino, se confirma la sentencia apelada en cuanto declaró procedente la extradición de Leonardo Bertulazzi a la República de Italia en los términos indicados en el punto resolutivo III de esa decisión. Notifíquese, tómese razón, y remítanse los autos al tribunal de origen para que continúe con el trámite. – Horacio Daniel Rosatti. – Carlos Fernando Rosenkrantz. – Ricardo Luis Lorenzetti.

Dictamen de la Procuración General de la Nación ante la Corte:

–I–

Vuelven estas actuaciones a conocimiento de V.E., a raíz del recurso ordinario de apelación interpuesto por la defensa oficial de Leonardo Bertulazzi, contra la sentencia dictada por la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 que concedió su extradición, requerida por las autoridades de la República de Italia, para la ejecución de la pena a veintisiete años de prisión, resultante de la orden de unificación de las penas concurrentes dictadas en su ausencia por la Corte Assise Appello Milano y la Corte Assise Appello Génova. Luego de concedido, fue oportunamente fundado por el letrado particular de la parte en el memorial del que V.E. corrió vista a esta Procuración General.

–II–

Puede resumirse lo sustancial de los agravios invocados por la defensa para sostener su impugnación, en lo siguiente: 1. El requerido conserva la condición de refugiado, por lo que no es posible desarrollar el presente trámite sin poner en riesgo el principio de no devolución consagrado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (confr. ley 15.869) y la ley 26.165 de Reconocimiento y Protección al Refugiado; 2. La ausencia de garantías suficientes de que en el país requirente podrá cuestionar las sentencias dictadas en su ausencia y, en consecuencia, obtener un nuevo juicio con ejercicio de su defensa efectiva (artículos 1.2 del Protocolo Adicional a la Convención de Extradición entre la República Argentina y la República Italiana, confr. leyes 26.441 y 23.719, respectivamente, y artículo 11.d de la ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal); 3. La acción punitiva resultante de las conductas delictivas por las cuales se solicita el extrañamiento se encontraría prescripta a la luz de la legislación nacional (artículo 7.b del acuerdo bilateral); 4. La afectación a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable en el Estado requirente; y, 5. No se garantizó el cómputo en la eventual condena del tiempo que permanezca privado de su libertad en el marco de este procedimiento (artículo 11.e de la ley de extradiciones), a la vez que cuestionó, en tal sentido, las condiciones del régimen carcelario al que allí se encontraría sujeto.

–III–

Ante todo, debo decir que el recurso ordinario interpuesto resulta notoriamente infundado, ya que constituye una mera reiteración de las diversas presentaciones efectuadas a lo largo del proceso, que fueron contestadas –dentro de su competencia– en las respectivas instancias llamadas a responder. En particular, la apelante insiste en lo propuesto en la audiencia de debate oportunamente celebrada, donde los representantes de este Ministerio Público sustentaron adecuadamente la postura en favor de la concesión de la

entreayuda, por encontrarse cumplidos todos los requisitos exigidos para la especie, y la defensa desarrolló lo propio para apoyar su tesitura en contrario, argumentos que luego fueron valorados por la juez federal de forma ajustada a derecho, al tratado bilateral y su protocolo adicional y, en lo pertinente, a la ley 24.767, sin que la recurrente se hiciera mínimamente cargo en esta oportunidad de refutar las específicas razones brindadas en esa instancia para desestimar su pretensión, lo que determina, sin más, su rechazo (Fallos: 329:3542; 333:927 y 1179, entre otros).

Para así opinar, tengo en especial consideración que los planteos de la parte recurrente carecen de la entidad que permitiría a V.E. soslayar ese óbice formal, como podría ser frente a alegaciones susceptibles de afectar el orden público argentino, ya que en el caso, además, se trata de cuestiones genéricamente mencionadas, en evidente contradicción con las constancias acreditadas en la causa.

Por otra parte, observo que el tratamiento de los agravios reseñados en los puntos 1, 4 y 5 es inadmisible, toda vez que son fruto de una reflexión tardía y fueron introducidos recién en esta instancia, razón por la que corresponde, sin más, su rechazo in limine (doctrina de Fallos: 320:1775; 323:3749, entre otros).

Sin perjuicio de ello, en carácter de aporte subsidiario, inspirado en el ejercicio íntegro de la obligación funcional que impone a este Ministerio Público el artículo 25 de la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal, para el incierto –y, a juicio de esta parte, improbable– supuesto de que V.E. decidiera, en una mejor inteligencia, resolver sobre el fondo de lo planteado, desarrollaré de seguido las razones por las que la impugnación, de todas formas, no puede prosperar.

–IV–

Previo a abordar ese análisis, creo conveniente efectuar un breve repaso de los acontecimientos acaecidos en el sub judice que, cabe recordar, tuvo su génesis el 3 de noviembre de 2002, a partir de la detención en nuestro país de Leonardo Bertulazzi, en virtud de la orden de custodia cautelar en prisión Nº 92B/96 R.E., emitida por la Fiscalía General de la ciudad de Génova, el 30 de enero de 1997, para el cumplimiento de la condena concurrente a veintisiete años de prisión.

El 18 de ese mismo mes y año, el extraditurus solicitó al entonces Comité para Refugiados de la Dirección Nacional de Migraciones (CEPARE) que se le reconozca esa condición. El siguiente 18 de diciembre se recibió el pedido formal de extradición efectuado por las autoridades competentes italianas. Luego de asignarse intervención al a quo, se celebró la audiencia prevista en el artículo 27 de la ley 24.767 (21 de febrero de 2003) y, tras la remisión de información complementaria relacionada con la posibilidad de obtener un nuevo pronunciamiento luego de un nuevo juicio celebrado en presencia del requerido, la juez federal rechazó la solicitud de auxilio judicial internacional, por considerar que la legislación foránea no garantizaba ese extremo (3 de junio de 2003). Contra esa decisión, el fiscal federal interpuso el remedio procesal previsto en el artículo 33 de la ley 24.767, que fue sustentado por esta Procuración General tras la intervención otorgada por el Tribunal. En el dictamen del 25 de septiembre de 2003, se sostuvo la improcedencia de una resolución de esa naturaleza cuando se prescinde de la celebración del debate oral exigido por la ley de extradiciones, máxime cuando recientemente se había sancionado el protocolo adicional a la convención, de indudable pertinencia para el análisis que debía efectuarse en el contradictorio. En ese ínterin, mediante Acta Resolutiva Nº 320 del 7 de octubre de 2004, el Comité de Elegibilidad para los Refugiados otorgó ese estatus a Bertulazzi.

A su turno, V.E. revocó la resolución que rechazó su extradición, por apartarse de la solución normativa aplicable, y agregó que “en atención a la solución que aquí se propicia, no cabe un pronunciamiento del Tribunal acerca de la incidencia que podría tener en este procedimiento de extradición la condición de refugiado que habría adquirido Leonardo Bertulazzi (fs. 525/526), cuestión que deberá ser materia de debate en la instancia de grado” (sentencia del 29 de noviembre de 2005, considerando 5º).

Devueltas las actuaciones al juzgado de origen, su titular entendió que al encontrarse firme la condición de refugiado del extraditable, en base a un acto administrativo cuya pertinencia escapa a la órbita de intervención que cabe en supuestos como el sub lite a los órganos judiciales y en función de lo analizado por los ministros de la Corte en sus respectivas disidencias en el precedente “Mera Collazos” (Fallos: 325:625), correspondía interpretar que el otorgamiento de la protección señalada suspendía el trámite de la extradición, en atención a que en esa inteligencia se tutela con mayor equilibrio el interés de las partes, pues sobre la base de que la condición de refugiado constituye un estatus provisorio, si bien debe prevalecer el principio de “no devolución” en favor del requerido, no frustra de modo definitivo el interés del país requirente, ya que deja latente la posibilidad de cumplir con la finalidad de la extradición, que no es otra que la de afianzar la justicia que implica combatir la impunidad para garantía de todos los habitantes (confr. dictamen de esta Procuración General y disidencia conjunta de los doctores Nazareno y López, y disidencia del doctor Boggiano). En consecuencia, el 20 de marzo de 2006 la juez dispuso el archivo de las actuaciones de conformidad con lo previsto en el artículo 195, segundo párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación, por no poder proceder, y “hasta tanto el Poder Ejecutivo Nacional dicte una nueva resolución administrativa que signifique la revocatoria de la condición de ‘refugiado’ adquirida por Leonardo Bertulazzi, mediante acta Nº 320/04 del CEPARE, lo cual habilitaría a esta magistrada a continuar con el trámite de rigor prescripto en las normas de aplicación en la materia” (confr. fojas 609/vuelta de la sentencia que obra a fojas 606/610).

Luego de ello, y tras diversos pedidos de información a nuestro país respecto de si el extraditurus mantenía la condición de refugiado (12 de abril de 2011 y 11 de junio de 2018), el 26 de junio de 2024 las autoridades italianas rogaron nuevamente a la Cancillería su detención preventiva con fines de extradición, solicitud que se formalizó en el expediente CFP 2556/2024 e ingresó, finalmente, al juzgado federal el 29 de agosto siguiente. En esa oportunidad, a raíz de la comunicación con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional para los Refugiados con el fin de averiguar si habían variado las condiciones en la calidad que detentaba Bertulazzi, las autoridades correspondientes avisaron que en esa misma fecha se había resuelto la cesación del estatus de refugiado del nombrado (fojas 742 y 743).

En consecuencia de lo informado por el organismo del poder administrador y a la específica reserva oportunamente efectuada en la citada sentencia del 20 de marzo de 2006, se procedió al desarchivo de las actuaciones, se ordenó la acumulación material del expediente Nº 2556/2024 al sub judice y se continuó con el trámite pertinente, de acuerdo a lo dispuesto por el tratado bilateral y la legislación nacional.

–V–

Sentado ello y en cuanto al primero de los agravios, observo que su tratamiento en esta oportunidad resulta impertinente, no solo – reitero– en virtud de su tardía invocación, sino también –como la propia defensa admite en su memorial– por referirse a una materia cuya revisión judicial tramita ante el fuero competente (confr. leyes 26.165 y 19.549, informe de la CONARE del 20 de noviembre de 2024 y oficio del presidente de la Sala V de la Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal del 28 de noviembre de 2024).

En consecuencia, estimo que ello determina que no corresponde aquí efectuar valoraciones al respecto.

Sin perjuicio de ello, es pertinente recordar –a todo evento– que, como tiene dicho el Tribunal al decidir en procesos análogos, se mantiene incólume para la etapa de la decisión final a cargo del Poder Ejecutivo Nacional (artículo 36 de la ley 24.767), la obligación de “non refoulement” que consagra el artículo 7 de la 26.165 (“Apablaza Guerra”, Fallos: 333:1735, considerando 11; “Cohen”, C. 230, L. XLVI, sentencia del 30 de agosto de 2011, considerando 4º; entre muchos otros).

–VI–

En cuanto a la crítica referida a la insuficiencia de las garantías ofrecidas por el país requirente para brindar seguridad al extraditable de que la condena por la cual se requiere su entrega, dictada en ausencia, podrá ser revisada acorde a los estándares que para la materia estableció –y, en particular, con Italia– el Tribunal, corresponde remitirse a lo informado el 9 de septiembre de 2024 por la Fiscalía General de Génova, en la intitulada “Nota sobre las garantías previstas en el art. 1 del Protocolo Adicional al Convenio Italia Argentina de 9 de diciembre de 1987” (páginas 7 a 9 de 192 del documento incorporado al expediente digital a fojas 53), en virtud a su pertinencia indudable, no solo por el texto de su encabezado, sino porque “es válida como declaración de las instituciones jurídicas que el ordenamiento jurídico italiano prevé actualmente para garantizar, a la persona condenada en rebeldía cuya extradición se solicita, el derecho a un nuevo juicio” (primer párrafo de la página 7 y artículo 4 de la ley 24.767).

En ella se hace hincapié en las diferentes reformas legislativas en materia penal que se llevaron a cabo en el país requirente, inspiradas en el respeto del principio al debido proceso y en la implementación del sistema acusatorio. En particular, la fiscalía informó que esas reformas obedecieron a sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos “que habían constatado el contraste de la legislación italiana con los principios de un juicio justo, enunciados en el artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4.11.1950, incluido el derecho fundamental de asistir al juicio”, como así también a las garantías del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Los términos de esa nota permiten concluir, aún en los casos que –como el sub judice– se rigen por las leyes anteriores, que Bertulazzi reúne las condiciones para acceder a esa nueva instancia. Este criterio –según lo expresado por la fiscalía extranjera– se sustenta en el –eventual– ejercicio del derecho a restitución del plazo de revisión de la sentencia, contemplado en el entonces vigente artículo 175 de la ley procesal italiana, el cual tiene garantizado el nombrado en virtud de que “ningún elemento en la actualidad puede probar el conocimiento por parte del condenado del proceso y de las acusaciones definitivamente formuladas contra él”, y de conformidad a la interpretación jurisprudencial consolidada en la materia allí descripta.

Superada esa etapa, entonces, tiene lugar “un nuevo juicio de fondo asegurado, que deberá celebrarse con las reglas actualmente vigentes inspiradas en la etapa de juzgamiento por el método acusatorio y los principios del debido proceso, ahora también codificados en el artículo 111 de la Carta Constitucional, podrá permitir al imputado el derecho a practicar pruebas y también renovar las ya recogidas” (último párrafo de la página 9).

Cabe destacar que la validez de una manifestación de ese tenor en actuaciones de esta especie, efectuada por un órgano que no reviste autoridad jurisdiccional –centro del cuestionamiento de la defensa– ha sido numerosas veces reconocida por el Tribunal (“Calafell”, Fallos: 334:1659; “Klementova”, K. 32, L. XLIX, sentencia del 24 de noviembre de 2015; “Bortolotti”, B. 879, L. XLVI, sentencia del 19 de junio de 2012; “Perriod”, Fallos: 333:1179; entre otros). En este sentido, es relevante señalar que, además de la presunción del recién citado artículo 4 de la ley de extradiciones, la garantía en cuestión también ha sido presentada ante nuestra Cancillería por la representación diplomática de la República de Italia (confr. artículo 12 del acuerdo bilateral).

De esta forma, tal como lo sostuvieron en el debate los representantes de este Ministerio Público, criterio que fue compartido por la juez federal, a partir de esa novedad legislativa impera concluir que el Estado solicitante cumplió con brindar las seguridades necesarias para garantizar al requerido que –de considerarlo procesalmente beneficioso (confr. “Klementova”)– podrá oponerse a la condena dictada en su ausencia y obtener la posibilidad de celebrar un nuevo juicio regido por los principios del debido proceso.

De tal manera, el Estado requirente ha acreditado “que su ordenamiento prevé instrumentos idóneos para garantizar a la persona condenada en rebeldía, cuya extradición se solicita, el derecho a un eventual nuevo proceso”, tal como lo exige el artículo 1.2 del citado Protocolo Adicional aplicable (confr. Ley 26.441), sin que, en las condiciones reseñadas, resulten procedentes las mayores exigencias formales que postula la defensa en su memorial.

Por ello, concluyo que se encuentra debidamente acreditado el recaudo en cuestión.

–VII–

En otro orden de ideas, a fin de desestimar el siguiente planteo defensista, cabe recordar que la Convención de extradición con la República Italiana, prevé que: “La extradición no será concedida […] b) Si de acuerdo a la legislación de la Parte requirente o de la Parte requerida, la acción penal o la pena se encontrara prescripta” (artículo 7.b).

Al tratarse de una sentencia condenatoria alcanzada sin que el requerido estuviese presente durante el juicio llevado a cabo por las autoridades extranjeras e incluso como consecuencia de lo considerado en el apartado precedente, el análisis de la posible extinción de la pretensión punitiva estatal debe ser efectuado desde la perspectiva de la subsistencia de la acción penal, en tanto para nuestro ordenamiento jurídico Bertulazzi debe ser considerado como una persona sujeta a proceso (confr. apartado IX del dictamen de esta Procuración General en el precedente “Paravinja”, P. 529, L. XLIII, que V.E. compartió en lo pertinente al dictar sentencia el 27 de mayo de 2009, y que ha sido invocado en autos).

Partiendo de la base de que tanto en el sistema legal interno como en el de los tratados celebrados con potencias extranjeras –y, en particular, el que rige el sub lite– se reconoce la eficacia de la condena dictada en rebeldía en el extranjero para solicitar una extradición, siempre y cuando se brinden las seguridades de que existirá la posibilidad de una instancia suficiente de defensa que sea la antesala de un nuevo fallo por parte del Estado requirente, en presencia del interesado, observo que la interpretación que propugna la defensa respecto de la invalidez de los actos celebrados en el procedimiento de origen para ser considerados como hitos capaces de interrumpir el curso de la prescripción de la acción, en conformidad con las reglas que establece el artículo 67 de nuestro Código Penal, es manifiestamente improcedente.

En este sentido, no puede entenderse como corolario del precedente “Fabroccino” (Fallos: 323:3699) que los actos producidos durante un proceso en ausencia llevado en el extranjero carecen de efectos legales en nuestro país, cuando en ese pronunciamiento se aclara expresamente que esa consecuencia tenía su antecedente en la falta de garantías suficientes en la República de Italia para que los requeridos en esas condiciones puedan ser sometidos a un nuevo juicio en su presencia (considerando 27).

Tan es así, que se ha declarado la procedencia de auxilios internacionales rogados por países que también contemplan la posibilidad en su legislación de alcanzar una condena sin la presencia de la persona imputada durante el proceso, en los cuales no se consideró necesariamente nula la sentencia que la había declarado culpable cuando –como en el caso– se presentaron garantías satisfactorias para su reapertura con arreglo a nuestro estándar constitucional. Cabe recordar en tal sentido, que en los precedentes “Mastrangelo” (Fallos: 71:182), “Paravinja” (ya citado) y “Endler” (Fallos: 343:1738), la condena dictada en ausencia en el extranjero se valoró como un hito procesal apto para interrumpir el curso de la prescripción de la acción en función de nuestra ley sustantiva.

Sin perjuicio de que lo hasta aquí expuesto basta para fundar este aspecto del criterio que postulo, es oportuno mencionar que la Corte ha sostenido que es ajeno al juicio de extradición introducirse en la valoración de ciertos institutos propios del sistema de investigación del Estado requirente (Fallos: 330:2065), o de acuerdos en función del sistema de enjuiciamiento penal extranjero que los regula y las particularidades propias del ordenamiento jurídico en el que están llamados a ser ejecutados (Fallos: 343:1307), siempre que no importen una afrenta al orden público nacional (Fallos: 319:2557 y 327:5597). Esta circunstancia no se configura en el caso desde que –como ya señalé– el propio acuerdo bilateral (artículo 1.2 del Protocolo Adicional), como también similares convenios celebrados por la Nación con otras potencias (a modo de ejemplo, el artículo 3.3 del Tratado con Francia, confr. ley 26.783; artículo II del Tratado con Brasil, confr. ley 17.272; artículo 12 del Tratado con España, confr. ley 23.708; artículo 6 del Tratado con Australia, confr. ley 23.729; y artículo 4.g del Tratado con México, confr. ley 26.867), al igual que la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal (24.767, artículo 11.d) y la amplia jurisprudencia de la Corte sobre el tema, otorgan validez al procedimiento extranjero que culminó en una condena dictada in absentia cuando, como en el sub judice, se brindan las seguridades de que el requerido en esos términos gozará de un amplio ejercicio de su derecho a la defensa.

En esa inteligencia, es oportuno recordar que V.E. ha juzgado que sostener que cuando la solución normativa extranjera es diferente a la nacional, ésta debe prevalecer sobre aquélla, implica tanto como descalificar gravemente un procedimiento extranjero, con potencial menoscabo de las buenas relaciones bilaterales con la otra parte contratante del tratado de extradición aplicable, cuya finalidad quedaría frustrada por una interpretación de excesivo apego al rigor formal de la ley interna argentina (Fallos: 330:2065 y 4314, entre otros). Esta situación adquiriría mayor gravedad ante la expresa regla prevista en el acuerdo bilateral, que ha sido observada en la solicitud, pues implicaría dejar de lado el principio pacta sunt servanda al que obliga el artículo 26 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.

Por lo mencionado, cabe concluir que –en las condiciones expuestas– aun tratándose de una condena dictada en rebeldía, no existe óbice para considerar los hitos procesales celebrados en el proceso de origen de acuerdo a la ley del Estado requirente y al texto del artículo 7.b del convenio aplicable, cuando sean pertinentes a los fines del análisis hipotético de la subsistencia del ius puniendi en nuestro país, sobre todo, además, si esos actos no implican “desatender el principio de máxima taxatividad que debe regir en la aplicación de las causales de ‘interrupción’ del plazo de prescripción de la acción penal, según el derecho argentino” (“Endler”, Fallos: 343:1738, considerando 12).

Partiendo de estas premisas, corresponde recordar que como integrante de la asociación subversiva y banda armada con fines terroristas, denominada “Brigadas Rojas”, se le atribuye a Bertulazzi: 1) en la sentencia de la Corte de Milán, la comisión de los delitos de participación en banda armada con fines de terrorismo y subversión del orden democrático; tenencia de armas de fuego, de guerra y comunes, armas clandestinas con número de serie desgastado, municiones, explosivos, artefactos incendiarios con fines de terrorismo y subversión del orden democrático; posesión y porte de armas ilegales; receptación continuada con fines de terrorismo y subversión del orden democrático; fabricación y porte continuado de artefactos incendiarios; intento de daño con fines de terrorismo y subversión del orden democrático; apología del delito continuada; apología del delito e incitación a promover asociaciones con fines terroristas y subversivos; incendio con fines de terrorismo y subversión; y, asociación subversiva; y, 2) en la sentencia de la Corte de Génova, la comisión de los delitos de secuestro de persona agravado; robo agravado continuado; violencia privada; porte de armas abusivo; y apología del delito.

Esas conductas fueron subsumidas prima facie en la sentencia apelada, sin disconformidad de las partes, en los delitos previstos por los artículos 170; 186; 189 bis, incisos 1 al 4; 209; 210 bis; 211; 277, incisos 1.c y 3.a y b; y, 292 de nuestro Código Penal.

De acuerdo a las constancias que integran el pedido formal de extradición, los hechos que dan sustento a la primera condena ocurrieron hasta el 19 de septiembre de 1980 y los de la segunda hasta el 12 de enero de 1977 –dies a quo– y con arreglo al límite del artículo 62.2 del Código Penal, los actos con eficacia para interrumpir el curso de la prescripción contenidos en su artículo 67, serían las condenas no firmes por las cuales se requiere la entrega, dictadas el 29 de mayo y el 7 de noviembre de 1985, respectivamente, (inciso e), la orden de detención librada el 30 de enero de 1997 (inciso b, confr. considerando 12 de “Endler”) como así también, de conformidad con la específica jurisprudencia del Tribunal en casos de extradición pasiva, que el pedido fue presentado el 18 de diciembre de 2002 (confr. precedente “Endler”, considerando 8º y sus citas).

A esta enumeración, cabe agregar, como refiriera ab initio, que a partir del 20 de marzo de 2006 la juez federal suspendió el trámite por no poder procederse en función del reconocimiento al requerido de la condición de refugiado y dispuso –como ya reseñé– su archivo “hasta tanto el Poder Ejecutivo Nacional dicte una nueva resolución administrativa que signifique la revocatoria de la condición de ‘refugiado’ adquirida por Leonardo Bertulazzi, mediante acta Nº 320/04 del CEPARE, lo cual habilitaría a esta magistrada a continuar con el trámite de rigor prescripto en las normas de aplicación en la materia” (confr. fojas 609/vuelta de la sentencia que obra a fojas 606/610). Luego de ocurrida la cesación de ese estatus, la reapertura de la sustanciación de la presente el 29 de agosto de 2024, importó el reinicio del hipotético curso prescriptivo de la acción penal para nuestra ley (artículo 67, primer párrafo, y Fallos: 330:3379; 331:439 y 339:1277), circunstancias fácticas que, en materia de extradición, permiten considerar cumplido ese recaudo convencional.

Vinculado con lo hasta aquí considerado, cabe agregar en relación con la elíptica referencia a la violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable en el Estado italiano –planteo que también recién fue introducido ante V.E.– que, conforme a inveterada doctrina del Tribunal, se trata de una cuestión atinente al fondo del asunto que, como tal, debe ser abordada eventualmente por las autoridades judiciales extranjeras competentes.

–VIII–

Finalmente, en el memorial presentado en esta instancia la defensa alega que el Estado requirente no brindó ninguna garantía de que computará, a los fines de un eventual cumplimiento de pena, el tiempo que Bertulazzi permanezca privado de su libertad como consecuencia de este procedimiento.

Sin embargo, más allá de que esa es una medida prevista en el artículo 11.e de la ley 24.767 y, como tal, no es exigible en el marco de las relaciones regladas por el acuerdo bilateral aquí aplicable (Fallos: 332:297, considerando 15 y su cita), son suficientemente claras las seguridades manifestadas por esa Nación a fojas 410/411 –y, evidentemente, inadvertidas por la recurrente–, sobre las que la sentencia que concede su entrega se apoya para poner en su conocimiento esa circunstancia (punto dispositivo VI).

Por otra parte, en lo que se refiere al planteo, también extemporáneo, acerca de las conjeturales condiciones del régimen penitenciario al que eventualmente estaría sujeto en una hipotética condena, estimo que no se sustenta en la acreditación efectiva de un temor “cierto” y “actual”, esto es, “la persona en cuestión correría riesgo personalmente”, sin que baste a tal fin la invocación de una cuestión general (Fallos: 344:1344 y 345:163, entre muchos otros).

–IX–

En función de lo señalado, y en atención a que los demás requisitos de procedencia estipulados por el Tratado de extradición con la República de Italia fueron considerados favorablemente por los representantes de este Ministerio Público y por la juez federal, sin disconformidad de la recurrente, solicito a V.E. que confirme la sentencia apelada y conceda la extradición.

Buenos Aires, 23 de junio de 2025. – Eduardo Ezequiel Casal.

***

M., M. C. y otro s/lesiones graves

Pese a surgir del expediente la minoridad de la imputada al momento de los hechos, acaecidos entre julio y noviembre de 2003, siendo ya mayor se dicta sentencia condenatoria el 10 de septiembre de 2015 por el delito de lesiones graves evaluándose su culpabilidad y pena a aplicar conjuntamente con la del coimputado que desde el inicio era mayor de edad, sin efectuar para la graduación de la pena las distinciones correspondientes conforme la normativa vigente, interviniendo la C.S.J.N. ante el recurso de queja deducido por la defensa haciendo lugar a la presentación, si bien con votos que sostienen distintos argumentos, declarando procedente el recurso extraordinario y dejando sin efecto el pronunciamiento apelado, ordenando dictar un nuevo pronunciamiento

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por la defensa de M.C.M. y F. A. S. en la causa M., M. C. y otro s/ lesiones graves (art. 90)”, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1º) Que el recurso extraordinario presentado en beneficio de F. A. S., cuya denegación originó esta queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

2º) Que en relación con la imputada M. C. M., el inicio del expediente da cuenta de que la noticia sobre las lesiones a la pequeña S. fueron informadas al Juzgado del Menor y la Familia nº 1 en el marco del expte. “Hospital Pediátrico s/ violencia familiar” expte. 3690/03 (fs. 1 del principal) y que, según se evidencia, M. C. M., madre de la niña, contaba con 17 años de edad (conf. fs. 3 y 5). Asimismo, tal rango etario se deduce de la sentencia de mérito (30 de septiembre de 2015), dictada como consecuencia del juicio desarrollado entre el 2 de julio y el 10 de septiembre de 2015 en la que se indica que la imputada contaba con 28 años de edad. Por otra parte, allí se refiere que M. C. M. nació el 17 de octubre de 1986 (fs. 239 y 286 del principal y fs. 113 del legajo CSJ), que exhibe DNI y que el hecho atribuido acaeció entre los meses de julio y noviembre de 2003 (fs. 286). De tal modo, se advierte que según surge del expediente y sentencia M. C. M. contaba entre 16 y 17 años al momento del hecho.

3º) Que sin perjuicio de que su condición de menor surge de modo invariable a lo largo de todo el expediente, la sentencia de mérito evaluó la culpabilidad y la pena de M. C. M. conjuntamente con la del coimputado, mayor de edad. Así, a la hora de definir y graduar la pena se indicó que M. C. M. y S. “son personas de cierta vulnerabilidad. En el caso de la primera, recién ahora, a sus 28 años, está cursando 1º, 2º y 3er grado de nivel primario, no tuvo padre conocido y carecía de documentación cuando este hecho sucedió […]. Ambos se colocaron en una situación de vulnerabilidad al poder punitivo al llevar adelante estas conductas, aunque […] hubieran podido motivarse en las normas para obrar de conformidad al derecho, es decir, hubiera requerido un escaso esfuerzo de su parte para ello, lo que hace que el grado de culpabilidad sea mayor (art. 41 del C.P.)” (fs. 301). En este sentido, se valoró que la pena debía cumplir fines de prevención general y especial positivas y que la pena impuesta debía guardar proporción con la medida de la culpabilidad para lo cual se consideró que se “trató de un hecho que ocasionó un grave perjuicio a la damnificada […]. También es cierto que ambos carecen de antecedentes penales computables, que éste ha sido un hecho aislado y que el tiempo transcurrido hace que una pena de prisión efectiva carezca de fines racionales” (fs. 301 vta.). Finalmente se definieron las siguientes reglas de conducta para ambos: fijar residencia; asistir a la escolaridad primaria; adoptar oficio adecuado a sus capacidades; realizar 4 horas de trabajos no remunerados en favor del Estado, y estudiar la Convención sobre los Derechos del Niño, “en la parte pertinente al aseguramiento de la salud, la vida y demás derechos individuales y sociales básicos que protegen a la niñez, debiendo ser examinados en cuanto a lo que han aprendido por personal del Centro de Estudios Judiciales del Poder Judicial” (fs. 302 y 302 vta.). También se le impuso la obligación de no cometer nuevos delitos (fs. 302).

4º) Que si bien las sentencias del Tribunal deben limitarse a lo peticionado por las partes en el recurso extraordinario, constituye un requisito previo emanado de su función jurisdiccional el control, aun de oficio, del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran involucrados aspectos que atañen al orden público, toda vez que la existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecta una garantía constitucional, no podría ser confirmado por las sentencias ulteriores (Fallos: 315:695; 321:2738; 323:3314; 325:2019; 342:606, entre otros).

Como consecuencia de tal principio, se ha afirmado que si “la lectura del expediente pone al descubierto una transgresión a las garantías constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso de tal entidad que, más allá de cualquier imperfección en la habilitación de la competencia de la Corte para conocer de los agravios expresados respecto de la sentencia apelada, afecta la validez misma de su pronunciamiento, [dicha] circunstancia […] debe ser atendida y declarada con antelación a cualquier otra cuestión que se hubiera planteado” (Fallos: 319:192; 325:2019; 326:3634).

5º) En ese sentido se advierte que, ante la evidencia descripta al comienzo de esta sentencia en torno a la edad de la acusada al momento del hecho, la preservación del orden público y, en definitiva, del debido proceso, imponían el control de oficio de tal circunstancia. Sin embargo, no surge que tal revisión, de hecho y prueba, se haya llevado a cabo.

6º) Que consentir esa situación importaría soslayar el trato diferenciado que tienen los sujetos procesales alcanzados por las previsiones de la ley 22.278, el que constituye un imperativo jurídico de máxima jerarquía normativa, derivado de los tratados internacionales suscriptos por nuestro país, en especial de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto de San José de Costa Rica.

Al respecto, esta Corte ya ha sostenido que “…consecuentemente, en la actualidad, el sistema jurídico de la justicia penal juvenil se encuentra configurado por la Constitución Nacional, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, normas que resulten de ineludible consideración al momento de la imposición de penas por hechos cometidos por menores. 35º) Que de la conjunción de la ley 22.278 y la Convención del Niño se desprende con claridad que el derecho penal de menores está muy fuertemente orientado al examen de las posibles consecuencias de la aplicación de una pena respecto del condenado, en particular, desde el punto de vista de evitar que la pena privativa de libertad tenga efectos negativos para la reintegración del condenado a la sociedad. De allí que, al momento de determinar la pena, el tribunal no pueda omitir la consideración relativa a la concreta necesidad de pena, desde la perspectiva indicada, respecto de ese autor en concreto” (“Maldonado”, Fallos: 328:4343).

Por ello, habiendo dictaminado el señor Procurador General de la Nación interino, se resuelve: 1. Desestimar la presentación directa interpuesta en beneficio de F. A. S. Intímese a la parte recurrente a que, dentro del quinto día de notificada, acompañe copia de la resolución que concede el beneficio de litigar sin gastos o efectúe el depósito que dispone el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a disposición del Tribunal, bajo apercibimiento de ejecución. 2. Hacer lugar a la presentación directa interpuesta en beneficio de M. C. M., declarar procedente el recurso extraordinario y dejar sin efecto el pronunciamiento apelado. Agréguese la queja a los autos principales y devuélvanse para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo aquí resuelto. Notifíquese y cúmplase.

Voto del señor ministro doctor don Ricardo Luis Lorenzetti y del señor conjuez doctor don Alejandro Osvaldo Tazza

Considerando:

1º) Que, en relación con el imputado F. A. S., esta Corte comparte los fundamentos expresados en los apartados I a VI del dictamen del señor Procurador General de la Nación interino, por lo que corresponde desestimar la presentación interpuesta en su beneficio por aplicación de la fórmula del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

2º) Que, en vínculo con la imputada M. C. M., el inicio del expediente da cuenta de que la noticia sobre las lesiones a la pequeña S. fueron informadas al Juzgado del Menor y la Familia nº 1 en el marco del expediente “Hospital Pediátrico s/ violencia familiar” expte. 3690/03 (fs. 1 del principal) y que, según se evidencia, M. C. M., madre de la niña, contaba con 17 años de edad (conf. fs. 3 y 5). Asimismo, tal rango etario se deduce de la sentencia de mérito (30 de septiembre de 2015) dictada como consecuencia del juicio desarrollado entre el 2 de julio y el 10 de septiembre de 2015 y en la que se indica que la imputada contaba con 28 años de edad. Por otra parte, esta pieza refiere a que M. C. M. nació el 17 de octubre de 1986 (fs. 239 y 286 del principal y fs. 113 del legajo CSJ), que exhibe DNI y que el hecho atribuido acaeció entre los meses de julio y noviembre de 2003 (fs. 286). En consecuencia, se advierte que según surge del expediente y sentencia M. C. M. contaba entre 16 y 17 años al momento del hecho.

3º) Que sin perjuicio de que su condición de menor surge de modo invariable a lo largo de todo el expediente, la sentencia de mérito evaluó la culpabilidad y pena de M. C. M. de modo conjunto con su consorte mayor de edad. Así, a la hora de definir y graduar la pena, indicaron que M. C. M. y S. “son personas de cierta vulnerabilidad. En el caso de la primera, recién ahora, a sus 28 años, está cursando 1º, 2º y 3er grado de nivel primario, no tuvo padre conocido y carecía de documentación cuando este hecho sucedió […]. Ambos se colocaron en una situación de vulnerabilidad al poder punitivo al llevar adelante estas conductas, aunque […] hubieran podido motivarse en las normas para obrar de conformidad al derecho, es decir, hubiera requerido un escaso esfuerzo de su parte para ello, lo que hace que el grado de culpabilidad sea mayor (art. 41 del C.P.)” (fs. 301). En este sentido, se valoró que la pena debía cumplir fines de prevención general y especial positiva y que la pena impuesta debía guardar proporción con la medida de la culpabilidad para lo cual se consideró que se “…trató de un hecho que ocasionó un grave perjuicio a la damnificada […]. También es cierto que ambos carecen de antecedentes penales computables, que éste ha sido un hecho aislado y que el tiempo transcurrido hace que una pena de prisión efectiva carezca de fines racionales” (fs. 301 vta.). Finalmente se definieron las siguientes reglas de conducta para ambos: fijar residencia, asistir a la escolaridad primaria, adoptar oficio adecuado a sus capacidades, realizar 4 horas de trabajos no remunerados en favor del Estado, y estudiar la Convención sobre los Derechos del Niño, “…en la parte pertinente al aseguramiento de la salud, la vida y demás derechos individuales y sociales básicos que protegen a la niñez, debiendo ser examinados en cuanto a lo que han aprendido por personal del Centro de Estudios Judiciales del Poder Judicial” (fs. 302 y 302 vta.). Así también se le impuso la obligación de no cometer nuevos delitos (fs. 302).

4º) Que si bien, como regla las sentencias de la Corte deben limitarse a lo peticionado por las partes en el recurso extraordinario, el Tribunal ha expresado que constituye un requisito previo emanado de su función jurisdiccional el control, aun de oficio, del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran involucrados aspectos que atañen al orden público, ya que la existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecta una garantía constitucional, no podría ser confirmado por las sentencias ulteriores (Fallos: 315:695; 321:2738; 323:3314; 342:606, entre otros).

5º) Que el principio de trato diferenciado se evidencia como manda Constitucional y Convencional (Convención sobre los Derechos del Niño; arts. 6.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 5.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Fallos: 328:4343, considerando 32), se expresa como corolario del principio de equidad (considerando 7º, “L., L. A.”, Fallos: 330:5294) y resulta un imperativo jurídico de máxima jerarquía normativa (Fallos: 328:4343; 331:2720, considerando 33).

6º) Que en el caso, se advierte que la decisión del Tribunal compromete el alcance de la Convención sobre los Derechos del Niño como pauta interpretativa del régimen legal de aplicación de penas a menores así como la manda constitucional de considerar la minoridad al momento del hecho (art. 40, inc. 1º, de la Convención sobre los Derechos del Niño) tanto a la hora de definir la culpabilidad en tanto afecta la medida de la reprochabilidad (Fallos: 328:4343) como la pena (art. 41 del Código Penal, Fallos: 328:4343; “Marteau”, Fallos: 332:512, considerandos 16 y 40; y Fallos: 333:1143 del dictamen de la Procuración General de la Nación al que remitió la Corte Suprema).

7º) Que es doctrina de esta Corte que toda sentencia constituye una unidad lógico-jurídica, cuya parte dispositiva es la conclusión necesaria, por derivación razonada, del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuado en sus fundamentos (Fallos: 343:506), y en el caso se advierte que si bien M. C. M. exhibió su documento nacional de identidad se expuso que carecía de documentación cuando el hecho sucedió y en el expediente no obra partida de nacimiento.

8º) Que esta circunstancia remite a una cuestión de hecho que requiere una mínima prueba que no obra en el legajo y que por sus consecuencias debió haber sido abordado por las instancias inferiores. Así, se aprecia que el caso, en este aspecto, presenta un supuesto que resulta sustancialmente análogo, mutatis mutandis, al examinado en Fallos: 333:1143, y en tales términos, corresponde remitir, en lo pertinente, a los fundamentos y conclusiones sentados por esta Corte en el precedente "Casal" (Fallos: 328:3399), a fin de que se lleve a cabo la revisión integral de la sentencia de condena, atendiendo a las cuestiones destacadas en los considerandos precedentes.

Por ello, habiendo dictaminado el señor Procurador General de la Nación interino, se resuelve:

1. Desestimar la presentación directa interpuesta en beneficio de F. A. S. Intímese a la parte recurrente a que, dentro del quinto día de notificada, acompañe copia de la resolución que concede el beneficio de litigar sin gastos o efectúe el depósito que dispone el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a disposición del Tribunal, bajo apercibimiento de ejecución.

2. Hacer lugar a la presentación directa interpuesta en beneficio de M. C. M., declarar procedente el recurso extraordinario y dejar sin efecto el pronunciamiento apelado. Agréguese la queja al principal y devuélvanse para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo aquí resuelto. Notifíquese y cúmplase.

Disidencia del señor vicepresidente doctor don Carlos Fernando Rosenkrantz

Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, se desestima la presentación directa. Intímese a los recurrentes a que, dentro del quinto día de notificados, acompañen copia de la resolución que les concede el beneficio de litigar sin gastos o efectúen el depósito que dispone el art. 286 del código citado, a disposición del Tribunal, bajo apercibimiento de ejecución. Notifíquese y, previa devolución de los autos principales, archívese. – Mariano Llorens. – Horacio Daniel Rosatti. – Carlos Fernando Rosenkrantz. – Ricardo Luis Lorenzetti. – Alejandro Osvaldo Tazza.

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